POLITICA
El vicepresidente de EE.UU. canceló su viaje a la Argentina, pero el Gobierno relativizó la decisión y ratificó su alianza con Trump

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, no viajará a la Argentina para reunirse con Javier Milei, según confirmaron a TN fuentes al tanto de la planificación de la visita. Sin embargo, en Casa Rosada relativizaron el impacto de la decisión y ratificaron el buen vínculo con Washington.
La visita, prevista inicialmente para la segunda mitad de noviembre tras el viaje apostólico del papa León XIV, formaba parte de una gira latinoamericana con escalas en Colombia y Chile que quedó en suspenso luego de la derrota electoral del Partido Republicano en las elecciones de medio término en Estados Unidos del 3 de noviembre.
La decisión representa un contratiempo para la gestión de Javier Milei, que esperaba recibir a uno de los principales funcionarios de la administración de Donald Trump, aunque en Balcarce 50 ratificaron una vez más que el vínculo estratégico con Washington no está en discusión y que pasa por otros canales más allá del vicepresidente.
“Si no viene a Latinoamericana, no viene a Latinoamérica”, desestimaron en Casa Rosada, donde afirmaron que el Gobierno tiene una mayor cercanía con otras figuras del ecosistema republicano como el secretario de Estado, Marco Rubio, o con el propio Donald Trump. “Con JD Vance no teníamos una relación puntual”, agregaron.
Aun así, en Balcarce 50 señalaron que no hubo una comunicación formal por la suspensión, misma línea que fue replicada por la Cancillería. Ante las consultas, en el Palacio San Martín señalaron que cualquier confirmación debía buscarse directamente en Washington o entre los colaboradores de Vance, pese a que a fines de octubre la visita del vicepresidente norteamericano había sido uno de los temas de discusión entre Pablo Quirno y el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, durante su estadía en el país.
La suspensión, que ya había comenzado a rumorearse la semana pasada, se conoció después de la derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que los demócratas consiguieron el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense. El resultado modificó el escenario político interno de Trump y abrió interrogantes sobre las prioridades de su administración para la segunda mitad del mandato.
El desplazamiento de Vance en la política exterior tras su crítica a la guerra con Irán
La reorganización de la agenda del vicepresidente también quedó expuesta en los últimos días por las diferencias con Trump en torno a la guerra de Medio Oriente. El jueves pasado, el presidente estadounidense le pidió públicamente a Vance que dejara de concentrarse en las negociaciones con Teherán y dedicara toda su atención a investigar supuestos casos de corrupción y criminalidad en ciudades y estados gobernados por demócratas.
“No necesitamos un acuerdo con Irán. Esos días ya pasaron”, escribió Trump en su plataforma Truth Social. En el mismo mensaje, sostuvo que Estados Unidos tiene bajo control los activos económicos del régimen iraní y el estrecho de Ormuz. Vance había encabezado en abril las conversaciones con representantes iraníes en Islamabad, Pakistán, junto con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner. Sin embargo, los contactos no habían conseguido alcanzar un acuerdo duradero.

Además, la decisión de Trump de redirigir las tareas del vicepresidente se produjo después de que trascendieran nuevos contactos para reactivar las negociaciones con Teherán y en medio de las diferencias públicas entre ambos por el impacto político y económico de la guerra sobre el resultado electoral. El episodio volvió a poner de manifiesto las tensiones dentro de la administración estadounidense y las prioridades domésticas que enfrenta la Casa Blanca.
Milei busca blindar la relación con Estados Unidos
Pese al revés electoral de Trump y a la cancelación de la visita de Vance, el Gobierno argentino busca sostener el alineamiento con Estados Unidos y avanzar con los compromisos bilaterales que ambas administraciones pusieron en marcha durante los últimos meses.
La señal más reciente llegó del embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas, quien aseguró que el escenario bilateral no había cambiado en lo absoluto a pesar del nuevo escenario legislativo en Washington. “Cambian las mayorías en el Congreso, pero no cambia nuestro compromiso con la Argentina”, sostuvo.
El diplomático definió el vínculo como una alianza “firme, estratégica y de largo plazo” y aseguró que, bajo el liderazgo de Trump y Milei, ambos países están construyendo una relación basada en la libertad, la confianza y las oportunidades económicas. “Esta relación trasciende los partidos políticos porque responde a intereses fundamentales de ambas naciones”, agregó Lamelas, que mencionó como prioridades el crecimiento de las inversiones, el comercio, el empleo y la seguridad.
En la Casa Rosada buscan que esa definición se traduzca en compromisos concretos y que la relación bilateral no dependa exclusivamente del vínculo personal entre los dos presidentes. La estrategia oficial apunta a consolidar una agenda económica y de infraestructura que permita sostener la cooperación entre ambos países más allá de los cambios políticos en Washington.

