POLITICA
Emiliano Yacobitti valoró el diálogo con el Gobierno, pero advirtió que “la pelea por el financiamiento universitario no terminó”

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, valoró el reciente acercamiento entre el Gobierno nacional y las universidades públicas, que permitió destrabar parcialmente un conflicto que lleva más de dos años. Sin embargo, aclaró que la situación está lejos de resolverse definitivamente y remarcó que el reclamo central sigue vigente: el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
En una entrevista con el programa “No vale arrugar”, que se emite por radio Splendid, el dirigente universitario sostuvo que el entendimiento alcanzado representa un avance importante, aunque rechazó la idea de que se haya llegado a un acuerdo definitivo.
“No podemos decir que se llegó a un acuerdo porque nosotros planteamos que el gobierno tiene que cumplir la ley y la ley recompone la pérdida salarial de los profesores universitarios y el resto de trabajadores”, afirmó.
Pese a ello, reconoció el impacto positivo de la propuesta oficial. “Hay que reconocer que el gobierno hizo un reconocimiento muy grande a nivel económico que es casi el 60 % de lo que reclama la ley, es algo que nos permite seguir dialogando”, explicó.
El conflicto entre las universidades nacionales y la administración de Javier Milei se convirtió en uno de los principales focos de tensión política desde el inicio de la gestión libertaria. Los reclamos por la caída de los salarios docentes, el deterioro presupuestario y la falta de actualización de partidas derivaron en multitudinarias movilizaciones en todo el país y en la sanción de una ley de financiamiento que posteriormente fue judicializada.

En ese contexto, Yacobitti destacó un cambio en la actitud oficial. “Hay que destacar la voluntad del diálogo del gobierno con las universidades nacionales que es una novedad en todo lo que fue el conflicto hasta ahora”, señaló.
Según el dirigente radical, la mejora salarial anunciada representa un alivio para un sistema que venía atravesando una situación crítica. “Recibir en un mes el 21 % de aumento no deja de ser importante”, sostuvo, al tiempo que explicó que los incrementos previstos para los próximos meses permitirán evitar que la inflación siga deteriorando el poder adquisitivo de docentes y trabajadores universitarios.
Para Yacobitti, el nuevo escenario marca un punto de inflexión. “Podemos decir que salimos de la emergencia para empezar a discutir con el gobierno muchas otras cosas”, afirmó.
No obstante, aclaró que la cuestión de fondo sigue pendiente y depende ahora de una definición judicial. Las universidades mantienen vigente la presentación realizada ante la Corte Suprema para exigir el cumplimiento de la ley aprobada por el Congreso.
“Estamos a la espera de que la Corte defina que la ley de financiamiento el gobierno la tiene que cumplir. La Corte Suprema no puede mirar para otro lado”, advirtió.
El vicerrector de la UBA explicó que la continuidad de esa estrategia judicial nunca fue una condición de negociación con el Ejecutivo. “El gobierno no pidió que desistiéramos de la presentación en la Corte, en un principio sí, pero la ley se tiene que cumplir igual”, sostuvo.
Además, cuestionó la demora de la Justicia para resolver una cuestión que considera fundamental para el funcionamiento institucional del país. “La justicia tiene que cumplir un rol y lo tiene que hacer en menor tiempo. Hace 200 días que esto se votó y se judicializó, ¿cuánto tiempo vas a esperar para ver si una ley se tiene que cumplir o no? En el medio te queda la mitad de los docentes de las universidades, y ni hablar los chicos con la actualización de las becas”, planteó.

