Rodepau Group, Laumart y Gomont. Las tres son sociedades con varios puntos en común: fueron constituidas el mismo día de octubre de 2021, con el mismo domicilio, ante el mismo registro notarial, mediante escrituras consecutivas y con socios que se entrecruzan. Años después, dos de ellas volverían a cruzar sus caminos como clientes de Sur Finanzas, la financiera ligada al mundo del fútbol que cerró tras una avalancha de causas judiciales.

Las tres, además, fueron incluidas en la base APOC, el registro de ARCA que identifica contribuyentes sospechosos.

Pero entre ellas hay otra coincidencia. Con su nombre, cada una parece rendir un pequeño homenaje a tres jugadores de la Selección argentina: Rodepau Group, a Rodrigo De Paul; Laumart, a Lautaro Martínez; y Gomont, a Gonzalo Montiel.

No hay, sin embargo, elementos que vinculen a los futbolistas con esas firmas y personas de sus entornos negaron ante cualquier relación con ellas.

Rodepau Group ocupa un lugar preponderante en la investigación sobre Sur Finanzas. A través de la plataforma de esa financiera, la sociedad movió casi $7000 millones durante el período investigado.

La firma integra un listado de 42 sociedades que la DGI entregó en noviembre pasado como anexo de la denuncia. Se trata de la causa que tramitó primero ante el juez Federico Villena y la fiscal Cecilia Incardona, que luego pasó al juzgado que subrogaba Luis Armella y que hoy tiene como titular al juez Tomás Rodríguez Ponte.

Rodepau Group ocupaba el segundo lugar del listado aportado por los abogados de la DGI, con movimientos por $6966 millones en los dos años anteriores. Ese ranking era encabezado por Producciones del Este SRL, que había movido $24.968 millones en ese mismo período.

Pero el de Sur Finanzas no es el único expediente en el que aparece mencionada Rodepau. Figura también en un extenso informe elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) a pedido de la jueza federal María Servini, en una de las causas sobre el denominado “rulo financiero” que luego fueron acumuladas en el juzgado de Ariel Lijo.

En un apartado dedicado a una agencia de cambio denominada Soy Vos SAS, Rodepau aparece entre las sociedades que le transferían pesos. Según ese informe, en apenas tres días de 2023 le giró $73,8 millones.

Rodepau y Gomont figuran además en un listado de clientes de Sur Finanzas al que accedió . Según ese documento, ambas declararon como domicilio Báez 240, en Las Cañitas, y aportaron el mismo número de teléfono celular.

La sociedad inspirada en De Paul se dio de alta en la financiera el 10 de abril de 2024 y declaró que se dedicaba a vender productos electrónicos. Gomont —supuestas iniciales de Gonzalo Montiel— apareció apenas un día después, el 11 de abril, y se inscribió en el rubro “comercialización de insumos médicos”.

Fuentes de Sur Finanzas aseguraron a que ambas sociedades “se dieron de baja antes de la causa judicial por los volúmenes que movían” y remarcaron que “llegaron en un mismo paquete”. Según esas mismas fuentes, detrás de ese entramado aparecerían un contador de la zona de Liniers y el abogado Facundo Goncalves, quien, ante una consulta de , negó tener contacto con esas sociedades.

La financiera de Ariel Vallejo tuvo que cerrar todas sus sucursales por el escándalo, pero podría volver a abrir antes de fin de año con los servicios recortados.

Más coincidencias

Rodepau, Gomont y Laumart fueron constituidas el 28 de octubre de 2021, apenas dos meses después de que la selección argentina derrotara a Brasil y conquistara la Copa América luego de 28 años.

Se crearon una detrás de otra y se inscribieron ante ARCA el 1 de diciembre de 2021. Denunciaron el mismo domicilio: Báez 240.

