El aumento de demanda de gas por bajas temperaturas generó interrupciones de GNC en estaciones de servicio del AMBA y la provincia de Buenos Aires. La prioridad del sistema se concentra en hogares, escuelas y hospitales, mientras parte de la industria también enfrenta cortes.

La situación ya había ocurrido durante otro período de frío, cuando se interrumpió el servicio en algunas estaciones de GNC. En ese esquema, el sistema priorizó el abastecimiento residencial y de servicios esenciales por encima del expendio de combustible y de parte de la actividad industrial.

En ese contexto, Oscar Olivero, vicepresidente de la Cámara de GNC, explicó en Infobae en Vivo Al Amanecer que el problema no radica en la producción de gas, sino en la capacidad de transporte y en el salto del consumo durante el invierno.

Olivero sostuvo que la producción de gas en Vaca Muerta alcanzaría para cubrir la demanda local y más, pero señaló que el límite aparece en el transporte por gasoductos. Según indicó, la Argentina tiene una capacidad de transporte de 120 millones de metros cúbicos diarios.

El directivo detalló que durante ocho o nueve meses del año esa oferta alcanza, pero en invierno cambia la relación entre oferta y demanda. “Hay un desfasaje”, señaló, al describir el efecto del mayor consumo residencial en los días de frío intenso.

Según Olivero, el consumo residencial, que ubicó en 14% dentro del consumo normal de los 120 millones que se producen, puede elevarse “hasta 60 y hasta 70%” cuando bajan con fuerza las temperaturas. Ese aumento, afirmó, presiona sobre el sistema y deriva en restricciones para otros usuarios.

Al mismo tiempo indicó que desde hace años el sistema se sostiene en invierno con la compra de barcos de GNL. Precisó que en junio hay ocho barcos de GNL que van a ingresar al país y que en julio están previstos otros ocho.

También explicó que ese gas se incorpora al sistema luego de su regasificación en la planta de Zárate. “En una semana, diez días”, estimó, podrían estar en condiciones de gasificar e inyectar gas.

Aun así, aclaró que el ingreso de más gas no resuelve por sí solo la situación en jornadas de frío extremo. Según explicó, cuando baja la temperatura, las moléculas del gas se contraen, pierden velocidad de transporte y cae la presión en los gasoductos.

“Técnicamente, no es posible” solucionar ese problema solo con más inyección, afirmó Olivero al describir el límite operativo del sistema en estas condiciones.

Desde la cámara, Olivero dijo que recomiendan a las estaciones de servicio contratar gas firme para los días de invierno con temperaturas por debajo de cinco o seis grados. Ese tipo de contrato, explicó, garantiza el suministro, aunque tiene un costo mayor.

También señaló que esa contratación depende de cada empresa. En ese punto, planteó que muchas estaciones no toman esa opción y quedan expuestas a cortes cuando sube la demanda.

Como ejemplo, mencionó a La Plata, donde, según dijo, hay 46 estaciones de servicio y entre 41 y 42 no contratan gas firme. En ese escenario, afirmó, cuando se produce un corte “se hace tremendamente dramática la cuestión de conseguir combustible”.

A escala nacional, Olivero indicó que hay 2.110 estaciones de servicio distribuidas en todo el país. Agregó que en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires todas tienen contrato firme y que muchas del interior también cuentan con esa cobertura.

El referente de la Cámara advirtió que el contrato firme funciona como una solución parcial. Explicó que garantiza el suministro, pero también fija un límite de venta durante los cortes.

Para ilustrarlo, señaló que una estación con contrato firme de 3.000 metros podría tener demanda para vender 6.000 metros, pero al alcanzar el volumen contratado se interrumpe el expendio. Por eso, sostuvo que el mecanismo evita el corte total inmediato, aunque no elimina las restricciones.

Sobre la duración del problema, vinculó cualquier mejora a un cambio de temperatura y al ingreso de los barcos de GNL. Mientras continúe el frío intenso, remarcó, seguirán las dificultades para sostener la provisión.

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«Algo cambió. Las próximas semanas serán claves para definir la perspectiva del segundo semestre». El director de un banco de capitales extranjeros, líder en el sistema, no vacila en su diálogo con iProfesional.