Consultado sobre las razones que llevaron al Gobierno a modificar su postura, Yacobitti consideró que las masivas movilizaciones universitarias tuvieron un impacto significativo. “El gobierno pagó un costo con lo de las universidades, la última movilización fue muy masiva y mucha gente decidió alzar la voz respecto al tema. Quiero pensar que el gobierno cambió de posición y quiere trabajar con las universidades nacionales”, afirmó.
Otro de los puntos de conflicto durante estos meses estuvo relacionado con las auditorías y los controles sobre el uso de los fondos universitarios. Desde el oficialismo se impulsaron reiterados cuestionamientos sobre la administración de recursos en las casas de estudio.
Frente a esas críticas, Yacobitti fue contundente. “Las auditorías están y siempre estuvieron, el gobierno tuvo acéfala la auditoría casi dos años. Estoy tranquilo que controlen los fondos. Los que trabajamos en las universidades no nos adherimos a los blanqueos para justificar de qué vivimos”, disparó.
El dirigente universitario también hizo un balance de las consecuencias que dejó el prolongado conflicto presupuestario. Según explicó, los daños exceden ampliamente la discusión salarial.
“En estos dos años de conflicto perdimos alumnos, profesores, pero sobre todo una fuga muy grande con la investigación y la ciencia”, lamentó.
En ese sentido, advirtió que la pérdida de investigadores y docentes constituye uno de los principales desafíos para el futuro de las universidades nacionales, especialmente en áreas estratégicas vinculadas al desarrollo científico y tecnológico.
Por eso insistió en que el conflicto todavía no puede darse por cerrado. “El conflicto no terminó, hoy queda menos por discutir”, aseguró.
Más allá de la cuestión universitaria, Yacobitti también se refirió a la situación política nacional y cuestionó duramente al jefe de Gabinete, Manuel Adorno, en medio de las polémicas generadas por distintas controversias dentro del Gobierno. “Un Jefe de Gabinete sin credibilidad ni ante la sociedad ni ante sus propios compañeros de gabinete, no puede ser bueno para el gobierno”, sostuvo.
En paralelo, analizó el escenario de la oposición y planteó la necesidad de construir una alternativa política con propuestas concretas y no simplemente basada en el rechazo al oficialismo. “Hay que armar un frente político que garantice una alternativa, lo que no se puede hacer es juntarse para ganarle a alguien. Hay que ver cuáles son las propuestas que se van a llevar al Congreso”, afirmó.
Consultado sobre los posibles liderazgos de ese espacio, evitó pronunciarse por nombres propios y defendió el mecanismo de las elecciones primarias. “Los líderes de las alternativas los tiene que definir la gente en las PASO, lo importante es qué los une. No se puede seguir haciendo gobierno para ganarle al otro”, señaló.
Finalmente, volvió sobre el eje que atravesó toda la entrevista: la relación entre el Gobierno y la educación pública. Yacobitti consideró que la gestión libertaria aún no ha colocado al sistema universitario entre sus prioridades, aunque expresó expectativas de que la situación cambie. “Hasta ahora la educación no fue una prioridad para el gobierno, ojalá cambie”, concluyó.
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POLITICA
“Un desafío grande”: el dato que mira el Gobierno para las próximas elecciones y que podría capitalizar el peronismo

El esquema de elecciones nacionales cada dos años trae algunas dificultades para los oficialismos. Cuando en la Casa Rosada recién terminaban de bajar la guardia tras los comicios legislativos del año pasado para discutir las reformas libertarias, las presidenciales del año próximo ya asoman de manera inevitable y se cuelan en la discusión pública. No son inminentes, pero el solo hecho de su acercamiento ya configura un condicionante en sí mismo. No hay tiempo para el descanso.
Javier Milei quiere la suspensión de las PASO por un sinfín de razones. Pero hay dos motivos que son funcionales a su estrategia económico-política: patea la incertidumbre electoral unos meses para adelante y elimina la ventana que se genera entre las primarias y la primera vuelta, la cual estuvo marcada por fuerte inestabilidad en comicios como los de 2019 y 2023.
El nivel del riesgo país evidencia que el mercado, por ahora, descuenta que no existe una oposición lo suficientemente competitiva como para confrontar seriamente contra el Presidente. Esta semana se vio una leve suba hacia los 440 puntos básicos, pero esa variación se explica más por el deterioro del contexto internacional que por motivos internos.
Muy cerca de Milei tratan de enfatizar que lo primero que pretenden construir es un frente sólido desde el punto de vista macroeconómico: “A partir de ahí es que tenemos que reforzar lo político. Si no existe la primera, no vamos a tener la segunda. Es una condición sine qua non”.

