La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intensificó los controles sobre los pedidos de devolución de percepciones del impuesto a las Ganancias y Bienes Personales asociadas al uso de tarjetas de crédito para la compra de pasajes internacionales y consumos en moneda extranjera, por el computo del dólar tarjeta.

De esta manera, los contribuyentes que buscan recuperar estas percepciones enfrentan ahora exigencias más amplias en materia de justificación de fondos y respaldo documental.

Aunque el Gobierno eliminó el cepo para las personas físicas, mantuvo el dólar tarjeta. Este tipo de cambio corresponde al valor oficial del billete verde, al que se suma un 30% en concepto de percepciones por el impuesto a las Ganancias o Bienes Personales, según la situación fiscal de cada contribuyente. Es posible evitar este recargo si se realiza un stop debit y se paga directamente con dólares disponibles en la cuenta o de manera manual a través de la ventanilla del banco.

El contador Marcos Felice detalló que ARCA intensificó la fiscalización y solicitó a determinados contribuyentes la presentación de información financiera correspondiente a los ejercicios 2024 y 2025. Los requerimientos incluyen la entrega de extractos completos de cuentas bancarias en pesos y en moneda extranjera, billeteras virtuales y cuentas comitentes utilizadas durante los períodos bajo análisis. La información debe reflejar la totalidad de los movimientos registrados, sin omitir ninguna operación.

Felice explicó que, como parte de los nuevos procedimientos, los contribuyentes deben confeccionar una planilla de cálculo en formato Excel, donde consignan la individualización de los fondos acreditados. Dicha planilla debe incluir la entidad financiera o billetera utilizada, el número de cuenta de destino, la fecha de ingreso de los fondos, el importe acreditado, el concepto de la acreditación y la identificación del depositante. Además, se exige consignar la cuenta de origen de cada transferencia, especificando el número de cuenta desde la cual se efectuó la operación, ya sea propia o de terceros.

Uno de los ejes centrales del control es la obligación de justificar el origen de los fondos cuando ARCA detecta diferencias entre las acreditaciones registradas y los ingresos informados. En estos casos, el organismo requiere que el contribuyente explique y documente la procedencia de los importes observados.

Entre la documentación respaldatoria se encuentran comprobantes de transferencias, contratos, documentación de préstamos, rescates de inversiones, comprobantes de ventas u otros documentos que permitan demostrar la trazabilidad de los fondos.

El CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, analizó los plazos y dificultades que enfrentan los contribuyentes en este proceso. Domínguez señaló que todos los años el fisco suele demorar la devolución de las percepciones por cuestiones presupuestarias. Pero la cuestión es que ahora ARCA detectó percepciones por valores que no considera compatibles con los ingresos declarados por el contribuyentes, por lo que solicita información adicional que resulta muchas veces difícil de reunir.

Los requerimientos pueden incluir la presentación de documentación y planillas que acrediten cada movimiento y justifiquen la congruencia entre los ingresos y las percepciones reclamadas.

Domínguez remarcó que estos controles refuerzan las demoras y la carga administrativa sobre quienes buscan recuperar las sumas retenidas. Y que la fiscalización es más estricta cuando el fisco considera que existe una incompatibilidad entre los montos percibidos y la capacidad contributiva del solicitante.

Por su parte, la gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, Noelia Girardi, explicó que existen distintos mecanismos para solicitar la devolución de percepciones por consumos y viajes al exterior, según el tipo de contribuyente. Cuando una persona no se encuentra inscripta en ningún impuesto y sufre percepciones, debe cargar las percepciones mediante una declaración jurada mensual, presentando tantas declaraciones como meses haya sufrido esos descuentos.

La solicitud de devoluciones se habilita recién el 1° de enero del año siguiente a aquel en que ocurrieron las percepciones. Por ejemplo, si alguien viajó en enero, febrero o marzo de 2026, podrá pedir la devolución en enero de 2027. La recomendación es hacerlo lo antes posible desde la fecha que se habilita porque desde ese momento corren los intereses si se demora la devolución.

En el caso de empleados en relación de dependencia, Girardi indicó que la posibilidad de recuperar las percepciones depende de la situación ante el impuesto. Si el trabajador supera el Mínimo No Imponible (MNI) y sufre retenciones, debe informar al empleador el monto total de las percepciones sufridas. El empleador descuenta ese monto a través del sistema SIRADIG, pero solo hasta el tope de lo que retuvo. Así, si el empleador retuvo $100.000 y el trabajador tuvo percepciones por $150.000, existirán $50.000 que no se reintegrarán por esa vía y deberán ser reclamados por otro mecanismo.

