POLITICA
Alejandra Monteoliva estimó cuándo los argentinos empezarán a viajar sin visa a los Estados Unidos
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que Argentina avanza en el proceso para ingresar al Programa de Exención de Visa de Estados Unidos, lo que permitiría a los ciudadanos argentinos viajar al país norteamericano por turismo o negocios durante hasta 90 días sin necesidad de tramitar una visa consular.
“Nuestra expectativa y el trabajo que venimos realizando con Estados Unidos es que a inicios, comienzos, en los primeros meses del 2027, esto ya esté en funcionamiento”, sostuvo la funcionaria en LN+, en conversación con el periodista Luis Majul.
La funcionaria explicó que “no es solamente una cuestión de seguridad nacional” ya que está involucrada “Cancillería, Ministerio del Interior y el Renaper, en cuanto a datos. El proceso ya lo hemos iniciado”, agregó.
Según Monteoliva, eso “no es solamente una decisión política o administrativa, ya que hay que cumplir una serie de pasos en el cual estamos trabajando”. Y sostuvo que ayer la visitó en el Ministerio la subsecretaria de Asuntos Consulares de los Estados Unidos que lleva el adelante el caso de las visa waiver.
“Tenemos reuniones y vamos mostrando los avances en forma permanente”, sostuvo Monteoliva. Y cerró: “Hay que tener trazabilidad de procesos y en el registro de la información”.
Monteoliva resaltó que durante la reciente visita bilateral, las autoridades estadounidenses indicaron: “En Argentina es donde más le está costando al narcotráfico, al contrabando y al terrorismo”, y definió a la Argentina como el principal socio estratégico de Washington en la región.
Restricción al ingreso a estadios durante el Mundial
Además de explicar el avance del proceso de exención de visa, la ministra se refirió a la implementación del programa Tribuna Segura en el contexto del Mundial de Fútbol 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Monteoliva afirmó que el Gobierno argentino ya compartió con las autoridades estadounidenses una base de datos que reúne a cerca de 21.000 personas sujetas a restricciones de admisión en estadios, a raíz de antecedentes vinculados a la violencia en el fútbol.
A estos registros, explicó Monteoliva en LN+, se sumaron 13.000 deudores alimentarios morosos como parte de un convenio con la Ciudad de Buenos Aires, lo que eleva el total de personas excluidas del acceso a estadios durante el Mundial a 34.000. De esta manera, cualquier argentino incluido en esos listados no podrá ingresar a las sedes deportivas de la próxima Copa del Mundo.
El programa Tribuna Segura contempla un cruce permanente de información con autoridades anfitrionas para impedir la presencia de individuos con restricciones, en cumplimiento de los acuerdos bilaterales para eventos internacionales.
Agenda interna y control penitenciario
En cuanto al plano local, Monteoliva explicó el estado de las discusiones dentro del oficialismo e hizo hincapié en la cohesión del gabinete en torno al presidente Javier Milei. La funcionaria subrayó: “En el equipo de trabajo del Presidente todos gozamos de su credibilidad. Más allá de las diferencias internas, existe coincidencia plena respecto del rumbo político del Gobierno: en el norte, en el para dónde hay que ir, estamos todos de acuerdo”.
Sobre temas sectoriales, la titular de Seguridad anunció que el Gobierno trabaja en una recomposición salarial tanto para las fuerzas de seguridad como para las Fuerzas Armadas, una prioridad compartida entre los ministerios de Seguridad y Defensa.
Y destacó la mejora en la cobertura médica tras la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa): “Hace 15 días se adjudicó a Medicus el plan de Prefectura y Gendarmería: esto es un antes y un después”, detalló.
En referencia al sistema penitenciario, Monteoliva informó sobre los avances en el bloqueo y destrucción de teléfonos celulares en cárceles argentinas. Señaló que ya han sido destruidos más de 4.500 dispositivos en distintos operativos realizados junto a la Justicia, en un esfuerzo por impedir comunicaciones ilegales desde los centros de detención y limitar la comisión de delitos intramuros.
