POLITICA
ARA San Juan: los diez momentos que marcaron un juicio histórico
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EL CALAFATE.- El juicio oral que investigó las responsabilidades civiles por el hundimiento del submarino ARA San Juan tuvo escenas de gran impacto y momentos de mucho dramatismo, a lo largo de los cuatro meses que duró el proceso, llevado adelante por el Tribunal Oral Criminal Federal 5 de Río Gallegos, Santa Cruz.
Aquí se juzgó la responsabilidad de cuatro exoficiales superiores de la Armada Argentina, que prestaron declaración indagatoria durante las primeras jornadas; solo uno, con defensa particular; los otros tres, asistidos por defensores públicos.
Por la sala -tanto en forma presencial como por Zoom— pasó un centenar de testigos a lo largo de las 27 audiencias, que fueron transmitidas en vivo. La transmisión solo se interrumpió ante algún pedido particular de un testigo o cuando se estaba revelando información sensible para la seguridad nacional.
Todo ocurrió en el corazón de una ciudad por momentos convulsionada -el ruido de las marchas de los estatales en reclamo de aumentos obligó a frenar algunas audiencias- y a solo unas cuadras de distancia del lugar donde se erige una réplica a escala del ARA San Juan que recuerda a los 44 tripulantes.
Estos fueron los principales momentos del juicio:
1. Cuatro marinos enfrentan a la justicia civil
El 3 de marzo de 2026, casi nueve años después de la implosión del submarino ARA San Juan, los cuatro exaltos mandos de la Armada estuvieron presentes en el inicio del juicio: el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, exjefe del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; el capitán de navío destituido Claudio Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos; el capitán de navío retirado Héctor Aníbal Alonso, jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; y el capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa, responsable del área de comunicaciones submarinas, siguieron la lectura de la acusación fiscal en la sala. Les imputaron cargos por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes del submarino. La fiscalía expuso que el hundimiento no se debió a un hecho fortuito, sino que fue un desenlace previsible por el estado de la unidad, que hizo posible el naufragio.
2. Villamide se declara inocente
Villamide fue el primer imputado en declarar frente al tribunal. Manifestó que no saben qué originó la tragedia y dijo que eran “injustas” las acusaciones en su contra. “Soy inocente”, afirmó Villamide, que negó falencias en el estado operativo de la nave y afirmó que las decisiones adoptadas por la conducción de la Armada antes de la última misión fueron las adecuadas.
A Villamide se lo acusó de haber permitido la participación del submarino en operaciones pese a conocer el vencimiento del mantenimiento reglamentario, la falta de pruebas de mar esenciales y las anomalías registradas en navegaciones anteriores. Durante el juicio, Villamide amplió dos veces su declaración indagatoria: “El submarino San Juan cumplió las normas y los requisitos reglamentarios establecidos para hacerse a la mar. Es falso que no estaba en condiciones de navegar”, enfatizó y rechazó haber actuado con negligencia en los momentos previos al hundimiento.
Según su declaración, por alguna causa que no se conoce, la tripulación perdió el control de la profundidad del submarino y la nave se fue a pique; después, al alcanzar la profundidad de colapso, implotó y naufragó a 907 metros de profundidad.
3. López Mazzeo habla de “la decisión más difícil”
Foto 1: el contralmirante López Mazzeo, extitular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento. Foto 2: el tribunal y las partes, en plena audiencia.
El contralmirante López Mazzeo, extitular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento, negó todas y cada una de las imputaciones en su contra durante una exposición que duró cerca de 6 horas y tuvo momentos de fuerte tensión. Además, cuestionó que se haya avanzado en el juicio sin un peritaje que determinara con precisión qué pasó.
A López Mazzeo se le atribuye haber omitido supervisar adecuadamente el cumplimiento de las normas de alistamiento y haber permitido que el submarino operara sin el mantenimiento correspondiente. Durante su ampliación de la indagatoria, el marino afirmó: “Si dicen que está todo bien, tengo que creer que eso es así”, en alusión a la información que recibía de los comandantes responsables de las unidades navales. Aseguro que el día que ordenó suspender el SAR –Search and Rescue, sistema internacional diseñado para rescatar personas en peligro en el mar- porque ya se habían superado el 100% de las posibilidades de encontrarlos con vida, fue la decisión más difícil de su vida.
