POLITICA
Adrián González Charvay: quién es el juez que se quedará con la causa por la quinta de Pilar atribuida a la AFA
Adrián González Charvay, titular del Juzgado Federal de Campana, quedará a cargo del expediente de la quinta de Pilar atribuida a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), como pretendían los dueños formales del lugar, presuntos testaferros de Pablo Toviggino, tesorero de la casa madre del fútbol argentino. Así lo dispuso la Cámara de Casación, en un fallo controvertido que firmaron los jueces Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky.
La decisión de radicar el caso en la Justicia de Campana fue a contramano de lo que dispuso la Cámara en lo Penal Económico, designada por la propia Casación para zanjar la disputa, y también en contra de los dictámenes de todos los fiscales que intervinieron por ahora en la causa. Antes, el expediente deberá pasar por la Cámara de San Martín como un mero trámite burocrático.
Con roce político y una reputación de juez duro contra las drogas, González Charvay pujó con la misma insistencia que el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte, para hacerse cargo del caso que involucra principalmente a Toviggino, mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia, titular de la AFA.
Ese alineamiento entre el juez y los investigados generó todo tipo de especulaciones alrededor de un expediente que desde su nacimiento no hizo más que crecer y ahora abarca no solo a la fastuosa quinta de Pilar, con haras y una lujosa colección de autos, sino también a los movimientos de TourProdEnter, la empresa vinculada a Javier Faroni, que recolecta los ingresos de la AFA por el mundo, cobra por ello un 30% y podría ser la ingeniería financiera que se esconde detrás de la quinta.
González Charvay también peleó para mantener bajo su conducción otro capítulo de la historia AFA. Es un expediente que nació y llegó desde Santiago del Estero, en el que un fiscal de la provincia, Pedro Simón, solicitó la detención de Claudio “Chiqui” Tapia y Toviggino, presidente y tesorero de la AFA.
En el centro de su acusación se colocan movimientos millonarios que la entidad deportiva había girado hacia un entramado de sociedades vinculadas a Toviggino. Si bien la causa terminó en el juzgado en lo penal económico de Diego Amarante, González Charvay le pidió que inhibiera porque en su juzgado se tramitaba un caso similar; y abrió un nuevo conflicto de competencia.
El perfil
González Charvay suele reservarse el control de las investigaciones que tramitan en su juzgado, especialmente en temas de narcotráfico, terreno en el que cimentó su fama de juez severo.
Uno de los casos más resonantes bajo su cargo fue “Bobinas Blancas”, una investigación suya que en 2021 terminó con condenas para varios integrantes de una organización transnacional que ocultaba cocaína en bobinas de acero especialmente acondicionadas.
Ordenó allanamientos en la terminal portuaria de Zárate, en Garín, en Marcos Paz y en Guernica, algunos con muy buenos resultados.
En el terreno político también tomó decisiones de peso. En noviembre del año pasado, procesó al exministro bonaerense de Transporte Jorge D’Onofrio, muy próximo al jefe del Frente Renovador y excandidato presidencial del peronismo, Sergio Massa. Fue por presunto lavado de activos y le dictó un embargo de $350 millones.
Años atrás, procesó y elevó a juicio oral al exintendente de Pilar de Pro Nicolás Ducoté por irregularidades en la firma de tres convenios para obras en los barrios Monterrey y Peruzzotti y en un plan de microcréditos para la refacción de viviendas. Desde entonces, la carrera política de Ducoté quedó en pausa.
En la intendencia lo sucedió Federico Achával, que se vio favorecido por el juez cuando este permitió que la municipalidad cobrara sus tasas en la misma boleta que la luz o el gas, en contra de lo que había decidido el gobierno de Javier Milei. La medida impactó también en los municipios de Zárate, de Pro, y Escobar, en manos del peronismo.
Idas y vueltas
La puerta que permitió el ingreso de Charvay en la trama de la causa sobre la quinta de Pilar atribuida a la AFA se entreabrió cuando el caso pasó de Comodoro Py a Penal Económico por orden del juez de la Cámara Federal Leopoldo Bruglia.