Allí, durante años, funcionó un bar ligado al músico Fabián “Zorrito” Van Quinteiro. Y, actualmente, en el lugar se está por lanzar un salón de eventos privados.

contactó al músico para preguntarle por esa dirección, pero hasta el momento de la publicación de la nota no contestó la consulta.

Quienes se encontraban en el domicilio le dijeron a este medio que no conocían a las sociedades. Adentro del local, hay un segundo reconocimiento para la selección de Lionel Scaloni: un póster con el equipo levantando la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Las tres sociedades quedaron vinculadas, además, por los nombres de sus socios.

En Rodepau aparecen los nombres de Cristian Ariel Scaramucci (50) y Carlos Augusto Serrano, que denunció domicilio en el Barrio Solidad, un asentamiento ubicado en el partido de Berisso.

Scaramucci también es socio en Gomont junto a Abraham Alberto Díaz, un joven de 28 años que vive en una casa humilde en el barrio El Jagüel, en Esteban Echeverría, muy cerca del aeropuerto de Ezeiza. Según bases comerciales consultadas por , está catalogado por el Banco Central (BCRA) como un “deudor irrecuperable”, lo que significa que acumula más de un año de atraso en el pago de una deuda.

Su nombre de Díaz se repite en Laumart junto a Santiago Miguel López (39), domiciliado en el barrio Los Frenos, en las afueras de Viedma, en la provincia de Río Negro.

Al momento de crear las sociedades, los tres dijeron ser argentinos, comerciantes y solteros.

La sociedad Laumart, en tanto, quedó alcanzada por otra causa. Fue la investigación que revisó los números de la tabacalera Sarandí, de Pablo Otero. En ese caso, Laumart integró el grupo de 23 distribuidores cuyas operaciones dieron origen a la denuncia de ARCA contra la tabacalera, aunque el fiscal Eduardo Taiano consideró que esas irregularidades no bastaban para sostener una hipótesis de lavado contra Tabacalera Sarandí.

Patricia Bullrich volvió a desmarcarse de la Casa Rosada. Ya son numerosas las diferencias que la jefa del bloque libertario en el Senado hace explícitas con el Poder Ejecutivo, sobre todo después de haber despotricado contra los recortes en el área de discapacidad que fueron incluidos en el Presupuesto, que avanzó en sentido contrario a las negociaciones que se llevaban adelante en Diputados.

Esta vez, la exministra de Seguridad salió a solidarizarse con el equipo de que viajó a Formosa y fue amenazado por la policía provincial y luego condenado por un juez ligado a Gildo Insfrán a cinco días de arresto tras registrar las condiciones de pobreza en las que vive un pueblo originario. El episodio derivó, además, en un insólito ataque al periodismo por parte del presidente Javier Milei, del que Bullrich se desvinculó.

“En Formosa, hacer periodismo puede costarte cinco días de arresto. Para sorpresa de nadie y crítica de pocos, (Gildo) Insfrán cree que la provincia y los formoseños le pertenecen. ¿Pedir permiso para hablar con ciudadanos? ¿Qué clase de libertad y democracia hay en Formosa? La libertad de prensa se respeta», publicó Bullrich en su cuenta de X.

“Y a los feudalismos dictatoriales les queda poco”, sentenció luego la exministra de Seguridad.

Ayer, en una reacción extraña, Milei aprovechó el episodio para renovar sus ataques a la prensa. Lejos de solidarizarse con los periodistas perseguidos, el Presidente tuiteó: “TIRO POR LA CULATA. Aquí el modelo por el que las basuras inmundas con micrófono suspiran a diario y por el que trabajan de modo tan intensamente. Sigan haciéndole el juego a los corruptos de la alta política y sus amiguitos golpistas. CIAO!”.

“Hambre de Futuro” es una sección de que visibiliza realidades de personas que viven en la pobreza y condiciones de vulnerabilidad con un equipo que recorre todos los rincones de la Argentina. Dedicó varios capítulos a la situación de comunidades formoseñas y uno de ellos fue el que motivó las actitudes amenazantes de la policía de Insfrán y la condena judicial que luego fue apelada.