El equipo económico que comanda Luis Caputo parece haber querido dar todas las señales posibles de que el programa financiero tiene cubiertos todos sus compromisos para los vencimientos del año próximo, lo cual configura una señal política en sí misma: no tenerlos podría implicar inestabilidad y, con ello, menores condiciones para lograr una percepción positiva del electorado sobre la situación económica.
Pero al interior de la Casa Rosada afirman que todavía no está resuelto otro frente: el político. Es una esfera que comenzará a ganar mayor preponderancia con el paso de los meses. “Estamos ganando la discusión de la macro, la inflación y la estabilidad; no hay dudas de eso. No así la de la microeconomía. Ahí estamos corriendo de atrás”, confirma un importantísimo miembro del Gobierno.
En el equipo económico se esmeran en decir que no existe algo así como “la micro”. Dicen que la sumatoria de micros configura la macro. Y que esta última está bien.
Pero los responsables de la estrategia política de la Presidencia hacen otra lectura. “Esa discusión no la estamos pudiendo ganar por el siguiente motivo: los sectores que realmente están creciendo y los que están empujando la reactivación son todos los sectores que no tienen que ver con ‘la calle’ y las grandes urbes”.
Se trata de una referencia al funcionamiento del modelo macroeconómico del Gobierno. La consultora financiera más leída en el círculo rojo, 1816, dedicó su briefing semanal a esta cuestión. “Muestra una clara recuperación en forma de K: hay sectores que vuelan y sectores a los que todavía les cuesta traccionar. La actividad agropecuaria y el sector energético crecieron 15% y 27% desde nov-23, respectivamente, la industria, la construcción y el comercio todavía están con niveles inferiores a los del último mes de la era de Alberto Fernández”.

El asunto es que los sectores perjudicados son habituales en los conurbanos más poblados del país: el AMBA, el de Córdoba y el de Santa Fe. “Son los principales generadores de empleo directo, el mercado laboral continúa débil (el empleo asalariado privado registrado cayó en abril por decimoprimer mes consecutivo) y los salarios privados registrados volvieron a descender en mayo, tras el rebote que habían experimentado en abril“, afirman.
La pregunta que se hacen quienes miran el clima político es cómo será ese proceso de absorción de la mano de obra que queda desocupada. “Ese es un desafío grande, y la única forma de superar eso es que esté fragmentada la alternativa peronista”, dicen.
Es una novedad significativa: hay quienes al interior de la Casa Rosada ponen parte de la responsabilidad en lo que haga el peronismo. No es que las chances de Axel Kicillof o cualquier candidato de ese espacio se reducen a cero, como afirmó Luis Caputo.
La apuesta principal del Gobierno parece ser el sector de la construcción: primero por el esquema de concesiones y otro por la voluntad de recuperar el crédito hipotecario. El Gobierno cedió finalmente el control de la Ruta Nacional A012 a la provincia de Santa Fe, potente en el ámbito agro pero con variaciones negativas en términos de puestos de trabajo. Datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) indican que la cantidad de empleadores se redujo de 50.674 a 47.758 establecimientos. En tanto, se redujeron 15.930 puestos de trabajo.
El acto en donde se hizo el anuncio fue llamativamente amplio. El gobernador Maximiliano Pullaro fue recibido por Karina Milei, Diego Santilli y Luis Caputo. No fue menor que en ese acto estuviera la presidenta provincial de La Libertad Avanza, Romina Diez. Su presencia se entiende porque invitaron a los diputados nacionales de ambas fuerzas, pero el Poder Legislativo no tiene injerencia en asuntos de este estilo: algunos de los que participaron no terminaron de decodificar si fue una marcada de cancha o una demostración de que ambas fuerzas pueden coexistir en un mismo ámbito. Lo cierto es que el Gobierno está encontrando en Pullaro un aliado cada vez más frecuente: no descartan un pacto de no agresión.
Si esta semana que pasó tuvo una foto de la armadora libertaria con el gobernador de su provincia (Santa Fe), en estos días que vendrán se hará una postal para comunicar enfáticamente que no hay un pacto con el cordobés Martín Llaryora. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibirá en su despacho el martes a las 16 a los referentes cordobeses de La Libertad Avanza en ambas cámaras del Congreso, Gabriel Bornoroni (Diputados) y Luis Juez (Senado). “Será para hablar de temas de la provincia”, confirmaron, aunque el motivo definitivo está en la foto que se difundirá después.

