Patricia Bullrich volvió a desmarcarse de la Casa Rosada. Ya son numerosas las diferencias que la jefa del bloque libertario en el Senado hace explícitas con el Poder Ejecutivo, sobre todo después de haber despotricado contra los recortes en el área de discapacidad que fueron incluidos en el Presupuesto, que avanzó en sentido contrario a las negociaciones que se llevaban adelante en Diputados.

Esta vez, la exministra de Seguridad salió a solidarizarse con el equipo de que viajó a Formosa y fue amenazado por la policía provincial y luego condenado por un juez ligado a Gildo Insfrán a cinco días de arresto tras registrar las condiciones de pobreza en las que vive un pueblo originario. El episodio derivó, además, en un insólito ataque al periodismo por parte del presidente Javier Milei, del que Bullrich se desvinculó.

“En Formosa, hacer periodismo puede costarte cinco días de arresto. Para sorpresa de nadie y crítica de pocos, (Gildo) Insfrán cree que la provincia y los formoseños le pertenecen. ¿Pedir permiso para hablar con ciudadanos? ¿Qué clase de libertad y democracia hay en Formosa? La libertad de prensa se respeta», publicó Bullrich en su cuenta de X.

“Y a los feudalismos dictatoriales les queda poco”, sentenció luego la exministra de Seguridad.

Ayer, en una reacción extraña, Milei aprovechó el episodio para renovar sus ataques a la prensa. Lejos de solidarizarse con los periodistas perseguidos, el Presidente tuiteó: “TIRO POR LA CULATA. Aquí el modelo por el que las basuras inmundas con micrófono suspiran a diario y por el que trabajan de modo tan intensamente. Sigan haciéndole el juego a los corruptos de la alta política y sus amiguitos golpistas. CIAO!”.

“Hambre de Futuro” es una sección de que visibiliza realidades de personas que viven en la pobreza y condiciones de vulnerabilidad con un equipo que recorre todos los rincones de la Argentina. Dedicó varios capítulos a la situación de comunidades formoseñas y uno de ellos fue el que motivó las actitudes amenazantes de la policía de Insfrán y la condena judicial que luego fue apelada.

Tal como publicó este medio, la sentencia del juez Omar Padilla, exconcejal del gildismo y militante peronista, consideró a los enviados Lautaro Guillamondegui, Micaela Urdinez, Joaquín Rajadel y Javier Corbalán responsables de haber violado el artículo 73 del Código de Faltas de Formosa, por haber desarrollado una actividad sin contar con la autorización previa exigible y por carecer de un carnet para ejercer el periodismo; dos requisitos que no son exigibles.

Sin embargo, en la Argentina no se necesita licencia, matrícula ni autorización estatal para ser periodista o difundir información, actividades protegidas por la Constitución Nacional.

Los desmarques de Bullrich

Las declaraciones de Bullrich no parecen ser un hecho aislado. Es que la senadora libertaria endureció su postura con la Casa Rosada después de la semana pasada cuando públicamente le exigió al Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo que no la tome por tonta.

Su reclamo llegó tras el cimbronazo que se desató puertas adentro de la Cámara de Diputados con el ingreso, a última hora del Presupuesto, que terminó por dinamitar el borrador que trabajaba el oficialismo para conseguir un “proyecto superador” a la prórroga en discapacidad impulsada por la oposición.

A ello se sumaron varios posteos, entre ellos, un sugestivo video que subió tarareando la canción “No me importa”, de Lali Espósito, blanco de críticas del Presidente.

Si bien esta semana hubo intentos de mostrar cierta unidad con la senadora ex Pro, que no escatimó en gestos de autonomía, en una cena encabezada por Karina Milei, Bullrich no desistió en marcarle la cancha a la Casa Rosada.

Así, ayer se opuso públicamente al pedido de juicio político contra las dos juezas que fallaron contra la aplicación del régimen penal juvenil, Marta Pascual y Laura Beatriz De Marinis.

“¿Vale hacer un juicio político por una sentencia? Yo creo que no”, cuestionó Bullrich durante su exposición en un Congreso Anticorrupción celebrado este miércoles en el Automóvil Club Argentino (ACA) cuando enumeró las herramientas del Estado para hacer frente a esa lucha.

“¿Qué más necesitamos? Que ningún juez sea combatido por sus sentencias. Es un tema que la política tiene que ordenar”, aseguró.

“Yo estoy totalmente en contra, totalmente en contra, de las dos juezas que pararon el régimen penal juvenil”, señaló Bullrich, interrumpida por una ola de aplausos. “Ahora viene lo que no sé si les va a gustar -siguió-. Yo no les hago un juicio político por eso. ¿Por qué? Porque es su sentencia. ¿Y qué pasó? La Cámara se lo revocó. Es decir que la segunda instancia le revocó la sentencia”, marcó la legisladora al referirse a los fallos de las juezas penal juvenil Pascual, de Lomas de Zamora, y De Marinis, de Capital.