Entre todas las excepcionalidades que rodean al experimento libertario de Javier Milei, hay una que empezó a cristalizarse con mayor nitidez en los últimos meses y que podría sintetizarse en una pregunta: ¿puede un gobierno mantener un grado de eficacia en la gestión, y una sintonía con la sociedad, mientras al mismo tiempo evidencia un nivel tóxico de confrontación política interna? Una respuesta clásica indicaría que es inviable porque las tensiones terminan afectando la dinámica de la administración, y esa disfuncionalidad genera descontento entre los votantes.
Pero Milei parece haber disociado ambos planos para enunciar que su único y absoluto objetivo es el crecimiento económico, porque al final del día será evaluado por su capacidad para controlar la inflación, estabilizar las variables macro y generar mayor bienestar. No es una decisión estratégica, es simplemente su naturaleza de economista.
Eso lo hace manifestarse prescindente de la política, también como un signo de impotencia. Incluso si las disputas domésticas ponen en juego su capital simbólico en materia de transparencia y diferenciación de la casta. Así como puede ser enérgico y rugir indicadores económicos, se muestra incapaz de dar tres gritos para aplacar las rencillas intestinas y motorizar su gabinete. Piensa que puede garantizar lo primero sin resolver lo segundo.
“A Javier lo votaron para resolver la economía, para combatir a la casta y cambiar la política. Pero cada vez más todo queda reducido a lo económico. En el resto, nos diferenciamos cada vez menos, y así perdemos capital simbólico. Entonces la única tabla de salvación es la economía”. El razonamiento pertenece a una figura clave del Gobierno y sintetiza una percepción interna generalizada: que el Presidente sólo está dispuesto a jugarse por el rumbo de la economía, por convicción, por conveniencia, por formación.
Esto le quedó claro a uno de los ministros que esta semana conversó con Milei, muy lateralmente, sobre los últimos escándalos. “Es una locura, hay que pararlos”, fue la respuesta que escuchó del mandatario, señal de que claramente está disgustado con ese tipo de peleas. Pero en ningún momento dio indicios de que él se disponía a actuar. “Hay que pararlos”, es una frase impersonal; no es lo mismo que decir “yo los voy a parar”. En ese matiz anidan los rasgos de un liderazgo reticente.
En sólo diez días el Presidente fue desautorizado dos veces, primero por Manuel Adorni al no presentar su declaración jurada como había prometido el mandatario, y esta semana por el Gordo Dan, cuando dijo que le habían mentido sobre los mensajes de Martín Menem. Milei invirtió los roles y se convirtió en el vocero público del Gobierno que sale en defensa de su equipo, sin red ni planificación.
La paralización del Presidente frente a estos temas tiene una razón emocional. Milei fue inflexible en otros momentos de su gestión para despedir en un solo movimiento a funcionarios como Guillermo Ferraro, Osvaldo Giordano, Sonia Cavallo o Nicolás Posse. Pero no se interponía en esos casos una sensibilidad personal. Lidiar con los lazos que mantiene con su hermana Karina o con Santiago Caputo es un desafío que tiene que ver más con la psicología que con la especulación política.
El paroxismo de esta situación se dio esta semana con el cruce entre el asesor y Martín Menem, un nudo que, como no podía ser de otra manera, se gestó en el mundo virtual. Menem habló con Milei apenas estalló el escándalo el fin de semana pasado y, según dicen en su entorno, el Presidente entendió la situación y por eso salió a decir en público que le habían “prefabricado” la filtración de mensajes en contra de Caputo y su entorno.
Caputo, por su lado, habló varias veces con Milei esta semana, mucho más que en todo el período previo. En ningún momento fue reprendido por exponer en público su encono con el titular de Diputados, y cuando el Presidente habló en un streaming esta semana lo describió “como un hermano” para él.
Este episodio entre Caputo y Menem, sumado a lo de Adorni, a las tensiones entre Karina y Patricia Bullrich y a los ruidos en la mesa política, parece marcar una dinámica constante. Es decir, el Gobierno incluye como parte de su funcionamiento una dosis de desorden y de internas con el cual se está acostumbrando a convivir. No es una situación excepcional, es el estado natural. Es difícil de describir el nivel de desconfianza y rencor entre facciones.