De vuelta a las apuestas económicas del Gobierno, fuentes de diálogo directo con el Presidente están preocupados por los niveles de mora de los hogares. Cifras del Banco Central (BCRA) muestran que ascendió 12,8% durante mayo y que se consolida como la marca más elevada de los últimos 20 años. De ese segmento, preocupa que la irregularidad de los deudores de 18 a 25 años supere el 40%. Porque es un público donde predomina el votante libertario y que, además, es el más codiciado por los bancos.
“Estamos tratando de que los bancos se propongan rescatar a ese público y, especialmente, los que están en Situación 3 o 4. Si se caen del sistema no los recuperás más y son los que, por ejemplo, más deberían estar dispuestos a pedir un crédito”, dijo una fuente de altísimo rango del Gobierno que coordina este tipo de políticas.
Es algo que preocupa sobremanera a diferente tipo de entidades. El Banco Nación (BNA) es el que lidera estas políticas, ofreciendo que clientes de la entidad y de otros bancos puedan consolidar sus deudas, incluidas de las billeteras virtuales. Medidas con un espíritu similar están realizándose desde los bancos de la Ciudad, Córdoba, Provincia y Santa Fe.
Quienes conversan con Milei y tienen fuerte incidencia en la política económica afirman: “Todavía no entendemos por qué los bancos privados no nos ayudan del todo. Tienen que empezar a trabajar como bancos y prestar plata como con los créditos hipotecarios. Si apuntan al público joven con tasas competitivas se van a quedar con un cliente por 20 o 30 años”.
En ese esfuerzo se encuadran diferentes acciones de la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda para vender previsibilidad. Es una tarea compleja porque depende de crear un marco de reglas claras hacia las empresas, sobre las cuales el Gobierno pone el peso de generar la reactivación del consumo a través de que exporten o inviertan más. “Nosotros desregulamos, simplificamos, desburocratizamos y abrimos la economía; pero ellos necesitan ser los que den el siguiente paso”, indican en un despacho de la Casa Rosada. Es un pedido que implícitamente también hace el ministro de Economía al enviar al Congreso el segundo proyecto de Inocencia Fiscal, que busca volcar al sistema al menos una parte de los USD 170.000 millones que estiman que están “en el colchón”.
Todo este entuerto es el motivo por el cual hubo una fuerte rabia cuando el vocero presidencial, Adrián Ravier, cometió el furcio de dejar a libre interpretación que el tipo de cambio podía irse a $1800 en cuestión de meses. En rigor, el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que hace el BCRA deja la posibilidad de que exista esa cifra para dentro de un año. El techo de la banda está arriba de esa cifra, por lo que existe margen.
Como pocas veces en el último tiempo, la lectura de que se había cometido un furcio grave fue unánime en las alas del Gobierno: significa decir que el dólar tiene margen de crecer cerca de 20% “en los próximos meses”.
“Quienes entendemos del tema sabemos qué quiso decir. Pero nosotros no somos todos. Le estás diciendo al ahorrista que si quiere meter un plazo fijo con los dólares que tiene, tal vez, no le conviene. Es increíble”, se sinceró un importante miembro de la mesa política. Dos integrantes de ese mismo grupo también opinaron, pero el nivel de sus expresiones no son reproducibles para este artículo.
Aunque los modos son diametralmente mejores que los de Manuel Adorni, el perfil bajo y su tono más monocorde hace que sus conferencias no logren instalar temas en agenda. Ravier acusó esta semana al periodismo de haberlo malinterpretado cuando sugirió que Argentina es un “país bananero” (dijo que usó el tiempo condicional cuando, en rigor, no lo utilizó), pero al interior del Gobierno describen que los furcios que viene teniendo son repetidos.
“Se degradó mucho la figura del Vocero Presidencial. En un país normal, con un vocero serio, estas declaraciones serían un verdadero escándalo”, afirmaron desde una área de la comunicación, aunque en todos los despachos más importantes de la Casa Rosada reconocieron que se agarraron la cabeza al ver el clip del dólar viralizado en redes.
La comunicación está en debate no solo en los despachos, sino entre todas las facciones del Gobierno. Temas de similar naturaleza se hablaron en la reunión de mesa política que se hizo la semana pasada. “Los periodistas escriben sobre las internas, pero alguien se lo dice, no es que lo inventan de la nada. Hay que bajar un cambio”, dijo una de sus principales figuras a sus compañeros. Muchos seguían riéndose días después: “Las dos personas que pidieron que dejemos de operarnos entre nosotros son, paradójicamente, quienes más hablan con los periodistas”.
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POLITICA
El techo de cristal: la cantidad de mujeres en puestos jerárquicos de la Administración Pública Nacional cayó de 39% al 22% en cuatro años