Uno de los principales instrumentos es el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI), firmado el 5 de febrero de 2026. El 14 de octubre, Quirno y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, firmaron un protocolo adicional que permitirá remitir el entendimiento al Congreso argentino para su aprobación. Se trata de una iniciativa compleja que todavía no logró abrirse paso entre la agenda legislativa del Gobierno, que debe analizar si lo incluye en el eventual llamado a sesiones extraordinarias.
Lo que sí podría avanzar esta semana es el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), que fue tratado por primera vez en 1998 y que regresará a la Cámara alta con modificaciones luego de su paso en agosto por la Cámara de Diputados. Se trata de un reclamo histórico de las empresas norteamericanas y fue uno de los compromisos asumidos por el Gobierno argentino con el de los Estados Unidos dentro del acuerdo comercial.
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Javier Milei, ante empresarios: “La única forma de crecer es ahorrar”

El presidente, Javier Milei, brindó un discurso por el 85° aniversario del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) que se desarrolló en el Hotel Alvear y sostuvo que “el futuro del país está en las manos de los empresarios, porque son los creadores de riqueza”.
“Además de eso, quieren devaluar”, expresó en alusión a algunos economistas y opositores. “Si seguimos pensando que el crecimiento se genera incentivando el consumo es lo que pasó en los 12 años previos a que nosotros llegáramos, que no se crecía”, advirtió.
“La única forma de crecer es invertir, para invertir hay que financiarlo y para financiarlo hay que ahorrar, pero insisten con incentivar el consumo”, cuestionó.
En otro pasaje de su alocución, el primer mandatario se refirió a la cuestión impositiva. “Al derecho de propiedad lo defendemos bajando impuestos. Nosotros bajamos casi cuatro puntos del PBI en reducción de impuestos: eso no lo hizo jamás nadie”, subrayó Milei.
Al momento de referirse al rol de los empresarios, Milei señaló que “no van a crecer si no hay espíritu empresarial”. En palabras del Presidente, “es clave tener tipos que son emprendedores y se la juegan. Que ven cómo le arreglan los problemas a la humanidad”.
A partir de esa última idea, Milei reveló una anécdota que protagonizó junto al dueño de X, el empresario estadounidense Elon Musk. “En la primera reunión que tuve con Musk, él me dijo ‘yo me levanto pensando qué puedo hacer para ayudar a la gente’”, revivió el mandatario, y remató: “Si queremos ser grandes nuevamente, los invito a ser grandes benefactores sociales porque eso genera prosperidad”.
Según Milei, desde su asunción “le devolvimos a los argentinos más de US$25.000 millones. La motosierra es para eso: para devolverle el dinero a sus generadores, que son los contribuyentes. Se terminó la mentira del Estado en la Argentina”.
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POLITICA
La campaña cívica para reclamar cambios en los concursos judiciales llegó al Senado

