Meses antes de presentar su renuncia indeclinable, el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Alejandro Vilches, alertó a la Justicia federal un cuadro dramático. Reportó que, en los meses previos a su arribo, el área pagaba insumos médicos y ortopédicos con facturas presentadas sin licitación ni compulsa previa, a precios de hasta 20 veces los que abonaba el PAMI o el mercado, a un grupo reducido de proveedores con vínculos familiares y societarios entre sí, mientras sus controles, registros y padrones (con presos y más de 178.000 fallecidos incluidos) no permitían rastrear ni frenar el gasto. Ejemplo de eso es el pago de la misma factura en dos oportunidades.

Vilches cargó con dureza sobre la gestión de su antecesor al frente del área de Discapacidad, Diego Spagnuolo, quien fue desplazado en medio de un escándalo, en agosto de 2025, en plena campaña electoral. La auditoría interna calificó como “irregularidades de gravedad” los problemas detectados en las contrataciones y describió “sobreprecios sistemáticos”, “ausencia de procedimientos administrativos adecuados”, además de “debilidades estructurales”, “falencias”, “demoras” y “problemas” en distintos circuitos de la agencia. El relevamiento apuntó a nueve proveedores de insumos médicos y ortopédicos en particular que facturaron al Estado más de $25.000 millones.

Vilches presentó sus conclusiones ante el Juzgado Federal que investiga el presunto cobro de sobornos en la Andis, con reportes reservados de octubre y diciembre de 2025 y abril de este año y documentos oficiales que continúan bajo llave, pero cuyas copias obtuvo . Cinco meses después, y en medio de los recortes presupuestarios al área de Discapacidad, presentó su renuncia indeclinable, con efecto inmediato.

En esas presentaciones, Vilches apuntó contra Spagnuolo y un puñado de empresas proveedoras del Estado como Indecomm, Droguería Floresta, Neurosalud, Farma Salud SRL, Ortopedia Bernat SRL, Artrobone Ortopedia SA, Cirugía y Ortopedia Imnova SA, Bymax Medical SRL y Expo Trauma SA, que emitieron facturas a pagar por la Andis por más de $25.661 millones, según dos relevamientos de más de 500 expedientes administrativos.

Esos hallazgos también incluyeron la detección de sobreprecios en la facturación a Andis, de hasta 4239% en compras de andadores, sillas de ruedas y prótesis en comparación a referencias de mercado utilizadas por técnicos del Ministerio de Salud. Esto también se suma a una auditoría que alertó sobre un desfasaje de $158.000 millones por deuda exigible no registrada en el área de Discapacidad.

Andis vs PAMI

Por su parte, el equipo que reportó a Vilches en el área de Discapacidad detectó “desvíos de precios” a los que llegaron a calificar como “inauditos”. Entre los casos más llamativos que enviaron al fiscal federal Franco Picardi y el juez por entonces a cargo de la pesquisa, Sebastián Casanello, citaron el de Farma Salud. Le cobró $425 millones a la Andis por un sistema de válvulas bicaval transcatéter en julio de 2025, mientras que el PAMI había adjudicado a otra firma por $124,2 millones marzo de ese año.

Otros ejemplos de sobreprecios abundaron en los reportes que Vilches remitió a los tribunales federales de Comodoro Py. Una endoprótesis aortobilíaca con endoprótesis ilíaca bifurcada se facturó a la Andis por $369,8 millones, contra $17,85 millones que había pagado el PAMI por una endoprótesis aórtica torácica autoexpandible; es decir, más de 19 veces el precio abonado por el organismo previsional. Y una válvula pulmonar autoexpandible le costó $295,1 millones al área de Discapacidad en tiempos de Spagnuolo, frente a $36,4 millones en el PAMI.

En el rubro ortopédico, los técnicos de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud que trabajaron para Vilches también compararon las facturas con el presupuesto de un proveedor que no identificaron. Una silla de traslado postural facturada por Imnova en $18 millones tenía, según esa referencia, un valor de mercado de $945.000. Por este motivo, el informe de abril, habla de una facturación a la exAndis “equivalente a un 1.904%” más alta en este caso.

En una muestra de ocho sillas de Expo Trauma, el Estado recibió facturas por $134 millones contra una referencia de $11,27 millones. A Bymax le atribuyeron un sobreprecio consolidado de $84,1 millones, incluida una silla estándar de acero facturada en $11,5 millones que, según el informe, no supera los $500.000 en el mercado local.