En el mercado financiero cambió la percepción que hasta ahora existía respecto del manejo oficial en el mercado cambiario. La mirada de los operadores es que el «viento de cola» existente en la plaza cambiaria hasta ahora empezó a darse vuelta.

A pesar de que, como dice el Gobierno, «sobran dólares» o que «los dólares van a salir por las orejas», eso no significa que la Argentina esté a salvo de las presiones sobre el tipo de cambio. Ese escenario, esbozado detrás de los anuncios del RIGI, no parece que vaya a darse en el corto plazo.

La cuestión de fondo se relaciona con el valor real del tipo de cambio. El Gobierno habilitó este mes una suba del dólar superior a la expectativa de inflación para este mes de junio. Mientras el billete verde ya se movió un 3,8% —a $1.461 en el mercado mayorista—, el IPC de este mes podría situarse en el 2%, o incluso alguna décima por debajo de ese techo.

Las razones detrás de la suba del dólar mayorista

Esta movida fue celebrada por distintos informes publicados durante el último fin de semana por consultoras locales, los cuales destacaron la flamante corriente alcista del tipo de cambio en función de la competitividad de la economía. De todas formas, desde la City destacaron algo indisimulable: detrás de la suba de la cotización de la divisa existe una mayor demanda de dólares por parte del sector privado.

«No es una suba que preocupe, todo lo contrario: vemos como positivo que el peso no se siga atrasando y recupere algo de terreno. Por el momento, tampoco se lo ve al Gobierno demasiado preocupado por este movimiento, y estimamos que no hubo intervención considerable del Banco Central ni en futuros ni en dollar linked», opinó Miguel Kiguel desde el último reporte de EconViews.

Para los financistas y analistas más atentos, lo que se observa en el mercado cambiario no es un fenómeno fortuito ni una sorpresa.

Compras del Banco Central: qué pasará con el dólar en el segundo semestre

A punto de ingresar al tercer trimestre del año, luce previsible que haya un aumento en la presión sobre el mercado de divisas. Esta tendencia responde a una estacionalidad bien conocida: el mercado suele anticiparse al fin de la cosecha gruesa, un periodo donde los flujos de dólares provenientes de las exportaciones agrícolas comienzan a mermar de manera natural.

El impacto de esta transición ya es palpable en las planillas del Banco Central. Mientras que durante los meses de abril y mayo la entidad monetaria lograba compras diarias que promediaban los u$s138 millones, esa cifra cayó drásticamente a un promedio de u$s79 millones en lo que llevamos de junio. Ayer lunes, el BCRA embolsó todavía menos de ese promedio: fueron 50 millones de dólares.

El diagnóstico de la situación actual sugiere que la presión cambiaria no cederá en el corto plazo. Eso es lo que plantea Kiguel en su informe a clientes. Para los técnicos de PPI, esta será «una semana para monitorear el tipo de cambio».

Emiliano Anselmi, de PPI, agregó un dato interesante en su último informe: «La suba acumulada en el último mes (desde el 21 de mayo) es de 5,1%, magnitud que más que duplica los rendimientos de la deuda en pesos en todas sus variantes. Aun luego de esta suba, la distancia del techo de la banda con el spot sigue siendo holgada, ubicada en el 22,5%«.

Hay al menos un par de claves para tener en cuenta en este aparente cambio de marcha:

• Por un lado, se siente el efecto de la desaceleración en la liquidación de divisas por parte del sector agropecuario, el cual, si bien se mantiene en niveles elevados, empieza a mostrar señales de agotamiento estacional
• Por otro lado, el contexto internacional dejó de ser el aliado incondicional de los últimos meses, con el barril de petróleo ya lejos de los u$s110 de algunas semanas atrás. La balanza energética tendrá una menor oferta de divisas con el fin de las hostilidades en Medio Oriente

Un crudo por debajo de u$s80 podría ayudar al Gobierno a desinflar el IPC, en caso de que traslade esa merma a los surtidores de YPF, pero —mientras tanto— esa baja en los precios de las materias primas energéticas impacta directamente en las proyecciones de ingresos y en la valoración de los activos financieros vinculados.