La campaña nacional bajo el lema “Por una justicia independiente”, orientada a exigir mayor transparencia, predictibilidad e igualdad en los procesos de concursos para el Poder Judicial, llegó este lunes al Senado, por medio de una carta enviada a la estratégica comisión de Acuerdos, encargada de debatir los pliegos de jueces que envía el Poder Ejecutivo.
Las entidades que forman parte de la campaña invocaron su derecho constitucional a “peticionar a las autoridades” para reclamar a los senadores que “al momento de firmar los dictámenes correspondientes a la designación de jueces federales o nacionales”, se “considere y pondere la circunstancia del orden de mérito del candidato antes y después de la entrevista personal que realiza el Consejo de la Magistratura de la Nación”.
La misiva se inscribe en la acción de una coalición transversal conformada por entidades civiles, colegios de abogados, cámaras empresarias y referentes del ámbito jurídico, que promueven reformas inmediatas en el sistema de evaluación conducido por el Consejo de la Magistratura de la Nación, con el propósito de garantizar un procedimiento basado en el mérito objetivo.
El eje central de la demanda consiste en requerir al Consejo de la Magistratura la modificación del reglamento de selección para acotar la injerencia de las evaluaciones discrecionales. Específicamente, las organizaciones firmantes solicitan “limitar a un tope de 20 puntos la incidencia de la entrevista en el resultado, en línea con lo propuesto por la Corte Suprema de la Nación”. Según advierte el documento presentado, achicar al máximo el margen de decisión discrecional constituye “el primer paso para garantizar la independencia judicial”, condición que definen como base institucional e insumo clave para promover la inversión, el crecimiento y el empleo.
“La ciudadanía ha percibido que el orden de mérito surgido de los concursos objetivos que realiza el Consejo, muchas veces es alterado después de las entrevistas de forma absoluta, debido a la discrecionalidad del procedimiento. Ello ha merecido una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que propone limitar al 20% del puntaje total la valoración de la entrevista personal, para no desplazar el mérito de los concursos efectuados. En el mismo sentido se han expedido en una declaración conjunta algunas de las más prestigiosas entidades de la sociedad civil y del ejercicio del derecho. Le adjuntamos ambos documentos”, indicaron los firmantes en la carta dirigida al senador Maximiliano Abad, integrante de la comisión de Acuerdos.
Un proyecto en el sentido de limitar el peso de las entrevistas personales en el puntaje del concurso había sido presentado por dos jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, en marzo pasado. Pero hasta ahora sigue trabado dentro del Consejo de la Magistratura. La discrecionalidad en la evaluación de las entrevistas personales ha permitido que candidatos con baja calificación en los exámenes escritos y en los antecedentes terminen en posiciones expectantes para ser incluidos en las ternas de las que después salen los aspirantes propuestos por el Poder Ejecutivo.
La campaña, visibilizada mediante la consigna #MasMeritoMasJusticia, es impulsada a través de una petición pública en la plataforma Change.org. Pone de relieve el diagnóstico crítico sobre el funcionamiento actual de las evaluaciones. En un comunicado, los impulsores señalan que, si bien la Constitución exige idoneidad, independencia y eficacia en la designación de los jueces, hoy “se usan criterios distintos para decidir quién llega a la entrevista personal, la cual termina siendo definida por criterios discrecionales y el mérito del concurso queda sin efecto”.
En ese sentido, remarcan la obligación legal del órgano evaluador de respetar estrictamente el orden de mérito surgido de los exámenes y antecedentes académicos de los aspirantes.
La presentación cuenta con el respaldo de organizaciones de la sociedad civil y el ámbito judicial como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), la Red de Acción Política (RAP), el Club Político Argentino, Poder Ciudadano, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). Asimismo, se sumaron entidades del sector privado, entre las que se destacan el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Sociedad Rural Argentina y la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham). Entre los juristas y constitucionalistas adherentes figuran Roberto Gargarella, Daniel Sabsay, María Angélica Gelli, Juan Carlos Cassagne y Antonio María Hernández.
También se sumaron a la iniciativa personalidades públicas y dirigentes políticos, como Rogelio Frigerio, Esteban Bullrich, Hernán Lacunza, Ernesto Sanz, Ramón Lanús, Luciano Laspina, Juan Manuel López, Nicolás Massot, Gabriela Michetti, Liliana Negre de Alonso, Graciela Ocaña, Adrián Perez, Omar Perotti, Federico Pinedo, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, María Eugenia Talerico, Martín Yeza, Soledad Acuña, Oscar Aguad, Eduardo Amadeo, Marcela Campagnoli, Susana Decibe, Facundo del Gaiso, Rodrigo de Loredo, Mónica Fein y Emmanuel Ferrario.
“Por las razones expuestas y porque consideramos que los habitantes tienen derecho a una justicia imparcial e idónea, que se ajuste a los parámetros del mérito objetivo que propicia la Constitución Nacional, es que le solicitamos que, en el ejercicio de su representación popular, provincial y nacional, revise detalladamente y contemple la posibilidad de no conceder acuerdo a candidatos cuyo mérito se haya alterado de manera sustantiva en relación al orden inicial de los concursos”, indicaron los firmantes.
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Una denuncia penal y acusaciones sobre la marcha de Gastronómicos: crece la pelea entre Barrionuevo y Pettovello

