POLITICA
AFA: jueces que garantizan impunidad
Los dirigentes de la AFA son lo que son. ¿Sorprende el poder que exhiben quienes están siendo investigados por maniobras supuestamente corruptas por 400 millones de dólares? Siempre se supo que la corrupción y la impunidad vagaban demasiado cerca de los que mandan en el fútbol, que es una dinastía distinta de los jugadores. La novedad de los últimos días ocurrió en la siempre lenta, contradictoria y complicada justicia argentina. A los jueces no los conmueve ni siquiera el hecho cierto de que la administración de justicia figure en los últimos escalones de la aprobación social. O dicho de un modo más directo: carece absolutamente de simpatía social. El nuevo hecho sucedió cuando dos jueces de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, decidieron que los máximos caudillos del fútbol argentino, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, o los testaferros que fungen en aparente nombre de ellos como dueños de una enorme mansión en Pilar, obtengan el juez que esos inculpados querían: el magistrado federal de Campana, Adrián González Charvay.
La cuestión que se planteaba era, en principio, si el caso seguiría estando en manos de la jueza en lo Penal Económico de la Capital, Verónica Straccia, o si caería de nuevo en los tribunales de Campana, que tiene jurisdicción sobre Pilar. No es el único delito por el que se juzga a los dueños de la AFA; también se los acusa de evasión fiscal, retención de aportes patronales (por este ya están formalmente procesados) y lavado de activos, entre otros. También están siendo investigados por la justicia norteamericana y por el FBI porque millones de dólares provenientes de las dudosas maniobras de los dirigentes del fútbol habrían pasado por bancos norteamericanos. Para los jueces de los Estados Unidos el uso de su sistema financiero o de su moneda, el dólar, es suficiente para que asuman su jurisdicción.
La pregunta vuelve al principio: ¿por qué jueces de Casación que habían opinado de otra manera decidieron de pronto beneficiar a Tapia y Toviggino ofreciéndole el juez que ellos querían? El caso de Borinsky es especialmente extraño por dos razones. Una: en mayo había votado en un sentido absolutamente contrario. La Cámara de Casación, señaló entonces, no debía sacarle el expediente de la mansión de Pilar a la jueza Straccia y entregársela al juez González Charvay. Sostuvo que reabrir la disputa de competencia atentaba contra la celeridad procesal y criticó el rigor formal excesivo. Es decir: hace tres meses consideraba indispensable que la administración de justicia no se demorara ni se detuviera en puros formalismos. Acaba de decidir que ahora la causa le corresponde a González Charvay, el juez amigo de Tapia y Toviggino, y no a Straccia, la jueza que venía tratando de averiguar cómo un monotributista y su madre jubilada podían comprar semejante propiedad en el norte rico de la provincia de Buenos Aires.
González Charvay deberá empezar de nuevo. ¿Osará desconocer las pruebas que publicó el domingo, fundamentalmente fotos y objetos valiosos que pertenecen a Toviggino, el tesorero de la AFA y mano derecha e izquierda de Tapia, encontrados en la quinta en cuestión? ¿Las ignorará, acaso? La “celeridad procesal” pregonada por Borinsky en mayo ya no es una prioridad.
La otra razón: Borinsky venía siendo insistentemente señalado como candidato para ascender a juez de la Corte Suprema; él mismo lo anticipa en diálogos reservados. Inclusive, llegó a conversar sobre su acuerdo con algunos senadores a los que les golpeó la puerta de sus despachos. Los jueces de la Corte, como se sabe, necesitan que el acuerdo para su designación sea votado por los dos tercios de los votos del Senado. Una mayoría excesivamente agravada. Algunos senadores que anticiparon su voto a favor de Borinsky como miembro del máximo tribunal del país, señalaron que la situación había cambiado luego de su decisión sobre la AFA. “Se convirtió en un nuevo Lijo. No podemos votar a alguien que le hizo favores a un personaje que no puede pisar un estadio de fútbol sin que lo abucheen”, explicaron en alusión a Tapia.
¿Quién presionó a Borinsky para que se opusiera a él mismo? Algunos señalan al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, porque este desempeñó funciones en la AFA y porque ese ministro es quien primero tiene que firmar la candidatura de Borinsky a la Corte. También su padre, el juez Carlos Mahiques, habría celebrado sus 74 años en la mega quinta de Pilar, un generoso préstamo de Toviggino.
