POLITICA
Alfredo Cornejo celebró el decreto que le otorgó a Mendoza las regalías de Los Nihuiles
El presidente Javier Milei firmó el Decreto 982/2026, publicado en el Boletín Oficial, por el cual el gobierno nacional reconoció el derecho de Mendoza a percibir el 100% de las regalías hidroeléctricas generadas por el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles. La norma dejó sin efecto el Decreto 1560/73 y puso fin a más de cinco décadas durante las cuales esos recursos se distribuían entre la provincia cuyana y La Pampa. El gobernador Alfredo Cornejo encabezó este viernes una conferencia de prensa junto al ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y a la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, para celebrar el reconocimiento y detallar los pasos que seguirá la Provincia.
Además de percibir las regalías en forma íntegra a partir de ahora, Mendoza readecuará la demanda judicial iniciada en 2022 ante la Corte Suprema de Justicia para reclamar los montos que no percibió durante los años en que estuvo vigente el esquema anterior.
El origen de la disputa se remonta a 1973, cuando aquella resolución estableció un esquema de reparto que Mendoza siempre consideró injusto. Durante más de 50 años, la provincia sostuvo que las regalías debían corresponderle en su totalidad, dado que la generación de energía se produce íntegramente dentro de su territorio. El fundamento jurídico descansa en el dominio originario que las provincias tienen sobre sus recursos naturales: el aprovechamiento hidroeléctrico —con su infraestructura, su inversión y la energía que produce— es un bien distinto del agua del río Atuel, cuyo carácter interjurisdiccional compartían ambas provincias. El nuevo decreto recoge ese criterio y lo traduce en una decisión de alcance concreto.
Cornejo señaló que el decreto confirma que Los Nihuiles era “la única hidroeléctrica que cobraba regalías con otra provincia”, en contra del criterio y la jurisprudencia que establece que las regalías corresponden a las provincias donde se produce la caída del agua que genera la energía. El mandatario remarcó que el fallo pone en evidencia que a Mendoza “le asiste el derecho” y “la razón” en su postura de que la generación realizada dentro de su territorio no debía ser compartida con La Pampa por el solo hecho de que el río Atuel sea interprovincial.
El gobernador vinculó el reconocimiento con otro antecedente en que la Provincia logró recuperar recursos que consideraba propios: el resarcimiento obtenido durante su primer mandato por la Promoción Industrial, que le reportó a Mendoza 1.023 millones de dólares, fondos que el propio Cornejo describió como los que hoy financian obras de agua, energía y rutas. En esa misma línea, el mandatario afirmó que la defensa de los recursos provinciales se articula con una relación que combina acompañamiento y litigio: “Cuando hay que litigar, pedir y demás, estamos haciéndolo siempre en defensa de la provincia”, sostuvo.
El reclamo judicial que continuará a partir de ahora busca recuperar lo que Mendoza dejó de percibir durante las décadas en que el Decreto 1560/73 estuvo vigente. Según explicó Cornejo, el monto actualizado de ese reclamo ronda los 680 millones de dólares. Para canalizarlo, la Provincia readecuará la demanda que presentó ante la Corte Suprema en 2022 y ajustará los montos reclamados al nuevo escenario jurídico que abre el decreto nacional.
El anuncio también se produce en un momento crítico para el sistema hidroeléctrico. Mema detalló que las centrales del complejo Los Nihuiles sufrieron una merma considerable: de una capacidad de 290 megawatts pasaron a producir solo 90, como consecuencia del daño en dos de sus unidades. Frente a ese deterioro, la Provincia avanza en paralelo con el proceso de definición de una nueva concesión que permita atraer capitales privados para recuperar y ampliar la capacidad instalada.
El ministro puso el decreto en perspectiva histórica y remarcó que “esta injusticia nació en 1973”, según sus declaraciones ante la prensa. A lo largo de ese período se sucedieron distintas instancias jurídicas y convenios sin que el reclamo mendocino prosperara. Para Mema, el cambio implica que la Provincia ya no percibirá la mitad de las regalías sino su totalidad, lo que modifica de forma sustancial el volumen de recursos que recibirá: “A partir de hoy, no solamente vamos a cobrar lo que nos corresponde, sino que lo vamos a cobrar íntegramente, porque veníamos cobrando la mitad”, afirmó.