4. Un audio paraliza la sala: la voz del capitán fallecido
Foto 1: capitán Pedro Martín Fernández. Foto 2: el ARA San Juan en los Astilleros Tandanor
Una de las jornadas más estremecedoras del juicio llegó cuando se reprodujo en la sala un audio con la voz del capitán Pedro Martín Fernández, registrado durante una reunión del Consejo Asesor del Arma Submarina celebrada entre el 29 y 30 de abril de 2017 en la Escuela de Submarinos y Buceo. En el material sonoro, el comandante informaba a sus pares el estado de la nave: profundidad limitada a 100 metros, velocidad autoimpuesta y ruido en la línea de eje al parar máquinas.
El audio fue difundido por Villamide durante su declaración y generó una fuerte controversia, dado que no se había avisado previamente a la querella y a las familias que seguían por Zoom el juicio, que la grabación se iba a escuchar en la sala.
5. El juicio avanza en el corazón de una ciudad convulsionada
La realización del juicio en Río Gallegos implicó una enorme logística tanto para los acusados, sus defensores, los tres abogados querellantes, el equipo del Ministerio Público Fiscal, los jueces y el centenar de testigos que pasaron por el juicio, salvo para aquellos que no viajaron hasta el Sur y prestaron declaración vía Zoom. El TOCF 5 es el tribunal que le corresponde al juzgado federal de Caleta Olivia, donde la Armada radicó la causa, luego de que se declarara al submarino como desaparecido porque la última señal fue recibida desde la nave a la altura de Santa Cruz. La sala del TOCF se encuentra en la esquina principal de Río Gallegos, en la esquina donde se cruzan las avenidas Presidente Kirchner y Gral. San Martín, lugar sede de manifestaciones públicas. Más de una vez, las audiencias debieron interrumpirse por el ruido exterior que se filtraba en la sala, ocasionado por manifestaciones de estatales que reclamaban aumentos salariales.
6. Se revela una auditoría clave
La bandera, símbolo del juicio, fue colgada y descolgada tanto en el exterior como en el interior de la sala en diferentes momentos de las audiencias.
Durante el juicio se reveló un informe de la Auditoría de la Inspección General de la Armada del 20 de diciembre de 2016 sobre el Comando de la Fuerza de Submarinos, COFS, que había advertido casi un año antes de la tragedia que el submarino ARA San Juan presentaba deficiencias técnicas que comprometían la seguridad del material y del personal. Del informe fueron notificados formalmente la cúpula de la Armada y el Ministerio de Defensa. La auditoría, que se encontraba bajo secreto militar, fue uno de los documentos centrales que se analizaron en la séptima audiencia del juicio, como parte de diferentes procedimientos administrativos sobre el buque en el último año antes de la tragedia. También se expuso una nota dirigida al comandante de la fuerza de submarinos, Claudio Villamide, del 27 de marzo de 2017, en la cual el comandante del ARA San Juan aludía a las limitantes del buque y la necesidad de que el mismo ingrese a dique seco.
7. La inspección a un submarino gemelo
Foto 1: la abogada Valeria Carreras (de marrón) representa, junto a Lorena Arias, la querella de 34 familias; en la foto, con la fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas María Garmendía. Foto 2: el fiscal Gastón Pruzán, quien llevó adelante gran parte de los interrogatorios a los testigos.
El tribunal oral en pleno realizó el 8 de mayo una inspección ocular al submarino ARA Santa Cruz en los astilleros de Tandanor, en Buenos Aires. La diligencia, acordada durante la 11ª audiencia, tuvo como objetivo que magistrados, fiscales, querellantes y defensas recorrieran el buque gemelo del siniestrado para tomar dimensión de la clase de nave y conocer de primera mano sus distintos sistemas.
La decisión no estuvo exenta de debate. Algunos integrantes de las querellas y del Ministerio Público Fiscal señalaron que el ARA Santa Cruz lleva más de 10 años fuera de servicio, por lo que su estado actual podría no reflejar con exactitud el funcionamiento que tenía el ARA San Juan. Sin embargo, el querellante Luis Tagliapietra expresó su respaldo: “Adherimos a todos los pasos que ayuden a encontrar la verdad”.
