El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) presentó este jueves el 62° Coloquio, que se realizará del 30 de septiembre al 2 de octubre en Mar del Plata bajo el título “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”. El mensaje central del evento, anticipado en un desayuno de presentación, fue que la Argentina puede crecer entre 3% y 4% anual de manera sostenida, pero que para lograrlo debe evitar los cambios abruptos de rumbo y sostener la estabilidad macroeconómica como política de Estado.

En el encuentro de presentación, los referentes del sector empresario subrayaron que los cambios de reglas de juego no generan crecimiento y que, al contrario, los virajes bruscos empujan al país hacia atrás. El diagnóstico que predominó fue que Argentina atraviesa un momento de estabilidad que ahora debe convertir en crecimiento, y que ese tránsito requiere mantener fijo un conjunto de pilares que no deberían estar sujetos a debate político: el equilibrio fiscal, la estabilidad macroeconómica y el respeto a las instituciones.

“Cualquier cosa que Argentina planee tiene que aguantar los próximos 20 años”, afirmaron referentes de IDEA durante el café de presentación. La frase sintetiza la apuesta del coloquio: pensar en horizontes largos, no en ciclos electorales. Al no ser un año de elecciones nacionales —los comicios presidenciales se celebrarán en 2027—, los empresarios ven una oportunidad para que el debate público se desplace de la especulación política hacia las condiciones estructurales del desarrollo.

Los expositores describieron el potencial del país con entusiasmo poco habitual en el sector: “Los indicadores explotan”, se dijo, y se sostuvo que un crecimiento de entre 3% y 4% anual durante muchos años es, incluso, una estimación conservadora. Con una demografía estancada, ese ritmo de expansión implicaría una mejora sustantiva del ingreso por habitante. “Con un crecimiento demográfico bajo, es muy significativo lo que se puede crecer”, fue otra de las frases que circularon en el encuentro.

Para ilustrar que ese recorrido es posible, se mencionaron casos de países que, tras fuertes crisis, lograron sostener procesos de crecimiento de largo plazo y hasta triplicar su PBI per cápita: Irlanda, Israel, Chile y España. En todos esos casos, señalaron, la clave fue haber “elegido un camino que sostuvieron en el tiempo”. En el caso argentino, reconocieron, las palancas disponibles son múltiples: el agro, la minería y la energía fueron las más mencionadas. “Cada vez que nos vamos a la banquina, dejamos un escalón más de pobreza”, advirtieron.

Uno de los ejes del mensaje fue que determinadas conquistas recientes —el superávit fiscal y la derrota de la inflación como fenómeno estructural— ya no deberían estar en discusión, independientemente de quién gane las próximas elecciones presidenciales. Los empresarios esperan, además, que la demanda de estabilidad provenga de la propia sociedad: que sea la ciudadanía la que le exija al poder político no volver atrás, y no solo el sector privado organizado.

En ese marco, también reclamaron avances en la construcción de un mercado de capitales robusto, en la resolución de la deuda pendiente en materia de infraestructura y en la eliminación de impuestos distorsivos, que consideran el único camino real para ganar competitividad.

El 62° Coloquio de IDEA organizará sus debates en torno a cuatro ejes: el mundo, la estabilidad, la competitividad y el desarrollo.

Fabián Kon, presidente del 62° Coloquio y CEO del Grupo Galicia, señaló que el desafío es “transformar esta oportunidad, a la que llamamos promesa, en la concreción de un gran país a través de un desarrollo sostenido, con reglas claras, inversión, empleo y una Argentina integrada al mundo”.

Por su parte, Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC Argentina, agregó que “los países que logran desarrollarse son aquellos que construyen instituciones sólidas y acuerdos de largo plazo”. En tanto, Luciana Paoletti, directora ejecutiva de la institución, planteó que “el crecimiento sostenido también se apoya en la capacidad de un país de formar, atraer y retener capital humano relevante”.

El encuentro de este año coincide en fechas con la Argentina Week en París, lo que anticipa que ni el presidente Javier Milei ni el ministro de Economía estarán presentes en Mar del Plata. No sería la primera vez: el año pasado, Milei tampoco asistió —estaba de viaje en Estados Unidos— y el ministro participó a través de un video grabado.

El Coloquio de IDEA reúne cada año a líderes empresarios, políticos, académicos y representantes de la sociedad civil. La organización nuclea a 600 empresas de todos los sectores y tamaños que, en conjunto, producen el 50% del PBI y del empleo privado a nivel nacional.