Sobre el esquema de la nueva concesión, el titular de la cartera de Infraestructura fue claro en cuanto al rol que deberá cumplir el Estado: controlar que las obras se ejecuten, garantizar que la inversión se concrete y cobrar el porcentaje correspondiente sobre la energía generada. “Nuestra visión es muy clara, lo que necesitamos es inversión privada, y necesitamos generar las mejores condiciones para que vengan e inviertan la mayor cantidad posible, en el menor tiempo posible”, indicó Mema en la misma conferencia.
Latorre, por su parte, profundizó en el fundamento jurídico del reconocimiento. La ministra explicó que las provincias tienen soberanía y dominio originario sobre sus recursos y que el caso de Los Nihuiles permite distinguir con precisión entre el agua del río —de carácter interjurisdiccional— y el aprovechamiento hidroeléctrico que se lleva a cabo dentro del territorio mendocino. “No es solamente el río, el agua, que compartimos por ser interjurisdiccional con otra provincia, es también la pendiente, es también la inversión para generar, a través del agua y de esa pendiente, energía, que es una cosa, es un bien susceptible de apropiación distinto totalmente del agua y del salto”, precisó ante los periodistas.
La funcionaria también destacó el trabajo de la Asesoría de Gobierno y de la Fiscalía de Estado en la defensa del patrimonio provincial durante todos estos años y trazó con claridad las dos vías que abre el decreto. La primera es judicial y apunta hacia atrás: reclamar lo que Mendoza fue obligada a compartir con otra provincia durante décadas. La segunda mira hacia adelante: articular una nueva concesión que, con mayor inversión privada, permita incrementar la generación. En palabras de Latorre, “mayor inversión es mayor producción, mayor producción es mejor aprovechamiento de los recursos y mayor percepción de regalías”, lo que se traduciría en más fondos disponibles para servicios como salud, seguridad y educación.
POLITICA
El Gobierno irá a la Corte para no reconocer a Barrionuevo como titular del Sindicato de Gastronómicos
El Gobierno prepara un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para impedir la certificación de autoridades de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), encabezada por Luis Barrionuevo, luego de las elecciones sindicales de diciembre pasado.
La apelación busca cuestionar el fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que convalidó de manera provisoria la conducción nacional del gremio y ordenó a la Secretaría de Trabajo que expidiera el correspondiente certificado de autoridades.
La presentación será elaborada por la Secretaría de Trabajo, conducida por Julio Cordero, luego de que el Gobierno decidió recurrir hasta la última instancia judicial cuando existan decisiones adversas a resoluciones administrativas como la decisión de no reconocer el triunfo electoral de Barrionuevo mientras el resultado siga en medio de una controversia judicial.
La disputa judicial se desarrolla después del deterioro de la relación entre Javier Milei y Barrionuevo, quien había alcanzado un acuerdo en 2023 con el entonces candidato presidencial de La Libertad Avanza para aportarle fiscales de su sindicato en la elección nacional de ese año.
En La Libertad Avanza acusaron al sindicalista de no haber cumplido ese compromiso, mientras que éste decidió romper el vínculo en rechazo del acuerdo electoral de Milei con Mauricio Macri y Patricia Bullrich.
La oposición a Barrionuevo también objetó la decisión de la Sala VI de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que otorgó la certificación provisoria a la lista de Barrionuevo. Los apoderados de la nómina Gris/Naranja, encabezada por Dante Camaño, ex cuñado de Barrionuevo y líder de la Seccional Capital de Gastronómicos, denunciaron presuntas irregularidades procesales y sostuvieron que la sentencia se dictó con rapidez para impedir que las partes presentaran recusaciones contra los magistrados.
