ECONOMIA
Alerta por correos falsos de ARCA sobre encomiendas internacionales: cómo funciona la estafa que roba datos y dinero

Una usuaria de X publicó este martes que había recibido un correo electrónico supuestamente enviado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en el que se le informaba que tenía una encomienda internacional retenida a su nombre. “Me mandaron un mail de ARCA diciendo que tengo una encomienda internacional con mi número de documento. ¡No compré nada yo!”, escribió. La respuesta del organismo no tardó en llegar: se trata de una estafa.
ARCA confirmó desde su cuenta oficial en X que el mensaje es falso. “Te informamos que se trata de un mail apócrifo. ARCA no envía correos solicitando pagos ni datos personales”, respondió el organismo. Lejos de ser un caso aislado, este tipo de maniobras —conocidas como phishing— vienen multiplicándose en los últimos meses y apuntan a obtener información sensible de los ciudadanos bajo la apariencia de comunicaciones oficiales del Estado.
El mecanismo es simple pero efectivo: los estafadores envían un correo que replica con fidelidad la identidad visual de ARCA —logotipo, colores institucionales, pie de página con dirección y teléfono— para generar una apariencia de legitimidad. El objetivo es que el destinatario no ponga en duda la autenticidad del mensaje y actúe siguiendo las instrucciones que contiene.
El texto del correo fraudulento informa que “la encomienda asociada al DNI se encuentra pendiente de regularización de aranceles aduaneros para continuar con su liberación operativa”. En un ejemplo al que pudo acceder Infobae, se desglosa un monto total a pagar de $198.092, distribuido en cuatro conceptos: derechos de importación ($124.848), tasa de estadística ($27.424), IVA sobre importación ($26.218) y “otros recargos por almacenamiento y gestión” ($19.602).

Además del cobro, el correo falso incluye una instrucción que constituye la parte más peligrosa de la maniobra: solicita al destinatario que adjunte una fotografía o captura de su DNI, “en la cual deberá encontrarse visible toda la información personal, a excepción del número de trámite, el cual deberá estar tapado u oculto por motivos de seguridad”. El mensaje fija además un plazo de tres días hábiles para iniciar la regularización y remata con una aclaración que busca transmitir confianza: “Solo comparta el frente de su DNI en respuesta a este correo”.
La combinación de un pago y la entrega de documentación personal configura una doble trampa: por un lado, una extracción de dinero; por el otro, la obtención de datos que pueden utilizarse para cometer fraudes de identidad u otras estafas posteriores.
El correo fraudulento está construido para resultar convincente. Utiliza el diseño institucional de ARCA, menciona el número de DNI del destinatario —dato que los estafadores pueden obtener de bases de datos filtradas— y apela a la urgencia como mecanismo de presión. El plazo de tres días y la advertencia sobre la “liberación operativa” de la encomienda buscan generar ansiedad y llevar al receptor a actuar sin detenerse a verificar la autenticidad del mensaje.
Sin embargo, hay señales que permiten identificarlo como falso. ARCA ya lo explicó en una advertencia anterior ante una situación similar: los correos apócrifos provienen de direcciones que no pertenecen a un dominio oficial del Estado, y el remitente de respuesta configurado en esos envíos tampoco guarda relación con una casilla institucional legítima. Verificar ese dato —el dominio desde el que llega el correo— es el primer paso para detectar la estafa.
El organismo fue claro al respecto: no hay que responder, no hay que hacer click en ningún enlace y no hay que descargar archivos adjuntos. “Todas las comunicaciones podés encontrarlas en tu Domicilio Fiscal Electrónico”, precisó ARCA en su respuesta pública en X.

El organismo también habilitó un canal específico para que quienes reciban este tipo de mensajes puedan reportarlos. “Ante cualquier sospecha sobre el origen o contenido de un correo electrónico en el que piden información personal o acceder a un sitio web poco confiable, el email puede ser reenviado a la casilla phishing@arca.gob.ar para su posterior análisis”, indicó la agencia. El reenvío del mensaje original a esa dirección permite que el área técnica del organismo analice la estructura del correo, identifique los servidores de origen y tome las medidas correspondientes.
La regla de oro que ARCA reitera ante cada caso es la misma: el organismo nunca solicita pagos, datos personales ni la descarga de archivos por correo electrónico. Cualquier mensaje que requiera alguna de esas acciones —sin importar cuán oficial parezca— debe tratarse como sospechoso.
En este caso puntual, el elemento más revelador es la solicitud del DNI. Ninguna gestión aduanera legítima requiere que el contribuyente envíe una fotografía de su documento de identidad como respuesta a un correo. Ese pedido, por sí solo, alcanza para confirmar que el mensaje no proviene de ARCA.
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ECONOMIA
Boca campeón de la Sudamericana: ¿cuánto pagarán de impuestos el club y los jugadores por los premios?