Hay una convicción plena entre los funcionarios de que Milei no va a intervenir y de que, en consecuencia, habrá que acostumbrarse. Esto implica convivir con un Adorni devaluado, con una Bullrich disgustada (que esta semana vio partir a un funcionario clave en Seguridad como Federico Angelini, monitor del plan Bandera), con un Caputo lastimado, con una Karina implacable. El paquete viene con todos estos ingredientes. Se abandonó la posibilidad de que se pueda recuperar algún tipo de organización.
Dentro de esta desconfiguración, emerge ahora un rasgo novedoso, que es la cristalización en el universo libertario de dos bandos que exceden al núcleo duro de Karina Milei o Santiago Caputo. Ya no se trata sólo de los Menem y Sebastián Pareja, por un lado, o del Gordo Dan y las Fuerzas del Cielo, por el otro.
Por ejemplo, Nicolás Márquez, el biógrafo de Milei, sorprendió con un posicionamiento público muy crítico sobre Adorni. Lo mismo ocurrió ahora con Agustín Laje, director de la Fundación Faro, quien cuestionó a Martín Menem esta semana. En la otra vereda, Lilia Lemoine ya actúa abiertamente como ariete del ala karinista, en una línea similar a la del cineasta Santiago Oría. Es decir, se van conformando dos alineamientos paralelos como si fueran ejércitos que se preparan para una guerra superior.
Los ministros, que están a tiro de decreto, no intervienen públicamente de las rencillas. Pero se asume que Pablo Quirno, Diego Santilli, Juan Bautista Mahiques, Alejandra Monteoliva y Carlos Presti orbitan con Karina; y que Luis Caputo y Mario Lugones, sumado a los funcionarios de organismos como la SIDE y la ARCA tienen afinidades con Santiago. Después están los mileistas puros, que sólo se referencian en el Presidente, como Federico Sturzenegger y Sandra Pettovello.
El enfrentamiento queda expuesto con cualquier tema de controversia que alcance estado público. Ocurrió con el escándalo Adorni, con la filtración del perfil de Martín Menem, con la denuncia judicial de Pareja contra tuiteros celestiales, con la licitación de la Hidrovía, con la filtración de audios y las sospechas de espionaje, hasta con la controversia por José Luis Espert, que el propio Milei reflotó esta semana (la pelea con Victoria Villarruel ya es de otra era glacial). Es decir, ya no se trata solamente de visiones diferentes sobre el proyecto libertario. Están en disputa cuotas de poder, intereses, negocios. Hay un actor clave del ecosistema violeta que desde hace tiempo vaticina que “todo esto va a terminar mal en la justicia”.
Es cierto que en todos los gobiernos hubo internas feroces, a veces entre facciones del partido gobernante, como ocurrió en el radicalismo de Raúl Alfonsín, entre “La Coordinadora” y la “Línea Nacional”, y en el peronismo de Carlos Menem entre “celestes” y “rojo punzó”. También pasó con las coaliciones, desde las disputas entre el Frepaso y la UCR en la Alianza de Fernando de la Rúa hasta la guerra epistolar entre el cristinismo y el albertismo en el último Frente de Todos.
La curiosidad libertaria es que alberga agrias rencillas dentro en una fuerza política unipersonal, que posee un capital que empieza y termina en Milei, cuyo liderazgo nadie cuestiona internamente. Pero esa centralidad individual no se traduce en un mayor ordenamiento interno, porque el propio líder reniega de esa tarea, y en vez de delegarla bajo su supervisión, se desentiende.
En este contexto, el proyecto libertario queda angostado al desempeño económico. Y en este plano, después de un primer trimestre muy adverso, Milei y Toto Caputo encuentran algunos motivos para ilusionarse con una mejora de las expectativas. Así como la semana anterior los datos de inflación, de la recaudación y de empleo le dieron señales favorables, ahora hubo alicientes con el índice de actividad económica de marzo, que fue 3,5% superior a febrero; con el dato de superávit comercial de abril, que mostró un crecimiento de las exportaciones del 33,6% respecto del mismo mes del año pasado, y de la aprobación del nuevo tramo del crédito del FMI.
