La vida de cada integrante de la familia Rey cambió para siempre esa madrugada del viernes 15 de febrero de 2021. Todo cambió para Ricardo Rey, su esposa y sus hijos, Ariel y Gustavo, que trabajaban todos los días en la pyme familiar creada en 1989 en la ciudad bonaerense de San Pedro, cuando unos 15 activistas del Sindicato de Camioneros bloquearon el acceso de la empresa para impedir la entrada y salida de los vehículos.

¿Qué hicieron los Rey para merecer algo semejante? Trabajaban normalmente, pagaban sus impuestos, cumplían con sus 15 empleados e incluso, como otras empresas de la zona, habían aceptado pagar desde 2017 una “contribución” mensual al Sindicato de Camioneros de San Nicolás. “Para trabajar en paz tienen que poner un sueldo por mes”, les advirtió el “recaudador” del gremio. Y lo hicieron, pero no aceptaron encuadrar a su personal, afiliado a Comercio, al Sindicato de Camioneros de la zona, liderado por Maximiliano Cabaleyro. Así se desató la ofensiva que paralizó la pyme familiar durante cinco días y le hizo perder más de 370 millones de pesos.

Podría haber sido una historia más de las tantas que sufren cientos de empresas en la Argentina como consecuencia de protestas sindicales extorsivas, pero en este caso algo fue distinto. Los Rey decidieron hacer una denuncia penal, hubo miembros del Poder Judicial que cumplieron su tarea y todo terminó con dos dirigentes sindicales detenidos desde 2022 y que ahora afrontan un juicio oral y público en San Nicolás por los delitos de extorsión y turbación en concurso con coacción.

Cabaleyro -ex concejal del Frente de Todos- fue a prisión hace cuatro años junto con Fernando Espíndola, el otro representante de Camioneros, luego de que la jueza de Garantías de San Nicolás ordenó la detención de ambos como responsables de los bloqueos del sindicato a Distribuidora Rey para que sus 35 empleados pasaran a estar encuadrados en sus filas y dejaran de estar afiliados en Comercio. Además, la Justicia encontró pruebas de pagos irregulares exigidos por los sindicalistas para dejar sin efecto la protesta.

En la causa judicial pudieron incorporarse videos, grabaciones, declaraciones testimoniales y hasta una caja de cartón con 500.000 pesos y dos cheques que recibieron en mano los dirigentes sindicales para garantizar la “paz social” y que, según la empresa, habrían probado el mecanismo de extorsión.

La semana pasada, los fiscales que llevan adelante la acusación solicitaron que se condene a Cabaleyro a 10 años de prisión efectiva por dos delitos de extorsión y otros dos de turbación en concurso con coacción.

El juicio quedó concentrado en la responsabilidad del jefe de Camioneros de San Nicolás ya que Espíndola no participa porque acordó un procedimiento abreviado a comienzos de septiembre, que derivó en un entendimiento entre el imputado, el fiscal y su defensor que aguarda la homologación de la jueza Elena Baquedano y podría derivar en una pena máxima de 6 años de prisión.

Ricardo Rey, el dueño de la empresa, falleció hace dos años y sus hijos lamentan que no haya podido ver cómo los responsables del bloqueo fueron detenidos, enjuiciados y probablemente sean condenados. Él se hizo conocido fuera de los límites de su ciudad cuando en esos días de hostigamiento sindical se viralizó un video en el que, tras una inspección del Ministerio de Trabajo a su empresa, motorizada por Camioneros, dijo entre lágrimas: “Me vienen a arruinar esos hijos de puta. Qué mierda se creen, no quiero más a esa gente acá”.

Ahora, tras 7 audiencias del juicio oral y público y a la espera del fallo, que se conocerá este miércoles, Ariel Rey afirmó a Infobae: “Es una etapa importante para nosotros y ahora esperemos que la sentencia acompañe lo sucedido. Me quedó la sensación de que en el juicio pudimos dejar asentado todo el trabajo probatorio”.

— ¿Cuál es tu sensación en este momento?