El 78% de los cargos en ministerios, secretarías y subsecretarías están ocupados por varones y solo el 22% por mujeres, lo que implica que 8 de cada 10 puestos de alto rango en la Administración Pública Central (APN) están ocupados por hombres. Solo 2 ministerios y el 15% de las secretarías políticas de la estructura estatal centralizada tienen a mujeres en puestos jerárquicos en la actual gestión de Javier Milei.
Así surge de un relevamiento realizado por Infobae de la información publicada en el Mapa del Estado que abarca 194 cargos públicos jerárquicos de Jefatura de Gabinete, 9 ministerios, 50 secretarías y 134 subsecretarías, todos organismos que dependen directamente de la Presidencia de la Nación. No se contabilizan los cargos de presidente ni de vicepresidente.
De los 177 puestos cubiertos en abril pasado, 138 corresponden a hombres y solo 39 a mujeres. Todas son designaciones políticas, o sea no son ocupados por empleados de carrera. Otros 17 puestos permanecían vacantes.
Los datos analizados por este medio muestran que la brecha entre hombres y mujeres en la estructura estatal centralizada ha empeorado en los últimos cuatro años.
En octubre de 2022, el 61% de 291 cargos estaba ocupado por hombres y el 39% por mujeres. Al año siguiente, la situación se mantuvo relativamente estable, con 295 cargos, de los cuales el 63% eran ocupados por varones y el 37% por mujeres, según la comparación de las distintas plantas realizada por Infobae.
El “techo de cristal”
La participación femenina en los puestos de mayor rango de la APN es minoritaria en la totalidad de las jurisdicciones, de acuerdo a la Base Integrada de Mapa del Estado con datos actualizados al 30 de abril pasado.
Las mujeres encabezan solo 2 de los 10 ministerios (contabilizando la Jefatura de Gabinete): Sandra Pettovello en Capital Humano y Alejandra Monteoliva en Seguridad. El 80% de los restantes están ocupados por hombres.
La menor proporción de mujeres en cargos de mayor responsabilidad en contraste con el dominio de los hombres en puestos con capacidad real de decisión es conocida como el “techo de cristal”. Se refiere a la barrera invisible que frena el ascenso de las mujeres a puestos altos de decisión, a pesar de que puede haber paridad en los cargos bajos. Revela que las mujeres enfrentan mayores obstáculos para acceder a los niveles más altos de la administración y por ende, alcanzar mejores sueldos.
“Sabemos por el Global Gender Gap Report del Foro Económico Mundial que de las cuatro dimensiones que mide el índice de paridad, la política es la más rezagada y difícil de cerrar: a nivel global, apenas se cerró un 22,5% de esa brecha en 2024. Por eso son cruciales las acciones estatales efectivas para acelerar la ruptura del techo de cristal», le dijo Ana Castellani, investigadora del CONICET y profesora de la Universidad de Buenos Aires, a Infobae.

La gestión de Milei reestructuró el Gabinete, redujo la cantidad de organismos y una de sus primeras decisiones fue disolver el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, creado durante el gobierno de Alberto Fernández. Primero, el área perdió jerarquía y pasó a depender de la cartera de Justicia y, finalmente, su cierre definitivo se concretó en junio de 2024.