El planteo opositor afirma que el expediente modificó sin justificación el orden previsto para la integración del tribunal. La notificación oficial indicaba que debían votar los camaristas Carlos Pose y Marina Pisacco, mientras que Gabriela Vázquez sólo debía intervenir ante una disidencia.
Sin embargo, el fallo fue firmado por Pisacco y Vázquez, sin que Pose emitiera su voto ni constara una explicación formal sobre su apartamiento. La oposición cuestionó que se excluyera al vocal titular previsto y se incorporara a una jueza que, según interpreta, no debía participar.
Los representantes de la Lista Gris/Naranja sostuvieron que la celeridad de la sentencia buscó neutralizar recusaciones basadas en intervenciones previas de los integrantes de la Sala VI. Respecto de Pose, señalaron que había fallado a favor del sector barrionuevista en causas relacionadas con la interna sindical.
Según la denuncia, ese antecedente incluyó el rechazo de reclamos de la oposición y la convalidación de actuaciones de la junta electoral oficialista. La crítica apunta a que esas decisiones podían configurar un prejuzgamiento sobre la controversia por la conducción sindical.
En el caso de Vázquez, la oposición de Gastronómicos recordó que la camarista se había excusado de intervenir en el expediente paralelo “Sasprizza”, ligado al mismo conflicto, al considerar que existía prejuzgamiento. El escrito cuestionó que luego participara de la nueva resolución y votara a favor de la conducción de Barrionuevo sin explicar por qué habrían desaparecido los impedimentos invocados anteriormente.
A Pisacco le atribuyeron una “doble vara” en la causa: le reprocharon haber resuelto con rapidez dos medidas cautelares favorables al barrionuevismo y, al mismo tiempo, haber demorado los recursos que buscaban que la Cámara revisara la validez de los comicios.
La oposición alineada con Camaño considera que esas situaciones comprometen la validez procesal del fallo de la Sala VI de la Cámara, mientras la controversia por la conducción y el patrimonio de la UTHGRA se encamina hacia una eventual definición de la Corte Suprema.
El presidente Javier Milei publicó este jueves por la noche un mensaje en su cuenta oficial de X en el que criticó un editorial publicado por e insultó a sus autoridades y periodistas. La nueva agresión del jefe de Estado se produce a menos de una semana de que avalara indirectamente el accionar de la Justicia de Formosa, que arrestó ilegítimamente a un grupo de periodistas de este medio.
La agresión del mandatario nacional estuvo dirigido contra el director de , Fernán Saguier, a raíz del editorial publicado el 28 de septiembre y titulado “Privilegios que la República no necesita”.
El editorial reflexiona acerca de las llamadas “jubilaciones de privilegio” que reciben los presidentes argentinos tras su paso por la Casa Rosada como titulares del Poder Ejecutivo. Allí se pone en tela de juicio la legitimidad republicana de acceder a este beneficio, que implica un gasto millonario mensual para las arcas del Estado por haber ejercido la Presidencia de la Nación. En la ley 24.018, estas prestaciones son denominadas “asignaciones mensuales vitalicias”.
En su posteo, Javier Milei puso el foco en su decisión de haber renunciado a su jubilación de privilegio y escribió: “Fernán Saguier, jefe de la banda de los sicarios de la pluma, omite que en mi caso he renunciado a la jubilación de privilegio. Al mismo tiempo, no se toma el trabajo de cuestionar a algunas de sus amistades a los cuales les asigna plumas divulgadoras de sus mentiras”.
Tal como informó , en junio de 2024, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aceptó la renuncia de Milei a su jubilación de privilegio una vez que termine su mandato. Previamente, el mandatario había anunciado su decisión a través de un comunicado oficial.
No obstante, el editorial publicado por este medio no se refiere al caso de ningún presidente en específico. En cambio, se pregunta: “¿Qué justificación conserva hoy que el Estado garantice de por vida una renta extraordinaria a una persona por el solo hecho de haber ocupado durante algunos años su más alta magistratura?“.