En el caso de Indecomm, el relevamiento destacó seis facturas que le emitió a la exAndis en noviembre pasado. Una de ellas, recabó el análisis, fue pagada dos veces: “Ambas por $28.700.000”. Para la intervención “este conjunto de pagos en un mismo expediente muestra la reiteración de adquisiciones a valores elevados y en plazos muy acotados”.

Estos y otros ejemplos concretos surgen de la “auditoría interna integral” que dispuso Vilches cuando tomó el control del área de Discapacidad en agosto de 2025. Asumió, tras la salida de Spagnuolo, afectado por la difusión de audios atribuidos a él en los que se alude a supuestos retornos de entre el 5% y 8%, con la alusión a Karina Milei, con un porcentaje del 3%. Esos audios están siendo peritados.

contactó a Vilches tras acceder a copias de los reportes y anexos que envió a los tribunales federales de Comodoro Py, pero declinó hacer comentarios. “No voy a hablar con nadie. Sabrá usted disculparme”, indicó.

Spagnuolo y otros 18 imputados, entre los que figuran exfuncionarios de la Andis como Daniel Garbellini y proveedores del Estado como Miguel Ángel Calvete, afrontaron otro revés en los tribunales, esta semana. La Cámara Federal confirmó sus procesamientos como miembros de una presunta asociación ilícita que habría funcionado como un grupo paraestatal que logró cooptar la agencia de Discapacidad y manejarla en función de sus intereses.

Fuentes cercanas a Spagnuolo negaron cualquier tipo de responsabilidad del exdirector de Andis en estas contrataciones. “No seleccionaba proveedores, no invitaba oferentes, no abría compulsas, no cargaba datos, no evaluaba precios, no adjudicaba órdenes de compra”, señalaron. También agregaron que “no es lo mismo comprar a largo plazo que sobre la emergencia”, en tanto que el entonces responsable del programa Incluir Salud, Daniel Garbellini, rechazó haber participado en un “esquema de sobreprecios” y planteó que debía considerarse “la urgencia” en las contrataciones.

La defensa de Miguel Calvete, uno de los empresarios procesados, también solicitó periciar los números de las contrataciones y que el Ministerio Público Fiscal había hecho “una construcción unilateral” de los precios de los insumos, mientras que el abogado de Pablo Atchabahian, adelantó que el lobista está preparando su declaración para explicar “el tema de las licitaciones”.

“Simulación de competencia”

En sus reportes a la Justicia, Vilches también expuso vínculos entre proveedores. Reportó que Artrobone e Imnova, por ejemplo, compartían domicilio en la avenida Belgrano 609 de la ciudad de Buenos Aires y que sus presidentes serían madre e hijo: Evangelina Ileana García y Martim Gonçalo Armella, quien a su vez figura como director suplente de Artrobone. Ese esquema fue presentado como una posible “simulación de competencia” que redundó en operaciones por $3042 millones, aunque cabe aclarar que los colaboradores de Vilches no informaron a los tribunales sobre compulsas concretas en las que ambas firmas hayan cotizado entre sí.

De la auditoría interna, además, surgió que los socios de Ortopedia Bernat también aparecían en otras sociedades como Sagala SRL, Clínica Las Araucarias SA y Medical Implants SA. Y se consignó un caso muy específico en Río Negro con una prótesis para un paciente amputado que incluye un remito firmado por la madre del beneficiario, aunque el insumo, al momento de realización del informe, no se había entregado (de lo que se informa por separado).

Según surge de la documentación que obtuvo , el primer reporte de Vilches llegó a los tribunales el 30 de diciembre pasado, en respuesta a un oficio que preguntaba si había una auditoría en curso. Su respuesta fue contundente. Informó sobre expedientes que comenzaban directamente con facturas presentadas al cobro, “sin constancias de licitación, compulsa o contratación directa previa”, y sobre órdenes de pago que agrupaban facturas de distintos trámites, lo que dificultaba rastrear el origen del gasto. También, que las compulsas abiertas implementadas tras la intervención expusieron brechas de precios de hasta 838%.

La auditoría no se limitó a las compras. También detectó problemas en los padrones y sistemas de información. En el documento fechado en diciembre, por ejemplo, Vilches reportó hallazgos en el padrón de pensiones no contributivas por invalidez, entre ellos 114 titulares privados de la libertad, ya fuera bajo detención efectiva o arresto domiciliario. Y un cruce de bases de datos realizado entre el Certificado Único de Discapacidad y el Renaper identificó 178.254 personas fallecidas sobre un padrón que a fin del año pasado registraba 1.656.641 activos.