— Es la primera vez que atravesamos este tipo de situaciones. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Hay una sensación de alivio porque pudimos sostener con firmeza las pruebas que habíamos incorporado a esta causa. Estamos muy animados por el compromiso del Ministerio Público Fiscal, encabezado por María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, más la firmeza de Florencia Arieto y su equipo de abogadas, donde se vio una experiencia y una manera de trabajar muy distintos al que presentaban la defensa de Cabaleyro y de los trabajadores. Así que estamos muy conformes con la primera etapa y a la espera de la decisión del juez.

— En las audiencias, donde ustedes describieron los aprietes, amenazas y exigencias de dinero de Camioneros, revelaste lo que les decía Espíndola, considerado el recaudador del sindicato: “Hacé como hacen todos tus colegas, que pagan un sueldo por mes. Esto funciona así: este es el kiosquito de Cabaleyro”

— Acá quedó demostrada la verticalidad. Nada se hacía que no supiera o no fuera avalado por Cabaleyro. Y el rol de Espíndola era acercarse a todas las empresas con el fin de “robar” los afiliados de todas las distribuidoras y en la búsqueda también de esa plata que todos teníamos que pagar por mes, con la amenaza concreta del bloqueo: “Para trabajar en paz, tenés que poner un sueldo por mes”. Frente al juez destaqué algo que decía Espíndola en las conversaciones conmigo y con mi hermano: “Ya sabés cómo funciona. Esto es para el quiosquito de Cabaleyro”. Pero Espíndola no podía tomar decisiones por sí solo. Todas las decisiones pasaban por Cabaleyro.

— ¿Cómo comienza el hostigamiento sindical?

— Esto arranca de manera muy brutal en 2011 cuando viene el sindicato de Camioneros a San Pedro y de manera simultánea bloquea 5 o 6 empresas con el fin de “robarse” todos los afiliados. “Todos esos empleados de Comercio son nuestros”, decían. Fue una embestida. En ese momento también conocemos a Cabaleyro porque viene con el Ministerio de Trabajo y entra a mi distribuidora de manera violenta. Les preguntaba a los empleados: “¿Este hijo de puta te tiene en negro?“. Así lo conocimos. Me acuerdo mi mamá estaba con delantal, porque en ese momento ella trabajaba detrás de un mostrador en nuestra distribuidora, y Cabaleyro le dice: ”¿Qué hace, señora, está trabajando en negro?“. Y era la dueña e iba a trabajar todos los días. No encontraron nada irregular, pero mi contador me dijo: ”Para no tener problemas, vamos a pasarle dos o tres empleados a Camioneros». Nosotros teníamos unos 10 diez empleados y estaban todos afiliados a Comercio. Después apareció Fernando Espíndola e insistió: “Tenés que pasar todos tus empleados a Camioneros. Si querés trabajar, tiene que ser así; si no, van a tener problemas”.

— ¿También les pedían plata?

— Exactamente. “Así funciona todo, así lo manejamos con todos tus colegas”, decía Espíndola. En las empresas sabíamos que seas práctica estaban normalizadas. Lo entendimos como una parte del costo. Eso fue a partir de 2017. Después empezaron a presionar cada vez más, hasta tal punto de que quisieron meternos un delegado. Les dijimos que no correspondía, que los empleados estaban bien encuadrados, pero ellos querían tener un delegado: es el sistema que tienen para presionar porque los delegados no trabajan y son absolutamente funcionales a los requerimientos del sindicato.

— ¿Y las presiones se mantuvieron?

— Comenzaron a aparecer de nuevo en 2019, año de elecciones presidenciales. Nos citaron al sindicato y Cabaleyro dijo: “Tengo que juntar un millón de pesos. Fijate cuánto me vas a dar vos. Si no, la vas a tener complicada”. La amenaza siempre era: “¿Querés tener problemas? Te conviene arreglar, no seas boludo, todos arreglan”. Hasta que en 2020, por presión tanto de los sindicatos como de trabajadores que se quieren encuadrar en Camioneros, tuve que pasarles 7 empleados y querían llegar a 10 para poder tener un delegado.

— Igual, la actividad principal de ustedes no tenía que ver con Camioneros sino con Comercio.