La demanda de dólares del sector privado se mantiene en niveles históricamente elevados, superiores a los u$s2.000 millones mensuales. Un nivel que podría superarse si el tipo de cambio se percibe como «barato».

La Fed y el impacto en la política cambiaria argentina

Otro punto refiere a la política monetaria en los Estados Unidos, que volvió a estar bajo la lupa. El flamante presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, mantuvo sin cambios la tasa de referencia en el 3,75% anual, pero el mensaje hacia el futuro fue contundente: las proyecciones indican que la mitad de los miembros del directorio prevén al menos un incremento adicional de tasas para este 2026. De hecho, el mercado de futuros ya le asigna una probabilidad del 89% a que este endurecimiento monetario ocurra efectivamente.

Un mundo con tasas de interés más altas y precios de commodities a la baja genera una presión adicional sobre el peso, dificultando el camino de la estabilización cambiaria.

A pesar de este combo de factores internos y externos, la postura oficial parece ser de cautela y monitoreo constante, sin signos de desesperación. Hasta el momento, el Gobierno no mostró una preocupación excesiva por el deslizamiento del dólar, entendiéndolo como un proceso de normalización más que de estrés.

De hecho, las estimaciones privadas indican que no ha habido una intervención considerable por parte del Banco Central, ni en el mercado de futuros ni a través de instrumentos «dollar linked», para frenar esta suba.

En este contexto, las principales consultoras de la City estiman una «suba ordenada» del tipo de cambio para el segundo semestre del año. Un alza que acompañe, al menos, la inflación. En ese caso, habrá que monitorear cada reacción del Gobierno en relación a posibles intervenciones y a la trayectoria de las tasas de interés.

La pensión no contributiva (PNC) por invalidez laboral es una de las prestaciones más consultadas ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Está destinada a personas que presentan una incapacidad laboral total y permanente, no cuentan con ingresos suficientes y no pueden acceder a una jubilación u otra prestación contributiva.

Se trata de una asistencia económica mensual otorgada por el Estado, orientada a garantizar un ingreso mínimo y acceso a cobertura de salud a personas en situación de vulnerabilidad social.

Uno de los puntos centrales del sistema es que el otorgamiento no depende únicamente del diagnóstico médico, sino del impacto real de la condición en la capacidad de trabajar y sostenerse económicamente.

Qué es la pensión no contributiva por invalidez

La PNC por invalidez es un beneficio administrado por ANSES junto con organismos del área de salud y discapacidad.

Está dirigida a personas que no lograron reunir aportes previsionales suficientes y que presentan una incapacidad laboral igual o superior al 76%, de acuerdo con la normativa vigente de evaluación médica.

El objetivo del programa es garantizar:

• Un ingreso mensual básico
• Acceso a cobertura médica a través de PAMI u obra social correspondiente
• Protección social frente a situaciones de vulnerabilidad

Requisitos para cobrar la PNC por invalidez en julio 2026

Para iniciar el trámite en 2026, se deben cumplir todos los siguientes requisitos:

• Tener una incapacidad laboral del 76% o más, certificada por autoridad médica oficial
• No cobrar jubilación, pensión o retiro, contributivo o no contributivo
• No estar trabajando en relación de dependencia (se admite Monotributo Social)
• No poseer ingresos ni recursos suficientes
• Ser argentino nativo o naturalizado, o ser extranjero con residencia prolongada acreditada según normativa vigente
• No estar detenido ni a disposición de la Justicia

En el caso de menores de edad, la evaluación incluye también la situación socioeconómica del grupo familiar conviviente.

Qué documentación pide ANSES

Para tramitar la pensión se requiere:

• DNI actualizado del solicitante
• Partida de nacimiento (en caso de menores)
• Certificado Médico Oficial (CMO) digital
• Historia clínica, estudios médicos y antecedentes
• Formulario P.S. 6.4 (en caso de apoderado)
• Copia del DNI (frente y dorso)

El Certificado Médico Oficial debe ser emitido en hospitales públicos o centros de salud habilitados dentro del sistema de certificación oficial.