La operatoria, tanto para empleados en relación de dependencia como para contribuyentes no inscriptos, exige un seguimiento minucioso de los detalles y la preparación de toda la información que requiere ARCA. El proceso implica la carga de declaraciones, la confección de planillas detalladas y la presentación de comprobantes que respalden cada operación observada por el organismo.

Una usuaria de X publicó este martes que había recibido un correo electrónico supuestamente enviado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en el que se le informaba que tenía una encomienda internacional retenida a su nombre. “Me mandaron un mail de ARCA diciendo que tengo una encomienda internacional con mi número de documento. ¡No compré nada yo!”, escribió. La respuesta del organismo no tardó en llegar: se trata de una estafa.

ARCA confirmó desde su cuenta oficial en X que el mensaje es falso. “Te informamos que se trata de un mail apócrifo. ARCA no envía correos solicitando pagos ni datos personales”, respondió el organismo. Lejos de ser un caso aislado, este tipo de maniobras —conocidas como phishing— vienen multiplicándose en los últimos meses y apuntan a obtener información sensible de los ciudadanos bajo la apariencia de comunicaciones oficiales del Estado.

El mecanismo es simple pero efectivo: los estafadores envían un correo que replica con fidelidad la identidad visual de ARCA —logotipo, colores institucionales, pie de página con dirección y teléfono— para generar una apariencia de legitimidad. El objetivo es que el destinatario no ponga en duda la autenticidad del mensaje y actúe siguiendo las instrucciones que contiene.

El texto del correo fraudulento informa que “la encomienda asociada al DNI se encuentra pendiente de regularización de aranceles aduaneros para continuar con su liberación operativa”. En un ejemplo al que pudo acceder Infobae, se desglosa un monto total a pagar de $198.092, distribuido en cuatro conceptos: derechos de importación ($124.848), tasa de estadística ($27.424), IVA sobre importación ($26.218) y “otros recargos por almacenamiento y gestión” ($19.602).

Además del cobro, el correo falso incluye una instrucción que constituye la parte más peligrosa de la maniobra: solicita al destinatario que adjunte una fotografía o captura de su DNI, “en la cual deberá encontrarse visible toda la información personal, a excepción del número de trámite, el cual deberá estar tapado u oculto por motivos de seguridad”. El mensaje fija además un plazo de tres días hábiles para iniciar la regularización y remata con una aclaración que busca transmitir confianza: “Solo comparta el frente de su DNI en respuesta a este correo”.

La combinación de un pago y la entrega de documentación personal configura una doble trampa: por un lado, una extracción de dinero; por el otro, la obtención de datos que pueden utilizarse para cometer fraudes de identidad u otras estafas posteriores.

El correo fraudulento está construido para resultar convincente. Utiliza el diseño institucional de ARCA, menciona el número de DNI del destinatario —dato que los estafadores pueden obtener de bases de datos filtradas— y apela a la urgencia como mecanismo de presión. El plazo de tres días y la advertencia sobre la “liberación operativa” de la encomienda buscan generar ansiedad y llevar al receptor a actuar sin detenerse a verificar la autenticidad del mensaje.

Sin embargo, hay señales que permiten identificarlo como falso. ARCA ya lo explicó en una advertencia anterior ante una situación similar: los correos apócrifos provienen de direcciones que no pertenecen a un dominio oficial del Estado, y el remitente de respuesta configurado en esos envíos tampoco guarda relación con una casilla institucional legítima. Verificar ese dato —el dominio desde el que llega el correo— es el primer paso para detectar la estafa.

El organismo fue claro al respecto: no hay que responder, no hay que hacer click en ningún enlace y no hay que descargar archivos adjuntos. “Todas las comunicaciones podés encontrarlas en tu Domicilio Fiscal Electrónico”, precisó ARCA en su respuesta pública en X.

El organismo también habilitó un canal específico para que quienes reciban este tipo de mensajes puedan reportarlos. “Ante cualquier sospecha sobre el origen o contenido de un correo electrónico en el que piden información personal o acceder a un sitio web poco confiable, el email puede ser reenviado a la casilla phishing@arca.gob.ar para su posterior análisis”, indicó la agencia. El reenvío del mensaje original a esa dirección permite que el área técnica del organismo analice la estructura del correo, identifique los servidores de origen y tome las medidas correspondientes.

La regla de oro que ARCA reitera ante cada caso es la misma: el organismo nunca solicita pagos, datos personales ni la descarga de archivos por correo electrónico. Cualquier mensaje que requiera alguna de esas acciones —sin importar cuán oficial parezca— debe tratarse como sospechoso.