— Claro, mi actividad es comercio. Además el convenio de Comercio tiene tipificada la categoría porque dentro de la actividad están los choferes, los maquinistas, los limpiavidrios. Igual, tuve que pasarle 7 empleados, pero después Cabaleyro dijo: “Me tenés que dar 120 lucas (por los aportes sindicales) y te hago precio porque si te tengo que reclamar por todo, por dos años para atrás, me debés 3 millones”. Eso fue en 2020. Es otra de las cosas que pudimos probar y que aportamos a la causa.

— ¿En ese momento paró el hostigamiento?

— No, una vez que pasan los 7 empleados a Camioneros, imponen un delegado. ¿Por qué digo imponen? Porque para tener un delegado tiene que cumplirse determinados requisitos legales y no se cumplían en nuestro caso. Un día vino Edgardo Di Mayo (uno de sus empleados) y me dijo: “Yo soy el delegado”. Ahí empieza a cambiar su actitud. No laburaba, no cumplía con las órdenes. Me dijo abiertamente: “Mirá, esto no es nada personal, pero yo tengo que hacer todo lo que me dice el sindicato. El sindicato está para romper las pelotas”. Cuando lo sanciono por los incumplimientos cotidianos, aparecen las amenazas de Espíndola: “¿Cómo vas a sancionar a un delegado?”. En ese momento decidimos dejar de pagarle al sindicato todos los meses para trabajar en paz. Por eso tuvimos el primer bloqueo, el 15 de enero de 2021.

— ¿Tuvieron alguna advertencia previa?

— El 14 de enero recibimos una amenaza contundente de Espíndola: “Bueno, si no vas a poner, vamos a ver qué dice Cabaleyro”. Todo ese día tuvimos una incertidumbre impresionante, prácticamente no pudimos dormir, y las 4 y media de la mañana veo por las cámaras de seguridad al grupo de unas 15 personas, algunos empleados y otros delegados de Camioneros, ante la empresa. Era un cordón humano para que no pudiéramos sacar los camiones por la única entrada de mi negocio. Ahí mismo decidimos hacer la denuncia penal por el bloqueo y por la extorsión que veníamos sufriendo por parte del sindicato.

— ¿Cómo fue ese momento en que decidieron presentar la denuncia? No era fácil ir contra un sindicato poderoso que siempre tuvo respaldo político.

— Lo habíamos decidido después de la amenaza del día previo al bloqueo en una reunión de familia y con mi primer abogado, Daniel Spiropulos, porque afectaba nuestra dignidad. Tenemos todos los empleados en blanco, pagamos todo como corresponde, no debemos nada, tenemos todo en regla y ¿le tenemos que pagar a estos delincuentes para que nos dejen trabajar? No lo íbamos a poder tolerar mucho tiempo más. La situación tuvo un límite. Cuando pasamos a tener el primer delegado, automáticamente empezó a sabotear el trabajo y se termina formando un ámbito laboral imposible de sostener. Siete empleados que por ser camioneros se burlaban, no acataban las órdenes y complicaban el trabajo de otros 26 empleados que sí trabajaban.

— ¿Cuánto duró ese primer bloqueo?

— Duró un día. Cuando hicimos la denuncia penal, el sindicato realiza un montón de denuncias en el Ministerio de Trabajo sobre supuestos problemas en la empresa, diferencia de horas, cuestiones de seguridad e higiene. Y eso derivó en el segundo bloqueo, que duró 4 días a partir del lunes 22 de febrero. Hubo tensión, amenazas, burlas, acamparon ante la empresa, se instalaron con las reposeras en nuestra vereda y no podíamos trabajar. Incluso plantaron un motorhome en la puerta del negocio impidiendo el acceso. Por eso ampliamos la denuncia penal y el día 25 de febrero hubo reuniones en el Ministerio de Trabajo, a cargo de Sofía Rotundo, en connivencia y alineada con Cabaleyro, mientras tenía bloqueada la empresa. Yo tenía que negociar en el Ministerio de Trabajo con la pistola en la cabeza.

— ¿La denuncia judicial no avanzaba? ¿No hubo intervención del intendente o de la policía?