Tal como publicó este medio, la sentencia del juez Omar Padilla, exconcejal del gildismo y militante peronista, consideró a los enviados Lautaro Guillamondegui, Micaela Urdinez, Joaquín Rajadel y Javier Corbalán responsables de haber violado el artículo 73 del Código de Faltas de Formosa, por haber desarrollado una actividad sin contar con la autorización previa exigible y por carecer de un carnet para ejercer el periodismo; dos requisitos que no son exigibles.

Sin embargo, en la Argentina no se necesita licencia, matrícula ni autorización estatal para ser periodista o difundir información, actividades protegidas por la Constitución Nacional.

Los desmarques de Bullrich

Las declaraciones de Bullrich no parecen ser un hecho aislado. Es que la senadora libertaria endureció su postura con la Casa Rosada después de la semana pasada cuando públicamente le exigió al Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo que no la tome por tonta.

Su reclamo llegó tras el cimbronazo que se desató puertas adentro de la Cámara de Diputados con el ingreso, a última hora del Presupuesto, que terminó por dinamitar el borrador que trabajaba el oficialismo para conseguir un “proyecto superador” a la prórroga en discapacidad impulsada por la oposición.

A ello se sumaron varios posteos, entre ellos, un sugestivo video que subió tarareando la canción “No me importa”, de Lali Espósito, blanco de críticas del Presidente.

Si bien esta semana hubo intentos de mostrar cierta unidad con la senadora ex Pro, que no escatimó en gestos de autonomía, en una cena encabezada por Karina Milei, Bullrich no desistió en marcarle la cancha a la Casa Rosada.

Así, ayer se opuso públicamente al pedido de juicio político contra las dos juezas que fallaron contra la aplicación del régimen penal juvenil, Marta Pascual y Laura Beatriz De Marinis.

“¿Vale hacer un juicio político por una sentencia? Yo creo que no”, cuestionó Bullrich durante su exposición en un Congreso Anticorrupción celebrado este miércoles en el Automóvil Club Argentino (ACA) cuando enumeró las herramientas del Estado para hacer frente a esa lucha.

“¿Qué más necesitamos? Que ningún juez sea combatido por sus sentencias. Es un tema que la política tiene que ordenar”, aseguró.

“Yo estoy totalmente en contra, totalmente en contra, de las dos juezas que pararon el régimen penal juvenil”, señaló Bullrich, interrumpida por una ola de aplausos. “Ahora viene lo que no sé si les va a gustar -siguió-. Yo no les hago un juicio político por eso. ¿Por qué? Porque es su sentencia. ¿Y qué pasó? La Cámara se lo revocó. Es decir que la segunda instancia le revocó la sentencia”, marcó la legisladora al referirse a los fallos de las juezas penal juvenil Pascual, de Lomas de Zamora, y De Marinis, de Capital.

La primera intentó frenar con una cautelar la aplicación general de la ley en la provincia -que bajó de 16 a 14 años el umbral penal- y fue revocada por la Cámara; De Marinis, en tanto, declaró inconstitucional la baja de la edad en un caso concreto y su fallo está apelado.

Ambos casos suscitaron una ola de críticas por gran parte de la dirigencia de La Libertad Avanza y de Pro, quienes deslizaron la posibilidad de someter a las juezas a un jury.

Otros antecedentes

Sin embargo, los desplantes de Bullrich vienen de larga data. El año pasado la exministra se diferenció de José Luis Espert y le exigió explicaciones urgentes por sus presuntas conexiones con el narcotráfico. Con mayor énfasis se despachó contra el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien le pidió que presentara “lo antes posible” su declaración jurada, en medio de la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

Por otras razones -pero importunando a los Milei- Bullrich invocó la objeción de conciencia en junio pasado para esquivar la orden del Poder Ejecutivo de retirar el pliego de María Verónica Michelli del Senado.