Otra versión indica que el viejo jefe de los espías Antonio “Jaime” Stiuso, quien conserva una inexplicable influencia en los tribunales federales, también ayudó a los dirigentes de la AFA. Desde ya, ni Javier Milei ni su hermana Karina son mencionados en la larga lista de los que respaldan y ayudan a Tapia y Toviggino para lograr sus impunidades. El Presidente hizo en su momento duros cuestionamientos públicos a Tapia. Pero tampoco se interesan por el monumental escándalo que trata de esclarecer qué pasó con cientos de millones de dólares. Un indiferencia difícil de comprender, de explicar y de justificar.
El caso de Barroetaveña es más enigmático aún porque solo aspira a ser reelegido como representante de los magistrados en el Consejo de la Magistratura. La reelección, es cierto, no le está permitida. Si hubiera hecho las cosas de acuerdo con la ley y la ética, Barroetaveña se habría excusado de seguir revisando esa causa, simplemente porque fue presidente de la Comisión de Ética de la AFA hasta noviembre pasado. Ética y Tapia constituyen un oxímoron. Barroetaveña estuvo ahí y, quizás, en la supuesta fiesta de cumpleaños de Mahiques padre. Los que piensan mal aseguran que existen fotos de los jueces que asistieron a esa parranda y que están siendo presionados, directa o indirectamente, por Tapia y Toviggino con tales registros gráficos.
Llama la atención que Barroetaveña no haya podido ni siquiera tomar distancia del conflicto con una simple y entendible excusación. También Borinsky debió excusarse porque él ya había emitido una opinión sobre el caso, aunque totalmente opuesta a la que se acaba de conocer. Todo ese fárrago judicial ininteligible para la mayoría de la sociedad constituye uno de los actos de arbitrariedad más explícitos que se hayan conocido en los últimos tiempos en la Justicia. ¿Cómo el argentino común podría confiar en una Justicia que garantiza de ese modo tanta impunidad? Imposible.
Borinsky y Barroetaveña eludieron en su resolución referirse a la cuestión más antipática, que era el reconocimiento de la sede de la AFA en un terreno baldío de Pilar para que la causa cayera en Campana. La sede histórica de la AFA estuvo −y está− en la calle Viamonte de la Capital. Esos jueces dijeron simplemente que como se trata de un caso de presunto lavado de activos debe resolverse en la justicia federal y que, por lo tanto, debe ir al juez federal de Campana. Es cierto que el lavado de activos no es un caso de la justicia en lo Penal Económico, sino de la justicia penal federal. Pero el caso de la AFA es más complicado porque los gerifaltes de la entidad del fútbol argentino están siendo investigados en una media docena de causas en la Capital, sobre todo por el manejo oscuro de recursos de esa institución deportiva. Por ejemplo, antes la Justicia debió investigar dónde se firmó la escritura de compraventa de la impresionante quinta de Pilar; la Justicia solo necesitaba citar como testigo al escribano que redactó la escritura. Muy pocos escribanos −o ninguno− están dispuestos a mentirle a los jueces.
Borinsky y Barroetaveña se limitaron al hecho material: el lavado de activos supuestamente perpetrado en Pilar. Implícitamente, aunque no en los escritos, aceptaron que la sede de la AFA está en Pilar y no en el edificio de la Capital. Reconocerlo explícitamente hubiera sido un acto ridículo. Lo evitaron, parcialmente. No lograron evitar, en cambio, un error procesal que salta a la vista de cualquiera, porque también el lavado de activos debió trasladarse a la Capital, a los tribunales de Comodoro Py, donde se juzgan los delitos que atentan contra la Nación. Esos delitos son el lavado de dinero, precisamente por el que juzgarán en Campana a Tapia y Toviggino. O la evasión impositiva, delito que también habrían cometido en la Capital esos mandamases del fútbol argentino y cuyo dinero les habría permitido, en parte al menos, la compra de la casa de Pilar. La presunta corrupción de la AFA es un solo envoltorio de muchas cosas; desmembrar los expedientes es hacerles un enorme favor a Tapia y Toviggino. También juzgan los tribunales de Comodoro Py el narcotráfico, pero ellos no han perpetrado ese delito.
Algunos confían todavía en que la Corte Suprema de Justicia cambie la resolución de la Cámara de Casación. El fiscal general de Casación, Mario Villar, se opuso siempre a que la causa por el palacete de Pilar quede en manos del juez federal de Campana. Villar tiene fama de hombre honesto y de magistrado implacable frente a los casos de corrupción. Él podría recurrir en queja a la Corte Suprema, pero en ese tribunal debería conformarse una mayoría dispuesta a resolver sobre un caso que no es una sentencia definitiva, sino una resolución sobre competencia y jurisprudencia.