REUTERS/Luisa González
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ECONOMIA
Córdoba le dará a la industria automotriz la rebaja impositiva que reclama hace años




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ECONOMIA
Baja de impuestos a la industria: qué puede pasar en 2027 y por qué será difícil lograr un acuerdo


Con una industria que acumula meses de caída del empleo, empresas que reclaman alivio tributario para competir con los productos importados y gobernadores que hacen cuentas para sostener sus ingresos, la discusión sobre una baja de impuestos promete convertirse en uno de los debates económicos de 2027.
La Unión Industrial Argentina (UIA) busca avanzar con un pacto fiscal federal que reduzca la presión sobre la producción, pero el camino aparece lleno de obstáculos: mientras algunas provincias anuncian beneficios y exenciones, otras enfrentan una caída de la recaudación que deja poco margen para resignar recursos. ¿Hasta dónde podrán avanzar las rebajas y qué posibilidades reales existen de alcanzar un acuerdo?
La propuesta que impulsa la entidad fabril se presentó el 3 de noviembre, durante la 32ª Conferencia Industrial, y contempla una reducción gradual de los tributos que afectan a la actividad manufacturera. Buena parte de los cambios depende de las provincias, que administran Ingresos Brutos, y de los municipios, responsables de distintas tasas.
Carlos Abeledo, jefe del Departamento Tributario de la UIA, explicó a Infobae que la entidad decidió utilizar las uniones industriales provinciales para acercarse a los gobernadores e impulsar modificaciones en las leyes impositivas que se aprobarán en diciembre y comenzarán a regir en 2027. “Se va a avanzar en tratar de lograr, a través de las uniones industriales de cada provincia, un acercamiento con los distintos gobernadores para que empiecen a aplicar lo que estamos pidiendo de la reducción hasta la eliminación de Ingresos Brutos en cada provincia para la industria”, señaló.
La estrategia apunta a conseguir rebajas progresivas de Ingresos Brutos y la eliminación de los regímenes de retenciones y percepciones que afectan a las empresas. Abeledo recordó también que la UIA presentó previamente su propuesta al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, durante una reunión anterior a la Conferencia Industrial.
Por qué será difícil reducir Ingresos Brutos
El principal obstáculo aparece en las finanzas provinciales. Durante 2026, los gobernadores enfrentaron menores transferencias automáticas y no automáticas de la Nación, además de un retroceso de la recaudación propia.
El economista Nadin Argañaraz, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), consideró que ese escenario deja escaso margen para implementar reducciones significativas de Ingresos Brutos durante 2027. Según explicó, algunas jurisdicciones registraron caídas reales del 4% al 5% en la recaudación de ese tributo.
“Dado el contexto de financiamiento en el que están las provincias durante este año, es muy difícil que alguna provincia presente su proyecto de ley impositiva con una baja considerable, una baja concreta de Ingresos Brutos para el año 2027”, advirtió.
El especialista señaló que algunos proyectos provinciales contemplan actualizar las escalas de facturación que determinan las alícuotas. Ese mecanismo permitiría que determinadas empresas pasen a categorías inferiores y paguen tasas menores, sin modificar las alícuotas generales. Sin embargo, estimó que el beneficio alcanzaría a un número limitado de contribuyentes. “Entiendo que eso va a ser lo máximo que se pueda observar para el año 2027 en las provincias”, sostuvo.
Las provincias que anunciaron beneficios
Dentro del mapa provincial aparecen situaciones diferentes. Abeledo destacó que Catamarca cuenta con una norma escrita vinculada con la reducción tributaria, aunque todavía se espera su implementación. También mencionó los compromisos anunciados por los gobernadores de Neuquén, San Juan y Santa Fe para incorporar beneficios en sus leyes impositivas de 2027.
En Santa Fe, fuentes del gobierno de Maximiliano Pullaro señalaron que la provincia mantiene desde hace tres años una política de alivio tributario. Según detallaron, las exenciones adicionales representan alrededor de $80.000 millones que la administración deja de recaudar.
Entre los beneficios vigentes, recordaron, figura la posibilidad de descontar de Ingresos Brutos hasta el 30% de los pagos de energía eléctrica y deducir los salarios correspondientes a nuevas incorporaciones de personal. Las fuentes oficiales vincularon esas medidas con la creación de 9.000 puestos industriales.