No alcanza para configurar un cambio de tendencia y el ingreso a una senda de repunte sostenido de la economía, pero sí para pensar que la caída puede haber encontrado un límite. Hay varios sectores empresariales, no sólo en minería, energía y agro, muy dinámicos a la búsqueda de nuevos negocios y aliados. Pero el problema mayor persiste en la economía callejera, en el consumo y el poder adquisitivo. Ahí la realidad es otra, como quedó reflejado esta semana en los datos del Indec de marzo, con caídas interanuales de ventas en supermercados (-5,1%), autoservicios (-7,2%) y shoppings (-13,3%).
Luis Caputo dejó una frase clave en su última entrevista: “Seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil”. Lo dice después de un fuerte recorte presupuestario, pero estaría indicando que no hay más remedio que crecer fuertemente para mantener el equilibrio en las cuentas. Se trata de un cambio sustancial, ya que denota un intento por pasar de la fase esencialmente fiscalista a otra más productivista, que probablemente sienta más ajena, pero más necesaria. Habrá que ver cómo lo digiere Milei, quien siempre se sintió identificado con la motosierra como símbolo de su política económica.
El ministro de Economía parece resignado a que su propuesta de un gran acuerdo político con los gobernadores para dar señales de estabilidad y previsión nunca atravesarán el filtro de Karina Milei. Por eso en su conferencia de prensa del viernes acotó sus aspiraciones a un pacto fiscal con las provincias para reducir impuestos provinciales y tasas municipales. En la mayor dependencia del éxito económico, Toto Caputo es la figura troncal del gobierno de Milei. Es el único que le puede dar insumos al proyecto de reelección presidencial. La idea de la reparación de la política, de la lucha contra la casta y de la honestidad como bandera quedaron desgarradas.
El Gobierno está especialmente entusiasmado con la idea de que el papa León XIV visite la Argentina. Generaría una expectativa positiva y le permitiría a Milei mostrarse como el primer presidente después de Alfonsín en recibir a un Sumo Pontífice. Convocaría una movilización masiva que la Casa Rosada podría capitalizar en algún modo. Pero habría que tener en cuenta que si viene al país, León traería consigo señales de amor y paz, pero también un mensaje social de prioridad a los más pobres, una apuesta por el diálogo interreligioso y su prédica contra los “delirios de omnipotencia”, con los que identificó a Donald Trump.
El Papa les ha comentado a algunos obispos argentinos sobre su intención de visitar la Argentina este año. Y hubo señales en estos días que abonaron ese camino. Uno fue la designación de Michael Banach como nuncio apostólico en el país. Inmediatamente después, el Gobierno confirmó como secretario de Culto a Agustín Caulo. Con este doble movimiento quedó normalizada la vía diplomática.
Después vino el candombe uruguayo, que empezó cuando el exembajador Carlos Enciso dijo que estaba confirmada la visita a la región y generó un revuelo que llevó a la Conferencia Episcopal de ese país a emitir una carta en la que precisaba que todavía no tenían una fecha definitiva. Quirno pareció intentar no quedarse atrás de esa movida cuando tuiteó al día siguiente: “Vine a reunirme con el Presidente Milei para darle ‘la Buena Noticia’ que hará feliz a todo el pueblo argentino. Solo resta definir la fecha… qué linda Primavera…!”.
De todos modos, en algunos sectores de la cúpula eclesiástica no cayó bien esa ansiedad por adelantarse en la noticia, porque la confirmación oficial sólo puede venir del Vaticano. Ni el Gobierno ni los obispos argentinos pueden hacerlo. Y quienes conocen los movimientos en Roma aseguran que León quiere ver el desenlace de las elecciones del 7 de junio en Perú, para terminar de definir su itinerario, no porque su decisión dependa de quién resulta ganador, sino para asegurarse de que el proceso no se enturbie. No encararía una visita a América latina sin incluir el país que lo marcó en su tarea pastoral. En la curia notan que ahora el Vaticano recuperó sus procedimientos tradicionales, lejos de las informalidades que había impuesto Bergoglio.
Quirno, junto con Pettovello, recibió el jueves en la Cancillería al presidente y al secretario general de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo y Raúl Pizarro, y al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Quienes estuvieron allí aseguran que no se habló de la posible visita del Papa.