Por lo pronto, el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti aclaró que él no propone a Borinsky como juez del máximo tribunal, como había trascendido en tiempos recientes. De todos modos, una justicia que se ocupa más de discutir cuestiones de competencias y de jurisdicciones que en investigar las denuncias de corrupción deja de ser justicia. Por eso, una mayoría de la sociedad argentina está confiando más en los resultados de las pesquisas que hace la justicia norteamericana sobre las fechorías de Tapia y Toviggino. Una vergüenza nacional sin excusas ni atenuantes.
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El Reino Unido rechazó el arbitraje internacional que pide la Argentina por la explotación en las islas Malvinas
Reino Unido rechazó el arbitraje internacional que pide la Argentina para frenar la explotación petrolera en las islas Malvinas y calificó la acción como un intento deliberado de “socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno”.
“El pueblo de las islas Malvinas ha elegido libre y democráticamente su futuro, y tiene todo el derecho a desarrollar y gestionar sus recursos naturales sin intimidación, coacción o interferencia de terceros”, escribió la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran.
Para la funcionaria británica, la decisión del país de iniciar un arbitraje constituye “el último intento de socavar los derechos y los medios de vida de los habitantes de las Islas”.
Además, aseguró que las actividades relacionadas con hidrocarburos en el territorio están reguladas por la legislación británica de las Malvinas y que se llevan a cabo “en plena conformidad con el derecho internacional”.
Por otro lado, indicó que esta semana el gobierno inglés le manifestó al canciller Pablo Quirno que “los esfuerzos por obstaculizar la actividad económica lícita en las Islas no constituyen actos de una relación internacional responsables”.
“Son intentos deliberados de socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno. Este comportamiento plantea interrogantes sobre la fiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido”, afirmó.
Asimismo, ratificó que Reino Unido continuará estando “codo a codo” con el gobierno inglés de Malvinas y con sus habitantes. “Defenderemos firmemente sus deseos, su economía y su derecho a determinar su propio futuro. Como ha dejado claro el primer ministro, nuestro apoyo es inquebrantable”, cerró.
El arbitraje que pidió el Gobierno
Mediante un comunicado, el Gobierno anunció el pasado lunes el inicio de una gestión para comenzar un arbitraje con el objetivo de “impedir la explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto denominado Sea Lion, así como la adopción de cualquier otra medida susceptible de agravar la situación”.
“La explotación unilateral de los recursos naturales de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes es contraria al derecho internacional y produce un perjuicio irreversible e irreparable a los derechos de soberanía de la República Argentina”, afirmó.
En su cuenta personal de X, Milei compartió el mensaje y aseguró que si en dos semanas Reino Unido no frenaba la explotación ilegítima, el país iba a recurrir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, un órgano independiente creado por la Convención de las Naciones Unidas.
Según su página oficial, el Tribunal está compuesto por 21 miembros “independientes”, elegidos entre personas de “reconocida reputación por su imparcialidad e integridad, y de competencia comprobada en el ámbito del derecho del mar” y cuenta con “jurisdicción sobre cualquier controversia relativa a la interpretación o aplicación del convenio”.
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Ley de Tierras: la CGT repudió el fallo de la Corte Suprema y le exigió a Diputados que rechace el DNU de Milei
La Confederación General del Trabajo (CGT) repudió este miércoles el fallo de la Corte Suprema que dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el DNU 70/2023 y reclamó a la Cámara de Diputados que rechace el decreto del presidente Javier Milei, después de que el Senado avanzó en ese sentido.
La central obrera se refirió así al fallo de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU. La Corte consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata, que inició la causa, no tenía legitimación para impulsar la demanda.
El máximo tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación, sino que, al dejar sin efecto el fallo de la Cámara, volvió a quedar vigente el artículo del DNU que eliminó la Ley 26.737 y, con ella, las restricciones que regían para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
“Expresamos nuestro más enérgico repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia”, planteó el Consejo Directivo Nacional de la CGT en un comunicado. Para la organización sindical, la decisión judicial eliminó límites destinados a preservar el dominio nacional sobre el territorio.