— Venía prosperando. Pero ahora, a partir de este juicio, me entero de conversaciones telefónicas de Cabaleyro que surgieron como producto de la investigación librada por la fiscal María del Valle Viviani. En aquel momento, aparece en escena el comisario de San Pedro, Juan Ramón Catalano, y primero se reúne con los que me están bloqueando y después conmigo. Me dijo que no podía hacer nada porque porque era una situación tensa por una manifestación. Le contesté que si no podía hacer nada no iba a poder entregar las cajas de comida a las escuelas porque estaba bloqueado el galpón donde las tenía. En esos días estábamos en pandemia y nosotros habíamos ganado una licitación para entregar unas cajas que se llamaban módulos alimenticios. Cuando el comisario toma nota de eso, se reúne con el intendente Cecilio Salazar para tratar de destrabar la situación porque lo complicaba a él. Ahora me enteré por las escuchas que Cabaleyro habló con el intendente y éste le dio órdenes al comisario para que nosotros cediéramos, que no compliquemos más y que pusiera en el acta como que no había conflicto, que no pasaba nada. Es gravísimo.

— ¿Y cómo se levantó el bloqueo?

— El 25 de febrero yo tenía que ir a la audiencia en el Ministerio de Trabajo a las 10 de la mañana, pero a partir de las 6 y pico de la mañana empiezan a llegar entre 10 y 12 camiones de otras empresas a copar toda la cuadra de mi empresa. Bloquearon toda la manzana con camiones para intimidarnos. En ese clima tuve que ir al Ministerio de Trabajo a decirle que sí al sindicato a todo lo que me pidieran. Tuve que ir a negociar con la pistola en la cabeza. Le dimos 50 mil pesos a cada trabajador, dejamos en apercimiento la sanción a Di Mayo, pasamos a Camioneros a 3 empleados más. Tuve que decir a todo que sí porque necesitaba facturar, trabajar, destrabar el tema. Tuve que acceder a todo. A tal punto que cuando se va terminando la reunión, que era por Zoom, ellos querían que quedara asentado que había “paz social” con la empresa y nosotros les dijimos: “¿Qué paz social? Queremos dejar asentado que acá hubo un bloqueo”.

— ¿El sindicato lo aceptó?

— No, no pudimos dejar esa constancia porque Cabaleyro amenazó con levantarse y suspender la reunión. “Entonces seguimos con el paro”. Tuve que aceptar porque tenía mercadería que se vencía, facturas que pagar, asfixia financiera. No tuve ni la libertad de poder dejar asentado lo que pasaba en un acta pública frente a la delegada del Ministerio de Trabajo que tenía constancias claras del bloqueo a la empresa.

— ¿Así pudo levantarse el bloqueo, entonces?

— Se levantó ese día al mediodía. Pero ese mismo día, por casualidad, les cae el oficio judicial a Cabaleyro y a Espíndola con la perimetral como producto de la denuncia penal que habíamos presentado en enero. O sea que, por un lado, yo estaba discutiendo todo lo laboral, donde no me quedaba otra que acceder a lo que pedían, y, por otro lado, la denuncia penal siempre avanzó.

— ¿Ahí terminó todo?

— No, en el mes de abril nos pidieron 500 mil pesos. Mi contador, que fue uno de los testigos, me dijo que lo habían llamado del sindicato para que pagáramos todos los gastos que hubo: “Todo esto no fue gratis. Yo tengo la perimetral, pero el colectivo está”. La amenaza era: o ponés los 500 mil pesos porque yo no puedo ir a la empresa por la perimetral, pero el colectivo está ahí.

— ¿Qué colectivo?

— La motorhome que nos había bloqueado y que era propiedad del sindicato. También decidimos acceder en esto porque las cuestiones penales no van al mismo ritmo que la necesidad de trabajo Y mucho menos que la capacidad de acción que tienen estas mafias. Así que, si bien estábamos muy decididos gracias a la clara visión de la fiscal Viviani, dijimos: “Bueno, pagamos esto y ya está”. Accedimos, pero hicimos un video poniendo esos 393 mil pesos en una caja de Chocolino, que es una marca de chocolatada, más un cheque de 103 mil pesos. Y dijimos: “Este cheque alguien lo va a cobrar”. Queríamos buscar alguna trazabilidad porque ya sabíamos que esa plata era para coima y que íbamos a poder encontrar quién era el que cobraba ese cheque y seguir impulsando una denuncia. A partir de ahí empieza el otro hecho, de extorsión, pero ellos buscan la manera de legalizar ese dinero porque sabían que había una denuncia penal.

