El sistema eléctrico comenzó en mayo un escenario de fuerte estrés operativo y financiero por el impacto de las bajas temperaturas en la demanda eléctrica, lo que provocó un salto del 11% interanual del consumo, con correlato en la necesidad de importar energía de los países vecinos para esa cobertura.

Según el último Monitor Eléctrico de RICSA Alic, elaborado sobre la base de datos de CAMMESA, la demanda de energía registró un incremento interanual del 11,1% al alcanzar los 12.151 GWh. Este marcado repunte interrumpió la tendencia de caída que venía mostrando el consumo eléctrico en meses previos y encendió las alertas en el sector energético.

La principal explicación detrás de este salto vertical en el consumo reside en el factor climático. Mayo registró temperaturas significativamente más bajas que los promedios habituales para esa época del año, con una media en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) de apenas 13,5°C.

Esta marca térmica se ubicó 3,2°C por debajo de la registrada en el mismo mes del año anterior y 1,1°C inferior a la media histórica, lo que disparó de forma anticipada el uso de artefactos de calefacción eléctrica en los hogares.

Cómo responde el sistema al pico de demanda

El impacto del frío polar se sintió con fuerza en la distribución geográfica del consumo, con subas transversales en todo el país. La región Patagónica lideró la expansión con un incremento del 21,7% en su demanda, mientras que la zona del Gran Buenos Aires anotó un alza del 14,8%, consolidándose como el principal polo de consumo al concentrar 4.742 GWh. Por su parte, la región del Litoral exhibió un crecimiento interanual del 11,4% en sus niveles de requerimiento eléctrico.

De acuerdo al detalle del Monitor Eléctrico de Ricsa, para poder abastecer este pico de consumo, el parque de generación local debió elevar su entrega un 10,8%, aunque el mix de abastecimiento sufrió alteraciones de importancia. La generación de origen nuclear experimentó un fuerte retroceso del 16,6% interanual debido a paradas programadas y técnicas.

El bache de la parálisis nuclear y el pico de demanda fueron compensados por el parque de generación térmica, que aportó el mayor volumen al sistema con 5.836 GWh, consolidando una suba interanual del 4,1%.

Por su parte, las centrales hidroeléctricas volvieron a mostrar un rol estratégico al despachar 3.518 GWh, lo que significó un notable incremento del 20,4% en comparación con el mismo mes del año anterior, aprovechando la mayor disponibilidad de recurso hídrico en las principales cuencas del país.

No obstante, el sistema debió forzar un cambio de estrategia para evitar restricciones en el servicio. Esta brecha entre la capacidad instalada disponible y el consumo final obligó a la operadora del mercado mayorista a recurrir a importaciones récord de electricidad desde países vecinos.

Las compras externas de energía escalaron de manera exponencial, pasando de apenas 50 GWh en mayo del año pasado a un volumen de 764 GWh en el mismo período actual. Esta masiva inyección de energía importada resultó vital para sostener la estabilidad de la red, pero introdujo un severo impacto en la estructura de costos.

Brecha tarifaria y carga para las cuentas públicas

La combinación de combustibles locales y energía importada encareció de manera notable el Costo Monómico del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). El precio spot promedió los u$s 139,8 por MWh, valor que representó un incremento interanual del 79,8% y un salto del 92% respecto al mes de abril, se explica en el reporte.

Esta suba se ubicó un 42% por encima del precio estacional programado que las autoridades habían fijado de antemano para el segmento regulado del sistema. Así, el incremento en el costo de generación real provocó un inmediato desalineamiento en la política de reducción de subsidios que venía instrumentando el Palacio de Hacienda.

Al encarecerse la energía en el mercado mayorista mientras las tarifas fijadas a los usuarios finales mantuvieron un esquema rezagado frente al costo real, la brecha de financiamiento volvió a ampliarse en favor de un mayor auxilio fiscal.

Los datos del relevamiento privado confirman que la cobertura residencial promedio del costo de la energía sufrió un retroceso importante al ubicarse en el 54%. El indicador reflejó una pérdida de 15 puntos porcentuales en comparación con los registros del mes previo, interrumpiendo la dinámica de recomposición de ingresos por vía tarifaria que se venía observando en los primeros meses del año.