Luis Barrionuevo, titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hotelería y Gastronomía de la República Argentina (UTHGRA), presentó una denuncia penal contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, por “negarse” a certificar las autoridades electas del sindicato pese a contar con fallo judicial que habilitaba esa obligación.
Para reforzar su reclamo, el dirigente dijo que la ministra “debe dar un paso al costado porque no sabe ejercer su tarea”, por lo cual planteó que “la Jefatura de Gabinete tendrá que hacerse cargo de la Secretaría de Trabajo”.
“Todos los trabajadores no podemos andar en los tribunales dirimiendo los problemas nuestros, que son problemas del mundo sindical”, enfatizó. Y advirtió: “Necesitamos resolver los problemas ahora”.

Así lo sostuvo Barrionuevo durante una movilización de su sindicato ante el Ministerio de Capital Humano, en la avenida Carlos Pellegrini 1285, donde, mientras los manifestantes ocupaban toda la calle entre Arenales y Juncal, se quejó porque, debido a que el Gobierno no convalida su triunfo electoral, los trabajadores no cobraron el último aumento salarial porque no fue homologado por la Secretaría de Trabajo.
Por su parte, fuentes de Capital Humano consideraron que la marcha de Gastronómicos es similar a la que antes hacían los piqueteros y que “no expresó un reclamo laboral genuino sino que fue una demostración de fuerza organizada con personas que no sabían por qué estaban allí”, al tiempo que criticaron que en la movilización había menores de edad y “no había trabajadores que protestaran sino personas obligadas a asistir. “Que obliguen a la gente a ir es aprovecharse de la vulnerabilidad de la gente”, indicaron.
En su cuenta de X, Pettovello denunció este sábado presiones y hostigamiento por parte de Barrionuevo y anunció que analiza una presentación judicial o una denuncia para resguardar su “integridad moral y física”.

“No es correcto mentir, no es correcto presionar y aún más intolerable, hostigar”, escribió. Y destacó que la elección de autoridades del gremio “se encuentra judicializada” y que recibió presiones para que el Ministerio desistiera del recurso extraordinario presentado ante la Corte por el expediente. “Considero que corresponde que sea la Justicia, y no las presiones de terceros, la que resuelva la cuestión”, sostuvo.
Por su parte, al hablar ante la sede de Capital Humano, que tenía una fuerte custodia policial, Barrionuevo comenzó con ironías: dijo que Pettovello “de capital tiene mucho, pero de humano no tiene nada” y a Julio Cordero, secretario de Trabajo, lo bautizó como “Corderito”.
“Hace meses que vienen dilatando y no homologando los convenios de una paritaria justa y los trabajadores quieren cobrar ayer, no mañana -señaló-. Por eso le digo a la ministra y al secretario que hoy han sido denunciados por mi persona penalmente”.