8. El vocero de la Armada revive horas de máxima incertidumbre
El contraalmirante Enrique Balbi.
El contraalmirante Enrique Balbi, la cara visible de la Armada durante los días de la desaparición del submarino, declaró durante tres horas ante el tribunal y realizó una autocrítica que resonó en la sala: reconoció que durante los primeros días la información fue “escasa, incierta, a último momento y encima confusa”.
Balbi recreó cómo recibía y buscaba la información dentro de la fuerza para armar los partes de prensa diarios y contó que pasaron varios días hasta que conoció el contenido del último mensaje enviado desde el submarino la mañana del 15 de noviembre, horas antes de la implosión, en el que la tripulación reportaba el ingreso de agua de mar y un principio de incendio en el balcón de baterías.
9. Un padre relata lo poco que sabía del estado del buque
Foto 1: el capitán de navío Jorge Bergallo durante su declaración en el juicio en Río Gallegos. Foto 2: escuchan a Bergallo miembros del equipo del Ministerio Público Fiscal, integrado por Julio Zárate, Lucas Colla, Gastón Pruzán y María Garmendia.
El cierre de la etapa testimonial tuvo una carga emocional particular: el último en declarar fue el capitán de navío retirado Jorge Bergallo, padre del segundo comandante del ARA San Juan, uno de los 44 tripulantes fallecidos. Fue el último de los testigos previstos inicialmente que pasaron por las audiencias del Tribunal Oral Federal de Río Gallegos.
“Mi hijo nunca me transmitió ninguna inquietud”, dijo Bergallo ante los jueces, en una frase que condensó el drama de una familia que creyó hasta el final que la nave era segura.
10. La décima audiencia: los crudos reclamos de las familias
Foto 1: Jesica Gopar, Susana Vizcarra, Paola Monzón, Isabel Polo y Alicia Lopez de Nolasco con su esposo, algunos de los familiares que fueron escuchados por el tribunal por Zoom. Foto 2: Lucía Zunda, hermana de un submarinista fallecido, vive en Río Gallegos y siguió de forma presencial el juicio a lo largo de todas las audiencias.
Una de las audiencias más conmovedoras del juicio fue la décima, que reunió a familiares de los tripulantes. Cuatro esposas de submarinistas viajaron hasta Río Gallegos desde Mar del Plata para prestar testimonio. Una de ellas, con la voz quebrada por sollozos, miró hacia el lugar de los imputados y dijo: “Que paguen todos los culpables. Que paguen los que tengan que pagar”. Recordó además que en 2015 su esposo había estado en un accidente durante una navegación con una válvula de escape: “La tubería estaba podrida”, aseguró. Las mujeres que declararon relataron las preocupaciones que sus parejas les transmitían antes de cada misión por el estado en que se encontraba el submarino.
Después de las audiencias con todos los testigos, el tribunal decidió escuchar a todos los familiares que quisieran expresarse y, durante varias horas, recibieron 17 testimonios.
Estas declaraciones repitieron un pedido de justicia, cuestionaron a los exjefes de la Armada que atribuyeron la responsabilidad del naufragio a la tripulación y denunciaron la desaparición repentina de mensajes que intercambiaron con los submarinistas. Dijeron que para muchos “era el último recuerdo que guardaban de ellos con vida”. Declararon esposas, padres y hermanos de varios de los 44 tripulantes; 37 forman parte de las querellas representadas por los abogados Valeria Carreras, Lorena Arias y Luis Tagliapietra.
Mariela Arias,LA NACION,Política
La reforma laboral de Javier Milei sigue plenamente vigente a partir de un reciente fallo judicial que rechazó una cautela de la CGT para frenar la aplicación de la norma.
La Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo que había dejado sin efecto la medida cautelar que suspendía 81 artículos de la Ley de Modernización Laboral (27.802), se supo este miércoles. La central obrera deberá esperar ahora a que la Justicia se expida sobre el fondo del planteo de inconstitucionalidad.