— ¿Qué pasó entonces?

— El delegado que nosotros habíamos cuestionado y estos 6 empleados que obedecían a Cabaleyro empiezan constantemente a molestar y a sabotear el trabajo. Hasta tal punto que un día llega una inspección del Ministerio de Trabajo con dos inspectores que vienen acompañados con dos delegados del sindicato. Les preguntamos si los delegados estaban autorizados para estar ahí, pero cuando nos dijeron que no los echamos de la empresa: uno era el que me venía a cobrar la coima con Espíndola y ahora llegaba junto con el Ministerio de Trabajo. Una situación muy indignante. Ese fue el día en que mi papá se puso a llorar, como se puede ver en un video, porque tenia mucha bronca por eso que nos había pasado.

— ¿Todo empeoró desde entonces?

— En ese momento, cuando se arma ese disturbio, el delegado dejó de trabajar, vino hasta mi distribuidora, convocó a los 6 empleados que respondían al sindicato y les ordenó que dejaran de trabajar. Filmé esa situación porque como había una causa penal entendía que necesitaba pruebas y llamé a mi abogado y le dije: “A estos tipos no los quiero más en mi empresa”. Los despedimos a los 6, contratamos empleados nuevos, se encuadraron en el convenio que correspondía y desde entonces hubo libertad plena de trabajo. Hoy, mi empresa ya va renovando dos delegados distintos. Creo en la representación sindical, pero bajo las normas vigentes.

— ¿Cuál fue el costo emocional de este bloqueo, más allá de lo que representó en términos económicos?

— Por cuestiones cardíacas, mi papá tenía un cardiodesfibrilador. Cada seis meses tenía que ir al médico para hacerse un control y así se sabía si dentro de ese periodo había tenido algún acontecimiento, como lo llaman ellos. Uno de los de los períodos en que se accionó el cardiodesfibrilador fue el 15 de enero a media mañana cuando se encontró con el bloqueo. Si no tenía el cardiodesfibrilador, ese día a mi papá le agarraba un paro cardíaco de la indignación que tuvo por ese episodio.

— ¿Cómo reaccionó el resto de la familia?

— Hubo un montón de cuestiones emocionales. Como estábamos en pandemia, mis hijos no iban a la escuela y pasaban por la empresa, disfrutaban de estar con sus abuelos, pero al ver el bloqueo dejaron de ir y no la pisaron nunca más. Sufrimos amenazas, no solamente nosotros sino también proveedores de nuestra empresa. Hay conversaciones de Cavaleyro con proveedores y con un tal Marcelo, que suponemos que es Marcelo Aparicio (el número 3 del sindicato que lidera Hugo Moyano), que en el juicio decidieron desestimar, donde dicen: “¿Cuáles son los proveedores de este hijo de puta? Lo vamos a hacer cagar”. Es decir, amenazaban a mis proveedores para que no me vendieran más. La presión era terrible.

— Me imagino cómo lo habrá pasado tu mamá.

— Mi mamá está muy dolida porque, además de que le falta su compañero, le hubiera gustado que él estuviera viendo esta situación, aunque lo único que le interesaba a mi papá era que el negocio trabajara. Él no tenía ningún revanchismo, solamente quería trabajar, que su negocio funcionara, que le fuera bien y que pudiera crecer. Por eso mi mamá se acuerda que mi papá no podía creer que un grupo de delincuentes le impidiera trabajar. Él tampoco podía creer que hayamos tenido que pagar para poder trabajar. Mi hermano y yo teníamos que pagarle al sindicato sin que mi papá se enterara.

— ¿En toda esta pelea tampoco tuvieron apoyo de empresas del rubro o de las instituciones?