También destacaron reducciones de la carga tributaria sobre el comercio y exenciones para actividades agropecuarias y maquinaria agrícola. “Es un camino que venimos transitando. En 2027 no vamos a subirlo, pero tampoco está pensado bajarlo”, afirmaron desde la administración provincial, al tiempo que reclamaron reducciones de impuestos nacionales.
En Córdoba, en tanto, fuentes del Gobierno explicaron que la provincia reorganizó sus regímenes de promoción industrial y estableció exenciones del 100% de Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario durante diez años para las empresas comprendidas en la nueva norma. El beneficio puede extenderse a quince años en parques industriales y determinadas zonas provinciales. Según precisaron, unas 4.000 empresas industriales de un universo de 6.000 están incorporadas al sistema.
Por su parte, Marcelo Capello, economista del IERAL, detalló que el proyecto de presupuesto cordobés para 2027 contempla reducir la alícuota general de Ingresos Brutos del 4,75% al 3,5%, con un costo fiscal estimado en $64.886 millones. De todos modos, esta reducción es para el sector de comercio y servicios. La industria sigue pagando 1,2%, excepto las que se incorporen al régimen de promoción, señalaron las fuentes oficiales. El objetivo es que, si se resignan recursos, sea en beneficio de empresas que inviertan en Córdoba y no sólo que vendan en la provincia.
Pese a estas medidas, las fuentes consultadas advirtieron sobre las limitaciones de las decisiones individuales de los gobernadores. “Si no hay consenso fiscal a nivel nacional, es imposible que las provincias lo resuelvan solas”.
El problema del efecto cascada
Los especialistas también plantearon diferencias sobre la efectividad de reducir parcialmente las alícuotas provinciales.
Jorge Colina, economista de Idesa, cuestionó que una rebaja limitada de Ingresos Brutos resuelva los problemas de competitividad industrial. “No tienen ningún sentido las rebajas, porque Ingresos Brutos no te pega tanto por la alícuota como por su efecto cascada”, afirmó.
El economista explicó que el impuesto se acumula en las distintas etapas de producción y comercialización. También advirtió que las alícuotas elevadas aplicadas al sistema financiero terminan encareciendo el crédito para las empresas. “Entonces, Ingresos Brutos y tasas municipales tienen que ser eliminados. De nada sirve bajar un poco la alícuota”, sostuvo.
En una línea similar, Marcelo Capello, del IERAL, planteó que la solución estructural sería reemplazar Ingresos Brutos por un IVA o un impuesto a las ventas finales, para evitar la acumulación de tributos durante el proceso productivo.
Sin embargo, mientras no avance una reforma integral, consideró conveniente que las provincias eliminen progresivamente la carga sobre las primeras etapas, especialmente el agro y la industria, para mejorar la competitividad frente a los productos importados en un contexto de apertura económica y tipo de cambio relativamente bajo.
También advirtió sobre los regímenes de recaudación anticipada que generan saldos a favor de las empresas, cuando los adelantos cobrados superan sus obligaciones tributarias. Como ejemplo, mencionó el caso de Misiones, donde una decisión judicial obligó a revisar el sistema de cobros anticipados en frontera.
Qué propone el pacto fiscal de la UIA
El Pacto Fiscal Federal para la Competitividad Industrial contempla un programa gradual de seis años. La entidad propone comenzar por las pymes expuestas a la competencia internacional, las actividades intensivas en empleo y los sectores con mayores dificultades, para luego extender los beneficios al resto de la industria.
Entre las principales medidas figuran:
- Ingresos Brutos: reducción progresiva hasta alcanzar la exención para la industria o establecer mecanismos de compensación con IVA.
- Contribuciones patronales: posibilidad de computar el 95% como crédito fiscal del IVA.
- Ganancias: reducción de la alícuota para sociedades del 35% al 25%.
- Impuesto al cheque: cómputo gradual a cuenta de IVA y Ganancias hasta su eliminación.
- Tasas municipales: vinculación de los montos cobrados con los servicios efectivamente prestados.
- Inversiones: amortización acelerada, Cuenta Única Tributaria y mecanismos de estabilidad fiscal.
La iniciativa se presentó en un contexto de dificultades para la actividad manufacturera. Según los datos difundidos por la UIA el 17 de noviembre, el empleo industrial cayó por vigésimo segundo mes consecutivo, mientras que los sectores textil y metalmecánico concentraron más de la mitad de los puestos perdidos desde agosto de 2023.
La entidad también señaló que, entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026, la inflación acumuló un 438%, frente a un aumento del 156% en los precios mayoristas de productos manufacturados.
La propuesta de Caputo para eliminar Sellos
Durante la Conferencia Industrial, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció medidas de alivio fiscal para las empresas, entre ellas facilidades para regularizar deudas tributarias, la suspensión temporal de embargos a las pymes y mecanismos para compensar créditos y obligaciones aduaneras.

Sin embargo, uno de los planteos más relevantes para la negociación con los gobernadores fue la propuesta de eliminar el impuesto de Sellos, cuya recaudación depende de las provincias.
El ministro propuso que la Nación compense el 50% de los recursos que las jurisdicciones resignen al eliminar el tributo, mientras que los gobiernos provinciales asumirían la mitad restante. Según las cifras expuestas por Caputo, Sellos recauda entre $4 billones y $5 billones anuales, equivalentes aproximadamente al 0,4% o 0,5% del PBI.
La iniciativa se presentó formalmente este viernes durante una reunión de la Comisión Federal de Impuestos (CFI), realizada en San Juan, donde el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria, expusieron el mecanismo ante los ministros de Economía provinciales.
La propuesta está dirigida a las jurisdicciones que adhirieron al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR).
Caputo celebró públicamente la presentación, aunque la implementación todavía requiere la aceptación de los gobiernos provinciales. Hasta el momento no se informó un acuerdo para aplicar el mecanismo de compensación.
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