El negocio inmobiliario argentino podría atravesar la transformación más profunda de las últimas décadas. El proyecto de ley que impulsa el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y que el Gobierno prevé enviar al Congreso en los próximos días, propone modificar de raíz el ejercicio del corretaje inmobiliario.

La iniciativa parte de un concepto que resume toda la reforma: el corretaje inmobiliario dejaría de ser considerado una profesión regulada para pasar a ser un servicio de intermediación comercial (siempre y cuando en el plano legislativo se apruebe así). A partir de esa definición, el proyecto elimina buena parte de las restricciones vigentes y abre la puerta a un mercado con mayor competencia.

Si finalmente obtiene respaldo legislativo, la reforma impactará sobre los colegios, corredores, inmobiliarias, plataformas digitales, desarrolladores, franquicias y también sobre quienes compran, venden o alquilan una propiedad.

Estos son los cinco cambios que cambiarán el negocio inmobiliario

1. Se termina la matrícula obligatoria

El cambio más importante consiste en la eliminación de la matrícula obligatoria y de la exigencia de contar con un título universitario específico para ejercer el corretaje inmobiliario.

Hoy, para intermediar en una operación inmobiliaria resulta obligatorio estar matriculado en el colegio profesional de cada jurisdicción. El proyecto elimina ese requisito y considera que cualquier persona o empresa podrá prestar servicios de intermediación comercial, siempre que cumpla con las normas generales que regulan la actividad económica.

Para el Gobierno, la medida ampliará la competencia, reducirá barreras de ingreso y permitirá la aparición de nuevos modelos de negocios. Los detractores, en cambio, sostienen que la matrícula representa una garantía para los consumidores y un mecanismo de control profesional.

Para los colegios profesionales, en cambio, implica eliminar uno de los principales mecanismos de control sobre la actividad.

Es el cambio más disruptivo del proyecto. La iniciativa elimina la obligación de estar matriculado en un colegio profesional y también deja sin efecto la exigencia de contar con un título universitario específico para ejercer el corretaje inmobiliario.

2. Los colegios perderán el control de la actividad

Otro de los cambios centrales elimina el rol de los colegios profesionales como organismos con poder disciplinario sobre los corredores inmobiliarios.

Actualmente, esas entidades controlan la matrícula, aplican sanciones, suspenden o incluso pueden excluir a un profesional por incumplimientos éticos o legales.

El proyecto propone que esas funciones desaparezcan y que los colegios continúen existiendo únicamente como asociaciones civiles de adhesión voluntaria, sin facultades regulatorias.

El debate gira en torno a quién ejercerá los controles sobre la actividad. Mientras el Gobierno sostiene que bastan las normas generales de defensa del consumidor y del Código Civil y Comercial, los colegios advierten que podría generarse un mercado con menor supervisión.

3. Se podrá operar en cualquier parte del país

La reforma también elimina las restricciones territoriales que hoy existen para ejercer la actividad.

En la actualidad, un corredor matriculado en una provincia no puede operar libremente en otra sin realizar nuevos trámites o inscribirse en la jurisdicción correspondiente.

Si el proyecto prospera, esa limitación desaparecerá y una inmobiliaria podrá prestar servicios en todo el país sin necesidad de obtener múltiples matrículas.

La medida favorecería especialmente a las cadenas nacionales, las franquicias inmobiliarias y las plataformas digitales, que podrían expandir sus operaciones con menores costos administrativos y mayor escala.

4. Honorarios libres y mayor competencia

Otro punto relevante consiste en la eliminación de los aranceles mínimos y de cualquier referencia obligatoria para fijar honorarios.

Actualmente, varios colegios establecen escalas orientativas o mínimas para las comisiones inmobiliarias. Con la reforma, cada corredor, empresa o plataforma podrá negociar libremente sus honorarios con los clientes.

El Gobierno considera que esta medida aumentará la competencia y permitirá reducir costos para quienes compran, venden o alquilan inmuebles.

Quienes rechazan la iniciativa sostienen que podría iniciarse una competencia exclusivamente basada en precio, con impacto sobre la calidad del servicio y la profesionalización del sector.

5. Cambia el modelo de negocio inmobiliario

Más allá de cada modificación puntual, especialistas coinciden en que el verdadero cambio consiste en redefinir jurídicamente el corretaje inmobiliario.