En ese primer traslado, el camarista sostuvo que el nuevo magistrado del caso —en ese entonces, Marcelo Aguinsky— debía contemplar la posibilidad de que el expediente pasara a Campana, una opción que hasta ese momento no estaba sobre la mesa.
Pantano y Conte, los dueños formales de la quinta, aprovecharon esa ventana para solicitarle al juez González Charvay que le reclamara el caso a Aguinsky.
El juez se hizo eco del planteo de los investigados, presentó un pedido de inhibitoria y se inició el recorrido que se extendió hasta la resolución de hoy de la Cámara de Casación.
La postura del juez González Charvay se apoyó en dos patas: la garantía del juez natural en función del territorio para fundar la radicación —porque la casaquinta está ubicada en su jurisdicción— y la necesidad de evitar un doble juzgamiento para atraer las causas periféricas.
En la Justicia de Campana argumentaron que era un movimiento común en el fuero, que el magistrado lo realiza casi a diario en casos de narcotráfico —materia en la que ganó buena reputación—, y que solo ganó visibilidad en este caso por su exposición.
Sin embargo, la complejidad del expediente da sustento a otras interpretaciones. La Cámara en lo Penal Económico argumentó que la investigación no podía definirse solamente por la ubicación de la quinta porque el objeto se insertaba en una trama más vasta, que incluía posibles maniobras de lavado y desvíos de fondos.
En su fallo, la Cámara dedicó renglones al supuesto ritmo apaciguado del expediente. “Hasta el momento no se ha avanzado en orden a la situación procesal de imputado alguno, ni se han dispuesto actos procesales que determinen una situación de avance trascendente del proceso”, marcaron los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio.
Desde aquel fallo, el caso tramita en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 10, en manos de la jueza Verónica Straccia, que lo subroga hasta fin de año.
Una de las principales medidas en curso la heredó del propio González Charvay. Se trata de un peritaje contable que está en manos de expertos de la Corte Suprema y, por su contenido, el resultado será determinante para el recorrido del caso.
El juez pidió identificar si las ganancias que la AFA obtuvo desde 2019 ingresaron efectivamente en sus arcas o si en el camino existieron desvíos como los que reveló .
También solicitó un análisis sobre el porcentaje que cobró TourProdEnter como agente comercial para saber si se encuentra dentro de los parámetros de mercado.
El estudio alcanza también transferencias recibidas por Real Central, la firma de Pantano y Conte, y la lujosa colección de vehículos que la Justicia encontró en la quinta. Son 50 vehículos, entre ellos una Ferrari, varios BMW, Audi y otros modelos de alta gama.
“No van seis años, van seis meses de investigación”, atempera un funcionario judicial que siguió de cerca el proceso y conoce los tiempos de la Justicia.
lo dispuso la Cámara de Casación,ritmo apaciguado del expediente.,subroga hasta fin de año.,AFA,Conforme a
POLITICA
Caso Andis: amplían el procesamiento de Spagnuolo y otros acusados por el esquema de sobreprecios en la compra de insumos
El juez federal Ariel Lijo amplió el procesamiento contra Diego Spagnuolo, el primer director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) del gobierno de Javier Milei, y otros involucrados en la causa que investiga presuntos desmanejos en el organismo.
Lijo dispuso ampliar la acusación por el presunto pago de sobreprecios en la compra de insumos médicos y ortopédicos del programa Incluir Salud. La medida alcanza a Spagnuolo, Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y al empresario Miguel Ángel Calvete, sindicados como los jefes de una “asociación ilícita” que cooptó la Andis.
El presunto esquema de sobreprecios no se limitó a los medicamentos sino que también alcanzó a prótesis, implantes auditivos, sillas de ruedas y los materiales de traumatología, cardiología y neurología que la Andis compraba, y, en términos provisorios, superó la barrera de los $7800 millones, tal como se desprende de un escrito firmado por el juez.
Además de ampliar la acusación contra Spagnuolo y otros cuatro imputados, Lijo procesó hoy a un grupo de empresarios por los sobreprecios detectados en la compra de insumos.