La CGT vinculó el fallo con la pelea que atravesó el Congreso
En su pronunciamiento, la CGT refirió que las movilizaciones realizadas en las últimas semanas contra los cambios en el régimen de tierras reflejaron una presión social y política que frenó el intento del oficialismo por flexibilizar las restricciones en el Congreso y contrapuso ese escenario con lo ocurrido ahora en la Justicia.
“Lo que no pudieron imponer mediante el debate parlamentario, ahora vuelve a abrirse camino por una decisión del máximo tribunal”, cuestionó la central obrera.
La organización sindical afirmó además que el fallo “atenta contra la soberanía nacional” porque, según expresó, deja la tierra, el agua y otros recursos estratégicos “a merced del capital extranjero”. También cuestionó el papel de la Corte porque “atenta contra la división de poderes” y sostuvo que la resolución desconoce el rechazo expresado durante las protestas. “Un Poder Judicial que debería ser contrapeso termina convalidando en los hechos la voluntad del Poder Ejecutivo”, denunció.
Como solución, la conducción cegetista pidió que el conflicto se resuelva en terreno parlamentario y que la Cámara Baja avance contra el DNU 70/2023 y complete el rechazo legislativo que ya impulsó el Senado.
“La tierra argentina es patrimonio de nuestro pueblo y forma parte inseparable de un proyecto de Nación con producción, trabajo, desarrollo y soberanía”, afirmó la CGT. Y cerró el comunicado con un rechazo a cualquier intento de “extranjerización indiscriminada” del territorio y un reclamo para que las instituciones respeten la voluntad expresada en las calles. “Nuestra soberanía no se negocia”, advirtió.
CGT, ley de tierras, DNU
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Tras el fallo de la Corte sobre la ley de tierras, Bullrich se desmarcó del Gobierno y reconoció que la oposición podría rechazar el mega DNU de Milei
En un nuevo gesto de diferenciación, Patricia Bullrich, jefa del bloque La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, señaló este miércoles que el intento del Gobierno de eliminar los límites a la venta de tierras a extranjeros, iniciativa que cayó el mes pasado tras una fuerte presión política y callejera, fue “apresurado”, y que hoy podría costarles la caída del megadecreto 70/2023 de Javier Milei.
La exministra de Seguridad se expresó así luego de que la Corte Suprema dejara ayer sin efecto, en la práctica, los límites a la venta de tierras a extranjeros. El sorpresivo fallo restituyó la vigencia de un artículo del DNU 70/2023 de Javier Milei que derogaba la ley de tierras (26.737), vigente desde 2011.
Durante su camino legislativo, la pretensión de sancionar la extranjerización de tierras llevó a múltiples postergaciones del tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada en el que estaba incluida y, finalmente, terminó con la eliminación del capítulo en cuestión.
“Hay un tema importante que es un aprendizaje para nosotros. Si nosotros tenemos un DNU dictado por el Gobierno y ese decreto aún esta en la Justicia, quizás haber llevado adelante la ley de propiedad privada en la que estaba el capítulo de tierras fue apresurado”, dijo Bullrich respecto de la iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Y agregó: “Tendríamos que haber esperado que la Justicia hable como habló ahora del decreto 70 en el capítulo de tierras y recién después enviar esa ley, porque sino vamos contra nuestros propios actos”. Se refirió así a errores no forzados del Gobierno, que la senadora suele señalar.
Incluso reconoció que aquella estrategia que consideró equivocada podría derivar hoy en un rechazo del megadecreto en su conjunto. “[El fallo] vino después que la ley [de tierras] no se pudo votar, así que es una posibilidad [que la oposición voltee el DNU]”, admitió, en diálogo con .
Durante las semanas más intensas del debate sobre el proyecto, la senadora negociaba los cambios para lograr el apoyo de los aliados del oficialismo, mientras el ministro planteaba objeciones a la redacción y las múltiples modificaciones al proyecto original.
El proyecto, ya sin el capítulo sobre tierras, logró en agosto la media sanción del Senado, pero aún espera ser tratado en Diputados.
Por estas horas, la oposición en Diputados busca forzar una sesión especial en contra del decreto 70/2023. Para habilitar el debate necesitan 129 diputados y, una vez alcanzado el quorum, una mayoría simple −la mitad más uno de los presentes− para voltear el DNU, que ya fue rechazado por el Senado, en marzo de 2024. La intención de los bloques opositores es llamar a una sesión especial para el miércoles 7 de octubre o el próximo 14.