La resolución lleva la firma de los jueces Rogelio Vicenti y Jorge Morán, quienes rechazaron la apelación que había presentado la CGT contra el fallo de la jueza Macarena Marra Giménez, dictado en mayo, que ya había levantado la suspensión de la ley.
El conflicto judicial por la reforma laboral se inició en marzo, cuando el juez laboral Raúl Ojeda dictó una medida cautelar que suspendió el núcleo de la reforma: artículos referidos a antigüedad, subcontratación, despidos, vacaciones, período de prueba y banco de horas extra, entre otros. El Gobierno apeló esa decisión y logró que la Cámara del Trabajo la revirtiera y que, luego, el expediente pasara al fuero Contencioso Administrativo Federal.
Allí, la jueza Marra Giménez dejó sin efecto la cautelar en mayo, al considerar que el reclamo de la CGT abarcaba demasiados puntos como para resolverse por esa vía: “Dada su complejidad y extensión, el planteo requiere un examen profundo sobre los derechos involucrados, que no puede ser merituado a título cautelar”, sostuvo la magistrada en su momento.
Ahora, la Sala IV avaló ese criterio. Los camaristas sostuvieron que la CGT “no pretende conservar el estado de cosas, cuya modificación podría tornar infructuosa la sentencia, sino que pide un anticipo de esta última porque su tardanza le ocasionaría daños irreversibles” a los trabajadores que representa. Y agregaron que “tampoco se advierte la configuración de un perjuicio en cabeza de la parte actora y de la clase a quien representa, que revista una magnitud y probabilidad de ocurrencia que justifique la alteración del orden normal del pleito”.
Leer más: Los detalles de la reforma laboral que volvió a entrar en vigencia después del fallo de la Cámara
El tribunal remarcó además que examinar el pedido de inconstitucionalidad para resolver una suspensión provisional “significaría adelantar una decisión sobre el fondo del asunto”, algo que excede el marco de una medida cautelar. En ese sentido, señaló que “otorgar una medida como la solicitada por la CGT sólo corresponde cuando existen indicios serios y graves sobre la ilegitimidad de una norma” y que, en este caso, “tales indicios no se pudieron demostrar en esta etapa preliminar”.
Los jueces aclararon que la jueza de primera instancia “no se pronunció aún sobre la inconstitucionalidad” de la norma, sino solo sobre la procedencia de la cautelar. También destacaron que “la razonable proximidad del dictado de la sentencia definitiva evidencia la falta de configuración del requisito de peligro en la demora”, en referencia a los plazos breves que rigen para este tipo de juicios.
Con este fallo, la jueza Marra Giménez queda en condiciones de resolver sobre el fondo del reclamo: si la Ley de Modernización Laboral es o no constitucional, mientras la norma sigue aplicándose. La Cámara remarcó que el juicio colectivo tendrá sentencia “en plazos cortos” y que los trabajadores que consideren afectados sus derechos pueden iniciar acciones individuales mientras tanto.
reforma laboral, CGT
A horas de reencontrarse nuevamente con el presidente Javier Milei en el acto oficial por el 9 de Julio en la provincia de Tucumán, la vicepresidenta Victoria Villarruel lanzó nuevas críticas al Gobierno y contrapuso que los próceres de la Independencia “no buscaron enriquecerse en la función pública”.
Mediante una nota de opinión publicada en el diario tucumano La Gaceta, Villarruel manifestó que los argentinos debían demostrar que mantienen intacta “la capacidad de conducir su propio destino”.
“Asumamos el mandato de la historia con la certeza de que otro país es posible si tenemos la audacia y las virtudes necesarias para hacerlo realidad”, expresó.
A su vez, planteó que en el siglo XXI la Argentina atraviesa una “encrucijada histórica” que reedita “el mismo dilema político de 1816″ y señaló que “la libertad no es una abstracción”, sino que se encarna en “la soberanía concreta de la Nación sobre sus decisiones y sus recursos”.
“Difícilmente podamos hablar de una verdadera libertad si nuestra agenda legislativa se limita a subordinar el diseño de nuestro marco jurídico a normativas o intereses foráneos”, dijo, en alusión implícita a los vínculos que el Gobierno tejió con Estados Unidos.