En octubre de 2022, los ministerios eran 19 y las mujeres encabezaban 4 carteras (21%): Desarrollo Social (Victoria Tolosa Paz), Trabajo (Raquel Olmos), Salud (Carla Vizzotti) y el Ministerio de las Mujeres, cuya primera titular fue Elizabeth Gómez Alcorta, reemplazada en octubre de ese año por Ayelén Mazzina. La participación femenina se mantuvo en valores similares al año siguiente, último del Frente de Todos.
“Los incrementos de participación durante el gobierno anterior se dieron en el marco de una instrucción presidencial que exigía paridad en los cargos directivos de la Administración Pública”, señaló Castellani, autora del paper “Desigualdad de género en la Administración Pública. Análisis del caso argentino entre 2009 y 2023″, publicado en la revista del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD).
“La gestión de Milei desconoce por completo el problema de las brechas de género en cualquiera de sus dimensiones y por eso desmanteló ese entramado normativo generando un retroceso en la participación femenina en cargos de dirección pública”, agregó esta investigadora que estuvo al frente de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación en la administración anterior.
El análisis por ministerios
Actualmente, el caso más extremo de nula participación femenina en la gestión actual es el Ministerio de Defensa, encabezado por el teniente general Carlos Presti, donde ninguno de los cargos está ocupado por una mujer.
A esta cartera le siguen el Ministerio de Seguridad Nacional con apenas una mujer entre 13 cargos (8%) – la ministra Monteoliva-, y el Ministerio de Justicia, conducido por Juan Bautista Mahiques, con una sola mujer de ocho posiciones jerárquicas (13%).
En el resto de las carteras, la presencia femenina tampoco superó una de cada cuatro posiciones. En el Ministerio de Economía, las mujeres ocupan el 16% de los cargos jerárquicos (7 de 45); en Interior, el 20% (2 de 10 puestos de alto rango); y en la Cancillería, el 22% (2 de 9).
Por su parte, los Ministerios de Salud y el de Desregulación y Transformación del Estado tienen un 25% de presencia femenina en cargos jerárquicos: 4 de 16, y 2 de 8 puestos de alto rango, respectivamente.
Las mayores proporciones de mujeres se concentran en tres organismos, aunque sin alcanzar la paridad. El Ministerio de Capital Humano encabeza el listado con un 37% de representación femenina (7 de 19 cargos).

Le sigue Presidencia de la Nación, con 6 mujeres en 19 puestos jerárquicos ocupados, el 32%. Incluye a la Secretaría General, cuya titular es Karina Milei, y bajo cuya órbita está la subsecretaria de Planificación, María Belén Agudiez; la secretaría Legal y Técnica, María Ibarzábal; la subsecretaria de Planeamiento Estratégico, María Paula Taddei Farfán; la subsecretaría de Patrimonio Cultural, Liliana Varela; la subsecretaria de Gestión y Desarrollo Cultural, Florencia Iannello

El mismo porcentaje de representación femenina – 32% – se repite en la Jefatura de Gabinete, con 7 mujeres de los 22 puestos de alto rango.
En comparación con la gestión anterior, la mayor reducción de las designaciones políticas de mujeres en puestos de jerarquía se registra en las secretarías y subsecretarías. En el primer caso, la proporción femenina pasó de 37% en 2022 al 15% en 2026. En tanto, en las subsecretarías descendió del 42% al 25% este año, mientras que los hombres pasaron a concentrar tres de cada cuatro cargos de alto rango (75%).
En lo concerniente a la edad de los funcionarios que ocupan puestos jerárquicos, el promedio es de 51 años, existiendo una dispersión de 8 años de edad entre ministros (58 años) y subsecretarios (50 años). La variable etaria no está discriminada por género.
El universo de la APN
Infobae analizó también el Directorio del Estado, donde figura el listado de todas las personas que trabajan o prestan servicios para la APN, incluyendo la administración central (como los ministerios y las Fuerzas Armadas); la descentralizada, como la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); y otros entes como el PAMI y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El registro contiene 358.974 nombres y discrimina quienes son planta permanente, transitoria, contratados y bajo locación de servicios. De este total, el 61% de agentes son varones y el 39% mujeres.
De ese universo de datos se desprende que en solo 8 organismos de un total de 87 la relación se invierte.
Aquellos que muestran una participación de mujeres mayor del 60 % son la Comisión Nacional Antidopaje (75%); el Banco Nacional de Datos Genéticos (73%); el Instituto Nacional del Teatro (67%); la Comisión Nacional de Valores; la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, estas tres últimas con el 64% de participación femenina. Le siguen la Administración Nacional de Establecimientos de Salud y el Ministerio de Salud, con 63%.
Por otro lado, la mayoría de varones se da en la Prefectura Naval Argentina, donde representan el 80%; la Dirección Nacional de Vialidad, Gendarmería Nacional, la Administración Nacional de Aviación y el Estado Mayor del Ejército, todos con el 74% de hombres; y el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa con el 70% de integrantes del género masculino.
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POLITICA
Javier Milei hablará en el acto central de la Exposición Rural y hay expectativa en el agro por posibles anuncios