Tampoco del tedeum de mañana, en el que García Cuerva buscará mostrar nuevamente su capacidad de interpelar sin confrontar, de pacificar sin conceder. El arzobispo porteño supo trabar una relación personal, y hasta cierto punto afectuosa con Milei, quien llegó a recibirlo en secreto en la Casa Rosada. Pero después el Presidente enfrió ese vínculo como el que mantiene con toda la Iglesia católica. De hecho una queja habitual de los obispos es que el mandatario nunca los volvió a recibir desde un primer encuentro protocolar que mantuvieron.
En esa reunión del jueves, Quirno se identificó como el interlocutor principal con la Iglesia a partir de ahora, ya que la secretaría de Culto está bajo su esfera. Para algunos de los que estuvieron ahí fue una señal positiva esa aclaración porque muchas veces el Gobierno los desconcierta; otros, en cambio, lo vieron como un intento excesivo de centralización.
Pero la figura más activa en ese vínculo siempre ha sido Pettovello, con quien la Iglesia ha mantenido una relación cordial y constante, aunque tengan diferencias en materia social. Este contrapunto volvió a emerger esta semana, porque los obispos plantearon su preocupación por la situación económica en los barrios populares y las carencias de las personas con discapacidad, y la ministra insistió en que no hubo una disminución en la ayuda sino una redefinición en las lógicas de asignación. Aunque nadie lo mencionó, el espíritu de la posible visita papal ayudó a entender que tanto la Iglesia como el Gobierno tienen incentivos comunes para que ese proyecto se concrete satisfactoriamente.
Hoy Pettovello parte hacia Roma para un encuentro de ministros de Iberoamérica convocado por el Vaticano. Su agenda incluye una audiencia grupal con el papa León XIV. Habrá mucha atención puesta hasta en los susurros del pontífice.
Jorge Liotti,Conforme a
POLITICA
El desesperado pedido de la esposa de Giuliani a Delcy Rodríguez para que lo libere al cumplirse un año como preso político en Venezuela
Virginia Rivero, esposa del abogado argentino Germán Darío Giuliani, les pidió públicamente a Delcy Rodríguez y a Jorge Rodríguez que incluyan a su marido entre los 300 presos políticos que el gobierno de Venezuela anunció que liberará, en la semana en que se cumple un año de su detención injustificada en Caracas.
“Hoy tienen la oportunidad de ponerle fin a este sufrimiento. Tienen la oportunidad de hacer lo correcto. Tienen la oportunidad de ver cómo Germán vuelve a abrazar a su familia”, sostuvo Rivero en un video que difundió este miércoles Elisa Trotta, una de las fundadoras del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia. “Desde el fondo de mi corazón, les pido que liberen a mi marido, que se encuentre entre esos 300 presos políticos que están por liberar”, reclamó.
La mujer, además, recordó que a principios de mayo falleció el padre de Giuliani. “No le permitieron venir a casa, no le permitieron despedirse de su papá, no le permitieron abrazarlo”, lamentó.
Giuliani fue arrestado entre el 21 y el 23 de mayo de 2025 por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) mientras navegaba en una embarcación alquilada en aguas del estado Anzoátegui. Al advertir su acento argentino, fue aprehendido de inmediato y luego vinculado a acusaciones de terrorismo y narcotráfico, sin que existan precisiones judiciales públicas conocidas. Desde entonces fue trasladado por al menos tres centros de reclusión —el Comando Militar de Las Acacias, Yare II y Yare III— y sus familiares desconocen hasta hoy su ubicación exacta dentro del Complejo Penitenciario de Yare.
Rivero subrayó que su marido cuenta con una boleta de excarcelación firmada desde febrero y con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que pese a ello permanece detenido. El 27 de abril, la CIDH adoptó la Resolución 32/2026, mediante la cual exigió a Caracas que informara de inmediato el paradero exacto del abogado, su estado de salud y las condiciones de su reclusión. El organismo concluyó que Giuliani atraviesa una situación de gravedad y urgencia con riesgo de daño irreparable sobre sus derechos a la vida, la integridad y salud.