En este caso puntual, el elemento más revelador es la solicitud del DNI. Ninguna gestión aduanera legítima requiere que el contribuyente envíe una fotografía de su documento de identidad como respuesta a un correo. Ese pedido, por sí solo, alcanza para confirmar que el mensaje no proviene de ARCA.

La Cámara de Diputados tratará este miércoles en una sesión especial el proyecto oficialista conocido como Super RIGI, que amplía el régimen de beneficios fiscales a grandes inversiones, y con el cual el Gobierno busca retomar el protagonismo en la agenda luego del «Adornigate». Se espera con estas ventajas impositivas generar un impacto fuerte en el empleo y el desarrollo económico de las regiones que adhieran, ¿pero esto será posible?

«El Super RIGI puede ayudar al empleo, pero no habría que esperar un efecto masivo. Son inversiones grandes y valiosas, aunque en sectores muy intensivos en capital. Por eso, el impacto principal probablemente esté en empleo calificado, construcción, proveedores y servicios regionales», dijo a este medio Jorge Day, economista de IERAL que se especializa en economías regionales.

Como viene advirtiendo esta entidad junto con otras como Fundación Mediterránea, Delfos Consultora y PwC Argentina, en este momento las industrias que están recibiendo estas mega-inversiones a través de los «hermanos mayores» del mencionado proyecto (el RIGI y el RIMI) son aquellas no vinculadas al consumo, el comercio o la producción manufacturera, lo que las hace poco intensivas en mano de obra. 

Esto se produce en un momento en el que incluso los datos oficiales marcan que la desocupación sigue cerca del 8% de la población económicamente activa, y que pese a que la reforma laboral apuntada a reducir el «riesgo de contratar» está reglamentada desde el primer trimestre, el trabajo no registrado creció en ese período dos puntos más. La informalidad llegó al 44,2% según el Insituto Nacional de Estadística y Censos. La subocupación también aumentó y la presión laboral alcanzó al 23,6% de la PEA, equivalente a más de 5,3 millones de personas. 

Según los cálculos de Labour, Capital, Growth (LCG) en base a los datos oficiales que brindó el INDEC el lunes, la informalidad tocó el nivel más alto en casi 18 años, incorporando a 380 mil nuevos trabajadores. «Hace tiempo que el desempleo dejó de ser el principal parámetro de robustez del mercado laboral. En efecto, la baja de la tasa de desempleo en el primer trimestre esconde un empeoramiento en las condiciones de los trabajadores ocupados», añade la consultora.

En este marco, una de las propuestas del Gobierno junto con la reforma laboral, es el RIGI y su nueva versión que hoy entra al recinto en Diputados. ¿Puede colaborar en el objetivo de incrementar el empleo registrado? «El impacto puede ser importante para la provincia que reciba el proyecto. Una inversión tecnológica, energética o industrial puede mover la economía local, elevar la demanda de técnicos y profesionales, y generar actividad en servicios. Pero a escala nacional, difícilmente resuelva por sí sola los problemas generales del mercado laboral«, examinó Day.

«La clave es que esos proyectos se integren mejor con la economía local, pero no por obligación de ‘compre local’. Lo deseable es que haya proveedores competitivos, buena infraestructura, capacitación y menores costos logísticos. Si se fuerza a comprar local aunque sea más caro o menos eficiente, se puede terminar encareciendo la inversión y reduciendo el propio empleo que se busca generar», advirtió el economista.

Qué es el Super RIGI

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fue un sistema de beneficios fiscales para mega inversiones que se radicaran en la Argentina en áreas como Minería, Petróleo, Gas y Siderurgia. En este nuevo proyecto, se extenderán los cuantiosos beneficios a industrias prácticamente inexistentes en la Argentina en las que el Gobierno ve un alto potencial, como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, infraestructura digital, fabricación de baterías de litio, hidrógeno de bajas emisiones, vehículos eléctricos, entre otros.

Al diferencia del RIGI original, el monto mínimo de inversión será de u$s1.000 millones en un vehículo único y solo cubrirá inversiones en nuevos proyectos, no ampliaciones o actualizaciones de infraestructura ya existente. Quienes se hayan plegado al régimen ya vigente no podrán acceder al próximo, en caso de que el Congreso lo convierta en ley.

