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El Ministerio de Capital Humano informó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso la aplicación del artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802. La norma fija las pautas de actualización de los créditos laborales reclamados en juicios en trámite a la fecha de entrada en vigencia de la ley.

La cartera a cargo de Sandra Pettovello detalló que el artículo 55 establece parámetros objetivos para la actualización de esos créditos.

El ministerio destacó que el fallo “resulta auspicioso porque fija un criterio rector para el conjunto del sistema judicial” y agregó que la resolución “contribuye a la seguridad jurídica y, en consecuencia, a la protección del derecho de propiedad, favoreciendo que los costos indemnizatorios laborales se mantengan dentro de parámetros razonables”.

La Ley de Modernización Laboral introdujo modificaciones en el régimen de actualización de créditos laborales. El artículo mencionado, en particular, establece las pautas aplicables a los juicios que ya se encontraban en trámite al momento de la entrada en vigencia de la norma. Hasta entonces, distintos tribunales habían aplicado mecanismos de indexación diversos, lo que en algunos casos derivó en incrementos significativos de las sumas a pagar.

El fallo de la Corte

Este jueves, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que, en los juicios laborales en trámite y aún pendientes de sentencia definitiva, los créditos provenientes de relaciones individuales de trabajo deben actualizarse conforme a los criterios establecidos en la Ley 27.802 de Modernización Laboral.

El caso llegó al máximo tribunal luego de que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declarara la inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 25.561 —en cuanto prohíben la actualización monetaria por variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas— y dispusiera que los créditos laborales se reajustaran por aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un interés del 3% anual.

El artículo 55 de la norma establece que, en los juicios en trámite y aún pendientes de sentencia definitiva —incluidos los recursos de queja pendientes de resolución—, los créditos laborales se actualizarán mediante intereses moratorios ajustados a la tasa pasiva determinada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En ningún caso el resultado podrá ser superior al importe que surja de adicionar al capital histórico la suma resultante de aplicar el IPC más un 3% anual, ni inferior al 67% de ese cálculo. Estas disposiciones son de orden público y deben ser aplicadas por los jueces o la autoridad administrativa, de oficio o a petición de parte.

Ministerio de Capital Humano, reforma laboral, Corte Suprema

El juez Mariano Budassof dispuso este jueves la remisión a juicio oral y público de la causa por presunto enriquecimiento ilícito en la que está imputado el exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri. La decisión alcanzó también al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, a quien se lo acusa de ser partícipe necesario.

Urribarri está en prisión desde principios de septiembre. La Corte Suprema rechazó su caso y confirmó de hecho la condena a 8 años de prisión que la Justicia entrerriana le había dictado tras encontrarlo culpable de delitos contra la administración pública. Su primer destino fue la unidad penal de Paraná. Pero luego el Servicio Penitenciario dispuso su traslado a la cárcel-granja de Gualeguaychú.

Con él están su cuñado, Juan Pablo Aguilera, y su exministro de Comunicación, Pedro Báez. Ambos recibieron condenas en la misma causa.

Ahora, el expediente por enriquecimiento ilícito irá a sorteo para definir el Tribunal de Juicio. La acusación se centra en dos factores. El primero, el crecimiento patrimonial que se le atribuye a Urribarri. El segundo, ligado al anterior, la relación económica que habría mantenido con Cardona Herreros. El empresario paraguayo fue contratista del Estado entrerriano durante sus gestiones.

La Fiscalía adelantó que pedirá para el ex gobernador una pena de 5 años y 10 meses de prisión. A esto se suma la devolución del dinero que se habría podido justificar: USD 7 millones, 16 mil euros y $11,5 millones.

Para el empresario, en tanto, el planteo fiscal fue de 5 años de cárcel y el reintegro de los montos sin justificación.

Urribarri y Cardona Herreros deberán afrontar otro frente judicial. Se trata de un expediente por el supuesto pago de coimas. El juez de Garantías Julián Vergara la elevó a juicio en junio del año pasado. La acusación pública solicitó 10 años para el exmandatario y 9 para el hombre de negocios.

Conclusiones coincidentes

Antes, la decisión de Budassof deberá recibir una convalidación. Es que la defensa de Urribarri anticipó que apelará su fallo. Los abogados del ex gobernador entrerriano pretendían que se realizaran nuevas pericias informáticas y contables.

El magistrado resolvió que los cuestionamientos deberán debatirse durante el juicio. Asimismo, destacó que la pericia contable se realizó con participación de una profesional del Ministerio Público Fiscal y de un perito propuesto por la defensa. Ambos arribaron a conclusiones coincidentes, subrayó el juez al exponer su decisión. También consideró que la prueba informática sigue siendo útil para sostener la hipótesis acusatoria.

Antecedentes

Urribarri fue gobernador de Entre Ríos desde 2007 hasta 2015. En 2011 fue reelecto por una amplia mayoría. Se convirtió así en el primer mandatario provincial en alcanzar ese logro con el nuevo texto constitucional aprobado en 2008.

En los años finales de su mandato intentó convertirse en candidato a la presidencia del peronismo. Pero el «baño de realidad» que Cristina Fernández pidió al interior del oficialismo de aquel entonces terminó con sus aspiraciones. Quien compitió por la primera magistratura fue Daniel Scioli. El exmandatario bonaerense prometió el ministerio del Interior en caso de ganar. Pero cayó en el balotaje ante Mauricio Macri.

Urribarri se quedó entonces en Entre Ríos. Estuvo al frente de la Cámara provincial de Diputados. Con la llegada de Alberto Fernández a la presidencia en 2019, recayó en la Embajada ante Israel y Chipre. Debió renunciar en abril de 2022 tras la sentencia que lo condenó por los delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado.

El caso por enriquecimiento ilícito comenzó en diciembre de 2015. Fue pocos días después de dejar el cargo de gobernador. En noviembre de 2023, los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull pidieron la elevación a juicio del expediente.