¿Candidata en la Ciudad?
Al margen del desmarque del Gobierno, el último de una extensa lista que se fue ampliando en las últimas semanas, Bullrich no descartó la posibilidad de competir en las elecciones a jefe de gobierno porteño en 2027.
Durante su participación en un acto aniversario por la Constitución de la ciudad de Buenos Aires, de cuya elaboración participó como convencional constituyente, la senadora dijo que tiene “toda la posibilidad y toda la capacidad” para postularse porque siempre ha tenido a cargo “áreas complejas”. “Podría ser”, indicó.
Sin embargo, advirtió que la decisión aún no está tomada, y en su entorno deslizan que “por ahora” prefiere competir a nivel nacional. “Donde la ponga la historia”, aclaran.
En las últimas semanas, la combinación de desmarques del oficialismo y declaraciones respecto de la importancia de que “el proyecto reelija” (sin alusiones a Milei) alimentó rumores sobre una posible ruptura.
Entre risas, hoy afirmó: “En el único lugar que me tienen que poner es en MasterChef [por el reality de cocina], aunque no me eligieron. Empezó el otro día”. Una broma con la que ya había esquivado las consultas sobre su rol en 2027.
Bullrich amagó con una candidatura en la Capital, distrito que representa en el Senado, a lo largo del año. A su vez, es la única libertaria que dice con firmeza que LLA y Pro deben sellar una alianza en la Ciudad. Los diálogos entre ambos espacios aún están “fríos” en Buenos Aires, reconocen ambas partes, mientras los legisladores violetas cuestionan la gestión del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.
Respecto de la administración del exintendente de Vicente López, la senadora dijo a que tiene “luces y sombras”. Valoró la política de ley y orden que impulsó Jorge Macri a partir de la derrota de Pro en la Ciudad en 2025, en la que quedó tercera después de LLA y el PJ: “Se ha encaminado en varios temas: el tema del orden, de las usurpaciones”.
Sin embargo, dijo que “faltan otras cosas” y cuestionó la prematura negociación “del contrato de la basura”. “Adelantar tanto una negociación me parece que tiene su lado oscuro”, remarcó.
De esa manera, la exministra se refirió al inminente inicio del proceso para renovar las concesiones de recolección de residuos en la Capital para el período 2028-2038.
Propuestas con sello porteño
Durante su intervención en el acto por el aniversario de 30 años de la Constitución de la ciudad de Buenos Aires, que organizaron entidades como el Consejo de la Magistratura porteño y la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires (AABA) en la Facultad de Derecho de la UBA, Bullrich retomó una propuesta de 1996 para la Capital.
Planteó que entre los 60 legisladores porteños, 30 podrían ser elegidos por barrio, lo que les daría “un compromiso más ligado a un territorio” y a “una identidad”. Esa es una “deuda” que le quedó pendiente de aquella época, cuando también era diputada nacional.
También señaló la falta de autonomía de la Capital en algunos aspectos como “el servicio penitenciario, gran parte de la Justicia, el puerto de la ciudad de Buenos Aires y la Inspección General de Justicia”.
“Es una deuda que se va logrando, pero algunas veces con pasos lentos. Es importante apurar estos pasos para que la Justicia complete su autonomía”, dijo. Este año, el Congreso y la Legislatura aprobaron la transferencia del fuero laboral nacional a la órbita porteña y avanzan sobre la transferencia de la justicia de menores y la jurisdicción sobre varios delitos a manos del Poder Judicial porteño.
A la vez, cuestionó que la Ciudad, por ejemplo, “quiera” manejar la Policía y no a los presos. “Tiene que ser un tango que se baile de a dos”, expresó. “Si no, uno tiene la policía, que es fácil porque le da seguridad y puede formar su policía, pero el producto de la policía que son los detenidos los tiene la Nación”, añadió.
El traspaso de la Policía Federal a la Ciudad se realizó bajo la gestión de Bullrich en el Ministerio de Seguridad, durante la presidencia de Mauricio Macri.
También consideró que el distrito debería “hacer cambios en su estructura porque no vale tener plata y gastarla porque sí”. Si tiene una mejor recaudación que otras provincias, debe intentar “transferir la mayor cantidad de recursos al privado y bajar impuestos”.
La senadora compartió el panel con Gustavo Vivo, Alberto Maques, María Elena Barbagelata y Raúl Garré, también convencionales constituyentes de la Ciudad.
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