La primera intentó frenar con una cautelar la aplicación general de la ley en la provincia -que bajó de 16 a 14 años el umbral penal- y fue revocada por la Cámara; De Marinis, en tanto, declaró inconstitucional la baja de la edad en un caso concreto y su fallo está apelado.

Ambos casos suscitaron una ola de críticas por gran parte de la dirigencia de La Libertad Avanza y de Pro, quienes deslizaron la posibilidad de someter a las juezas a un jury.

Otros antecedentes

Sin embargo, los desplantes de Bullrich vienen de larga data. El año pasado la exministra se diferenció de José Luis Espert y le exigió explicaciones urgentes por sus presuntas conexiones con el narcotráfico. Con mayor énfasis se despachó contra el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien le pidió que presentara “lo antes posible” su declaración jurada, en medio de la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

Por otras razones -pero importunando a los Milei- Bullrich invocó la objeción de conciencia en junio pasado para esquivar la orden del Poder Ejecutivo de retirar el pliego de María Verónica Michelli del Senado.

Meses antes de presentar su renuncia indeclinable, el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Alejandro Vilches, alertó a la Justicia federal un cuadro dramático. Reportó que, en los meses previos a su arribo, el área pagaba insumos médicos y ortopédicos con facturas presentadas sin licitación ni compulsa previa, a precios de hasta 20 veces los que abonaba el PAMI o el mercado, a un grupo reducido de proveedores con vínculos familiares y societarios entre sí, mientras sus controles, registros y padrones (con presos y más de 178.000 fallecidos incluidos) no permitían rastrear ni frenar el gasto. Ejemplo de eso es el pago de la misma factura en dos oportunidades.

Vilches cargó con dureza sobre la gestión de su antecesor al frente del área de Discapacidad, Diego Spagnuolo, quien fue desplazado en medio de un escándalo, en agosto de 2025, en plena campaña electoral. La auditoría interna calificó como “irregularidades de gravedad” los problemas detectados en las contrataciones y describió “sobreprecios sistemáticos”, “ausencia de procedimientos administrativos adecuados”, además de “debilidades estructurales”, “falencias”, “demoras” y “problemas” en distintos circuitos de la agencia. El relevamiento apuntó a nueve proveedores de insumos médicos y ortopédicos en particular que facturaron al Estado más de $25.000 millones.

Vilches presentó sus conclusiones ante el Juzgado Federal que investiga el presunto cobro de sobornos en la Andis, con reportes reservados de octubre y diciembre de 2025 y abril de este año y documentos oficiales que continúan bajo llave, pero cuyas copias obtuvo . Cinco meses después, y en medio de los recortes presupuestarios al área de Discapacidad, presentó su renuncia indeclinable, con efecto inmediato.

En esas presentaciones, Vilches apuntó contra Spagnuolo y un puñado de empresas proveedoras del Estado como Indecomm, Droguería Floresta, Neurosalud, Farma Salud SRL, Ortopedia Bernat SRL, Artrobone Ortopedia SA, Cirugía y Ortopedia Imnova SA, Bymax Medical SRL y Expo Trauma SA, que emitieron facturas a pagar por la Andis por más de $25.661 millones, según dos relevamientos de más de 500 expedientes administrativos.

Esos hallazgos también incluyeron la detección de sobreprecios en la facturación a Andis, de hasta 4239% en compras de andadores, sillas de ruedas y prótesis en comparación a referencias de mercado utilizadas por técnicos del Ministerio de Salud. Esto también se suma a una auditoría que alertó sobre un desfasaje de $158.000 millones por deuda exigible no registrada en el área de Discapacidad.

Andis vs PAMI

Por su parte, el equipo que reportó a Vilches en el área de Discapacidad detectó “desvíos de precios” a los que llegaron a calificar como “inauditos”. Entre los casos más llamativos que enviaron al fiscal federal Franco Picardi y el juez por entonces a cargo de la pesquisa, Sebastián Casanello, citaron el de Farma Salud. Le cobró $425 millones a la Andis por un sistema de válvulas bicaval transcatéter en julio de 2025, mientras que el PAMI había adjudicado a otra firma por $124,2 millones marzo de ese año.

Otros ejemplos de sobreprecios abundaron en los reportes que Vilches remitió a los tribunales federales de Comodoro Py. Una endoprótesis aortobilíaca con endoprótesis ilíaca bifurcada se facturó a la Andis por $369,8 millones, contra $17,85 millones que había pagado el PAMI por una endoprótesis aórtica torácica autoexpandible; es decir, más de 19 veces el precio abonado por el organismo previsional. Y una válvula pulmonar autoexpandible le costó $295,1 millones al área de Discapacidad en tiempos de Spagnuolo, frente a $36,4 millones en el PAMI.

En el rubro ortopédico, los técnicos de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud que trabajaron para Vilches también compararon las facturas con el presupuesto de un proveedor que no identificaron. Una silla de traslado postural facturada por Imnova en $18 millones tenía, según esa referencia, un valor de mercado de $945.000. Por este motivo, el informe de abril, habla de una facturación a la exAndis “equivalente a un 1.904%” más alta en este caso.