El Estado Nacional debió volver a incrementar su participación para sostener el funcionamiento del parque de generación. El 46% restante del costo total de abastecimiento mayorista debió ser cubierto mediante subsidios directos a CAMMESA.

El impacto negativo que atraviesa el Atlántico Sur a partir de la pesca industrial que, desde hace décadas, vienen llevando a cabo flotas asiáticas y europeas mantiene a ese ecosistema en un estado de crisis cercano a lo terminal. Al margen de lo que ocurre en las aguas internacionales, esto es, a partir de la milla marítima 201, lo cierto es que buques chinos, coreanos, taiwaneses, portugueses y españoles, también han sido sorprendidos o detectados efectuando capturas ilegales en zonas marítimas bajo soberanía argentina. Dicho de otra forma, el saqueo también comprende el Mar Argentino y en eso coinciden desde la Prefectura Naval Argentina (PNA) hasta sendas organizaciones nacionales e internacionales. Ahora, una investigación realizada en España, y basada en datos de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera, afirma que la depredación de especies como el calamar se multiplicó por 10 en los años más recientes.

El trabajo reconoce que al menos 25 barcos españoles operan en el Atlántico Sur, incluida la zona de Malvinas y con permisos de capturas entregados por los kelpers. Al mismo tiempo, el informe coloca en una cifra cercana a los 500 los buques que pescan en esa área y pertenecen a gobiernos o capitales privados de China, Corea del Sur y Taiwán.

Junto a los chinos, los españoles también operan en la Patagonia

«El esfuerzo pesquero de la flota china ha experimentado un aumento explosivo, creciendo un 85% entre 2019 y 2024 y ya extrae entre 1,5 y 3 millones de toneladas anuales de Illex argentinus (una de las especies que denominamos como pota) …», se detalla.

«Para hacerse una idea, en una temporada récord en aguas nacionales argentinas, como la de este 2026, las capturas de este animal difícilmente llegan al millón de toneladas», añade, a modo de comparación.

En el mismo informe, reproducido por el medio español El Confidencial, se subraya que la Patagonia «no es la única costa en la que se da un fenómeno similar aunque no tenga tanto glamour. Solo unos miles de kilómetros más hacia el oeste, en el Pacífico Sudoriental, la flota china también lidera las capturas de otra especie de pota o potón, el Dosidicus gigas o calamar gigante».

«El tirón de este animal, más grande y barato que el calamar tradicional y el Illex, ha hecho que Perú haya pasado de 31 embarcaciones de pota en 2023 a 1.043 en 2026«, precisa.

Otro dato confirma que, al margen de China, España también está a la cabeza del negocio de la pesca en el Atlántico Sur: «Siendo pulcros, España sigue controlando la captura de calamar en el mundo. Lo hace, sobre todo, porque monopoliza las 16 licencias que da Islas Malvinas (o más bien Islas Falklands) para la pesca del Loligo gahi en sus costas. Esta especie es la que realmente se conoce como calamar o calamar patagónico y la que más se asemeja al calamar local, Loligo vulgaris, que puedes encontrar en cualquier litoral».

La flota extranjera depreda Mar Argentino y aguas internacionales

La actividad depredadora que lleva adelante la flota de buques extranjeros apostada sobre la milla 201, pero que irrumpe de forma permanente en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de la Argentina, sigue arrojando números que se agravan. Integrada en más de un 90% por unidades chinas, la armada en cuestión también integra embarcaciones españolas y portuguesas.

En semanas recientes, dichos barcos fueron penalizados por la Prefectura Naval Argentina tras detectarse que efectuaban maniobras coincidentes con la captura de especies marinas mediante redes de arrastre. Otro informe detalló que la flota extranjera extrae de Mar Argentino hasta cuatro veces más recursos que la industria pesquera nacional. Y que eso produce una depredación de fuerte impacto a nivel económico y laboral.