“El relevamiento permite tener por acreditada, con el grado de provisionalidad propio de esta etapa, la existencia de sobreprecios en las contrataciones de insumos examinadas, cuyas diferencias económicas ascienden, hasta el momento, a un total de $1.849.277.963″, señaló el magistrado.
La cifra surge de un relevamiento y planillas incorporadas al expediente que consideró las operaciones de al menos seis empresas con la Andis. “Esta cifra representa únicamente el resultado de las operaciones relevadas y constituye un piso de las diferencias detectadas, pues la auditoría no comprendió la totalidad de las compulsas y adjudicaciones realizadas durante el período investigado”, aclara el texto judicial que lleva la firma de Lijo.
Esto se suma al trabajo que ya había realizado la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) sobre las compras de medicamentos. “Examinó once productos y calculó diferencias de precios por $5.984.594.394,24″, trajo a colación esta nueva ampliación de procesamientos. Si ambas cifras se sumaran, el número superaría los $7000 millones.
“En definitiva, las diferencias de precios verificadas hasta el momento en los rubros medicamentos ($5.984.594.394,24) e insumos ($1.849.277.963) permiten establecer, con el grado de provisionalidad propio de esta etapa, una afectación económica estimada en $7.833.872.357,24″, señala el documento judicial.
Según la resolución de Lijo, una “organización delictiva” que presuntamente funcionó al menos entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 manipuló las compulsas de precios del Programa Incluir Salud, mediante el cual el organismo compraba medicamentos e insumos. La imputación agrega: “Simulando competencia entre oferentes y direccionando adjudicaciones” a favor de empresas elegidas de antemano, a cambio de retornos para funcionarios.
En febrero pasado, el juez federal Sebastián Casanello procesó a Spagnuolo por los delitos de cohecho activo (cobro de sobornos), asociación ilícita, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.
Hoy, Lijo ratificó a Spagnuolo, Garbellini, –ex número dos de la Agencia–, y a Calvete como los supuestos jefes de “una asociación ilícita” que operaba en la Andis y amplió los embargos. En el caso de Calvete, también le imputó el delito de lavado de activos. En su acusación, además, el juez sumó a otros empresarios.
Las planillas y auditorías analizadas por el juez incluyeron los informes que Alejandro Vilches, exinterventor de la Andis, había trabajado. Tal como informó , el exfuncionario y el Ministerio de Salud habían enviado a la Justicia ese material que comparaba precios de compras del organismo y del PAMI, con presuntos desvíos de 1972% “técnicamente indefendibles”.
Uno de los casos detectados fue el de un paciente en Río Negro necesitaba una prótesis para amputación. En los papeles, aparecía un documento que decía que había sido entregada, pero eso era falso. O una factura que se pagó dos veces. Y comparaciones como compras por $425 millones por un sistema de válvulas bicaval transcatéter. “A modo comparativo, se constató que el PAMI, a nivel central (…), adjudicó el 25 de marzo de 2025 a la firma Siprotec SA. el mismo sistema por un valor unitario de $124.200.000″, contrastó el informe oficial.
Fuentes cercanas a Spagnuolo señalaron que “la condición jerárquica” no autoriza “por sí sola” a presumir “responsabilidad”. Garbellini, otro de los exfuncionarios investigados en esta causa, quien se encargaba de la aplicación del programa Incluir Salud, siempre negó sobreprecios y rechazó haber percibido coimas.
Garbellini es quien escribió el mensaje de las ofrendas. “Sus ofrendas de esta semana”, le escribió el por entonces director de Acceso a los Servicios de Salud de Andis a uno de los contratistas del organismo de Discapacidad, Miguel Calvete. Ese mensaje, del 24 de julio de 2025, estuvo acompañado por una tabla con 10 empresas y al lado una cifra. Los montos, que en total suman $2.021 millones, y los nombres de las compañías coinciden con los certificados de pago emitidos ese mismo día, a los que tuvo acceso .