En una muestra de ocho sillas de Expo Trauma, el Estado recibió facturas por $134 millones contra una referencia de $11,27 millones. A Bymax le atribuyeron un sobreprecio consolidado de $84,1 millones, incluida una silla estándar de acero facturada en $11,5 millones que, según el informe, no supera los $500.000 en el mercado local.

En el caso de Indecomm, el relevamiento destacó seis facturas que le emitió a la exAndis en noviembre pasado. Una de ellas, recabó el análisis, fue pagada dos veces: “Ambas por $28.700.000”. Para la intervención “este conjunto de pagos en un mismo expediente muestra la reiteración de adquisiciones a valores elevados y en plazos muy acotados”.

Estos y otros ejemplos concretos surgen de la “auditoría interna integral” que dispuso Vilches cuando tomó el control del área de Discapacidad en agosto de 2025. Asumió, tras la salida de Spagnuolo, afectado por la difusión de audios atribuidos a él en los que se alude a supuestos retornos de entre el 5% y 8%, con la alusión a Karina Milei, con un porcentaje del 3%. Esos audios están siendo peritados.

contactó a Vilches tras acceder a copias de los reportes y anexos que envió a los tribunales federales de Comodoro Py, pero declinó hacer comentarios. “No voy a hablar con nadie. Sabrá usted disculparme”, indicó.

Spagnuolo y otros 18 imputados, entre los que figuran exfuncionarios de la Andis como Daniel Garbellini y proveedores del Estado como Miguel Ángel Calvete, afrontaron otro revés en los tribunales, esta semana. La Cámara Federal confirmó sus procesamientos como miembros de una presunta asociación ilícita que habría funcionado como un grupo paraestatal que logró cooptar la agencia de Discapacidad y manejarla en función de sus intereses.

Fuentes cercanas a Spagnuolo negaron cualquier tipo de responsabilidad del exdirector de Andis en estas contrataciones. “No seleccionaba proveedores, no invitaba oferentes, no abría compulsas, no cargaba datos, no evaluaba precios, no adjudicaba órdenes de compra”, señalaron. También agregaron que “no es lo mismo comprar a largo plazo que sobre la emergencia”, en tanto que el entonces responsable del programa Incluir Salud, Daniel Garbellini, rechazó haber participado en un “esquema de sobreprecios” y planteó que debía considerarse “la urgencia” en las contrataciones.

La defensa de Miguel Calvete, uno de los empresarios procesados, también solicitó periciar los números de las contrataciones y que el Ministerio Público Fiscal había hecho “una construcción unilateral” de los precios de los insumos, mientras que el abogado de Pablo Atchabahian, adelantó que el lobista está preparando su declaración para explicar “el tema de las licitaciones”.

“Simulación de competencia”

En sus reportes a la Justicia, Vilches también expuso vínculos entre proveedores. Reportó que Artrobone e Imnova, por ejemplo, compartían domicilio en la avenida Belgrano 609 de la ciudad de Buenos Aires y que sus presidentes serían madre e hijo: Evangelina Ileana García y Martim Gonçalo Armella, quien a su vez figura como director suplente de Artrobone. Ese esquema fue presentado como una posible “simulación de competencia” que redundó en operaciones por $3042 millones, aunque cabe aclarar que los colaboradores de Vilches no informaron a los tribunales sobre compulsas concretas en las que ambas firmas hayan cotizado entre sí.

De la auditoría interna, además, surgió que los socios de Ortopedia Bernat también aparecían en otras sociedades como Sagala SRL, Clínica Las Araucarias SA y Medical Implants SA. Y se consignó un caso muy específico en Río Negro con una prótesis para un paciente amputado que incluye un remito firmado por la madre del beneficiario, aunque el insumo, al momento de realización del informe, no se había entregado (de lo que se informa por separado).

Según surge de la documentación que obtuvo , el primer reporte de Vilches llegó a los tribunales el 30 de diciembre pasado, en respuesta a un oficio que preguntaba si había una auditoría en curso. Su respuesta fue contundente. Informó sobre expedientes que comenzaban directamente con facturas presentadas al cobro, “sin constancias de licitación, compulsa o contratación directa previa”, y sobre órdenes de pago que agrupaban facturas de distintos trámites, lo que dificultaba rastrear el origen del gasto. También, que las compulsas abiertas implementadas tras la intervención expusieron brechas de precios de hasta 838%.

La auditoría no se limitó a las compras. También detectó problemas en los padrones y sistemas de información. En el documento fechado en diciembre, por ejemplo, Vilches reportó hallazgos en el padrón de pensiones no contributivas por invalidez, entre ellos 114 titulares privados de la libertad, ya fuera bajo detención efectiva o arresto domiciliario. Y un cruce de bases de datos realizado entre el Certificado Único de Discapacidad y el Renaper identificó 178.254 personas fallecidas sobre un padrón que a fin del año pasado registraba 1.656.641 activos.