Con la intención de responder a esta pregunta, reflexiona: “Puede comprenderse que una comunidad quiera honrar a quienes han prestado servicios eminentes. Pero el reconocimiento público no exige necesariamente crear una renta vitalicia, móvil y desvinculada de los aportes efectuados al sistema previsional. Mucho menos parece razonable que ese beneficio pueda proyectarse, bajo ciertas condiciones, sobre los derechohabientes del funcionario fallecido”.
Si bien se destaca que “el ejercicio de la Presidencia constituye el más alto honor que puede conferir la ciudadanía”, también se señala que existe, en la jubilación de privilegio, “una reminiscencia difícil de conciliar con la idea republicana de igualdad ante la ley”. Aun más, cuando se lo compara con los “millones de jubilados cuyos haberes dependen de décadas de aportes y que conocen demasiado bien las dificultades financieras del sistema previsional”.
Tras ello, se plantean una serie de alternativas y propuestas que podrían cambiar esta situación: “Podría establecer reglas razonables para situaciones excepcionales en las que un antiguo mandatario careciera de recursos suficientes; podría mantener la cobertura previsional que corresponda por los aportes efectivamente realizados; y, naturalmente, respetar los derechos adquiridos que constitucionalmente deban ser preservados”.
E insiste: “Lo que merece discusión es la perpetuación automática de una asignación extraordinaria por el mero antecedente de haber ejercido el poder”. ”La República nació, entre otras cosas, para reemplazar los privilegios personales por reglas generales. Quienes han tenido el honor de gobernarla no necesitan una canonjía para demostrar que alguna vez lo hicieron”, concluye el editorial.
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POLITICA
“Ponga un tuit”: Redrado dijo que una confirmación de EE.UU. sobre el swap con la Argentina ayudaría a bajar el riesgo país
El expresidente del Banco Central Martín Redrado habló este jueves sobre el rumbo económico del gobierno y se refirió a la problemática del riesgo país que volvió a superar los 630 puntos básicos y se ubicó en 636 puntos.
En diálogo con Solo una vuelta más por TN, el economista aseguró: “Está claro que hay dudas en el mercado, cuando el lunes pasado, usted debe haber visto que en la reunión que tuvo y que trascendió en el banco JP Morgan de Nueva York, un inversor le preguntó al ministro: ‘Está el swap con Estados Unidos?’ Y el ministro dijo que sí. A mí no me cabe la menor duda de que el ministro está diciendo la verdad”.
Y amplió: “No importa lo que piense este economista, lo que importa es lo que piense la gente. Hay dudas en el mercado, en los inversores, si realmente el swap con Estados Unidos está. ¿Sabe cómo se soluciona eso? Un llamado al secretario del Tesoro, por favor ponga un tuit, el swap de 20 mil millones de dólares está. Y con eso se termina la discusión.
“Yo le aseguro que eso hace bajar al riesgo país, mucho más que la discusión sobre la elección del año que viene”, agregó Redrado.
Consultado sobre las dudas más frecuentes que recibe, el exfuncionario detalló: “Preguntan por los riesgos macroeconómicos, preguntan si el Banco Central tiene dólares suficientes para hacerle frente a los compromisos de deuda, que no me cabe duda que los va a cumplir, pero también para los procesos de dolarización que lamentablemente existen en la Argentina cuando hay periodos electorales”.
“Una economía necesita tener equilibrio fiscal y social”, dijo Redrado
Sobre el rumbo económico del gobierno de Javier Milei, Redrado especificó que “el talón de Aquiles que tiene este programa en este momento es el nivel de actividad y la creación de empleo formal. No puede ser que el equipo económico diga que se ha creado empleo informal y que eso es bueno para la economía. Una economía necesita tener equilibrio fiscal y equilibrio social”.
“Qué curioso que en este contexto, donde se habla tanto de inversiones, cuando mirás el agregado de si aumenta la inversión, cae la inversión este año”, concluyó el economista.
El riesgo país
El indicador que elabora JP Morgan marca la confianza de los inversores y la sobretasa que debe pagar un país para emitir deuda sobre los bonos del Tesoro estadounidense. Por eso, al subir, encarece el costo financiero de una emisión de deuda.
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