De acuerdo a un informe elaborado por la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP), los volúmenes de extracción pesquera en la zona crecieron 65% entre 2019 y 2024. Al mismo tiempo, se informó que la flota china aumentó 85% su «esfuerzo», amenazando con un agotamiento de especies en apenas uno o dos años más.

Según el trabajo mencionado, mientras la pesca argentina desembarca entre 750.000 y 900.000 toneladas anuales, las flotas internacionales llegan a capturar entre 1,5 y 3 millones de toneladas cada año.

Se estima que la pesca ilícita en la ZEE, con foco en la captura del calamar, representa un negocio que alcanza los 1.000 millones de dólares.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central será una de las prioridades del Gobierno en los próximos meses. El adelanto realizado por Javier Milei a un grupo de legisladores de La Libertad Avanza procura restringir al máximo o directamente prohibir la emisión monetaria para financiar al fisco. Se trata de un fuerte cambio respecto a un esquema mucho más laxo que está vigente desde 2012, aunque el texto todavía no se conoce.

En aquel momento se dispuso a través del artículo 20 de la Carta Orgánica que el BCRA puede otorgar adelantos transitorios al Gobierno nacional hasta el equivalente de 12% de la base monetaria. Adicionalmente, puede prestar hasta 10% de los recursos en efectivo de la recaudación obtenida durante los últimos doce meses.

Pero eso no es todo. En la última modificación se agregó que en situaciones extraordinarias, cuando “la situación o las perspectivas de la economía nacional o internacional así lo justificaran”, el Central queda autorizado a financiar al Tesoro, vía adelantos transitorios, por otro monto adicional de hasta 10% de los recursos en efectivo de los últimos 12 meses.

El modelo peruano aparece como el que más se adapta a los próximos pasos que quiere dar el Gobierno en materia monetaria y cambiaria. Perú implementó el esquema que está vigente en la actualidad a principios de la década de 1990, con Alberto Fujimori en el poder y como respuesta a la hiperinflación que había dejado su antecesor, Alan García. Fue casi al mismo tiempo que el inicio de la Convertibilidad. La diferencia es que en ese país el modelo ya lleva inalterado más de 30 años, mientras que el “1 a 1″ duró poco más de diez años.

En Perú, la política monetaria se encuentra, desde 1993, enmarcada dentro de la Constitución Nacional, donde se establece la autonomía de su Banco Central junto con su propia Carta Orgánica.

Por ley, se dispuso que la autoridad monetaria tiene prohibido “establecer regímenes de tipos de cambio múltiples”. En otras palabras, no puede constituir cepos cambiarios como viene sucediendo en la Argentina. Además, el Central tiene vedado el financiamiento al sector público y dar créditos sectoriales.

En la estrategia peruana, el dólar pasaría a tener vigencia legal y se puede utilizarse para cualquier transacción, con poder cancelatorio. Esto lo acerca al esquema de competencia de monedas que también quiere imponer el gobierno argentino.

Otro aspecto polémico tiene que ver con la transferencia de utilidades del Central al Tesoro, algo que sí ha efectuado este Gobierno. Este año ese giro fue de $ 24,4 billones, producto de las ganancias obtenidas en 2025. Sin embargo, como parte de esas ganancias se obtuvieron por la revaluación de las reservas al tipo de cambio oficial muchos lo critican por considerarlo una manera encubierta de financiación al fisco.

La reforma del 2012, impulsada por la presidenta del BCRA de entonces, Mercedes Marcó del Pont, dispuso diversos cambios. El kirchnerismo puso especial énfasis en modificar el artículo 3, que establecía como “función primaria y fundamental” de la entidad “preservar el valor de la moneda”. Esa función se reemplazó por un mandato múltiple que sumó “promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”.

Con ello, se aspiraba a que el rol del Central no se limite a contener la inflación sino que tenga también obligaciones que la orienten a fomentar el crecimiento de la economía y promocionar el empleo, pese a existir otros organismos del Estado a cargo de esas tareas. Tal fue el impulso a esa idea, que Marcó del Pont mandó a cambiar el cartel montado en el ingreso al edificio de Reconquista 266 con el antiguo artículo 3 para que pudiera leerse el nuevo.