La resolución incorporó denuncias de tormentos físicos, golpizas y presuntas torturas. Según el expediente, Giuliani habría declarado que “le hicieron firmar una declaración a fuerza de golpes”. Un periodista excarcelado que compartió celda con él en el Comando Militar de Las Acacias lo vio llegar “con la mirada perdida, asustado y golpeado”, con marcas de vendas y la piel quemada. Ese mismo testigo recogió el relato del propio Giuliani: “Vine como turista y en Puerto La Cruz me secuestraron, me lanzaron contra la pared y me amarraron de manos y pies. Me golpearon para confesar delitos y como no lo hice me amenazaron con desaparecerme en el mar».
Según el expediente de la CIDH, en noviembre de 2025 Giuliani fue llevado en dos ocasiones a un cuarto de tortura denominado “El Tigrito”, donde “lo colgaron de las manos por más de tres horas y le echaban agua fría en su rostro”. Tras esos episodios regresó con “morados en sus muñecas y ojos desenfocados”. La denuncia agrega que esos castigos se producían cada vez que solicitaba atención médica o asistencia jurídica.
Las condiciones de comunicación con su familia fueron descriptas como extremas: las llamadas eran esporádicas, de no más de dos minutos, grabadas y supervisadas, y en ocasiones transcurrieron meses sin contacto alguno. El organismo alertó sobre el deterioro de su salud mental y exigió acceso inmediato a agua potable, alimentación adecuada y atención médica. El régimen venezolano no respondió el requerimiento de información que la Comisión formuló el 16 de abril. El plazo venció sin contestación oficial.
El caso adquirió nueva dimensión diplomática a principios de mayo, cuando Argentina volvió a reclamar ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) la liberación de todos los presos políticos en Venezuela. El representante argentino, Carlos Cherniak, reafirmó el compromiso de Buenos Aires con “la libertad de todos los presos políticos en Venezuela” y con “la restauración de la democracia plena” en ese país, al tiempo que advirtió que una “pequeña luz” en Venezuela no equivale a una señal de tranquilidad mientras haya detenidos y desaparecidos.
El presidente de la CIDH, el comisionado Edgar Stuardo Ralón Orellana, informó ante la OEA que, a abril de 2026, 454 personas continúan detenidas en Venezuela por razones políticas, entre ellas 44 mujeres, un adolescente, 286 civiles y 186 militares. “Toda detención arbitraria debe cesar de inmediato”, afirmó Ralón Orellana, y exigió “listas oficiales de personas detenidas, procesadas y amnistiadas, con nombres y estado procesal”, al tiempo que advirtió que “la opacidad es una forma adicional de violación”.
POLITICA
La Armada Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo para la vigilancia marítima: enviarán dos aviones de patrullaje
La Armada Argentina y Estados Unidos firmaron una Carta de Intención para desarrollar un programa de cooperación militar orientado al fortalecimiento de las capacidades de vigilancia y control de los espacios marítimos argentinos, en el marco de una iniciativa de asistencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos con una duración de cinco años, y que incluye la provisión de dos aviones nuevos para patrullaje y drones.
El acuerdo, suscripto en la Base Aeronaval Comandante Espora y que fue confirmado por el gobierno argentino y la Embajada de Estados Unidos, que encabeza Peter Lamelas, contempla transferencia de tecnología, entrenamiento especializado, provisión de sistemas de vigilancia y la incorporación de nuevas plataformas aéreas destinadas al patrullaje marítimo del Atlántico Sur.
Según la información oficial a la que accedió Infobae y fuentes vinculadas al programa, el principal componente de la iniciativa es la provisión de dos aeronaves Textron B-360ER MPA completamente nuevas, configuradas específicamente para misiones de vigilancia marítima, control oceánico y reconocimiento aeronaval. Ambas llegarán equipadas a la Armada Argentina en el marco de la asistencia estipulada por la Sección 333 —según la ley de asistencia militar de Estados Unidos— del Departamento de Defensa de Estados Unidos, reconocida oficialmente como Building Partnership Capacity: la primera aeronave tiene previsto su arribo para diciembre de este año y la segunda para mediados de 2027.