Enseguida, Barrionuevo afirmó: “Nos han cansado. En diciembre ganamos las elecciones en todo el país y hasta el día de hoy no nos dieron la certificación de autoridades. Sí lo han hecho por coima con otros que no eran más dirigentes y que han saqueado las cajas de los trabajadores en el Banco Ciudad. También vamos a denunciar penalmente a los directores del banco”.
El dirigente contestó críticas que le hizo Pettovello: “Ya que anda diciendo que soy mafioso, le digo a la ministra, y si realmente defender los derechos de los trabajadores y tener uno de los sindicatos más importantes y limpios del país es ser mafioso, soy mafioso”.
Agregó: “Si tener tener el mejor turismo, las mejores coberturas de obra social, las mejores 54 escuelas en todo el país y el Instituto Gastronómico, que es de alta jerarquía, es ser mafioso, le digo: sí, soy mafioso”.
A continuación, hizo un comentario que se se convirtió en una suerte de advertencia a los funcionarios: “Les digo a la ministra y a Corderito que adonde vayan, eventos, restaurantes, confiterías, bares, que se queden tranquilos porque serán bien atendidos por los gastronómicos”.

“Hoy estamos en la calle, hoy comienza la lucha -remarcó-. No vamos a esperar más tiempo. Vamos a seguir peleando, vamos a seguir en todo el país dando pelea porque damos la vida por las familias de los trabajadores gastronómicos”.
A continuación, tras agradecer la asistencia de trabajadores de Mar del Plata, Córdoba, Rosario, la costa atlántica y del Gran Buenos Aires, Barrionuevo aprovechó para criticar a Javier Milei y vaticinar que en las elecciones de 2027 ganará el peronismo: “Este es un país que merece estar mucho mejor. Por eso le digo al presidente, no sé si estará acá o fuera del país, que se baje del avión, que la escuche un poquito a la panadera, que es su hermana, sobre cómo está la situación”
“Lamentablemente no tenemos gobierno, no hay quien conduzca -puntualizó-. Por eso que el año que viene hay elecciones y democráticamente va a volver a gobernar el peronismo. No tengo ninguna duda”.

En ese sentido, el líder de Gastronómicos pidió “que se vayan retirando los que perjudicaron tantos años al país, sean nuestros o extraños, pero queremos otros dentro de la democracia que nos costó conquistar”. Y apuntó: “Vamos a renovar el peronismo, les guste o no a algunos pavotes que andan dando vueltas”.
El líder de Gastronómicos presidió la marcha acompañado por la conducción de su gremio y dirigentes de su sector como Daniel y Gustavo Vila (Carga y Descarga), Roberto Solari (guardavidas) y Oscar Rojas (maestranza).
Qué dice la presentación judicial
En la presentación de Barrionuevo contra Pettovello y Cordero, que fue presentada este lunes ante la Justicia por el abogado Horacio Ferro, se denuncia a ambos funcionarios de haber incurrido en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión y desobediencia de una orden judicial.

Según el escrito, el sindicato celebró elecciones el 29 de diciembre de 2025, con 319.964 afiliados empadronados y más de 121.000 votos emitidos y la Lista Celeste 17 de Octubre, que lideró Barrionuevo, obtuvo 119.708 sufragios. Desde entonces, dice, “el Ministerio de Capital Humano se niega a expedir el certificado de autoridades que acredita la nueva conducción”.
El certificado no es un trámite menor, según apunta Barrionuevo, ya que sin ese documento, la Secretaría de Trabajo observó la rúbrica de libros contables del sindicato al considerarlo con “Comisión Directiva vencida desde el 14/12/2025”, y la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo frenó la homologación de un acuerdo salarial firmado con la cámara empresarial FEHGRA.

La denuncia del líder sindical se sustenta en un contraste documentado: en 2024, el mismo ministerio emitió un certificado a favor de una lista opositora a la conducción nacional, aun cuando existían sentencias de dos instancias que invalidaban esa elección seccional.
El escrito de Barrionuevo señala que en ambos episodios intervino el mismo asesor técnico, Hugo Mauro Landi, y que la única variable que cambió fue quién se beneficiaba del acto administrativo.
Sobre esa base, Barrionuevo sostiene que Pettovello y Cordero convirtieron un acto de naturaleza reglada —es decir, que el funcionario está obligado a ejecutar sin margen de elección— en una potestad discrecional. La acusación encuadra esa conducta en los artículos 248, 249 y 239 del Código Penal, que sancionan el incumplimiento de deberes de funcionario público, la omisión de esos deberes y la desobediencia de órdenes judiciales, respectivamente.
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