Tras la renuncia del Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete ante el avance de la investigación en su contra por enriquecimiento ilícito, Villarruel contrapuso que los próceres de la Independencia “no buscaron enriquecerse en la función pública, sino darlo todo por amor a la patria”.
“Por eso, este 9 de julio, la encrucijada argentina nos exige abandonar la resignación y la improvisación. No podemos eludir nuestra responsabilidad histórica ni delegar las decisiones estratégicas de la Nación bajo la falsa premisa de una eficiencia sin rostro”, aseveró.
Villarruel hizo un llamado a “evocar las reservas de patriotismo” del pueblo a los técnicos, científicos, trabajadores, empresarios y jóvenes con el objetivo de “volver a concebir el esfuerzo cotidiano como la forma más alta de defensa nacional”.
“Seamos capaces, como los hombres de Tucumán, de escuchar esa voz imperiosa de la Patria que supera todo cálculo transaccional. Construyamos entre todos un orden legal soberano y valiente que ponga los recursos al servicio del desarrollo de nuestras familias y del suelo sagrado que habitamos”, convocó.
También se refirió a los próximos desafíos, indicó que la sociedad se enfrenta a un cambio de época “antropológico” y, en línea con la encíclica del papa León XIV, resaltó que el avance tecnológico debía estar “al servicio de la persona humana y el bien común”.
“En el plano económico y social, esto implica que la innovación debe tener como norte el desarrollo humano integral, la producción nacional y la creación de fuentes de trabajo digno para nuestro pueblo”, afirmó.
Por otro lado, destacó la hazaña del Congreso de Tucumán de 1816 al considerar que fueron hombres que se reunieron en “circunstancias críticas” y que sintieron el llamado de “la voz silenciosa, pero imperativa de la Patria”.
“Al firmar el acta, no solo rompieron vínculos con España, sino que añadieron una cláusula imperecedera que resuena con más fuerza a medida que transcurre el tiempo: la exigencia de ser independientes “de toda otra dominación extranjera”. Aquel congreso demostró, que en situaciones críticas, la política debe ser el arte de hacer posible lo imposible“, concluyó.
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POLITICA
Reservistas militares: qué son, para qué sirven y por qué Argentina lleva casi 40 años sin implementar el sistema previsto por la ley
La Argentina mantiene desde hace cuatro décadas una deuda pendiente en materia de defensa. Si bien la Ley de Defensa Nacional reconoce la existencia de reservistas militares, el país nunca avanzó con la legislación que debía establecer cómo movilizarlos y organizarlos frente a una situación de emergencia.
Esa omisión, advirtió Andrei Serbin Pont en Infobae al Mediodía, responde a una combinación de falta de decisión política, demoras burocráticas y ausencia de consensos sobre una herramienta que, según explicó, forma parte del funcionamiento habitual de las Fuerzas Armadas en numerosos países.
“Es una deuda que lleva ni más ni menos que cuarenta años”, resumió el especialista, al señalar que el problema es “burocrático, legislativo” y refleja la falta de interés para avanzar sobre decisiones “claves para que el Estado pueda cumplir algunas de sus funciones fundamentales, como asegurar el resguardo de la soberanía y de los intereses nacionales”.
Una ley incompleta
Serbin Pont explicó que la figura del reservista no está ausente del marco jurídico argentino. El problema, sostuvo, es que nunca se completó el esquema previsto por la propia Ley de Defensa Nacional.
Según detalló, la normativa vigente establece la existencia de elementos de reserva, pero ordena además que el Consejo de Defensa Nacional impulse una ley específica de movilización nacional para definir el procedimiento mediante el cual esos ciudadanos pueden ser convocados en caso de necesidad. “Eso nunca ocurrió”, sintetizó, y esa ausencia impide contar con un sistema institucionalizado para incorporar personal cuando las circunstancias lo requieren.
Como consecuencia, explicó, las Fuerzas Armadas no disponen de un mecanismo transparente, permanente y accesible para organizar, capacitar y movilizar reservistas.