— Nosotros decidimos luchar teniendo el aparato sindical y el aparato del Estado en contra. Nuestros propios colegas nos decían: “Rey, tenés que aflojar, no vas a poder”. El mismo intendente me citó a su despacho para tratar de negociar y me dijo: “Che, son bravos, si ustedes no arreglan, Cabaleyro me corta la recolección de basura”. Le contesté: “Ah, Cabaleyro te está amenazando”, pero le tendría que haber dicho: “Denuncialo”. Ahora me enteré de esa charla con Cabaleyro que demuestra connivencia.

— ¿Cómo se llegó a las detenciones de Cabaleyro y Espíndola?

— Nosotros seguimos trabajando y a partir de ese video que se hizo viral de mi papá llorando contactamos a Florencia Arietto porque no sabíamos si nuestro abogado iba a tener la fortaleza para sostener esta denuncia penal. A partir del asesoramiento de Arietto, la causa penal tomó un impulso distinto, más firme. Y eso trajo un aire muy positivo para la fiscal. La investigación derivó incluso en un allanamiento al sindicato en San Nicolás y otro a la federación nacional (que lidera Moyano). En el medio, en abril del 2022, la la jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui solicitó la prisión preventiva y efectiva de Cabaleyro y Espinoza hasta tanto se resuelva el juicio por delitos como coacción, coacción en grado de tentativa, extorsión y turbación de la posesión.

— Este caso te llevó a tratar de ayudar a otras pymes que pasaban por lo mismo y por eso te sumaste al Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB).

— Cuando conocemos a Arietto también llegamos a conocer a otros empresarios como Verónica Razzini, Ignacio Dos Reis y otros con los que nos empezamos reunir para tratar de combatir los bloqueos. Así formamos el MEAB. Trabajamos mucho, elaboramos los protocolos para cada área, cada sindicato y cada situación. Aprendí muchísimo y logramos ayudar a otros empresarios que sufrieron lo mismo. Después llegaron los fallos judiciales y finalmente hoy podemos decir que un bloqueo a una empresa es motivo de despido con causa.

— Más allá de lo que representa para tu familia, ¿qué esperás que pase a partir de este juicio?

— Esta es una causa que visibiliza algo que la sociedad naturalizó: un sistema donde se nutre el caldo de cultivo ideal para la extorsión de la mafia sindical, en connivencia con el Estado, que debería mediar, pero termina siendo una dependencia del sindicato. Me interesa mucho más que esta causa termine con una condena ejemplar porque tenemos que mirar para adelante y tenemos que entender que huelga, derecho laboral, no justifica bloqueo, extorsión o coima. Hay una gran diferencia. Tenemos que tratar de que el trabajador entienda que el sindicato debe ocuparse de lograr las mejores condiciones para él. Tenemos 6 trabajadores que fueron utilizados por estos dirigentes. Les lavaron la cabeza porque los hicieron participar de un delito haciéndoles creer que eran derechos laborales. Por eso esta causa tiene que ser ejemplar. Más que para nosotros, para la Argentina.

Después de dos semanas de viajes y, pese a que habrá otros senadores que sumarán millas dentro de poco, el oficialismo intentará reactivar la agenda y acelera un acuerdo con la oposición dialoguista para modificar ley de salud mental, un tema delicado que genera un constante ida y vuelta entre el Gobierno y las provincias.

Hasta la noche del jueves último, la intención de la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara alta, que comanda la porteña Patricia Bullrich (Capital Federal), era realizar una conferencia en los próximos días para anunciar los cambios trabajados en los recientes días con aliados, según confiaron desde diversos bloques a Infobae. El texto final no está cerrado.

Este medio obtuvo, durante el transcurso de la semana, un borrador de dictamen que fue girado a las bancadas. En particular, a los senadores que forman parte de las comisiones que trabajan el tema: Salud; y Legislación General. Ambas son presididas por mileístas: Ivanna Arrascaeta (San Luis) y Nadia Márquez (Neuquén), respectivamente.

Un primer punto a considerar es la dosis de intervención de los psicólogos -necesarios- no sólo durante el proceso de una internación -como contó semanas atrás Infobae-, sino en una casi equiparación con psiquiatras a la hora de tomar la decisión principal en una eventual internación. Desde dos despachos reconocieron, por lo bajo, la llamativa -y fuerte- presión que partió desde ministerios de salud de gran parte del interior del país. Por ahora no lograron quebrar esa barrera y los médicos primarían -con lógica- en ese sentido.