Este programa autoriza al gobierno de Estados Unidos a entrenar, equipar y transferir capacidades a Fuerzas Armadas extranjeras para enfrentar desafíos de seguridad compartidos, especialmente en áreas vinculadas a seguridad marítima, vigilancia oceánica, terrorismo y cooperación multinacional.
Alcance y tecnología del acuerdo
En el caso argentino, el objetivo central del convenio es ampliar las capacidades de control sobre el Mar Argentino y fortalecer los sistemas de vigilancia sobre la Zona Económica Exclusiva.
La información oficial sostiene que el programa apunta a mejorar las capacidades para el control de las aguas jurisdiccionales y de interés mediante la incorporación de nuevas tecnologías y sistemas integrados de vigilancia.
Los Textron B-360ER MPA constituyen uno de los sistemas más relevantes incluidos en el acuerdo. Se trata de aeronaves turbohélice de patrulla marítima de mediano alcance, desarrolladas sobre la plataforma Beechcraft King Air 360ER y configuradas especialmente para operaciones ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) para el monitoreo marítimo en el Atlántico Sur.
Estas aeronaves están diseñadas para tareas de vigilancia oceánica, detección de embarcaciones, identificación de tráfico marítimo, búsqueda de superficie y reconocimiento aeronaval. Según el detalle técnico de la Carta de Intención, los aviones incluirán sensores infrarrojos, radar de búsqueda de superficie, sistemas AIS para identificación automática de buques, comunicaciones satelitales, enlaces de datos y sistemas integrados de comando y control.
Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que ambas aeronaves serán incorporadas completamente equipadas y adecuadas para operaciones marítimas, según el cronograma previsto: una de ellas arribará en diciembre de este año y la otra en mediados de 2027.
El aspecto geopolítico del acuerdo tiene relación con una de las principales amenazas estratégicas detectadas en el Atlántico Sur: la depredación del caladero argentino por flotas pesqueras extranjeras que operan en el límite de la milla 200, en particular buques procedentes de China.
En materia de defensa y seguridad marítima, el fortalecimiento de las capacidades de vigilancia sobre la Zona Económica Exclusiva es considerado clave para mejorar el monitoreo de las flotas que operan cerca de las aguas jurisdiccionales argentinas.
Además, fuentes cercanas al programa señalaron que el acuerdo forma parte de la estrategia hemisférica de seguridad marítima impulsada por Estados Unidos para el Atlántico Sur y la proyección hacia el área antártica.
Consultadas por el medio digital Infobae, fuentes oficiales enfatizaron que las aptitudes de monitoreo provenientes de este programa estarán dedicadas exclusivamente a aguas bajo control argentino y no incluyen el área en disputa con el Reino Unido alrededor de las Islas Malvinas.
Instrumentación y cooperación logística
El acuerdo prevé la modernización de capacidades ya existentes en la Aviación Naval argentina. Entre los puntos destacados figura la modificación de un avión Beechcraft B-200M Cormorán de la Armada Argentina, que ahora cuenta con cámara multiespectral, nuevos sistemas de comunicaciones, enlaces de datos y sistemas de comando y control.
La integración de este equipamiento responde a un proceso de cooperación tecnológica que ambos países desarrollan desde el año pasado. Fuentes oficiales explicaron al medio digital Infobae que el sistema electroóptico instalado ya había sido implementado previamente y que la Carta de Intención formaliza y amplía el programa de asistencia en curso.
Se trata del sistema de vigilancia marítima Wescam MX-10, cámara electroóptica e infrarroja de alta definición para operaciones de reconocimiento, identificación y seguimiento de embarcaciones. El documento oficial subraya que estos sistemas “mejoran significativamente las capacidades de vigilancia de los espacios marítimos” y favorecen vuelos de control sobre aguas jurisdiccionales argentinas con superior capacidad de detección.
La cooperación también contempla vehículos aéreos no tripulados capaces de despegar y aterrizar verticalmente desde los patrulleros oceánicos de la Armada Argentina. Según el acuerdo, dichos drones permitirán reforzar las tareas de vigilancia marítima embarcada sobre el Atlántico Sur.
Otro componente importante es el simulador destinado a las aeronaves P-3C Orión recientemente incorporadas por la Argentina, una de las plataformas de exploración marítima de largo alcance más utilizadas por la Aviación Naval.