Al dejar de ser una profesión regulada para convertirse en un servicio comercial, el mercado podría abrirse a nuevos participantes.

Además de las inmobiliarias tradicionales, podrían ganar protagonismo plataformas tecnológicas, proptech, desarrolladores, fintech, bancos, marketplaces y empresas que integren la intermediación inmobiliaria con servicios financieros, legales o digitales.

El nuevo escenario también aceleraría la competencia mediante herramientas de inteligencia artificial, automatización de procesos, tasaciones digitales, contratos electrónicos y modelos de negocio que ya funcionan en otros mercados.

El proyecto de reforma inmobiliaria divide al sector

El borrador del Gobierno también abrió un fuerte debate entre quienes consideran que el corretaje debe continuar como una profesión regulada y quienes sostienen que debe funcionar como cualquier otra actividad comercial.

Entre quienes respaldan la reforma, Jorge Amoreo Casotti, CEO de PINT, afirmó que el proyecto corrige una distorsión histórica. «El corretaje es una actividad comercial por definición, no una profesión liberal. Los colegios inmobiliarios lograron transformar un oficio comercial en una profesión regulada», sostuvo.

En la misma línea, Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI), consideró que la desregulación favorecerá una mayor competencia y la incorporación de nuevos modelos de negocios. «Si el mercado inmobiliario tiene algún retraso en su evolución, se debe esencialmente a los colegios inmobiliarios. La colegiación debería ser voluntaria y no obligatoria», señaló.

Del otro lado, Miguel Chej Muse, socio del estudio Vela & Chej Muse Real Estate y miembro del Colegio Inmobiliario porteño, rechazó la iniciativa al considerar que el corretaje no puede equipararse a una actividad comercial común. «Cuando hablamos de desregulación, en realidad estamos hablando de desprofesionalización. Esto es una profesión y la función de los colegios es proteger a la sociedad», afirmó.

Además, defendió el sistema de matriculación como una herramienta de seguridad para los clientes. «Quien entrega una reserva o una suma importante de dinero necesita saber que está frente a un profesional matriculado, sin antecedentes y sujeto a un tribunal de ética», concluyó Chej Muse.

El actual Acuerdo de Complementación Económica entre Argentina y Brasil para el intercambio de automóviles sin arancelamiento tiene fecha de vencimiento en junio de 2029. Es el conocido ACE 14, que se firmó y entró en vigencia el 20 de diciembre de 1990 y fue renovado casi sin modificación alguna durante 35 años.

La última renovación fue en 2019 y tenía un plazo de extensión de diez años, pero tanto de un lado como del otro de la frontera, esperan poder renovar un nuevo acuerdo que se extienda más allá de 2029, ya que es el sistema que permitió darle solidez de bloque a la industria automotriz de los dos países.

“Del lado argentino, hay mucho interés en que se empiece a negociar y que el mensaje sea claro en que no va a haber libre comercio en 2029. De eso dependen las inversiones del sector, que siempre se prevén dos o tres años antes”, dijo una fuente del sector automotor. Los brasileños, en tanto, siempre han mostrado interés en alcanzar el libre comercio, pero se espera que alcancen un acuerdo, como ha venido sucediendo durante los últimos 35 años. Por ahora, los gobiernos de ambos países no mostraron vocación en instalar en tema en sus agendas.

Dentro del ACE 14 existe un sistema denominado Flex, que es un coeficiente que regula el comercio bilateral para equilibrar la balanza comercial automotriz entre ambos países, tanto sea por vehículos terminados como de autopartes.

El Flex establece cuántos dólares puede exportar un país por cada dólar que le compra al otro. Es un monto asignado para el sector, y no por cada marca, lo que permite que algunas puedan hacer un intercambio, otras una exportación únicamente y otras tantas solo una importación.

Para eso, se estableció una tabla de integración gradual que debería terminar en una situación de libre comercio desde 2029, y que actualmente determina -desde el pasado 1 de julio de 2025 y hasta el 30 de junio de 2027- que por cada dólar que Argentina le exporta a Brasil, Brasil puede exportarle a Argentina 2 dólares.

Esto subirá a 2,5 dólares el año próximo y a 3 dólares entre 2028 y 2029 antes de que se elimine, teóricamente, esa limitación que protege a la industria automotriz argentina de no quedar invadida por productos brasileños.