Cómo tramitar la pensión no contributiva paso a paso

El trámite es gratuito, personal y semipresencial.

1. Obtener el Certificado Médico Oficial (CMO)

Es el primer paso obligatorio. Sin este certificado no se puede iniciar la solicitud.

2. Ingresar a Mi ANSES

Se accede con CUIL y Clave de la Seguridad Social en el sistema de ANSES.

3. Actualizar datos personales

Se deben verificar domicilio, grupo familiar y datos de contacto.

4. Iniciar la solicitud

Dentro del sistema se selecciona la opción: «Pensión No Contributiva por Invalidez» y se carga la documentación requerida.

Qué enfermedades pueden dar lugar a la pensión

No existe un listado cerrado de enfermedades habilitantes.

Sin embargo, entre las patologías más evaluadas suelen encontrarse:

El diagnóstico por sí solo no garantiza el acceso al beneficio, ya que la evaluación es funcional y laboral.

Qué evalúa el tribunal médico

La evaluación médica contempla un análisis integral que incluye la evolución de la enfermedad, tratamientos realizados o en curso, limitaciones físicas, cognitivas o sensoriales, posibilidad real de inserción laboral y tipo de trabajo previo del solicitante.

El beneficio puede ser rechazado si se considera que la persona puede desempeñar alguna actividad laboral o si existen tratamientos que podrían mejorar su condición.

Compatibilidad con AUH y otros beneficios

Mientras el trámite está en análisis, el solicitante puede seguir percibiendo:

• Asignación Universal por Hijo (AUH)
• Asignación por Embarazo

Una vez otorgada la pensión, puede acceder además a:

• Cobertura médica a través de PAMI u obra social asignada
• Asignaciones familiares en determinados casos
• Acceso a programas sociales complementarios
• Inscripción al Monotributo Social, según evaluación socioeconómica

Cambios y revisión del sistema de pensiones en 2026

En los últimos años, el sistema de pensiones no contributivas por invalidez se encuentra bajo un proceso de revisión administrativa y auditorías impulsadas por el Estado, a través de ANDIS y ANSES.

El objetivo declarado de estas revisiones es:

• Fortalecer controles de acceso
• Actualizar padrones de beneficiarios
• Verificar requisitos médicos y socioeconómicos
• Detectar incompatibilidades o irregularidades

Entre las medidas aplicadas o en evaluación se incluyen:

• Reempadronamientos periódicos de beneficiarios
• Auditorías médicas presenciales o digitales
• Cruce de datos entre organismos estatales
• Revisión continua de requisitos de acceso

En algunos casos, se contemplan suspensiones preventivas durante auditorías, con instancias posteriores de revisión y derecho a defensa para los titulares.

Proyecto de ley del Gobierno para reformar las pensiones por invalidez

En paralelo al esquema vigente, el Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para reformar integralmente el sistema de pensiones no contributivas por invalidez, con intervención de la ANDIS y la ANSES.

La iniciativa aún se encuentra en etapa de debate legislativo y busca modernizar los criterios de acceso, fortalecer los controles y ordenar el universo de beneficiarios.

Entre los ejes principales del proyecto se destacan:

• Unificación de criterios médicos y socioeconómicos para la evaluación de la incapacidad laboral
• Revisión periódica obligatoria de los beneficios ya otorgados
• Fortalecimiento del uso del Certificado Médico Oficial digital (CMO) y mayor trazabilidad del expediente
• Cruces automáticos de información entre organismos del Estado para detectar incompatibilidades
• Actualización de requisitos administrativos vinculados a residencia, ingresos y situación laboral
• Facultades ampliadas para auditorías presenciales y digitales

Uno de los puntos centrales del proyecto es ordenar la transición hacia un sistema más homogéneo de evaluación, evitando criterios dispares entre jurisdicciones y reforzando la fiscalización del otorgamiento.

El texto también contempla la posibilidad de suspensiones preventivas temporales en casos de inconsistencias detectadas durante auditorías, aunque garantiza instancias de revisión administrativa y derecho a defensa para los titulares del beneficio.