Implicancias geopolíticas y contexto bilateral
La ceremonia de firma se llevó adelante en el hangar destinado a las aeronaves participantes del programa, con autoridades de la Argentina y de Estados Unidos especializadas en cooperación militar bilateral.
Participó por Estados Unidos el contraalmirante Brandon Sardiello, representante de la IV Flota estadounidense. Por la Armada Argentina, el almirante Juan Carlos Romay estuvo a cargo de la rúbrica.
Tras la firma, la Embajada de Estados Unidos en la Argentina difundió oficialmente el lanzamiento del programa en sus redes sociales. “Más fuertes juntos. Más seguros juntos”, señaló la representación diplomática de Estados Unidos.
“Estados Unidos y Argentina están lanzando el Protecting Global Commons Program para fortalecer la seguridad marítima en el Atlántico Sur”, sostuvo la Embajada. La publicación añadió que “la asociación comienza con la entrega de una cámara especializada a bordo de una aeronave dedicada a patrullar la zona marítima argentina”.
El comunicado agregó que el programa “se expandirá durante los próximos cinco años con equipamiento avanzado, entrenamiento de élite y apoyo para interceptar y neutralizar amenazas marítimas”.
La Embajada definió el acuerdo como “una alianza estratégica de cinco años” para salvaguardar los bienes comunes globales y reforzar la seguridad regional.
En el mismo sentido se expresó el Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), el Comando Combatiente Unificado responsable de operaciones militares en el hemisferio occidental, que replicó el anuncio y subrayó el lanzamiento del Programa para la Protección de los Bienes Comunes Globales como instrumento para reforzar la seguridad marítima en el Atlántico Sur.
“El programa se expandirá durante los próximos cinco años con equipos avanzados, entrenamiento de élite y apoyo para interceptar y neutralizar amenazas marítimas”, comunicó el organismo militar de Estados Unidos.
Según puntualizaron fuentes oficiales al medio digital Infobae, el programa se enmarca dentro de los mecanismos de cooperación previstos por la Sección 333, orientados al fortalecimiento de las capacidades operativas y tecnológicas de las fuerzas armadas de países socios.
La definición oficial de la Sección 333 señala que el programa “permite entrenar y equipar a fuerzas de seguridad extranjeras para hacer frente a retos de seguridad comunes” y se dirige al desarrollo de capacidades específicas como la lucha contra el terrorismo o la seguridad marítima.
En este ámbito, la Argentina incorporará en los próximos años nuevas capacidades aeronavales enfocadas específicamente al control marítimo, vigilancia oceánica y monitoreo de espacios jurisdiccionales, incluyendo nuevas adquisiciones para la Armada Argentina y sistemas asociados a la defensa de la Zona Económica Exclusiva.
El avance se produce en un contexto de intensificación de la cooperación entre Buenos Aires y Washington en defensa, seguridad y transferencia tecnológica militar, una agenda impulsada por la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada.
Durante los últimos meses, ambos países avanzaron en iniciativas de fortalecimiento de capacidades antiterroristas, cooperación en inteligencia, entrenamiento militar y modernización de equipamiento para las Fuerzas Armadas argentinas.
Ese alineamiento estratégico quedó de relieve con la visita del presidente Javier Milei a bordo del portaaviones USS Nimitz, en el marco de ejercicios conjuntos entre las Armadas de Estados Unidos y Argentina.
En esa actividad participaron el teniente general Carlos Presti, ministro de Defensa; el canciller Pablo Quirno; y el principal estratega presidencial, Santiago Caputo, señalando el acercamiento político de ambos gobiernos en defensa y cooperación militar.
Para la Armada Argentina, el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia marítima resulta fundamental ante la necesidad de ampliar la capacidad de monitoreo sobre la Zona Económica Exclusiva argentina, particularmente ante los desafíos de pesca ilegal, control del tráfico marítimo y supervisión sobre el Atlántico Sur.
Las nuevas aeronaves Textron B-360ER MPA conforman el núcleo operativo del acuerdo y representan una de las incorporaciones más relevantes previstas para la Armada Argentina en los próximos años.
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