Dentro de las cláusulas del acuerdo entre ambos países existe también la del arancel común extrazona del 35%, que es el blindaje para Argentina y Brasil como bloque automotor, acordado para que vehículos de otra procedencia no rompan el ecosistema industrial actual por el cual prácticamente todas las marcas que fabrican en el mercado local intercambian productos con las brasileñas.

La única forma de salir de ese arancel es a través de acuerdo bilaterales de un país con otro pero con algún tipo de límite como los cupos. Así fue como Argentina habilitó el cupo de 50.000 híbridos y eléctricos anuales sin arancel, que casualmente, o no tanto, se extenderá hasta 2029 inclusive.

Pero hay excepciones de todo tipo. Una es Ford, que ya no tiene fábrica en Brasil y por lo tanto solo le vende pick up Ranger desde Argentina sin recibir productos desde ese país. Otra es Peugeot, que exporta 208 y 2008 desde la planta de Palomar pero no trae productos desde Brasil.

Un caso intermedio es el de General Motors, que solo produce algunas versiones del Chevrolet Tracker en la planta argentina de Rosario, pero también recibe otras del mismo modelo que se producen en Brasil, además de Onix, Sonic, Spin, S10, Montana y Trailblazer. Y otro similar es el de Ram, que ahora produce la pick up Dakota en Argentina, pero hasta fin de año pasado traía Rampage desde Brasil sin un producto nacional para intercambiar.

Y después están los casos opuestos. Son los de Citroën, que importa tres modelos desde Brasil, C3, Basalt y Aircross, pero no exporta ninguno ya que no se fabrica más el único modelo que tenía la marca en Argentina, el furgón Berlingo; Jeep, que trae los Renegade, Compass y Commander pero no produce ningún modelo localmente; y Nissan, que trae Kicks y Kait y ya no fabrica localmente la pick up Frontier como ocurría hasta el año pasado.

Incluso dentro de esta condición está una marca como Hyundai, que no tiene producción local pero sí brasileña, y por ese mecanismo del sector puede traer los modelos HB20 y Creta desde ese país sin arancel alguno.

Las otras fábricas argentinas producen autos que no se fabrican del otro lado de la frontera y hacen un intercambio de unidades con los modelos de esa procedencia.

Toyota vendió en el primer semestre en Argentina 18.861 Hilux, SW4 Y Hiace de producción argentina, e importó 19.176 vehículos desde Brasil entre Yaris, Yaris Cross, Corolla y Corolla Cross.

Volkswagen, en cambio, vendió en el mismo período 8.088 pickups Amarok nacionales, pero importó 23.457 unidades brasileñas, entre Tera, Polo, Nivus, Virtus, T-Cross y Saveiro.

Fiat también trae más modelos de los que produce localmente, pero el volumen de Cronos es muy alto mientras Titano solo acompaña por ahora. Los autos nacionales vendidos de la marca fueron 14.572 contra 19.043 que llegaron desde Brasil entre Argo, Pulse, Mobi, Fastback, y las pickups compactas Toro, Strada y Fiorino.

Chevrolet vendió 7.603 Tracker entre nacionales e importadas, pero trajo muchos más autos desde Brasil, que alcanzaron las 13.763 unidades entre Onix, Spin, Montana, S10 y Trailblazer. A estos se sumará desde este mes el nuevo Chevrolet Sonic, también brasileño.

Renault, por su parte, al haber discontinuado Alaskan, Sandero, Stepway y Logan, quedó únicamente con Kangoo hasta que se lance la nueva pickup Niágara a fin de año. El mix es de 5.079 unidades fabricadas en Argentina contra 11.245 brasileñas entre Kwid, Kardian, Boreal y Oroch.

RAM importó desde Brasil 1.560 Rampage pero exportó desde Argentina 1.605 pickups Dakota. En cambio, Jeep trajo 7.253 autos desde Brasil entre Renegade, Compass y Commander, Citroën importo 8.330 unidades de C3, Basalt y Aircross; y Nissan trajo desde Brasil 3.111 vehículos de los modelos Kicks y Kait. En los tres casos sin exportar unidades por falta de producción local.

Ford, la marca que no produce autos en Brasil y sí en Argentina, es una especie de “amortiguador” para el sistema, y su volumen de exportaciones a Brasil sin importaciones, es el que en gran medida habilita cuota para que otras marcas que traen vehículos puedan hacerlo sin enviar otros a cambio.