En ese contexto, señaló que actualmente existen grupos de reservistas distribuidos en distintas unidades del Ejército, aunque funcionan principalmente gracias a la iniciativa de sus propios integrantes. “Hoy hay unidades de reservistas en diferentes puntos, pero son, en buena parte, a pulmón, por el esfuerzo de los propios reservistas que deciden organizarse y coordinar con el Ejército”, describió.
Para el analista, eso implica depender de un recurso humano voluntario sin que exista una política pública que ordene su incorporación, capacitación y eventual convocatoria.
Una herramienta habitual en el mundo
Lejos de tratarse de una excepción, Serbin Pont remarcó que los sistemas de reservas constituyen uno de los pilares sobre los que se organizan muchas Fuerzas Armadas modernas.
“Esto existe en un montón de países. No es un invento argentino; al contrario, es la base con la que funcionan muchas fuerzas armadas alrededor del mundo, porque sostener un ejército permanente es caro”, explicó.
Para ilustrarlo, recordó el caso de Israel durante la guerra de Yom Kipur. Allí, señaló, el país logró movilizar en apenas 72 horas a unos 400.000 ciudadanos que no integraban el plantel profesional de las Fuerzas Armadas, sino que desarrollaban normalmente sus actividades civiles y fueron convocados cuando estalló el conflicto.
También mencionó el modelo suizo, donde el Estado entrega a los reservistas su uniforme y equipamiento básico una vez finalizada la instrucción militar. De esa manera, explicó, permanecen disponibles para ser convocados con rapidez cuando las circunstancias lo exigen.
Como ejemplo más reciente, Serbin Pont recordó lo ocurrido en Ucrania al comienzo de la invasión rusa en 2022. Según indicó, el gobierno movilizó a miles de reservistas que ya contaban con entrenamiento previo, mientras que otros ciudadanos recibieron instrucción acelerada para cumplir funciones de apoyo. “Los puntos de combate de alta intensidad los llevan los militares profesionales, pero los reservistas cumplen funciones complementarias”, explicó, al destacar que este tipo de esquemas permite ampliar rápidamente las capacidades del Estado sin depender exclusivamente del personal permanente.
Más efectivos y una mayor integración con la sociedad
Durante la columna, el especialista sostuvo que un sistema de reservas no solo incrementa la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, sino que también fortalece el vínculo entre la institución militar y la sociedad civil.
A modo de ejemplo, explicó que si el Estado conoce con precisión cuántos efectivos permanentes posee y cuántos reservistas capacitados puede convocar, dispone de una base mucho más sólida para planificar distintos escenarios. “Si las Fuerzas Armadas saben que tienen 80 mil efectivos, pero pueden movilizar otros 80 mil, entonces los planes de contingencia se elaboran sobre una capacidad potencial de 160 mil personas y no únicamente sobre la dotación permanente”, señaló.
Consultado acerca de si existe disposición de la ciudadanía para integrar un sistema de estas características, Serbin Pont respondió que el país ya cuenta con antecedentes de voluntariado que demuestran ese compromiso. Mencionó el caso de los cerca de 40.000 bomberos voluntarios que funcionan en la Argentina y sostuvo que miles de personas dedican tiempo y recursos propios para prestar un servicio a la comunidad. “La voluntad existe; lo que falta es un Estado que la organice”, afirmó.
En ese intercambio, la periodista Maru Duffard reconoció que desconocía que cualquier ciudadano pudiera acercarse voluntariamente a una unidad militar para integrar la reserva. La observación dio pie a una aclaración del especialista, quien explicó que pueden formar parte de ese sistema quienes pasaron por las Fuerzas Armadas, desde soldados voluntarios hasta oficiales retirados. Sin embargo, consideró que el esquema podría ampliarse para incorporar también a personas sin experiencia militar previa, siempre que reciban una instrucción básica que les permita integrarse de manera ordenada.
Para Serbin Pont, completar finalmente el marco legal pendiente desde hace cuarenta años no implica únicamente resolver una cuestión administrativa. Significa, sostuvo, dotar al Estado de una herramienta estratégica para responder ante situaciones excepcionales, aprovechar capacidades que hoy permanecen dispersas y fortalecer el vínculo entre la sociedad y sus Fuerzas Armadas. Esa discusión, concluyó, continúa pendiente pese a que la propia legislación la contempló hace ya cuatro décadas.
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