Otro ítem a contemplar es cómo y dónde tendría que interactuar la pata judicial. “No pueden decidir sólo ellos. La idea es no judicializar, pero sí que sean notificados y formen parte del sistema”, expresaron desde un despacho a este medio. También habrá aclaraciones relacionadas con internaciones en contra de la voluntad del paciente.

Sobre esta cuestión, aparece un inciso -el “q”-, que señala que “toda persona con plena capacidad puede consentir o rechazar anticipadamente determinados tratamientos y decisiones relativas a su salud mental, así como designar a una o más personas para que expresen su consentimiento cuando no pueda hacerlo por sí misma”. En tanto, las directivas deberán “ser aceptadas por el equipo interdisciplinario interviniente, salvo aquellas que constituyeran riesgo grave de daño para la vida o la integridad física propia o de terceros”. Además, “la declaración de voluntad puede ser revocada en todo momento”.

Por otra parte, en la propuesta que circula -sobre la cual falta el aval final- se deja claro que “la autoridad de aplicación” impondrá “los lineamientos para que cada jurisdicción defina las características de conformación de sus equipos interdisciplinarios, según la disponibilidad de recursos humanos de cada jurisdicción, pudiendo preverse la intervención del médico psiquiatra mediante teleconsulta sincrónica cuando su presencia física no pueda garantizarse”. Esto ocurre debido a las cifras compartidas entre senadores, que mencionan la presencia de poco menos de 4.000 psiquiatras generales y 454 “infantojuveniles”, versus 100.000 psicólogos matriculados.

Además, los familiares, representantes legales y quienes ejerzan funciones de apoyo de personas con una afección o trastorno de salud mental tendrían derecho a “recibir información y contenidos psicoeducativos sobre la afección, los tratamientos disponibles y su evolución previsible”; “conocer los recursos y dispositivos de la red de salud mental disponibles en su territorio; “acceder a instancias de orientación y apoyo para el autocuidado”; y “ser escuchados en cada etapa significativa del proceso de atención”.

En caso de cerrarse un consenso -no oficial aún-, se convocará al plenario de comisiones para dictaminar. La Libertad Avanza desearía ir al recinto el 22 del corriente mes -el mejor escenario, aunque complejo- o el 29. No obstante, la pre campaña electoral y las rencillas internas en la Cámara alta podrían dilatar, una vez más, el asunto.

La interna del Gobierno se mantiene en tensa calma desde hace casi cinco meses, cuando el “affaire Rufus” llevó las diferencias entre libertarios a su máxima expresión. En los últimos días, sin embargo, reaparecieron roces entre funcionarios y legisladores de Milei de bandos opuestos, que intentaron contener.

Tras aquel fuerte cruce de mayo -el primero donde se atacaron con nombre y apellido por la cuenta anónima @PeriodistaRufus, que Santiago Caputo y el Gordo Dan atribuyeron a Martín Menem—, las Fuerzas del Cielo aceptaron no meterse en los asuntos de “la política” (partidaria, legislativa, etc) que los Menem siempre reclamaron como propios. Los riojanos, a su vez, frenaron la contraofensiva lanzada contra sus “enemigos”. Desde entonces, cada sector consideró conveniente mantenerse en el molde. Pero durante los últimos días se activaron nuevos focos de incendio.

El primero llegó por el resultado en las elecciones en Brasil. Tras el triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta contra Lula da Silva, y a la espera del ballotage, la joven militancia libertaria en redes, identificada con Caputo, lamentó que el año pasado no se les haya dado un espacio equivalente a los suyos. Y en el karinismo se sintieron atacados.

Ahí se produjo el cruce entre el legislador bonaerense Agustín Romo -quien planteó primero ese señalamiento- y la diputada nacional por Santa Fe, que responde a Karina Milei, Romina Diez.