El régimen establece beneficios fiscales, aduaneros y regulatorios por hasta 30 años. Los beneficios que adquirirían quienes se plieguen al régimen que tratará el Congreso son:

• una alícuota reducida del Impuesto a las Ganancias del 15%
• amortización acelerada de inversiones
• exenciones de derechos de exportación e importación
• un régimen de estabilidad normativa y fiscal por 30 años
• en contribuciones patronales, alícuota única del 10% para nuevas relaciones laborales

Si este proyecto es aprobado en el Congreso, se espera que las provincias interesadas adhieran al mismo, y de esa forma eliminar la pluralidad de regulaciones que haga que las jurisdicciones compitan entre si por las inversiones de estos sectores. La iniciativa recibió duras críticas de diversas organizaciones y fundaciones que, como CEPA, FIDE y Fundar, por otorgar excesivos beneficios sin controles ni contraprestaciones equivalentes en estándares internacionales.

Cuánto empleo generó el RIGI original

A diferencia del esquema tratado esta semana en Diputados, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) original fue particularmente bien recibido por empresas ya instaladas en la Argentina en sectores de Minería, Energía y Gas. Permitió mejores condiciones para inversiones productivas y de renovación mayores a 200 millones de dólares en activos computables, pero en sectores intensivos en capital, no en mano de obra.

Entre los desarrollos de mayor envergadura económica que ingresaron al circuito de aprobación del RIGI se destaca el megaproyecto de infraestructura para el transporte de hidrocarburos impulsado por YPF, denominado Vaca Muerta Sur. En el sector de la minería de cobre, los consorcios internacionales que operan en la provincia de San Juan, como los encargados de los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, avanzaron con las presentaciones formales para reconfigurar sus planes de inversión bajo este nuevo paraguas legal. Por su parte, la industria del litio en el norte del país, con proyectos de firmas como Posco en el salar de Sal de Oro y Rio Tinto en Rincón, también tramitó su incorporación al régimen. 

Day calculó que hasta ahora, los proyectos anunciados comprometen más de u$s22 mil millones y crearían casi unos 50 mil empleos directos. «Si se aplicaran multiplicadores tipo CAEM (un empleo directo genera tres indirectos) u otros más optimistas (uno a cinco), el impacto total podría ubicarse entre 200 mil y 300 mil puestos», añadió el economista de IERAL en un informe publicado por Fundación Mediterránea.

Pero a la vez, Day pone como ejemplo el Yacimiento de Vaca Muerta, que multiplicó el empleo privado registrado provincial 40% en una década, lo que equivale solo a unos 40.000 puestos de trabajo.

¿Habrá una migración masiva hacia el Interior del país?

Minería, energía, agro y servicios financieros representan apenas el 3% del empleo total y el 7% del empleo asalariado privado registrado, según datos de economistas de IERAL. No solo eso, un informe dado a conocer por Bumeran esta semana posiciona a los puestos senior y semi senior en Ingeniería en Petróleo y Petroquímica como los de mayor remuneración pretendida en mayo último, con una aspiración de 3.875.000 pesos mensuales. 

Viendo este auge de las inversiones mineras y energéticas (incluyendo el petróleo) en provincias como Neuquén, un editorial de mayo firmado por José María Segura, Economista Jefe de PwC Argentina, mencionaba que «ciudades vinculadas a matrices productivas de energía y minería registran tasas de desempleo sensiblemente inferiores y una tendencia de sentido inverso a las del promedio nacional, en tanto que los aglomerados donde se concentra la actividad industrial y de la construcción —en particular el AMBA y su cordón urbano— muestran un deterioro relativo. El mapa del empleo se está redibujando a lo largo de la cordillera, lejos de los centros urbanos tradicionales.»

La Consultora Delfos, de Córdoba, veía el mismo panorama: el desempleo golpea con mayor intensidad allí donde históricamente se concentró el empleo formal, la actividad manufacturera y los servicios vinculados al consumo; «No se trata de una casualidad: los mayores niveles de desocupación coinciden con los centros productivos más expuestos al enfriamiento de la economía, la caída del consumo y el retroceso industrial.»

Day, sin embargo, no espera que se produzca una reconfiguración del mapa poblacional de la Argentina por los grandes proyectos alineados en las provincias cordilleranas. «La migración será más bien selectiva, concentrada en jóvenes, técnicos y profesionales vinculados a estos proyectos. Una parte de la demanda laboral podría cubrirse con esquemas de turnos, rotación o migración temporaria, sin que aumente en la misma proporción la población residente», mencionó en su informe.

Para el economista, será más difícil una mudanza masiva de trabajadores con menor calificación, familias arraigadas o perfiles laborales menos compatibles con los nuevos proyectos. «La experiencia internacional muestra que el crecimiento de regiones mineras puede atraer trabajadores, pero no siempre implica mudanzas definitivas», añadió.