Para el fiscal Franco Picardi, esto es muestra de un presunto circuito de dinero que terminaba en coimas. Por el contrario, según Garbellini, la expresión de las “ofrendas” se debió al modo en que Calvete le reclamaba “religiosamente” el pago de deudas “dando sermones cargados de retórica pesada y moralista”, tal como declaró ante la Justicia. “Expresiones así eran comunes, utilizadas por los proveedores como una manera de presionar agilidad en la gestión”, agregó Garbellini mientras sostuvo que no configuraba hecho de “complicidad” o corrupción.
La defensa de Calvete, uno de los empresarios procesados, también solicitó periciar los números de las contrataciones y que el Ministerio Público Fiscal había hecho “una construcción unilateral” de los precios de los insumos, mientras que el abogado de Pablo Atchabahian, adelantó que el lobista está preparando su declaración para explicar “el tema de las licitaciones”.
La causa se inició en agosto de 2025 con una denuncia presentada tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo. Y ahora avanza mientras mira qué pasó con las compras de la exAndis.
incluyeron los informes,Ignacio Grimaldi,Conforme a
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Los empleados bancarios recibieron otro aumento salarial en sintonía con la inflación: cuánto cobrarán desde septiembre
La Asociación Bancaria acordó con las cámaras empresariales un aumento del 1,9% para septiembre, que elevará el sueldo inicial de la actividad a $2.552.560,34.Y con el plus de participación en las ganancias, de $73.786,55, el ingreso total se ubicará en la cifra récord de $2.626.346,89.
Según anunció el sindicato que lidera Sergio Palazzo, el acuerdo establece que el mismo mecanismo salarial (que eleva los sueldos según la cifra exacta de la inflación) continuará durante octubre, noviembre y diciembre, con el alcance previsto en los convenios firmados hasta ahora. La negociación paritaria seguirá durante la segunda quincena de enero de 2027.
Se informó que la actualización se aplicará a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas, incluidos los adicionales convencionales y no convencionales. Con este ajuste, los salarios acumulan un aumento del 23,6% en los primeros nueve meses del año respecto de diciembre de 2025.
Por el Día del Bancario, además, ambas partes definieron que el monto mínimo será de $2.275.519,25 y deberá abonarse hasta el 6 de noviembre.
De esta forma, los sueldos de los bancarios tuvieron otra importante mejora ya que se mantiene el acuerdo de otorgar un aumento atado a la inflación.
El 6 de este mes, por otra parte, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, homologó la paritaria firmada por el Sindicato de Camioneros y las cámaras empresariales, en una convalidación oficial al aumento del 9,9% en 6 tramos hasta febrero de 2027.
Así surge de una resolución firmada por la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Mentoro, que le dio amplia validez legal al acuerdo alcanzado por el gremio liderado por Hugo Moyano, que, una vez más, estuvo en sintonía con la pauta salarial del Gobierno ya que no supera la inflación prevista.
La mejora salarial, anticipada por Infobae, se pagará de esta forma: 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,7% en noviembre, 1,6% en diciembre, 1,6% en enero y 1,5% en febrero. El entendimiento, además, contempla una suma fija no remunerativa de $18.000 para septiembre y un bono anual de $1.200.000, que se abonará en 4 cuotas de $300.000 desde enero.
La negociación incluyó un aumento de la contribución patronal extraordinaria a la obra social, que pasó de $25.000 a $29.000 mensuales por trabajador. Con cerca de 190.000 afiliados, el aporte representa una recaudación patronal aproximada de $5.510 millones mensuales para la entidad de salud del sindicato.
Mientras, como informó Infobae, los salarios formales mostraron una mejora en agosto, pero la evolución del poder adquisitivo desde el inicio del actual Gobierno exhibe diferencias marcadas entre las actividades económicas. Mientras que el salario promedio del empleo privado registrado logró ubicarse por encima del nivel de noviembre de 2023, las remuneraciones acordadas en las principales paritarias aún se encuentran por debajo.
De acuerdo con los datos provisorios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el salario medio del empleo privado registrado aumentó 1,3% real en agosto respecto del mes anterior, en la serie desestacionalizada.