Diez le respondió al tuitero, asiduo visitante de las oficinas de Caputo. Y después hizo lo propio con varios tuiteros libertarios de las FFCC que salieron a criticarla con vehemencia. Según afirmaron en ambos campamentos, esas respuestas fueron espontáneas y a título personal. En la Casa Rosada sostuvieron que Romo solo expresó una opinión; del lado de Diez, que ella avanzó porque sintió genuinamente que el planteo era injusto. De ambos lados quisieron apaciguar la discusión, que se descontroló entre inorgánicos en redes.

Un dirigente de la militancia digital insistió a Infobae, después: “Los que pone Romina son todos jóvenes terceras líneas liberales sin serlo. Quisieron copiarnos y no les salió. Los cielistas hicimos un grupo de élite y nos sacaron del medio. Ahora nos quieren copiar, pero son nuestro Temu. No tienen aura”. El joven dirigente de ese mundillo lo dijo convencido y dolido porque LLA “dejó de ser el recambio, para transformarse en un partido tradicional”.

La discusión sobre los jóvenes quedó atada a los lugares en 2027. En el sector de Karina Milei, ante eventuales intenciones de los jóvenes de las Fuerzas del Cielo de competir, anticipan que el año próximo es muy posible que haya incluso menos lugares que en las nóminas de las legislativas del 25. “No tienen en cuenta que el año que viene puede estar todavía más complicado porque van a haber menos espacios. Muchos de los nuestros reeligen, y además están los acuerdos políticos que va a haber que respetar”, aseguran. Mientras tanto, Sebastián Pareja, presidente de LLA en la Provincia, dio impulso a un masivo acto con jóvenes bonaerenses, que concretó ayer, y sus seguidores lanzaron un spot en redes con una actuación de mileístas de veintipocos años que reivindicaban su figura. En Rosario, tambiénayer, Romina Diez encabezó un evento de “Juventud LLA Santa Fe“ que anoche, tarde, resaltó en sus redes.

El otro tema clave fue la posición sobre el Islam, y allí los roles se invirtieron. Así como Romo no le contestó a Diez, los Menem no les respondieron a Daniel Parisini, alias ”el Gordo Dan», cuando los asoció a supuestos aprietes tras la denuncia que le hizo el Centro Islámico para, dijo, cercenar su libertad de expresión. El antecedente es de fines de diciembre, cuando el tuitero cuestionó al Islam y Zulemita Menem le respondió con una carta pública.

Y hay quienes coincidieron en interpretar el plan —aún incierto— del ministro de Justicia karinista, Juan Bautista Mahiques, de demandar a Irán ante la Corte Internacional de Justicia por el atentado a la AMIA como un modo de contar con una medida equivalente a la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que se le atribuye a Santiago Caputo. Esa ley, enviada al Congreso el 17 de septiembre, va más allá de Malvinas: crea un Consejo de Seguridad Nacional y un registro de personas y entidades vinculadas al terrorismo. O, quizá, fue una manera de congraciarse con Milei, siempre dispuesto a mejorar aún más la relación con Israel.

La discusión de fondo es la que mantienen Javier y Karina Milei. Según cuentan altas fuentes del oficialismo, los hermanos volvieron a tener un encontronazo hace casi tres semanas, cuando Milei dispuso una reestructuración en Olivos que terminó con la salida de Belén Agudiez, subsecretaria de Planificación General y una de las manos derechas de Karina. Desde entonces negaron cualquier diferencia públicamente. Pero quienes los frecuentan admiten que el vínculo estuvo tenso.

En las Fuerzas del Cielo aseguran que los Menem, con el aval de Karina Milei, muchas veces “hace lo contrario de lo que quiere el Presidente”: por ejemplo, acercar posiciones e incluso ayudar a Claudio “Chiqui” Tapia, pese a que Milei pretende avanzar contra la conducción de la AFA. En la oposición están convencidos de que estas supuestas diferencias son parte de un juego de “policía bueno y policía malo” para disimular intenciones que en realidad están consensuadas. Pero en el Gobierno aseguran que son reales (y las lamentan).

La disputa sigue latente, pero ambas tribus buscan bajar el tono. La paz no responde a una sintonía: el único acuerdo vigente es no meterse en terreno ajeno. Hasta ahora lo respetan, aunque los chispazos parecen inevitables