El presidente Javier Milei participará hoy del acto central de cierre de la 138° Exposición Rural de Palermo, una ceremonia que este año se realizará de manera excepcional un domingo debido al viaje que el mandatario realizó a Brasil para respaldar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.
La jornada comenzará con el tradicional desfile de los grandes campeones de las distintas razas, maquinaria agrícola, carruajes y agrupaciones tradicionalistas. Luego hablarán el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, y el jefe de Estado, quien volverá a utilizar uno de los escenarios más importantes para el sector agropecuario.
Más allá de la expectativa por el discurso presidencial, el acto tendrá un fuerte contenido político. Como ocurre cada año, en el predio de Palermo se reunirán funcionarios nacionales, gobernadores, dirigentes rurales y representantes de toda la cadena agroindustrial, en una ceremonia que suele marcar la agenda entre el Gobierno y el campo.
En la previa, el ministro de Economía, Luis Caputo, buscó moderar las expectativas sobre posibles anuncios. “Los grandes anuncios ya se hicieron”, afirmó, una definición que enfrió las versiones sobre una nueva baja de los derechos de exportación.
Leé también: El campo aguarda con expectativa el discurso de Javier Milei en el cierre de la Expo Rural de Palermo
Sin embargo, entre las entidades rurales persiste la expectativa de que Milei aproveche el acto para enviar alguna señal sobre la continuidad del proceso de reducción de las retenciones. Uno de los reclamos del sector apunta a eliminar el 5% que todavía tributa la exportación de carne vacuna de novillo, una medida que tendría un costo fiscal estimado en unos US$130 millones durante este año.
También siguen de cerca la situación de los principales cultivos. En mayo, el Gobierno anunció una reducción de las retenciones para el trigo y la cebada y ratificó un esquema de bajas graduales para la soja, el maíz, el girasol y el sorgo, que comenzará a aplicarse desde enero de 2027. En ese contexto, algunos dirigentes del sector consideran que el Presidente podría aprovechar la exposición para anticipar o acelerar parte de ese cronograma.
Las expectativas también están atravesadas por los antecedentes. En la inauguración de la Rural del año pasado, Milei eligió ese escenario para anunciar una reducción permanente de los derechos de exportación para distintos productos agropecuarios, una decisión que luego fue complementada con nuevas medidas para el sector.

Otra de las incógnitas de la jornada pasa por la conformación del palco oficial. La vicepresidenta Victoria Villarruel fue invitada al acto, aunque hasta este sábado no estaba confirmada su asistencia. El año pasado no participó de la ceremonia, en medio de las diferencias que ya mantenía con el Presidente.
Como es habitual, el presidente de la Sociedad Rural realizará un balance sobre la situación del agro, repasará los reclamos pendientes y planteará las expectativas del sector para los próximos meses. Después será el turno de Milei, que volverá a dirigirse a uno de los sectores con los que mantiene mayor afinidad política y económica.
Aunque desde el Gobierno descartan la posibilidad de nuevas medidas, en el campo sostienen que el mensaje presidencial será seguido de cerca por productores y dirigentes, que esperan conocer las próximas definiciones de la Casa Rosada sobre retenciones, presión impositiva y competitividad para el sector.
La edición de este año encuentra además a la ganadería atravesando un escenario favorable, con valores firmes para la hacienda y una exposición que volvió a reunir a los principales reproductores bovinos y equinos del país, uno de los ejes tradicionales de la muestra que hoy llegará a su cierre institucional.
Javier Milei, La Rural, agro
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