En tanto, la remuneración promedio de los principales convenios colectivos de trabajo avanzó 0,9% en el mismo período. En ambos casos, las variaciones reflejan una mejora del poder de compra frente a la inflación.
Sin embargo, el balance desde noviembre de 2023 muestra resultados diferentes. El salario promedio del sector privado registrado se encuentra 1,2% por encima de aquel nivel, mientras que el correspondiente a los principales convenios acumula una pérdida real de 6,9%.
Según la Secretaría de Trabajo, la trayectoria de ambas series también fue distinta. Después de la fuerte caída registrada en diciembre de 2023 y enero de 2024, los salarios privados iniciaron una recuperación que les permitió superar el nivel de noviembre de ese año en septiembre de 2024 y alcanzar un máximo durante el primer trimestre de 2025. Desde entonces, atravesaron fluctuaciones, aunque en agosto de 2026 conservaron una mejora acumulada.
Los salarios negociados en paritarias, en cambio, avanzaron hasta comienzos de 2025, pero desde el segundo trimestre de ese año ingresaron en una tendencia descendente que no lograron revertir por completo. El resultado agregado, de todos modos, esconde diferencias importantes entre las actividades.
Entre los sectores con mayores incrementos acumulados se destacaron las entidades deportivas, con una suba real de 15%, seguidas por la actividad gráfica, con 13,2%. Gastronomía y hoteles, y farmacias también exhibieron avances significativos, ambos del 11%.
A ese grupo se sumaron transporte de carga, seguridad, maestranza, frigoríficos e industria aceitera, que también lograron mejoras reales durante el período analizado.
En el extremo opuesto, la actividad textil registró la mayor pérdida de poder adquisitivo, con una caída acumulada de 32% respecto de noviembre de 2023. Le siguieron comercio, con una contracción de 18%; transporte de pasajeros, con 13%; y encargados de edificios, con 12,1%.
También hubo retrocesos en sectores con una participación relevante en el empleo formal. Sanidad, industria metalúrgica, alimentación y construcción acumularon bajas de entre 5% y 9% en términos reales frente al nivel de noviembre de 2023.
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La Justicia procesó a Diego Spagnuolo en una segunda causa por presunta corrupción en la ANDIS
El juez federal Ariel Lijo volvió a procesar a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en una causa por presunta corrupción en el organismo.
La investigación se centra en la compra de insumos médicos y ortopédicos a través del Programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad y pacientes con enfermedades graves que no cuentan con cobertura médica específica.
La Justicia busca determinar si funcionarios y empresarios acordaron direccionar contrataciones públicas para beneficiar a determinados proveedores a cambio de retornos económicos.
Según informó Clarín sobre la resolución judicial, este nuevo tramo de la causa comprende operaciones que habrían generado un gasto de $75,5 millones y alcanza a otros exfuncionarios y empresarios vinculados con las firmas proveedoras.
La investigación por las compras de insumos médicos
El expediente analiza presuntas irregularidades en la adquisición de prótesis, implantes cocleares, materiales quirúrgicos, sillas de ruedas motorizadas y otros dispositivos médicos. Los insumos eran destinados a personas que reciben asistencia a través del Programa Incluir Salud.
De acuerdo con la información publicada por Clarín, la resolución judicial también menciona diferencias entre los precios pagados y los valores de referencia.
Las estimaciones incluidas en el expediente superan los $7.800 millones al sumar las comparaciones correspondientes a insumos médicos y medicamentos.
La investigación está a cargo del fiscal federal Franco Picardi, que reconstruyó una segunda ruta de presuntos pagos ilegales. Las maniobras bajo análisis habrían ocurrido entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.
Quiénes están involucrados en la causa ANDIS
Además de Spagnuolo, el juez avanzó sobre otros exfuncionarios y empresarios. Entre ellos se encuentran Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvette y Ornella Calvette, además de distintos representantes de empresas proveedoras de insumos médicos.
Según la información difundida sobre la resolución, 19 personas fueron procesadas sin prisión preventiva, mientras que se amplió el procesamiento de otras cinco que ya estaban alcanzadas por la causa.
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