El Gobierno evalúa distintas alternativas legales luego de que la Corte de Apelaciones de Estados Unidos confirmara la sentencia contra Argentina en el caso relacionado con la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral.

Hay que tener en cuenta que se trata de una resolución que no implica el pago inmediato de la deuda ni tampoco cierra la posibilidad de una defensa por parte del Gobierno argentino.

Cómo el Gobierno quiere frenar el fallo de la Justicia de EE.UU. contra Aerolíneas Argentinas

Es por eso que en la Casa Rosada están analizando diversos caminos que pueden tomar para frenar el fallo. Uno es pedir una revisión del fallo ante la propia Cámara que dio la sentencia en contra de Argentina.

Por otro lado, se podría recurrir directamente a la Corte Suprema estadounidense. Y otra posibilidad es la de solicitar la suspensión de la ejecución mientras se tramitan esos planteos.

La causa enfrenta al Estado argentino con Titan Consortium 1 LLC. Esta firma adquirió los derechos económicos derivados del laudo que iniciaron sociedades españolas del Grupo Marsans por la expropiación ejecutada en 2008. El monto reconocido por la Justicia estadounidense asciende a u$s390.907.115 al 10 de diciembre de 2024, más intereses posteriores a esa fecha.

La Procuración del Tesoro quedó a cargo de analizar los próximos pasos. En la estrategia legal argentina evalúan múltiples opciones antes de que el fallo quede firme y Titan pueda avanzar con medidas de embargo.

Qué recursos judiciales le quedan a Argentina para frenar el cobro

La primera opción apunta a que el mismo tribunal revise su decisión. Se trata de pedirle a los jueces que ya fallaron que reconsideren su propio fallo. Es un recurso excepcional, pero forma parte del menú de herramientas disponibles.

La segunda alternativa busca que el caso sea evaluado por más jueces de la Cámara de Apelaciones. En lugar de que resuelvan solo los tres magistrados que ya se expidieron, el planteo apuntaría a que intervenga una integración más amplia del tribunal.

La tercera vía es avanzar directamente con un planteo ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Esta opción llevaría el caso al máximo tribunal estadounidense, aunque las chances de que acepte revisar el expediente son estadísticamente bajas.

El Ejecutivo también analiza solicitar una suspensión de los efectos del fallo. En términos prácticos, se trata de intentar frenar el avance del cobro y evitar que Titan pueda ejecutar rápidamente medidas sobre activos argentinos en Estados Unidos mientras se resuelven los recursos.

Expropiación de Aerolíneas Argentinas: cómo nació el caso y quién lo compró

El demandante original no fue Titan. El caso arrancó con el grupo español Marsans, que controlaba Aerolíneas Argentinas y Austral cuando el Estado las expropió en 2008.

La operación se hizo con un pago simbólico. Marsans consideró que eso era confiscatorio y reclamó una indemnización ante el Ciadi.

Luego transfirió ese derecho al fondo Burford Capital, el mismo que litigó contra la Argentina por la expropiación de YPF. Burford se lo cedió finalmente a Titan Consortium.

Los fondos que compran este tipo de litigios son habituales en el mercado financiero internacional. Anticipan el dinero del juicio a cambio de quedarse con una parte de lo que eventualmente se cobre, apostando a que el país termine pagando más de lo que ellos invirtieron.

En 2017, el Ciadi emitió un laudo que ordenó a la Argentina pagar más de u$s320 millones en compensación y casi u$s3,5 millones en honorarios legales. Los intereses corren hasta la cancelación total.

El país intentó anular el fallo en 2019. El Ciadi rechazó el pedido y le sumó más de u$s1 millón en costos y gastos de representación.

Un conflicto que se arrastra desde 2008

El origen del caso se remonta a 2008, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dispuso la reestatización de Aerolíneas Argentinas, entonces controlada por el grupo español Marsans. La medida derivó en una extensa disputa judicial en el ámbito internacional.

En 2017, el Ciadi determinó que el Estado argentino debía pagar una compensación de u$s320 millones, más intereses. Con el paso del tiempo, los derechos de litigio fueron cambiando de manos: primero pasaron al fondo Burford Capital —conocido también por su rol en el juicio por YPF— y luego fueron adquiridos por Titan Consortium, que ahora impulsa la ejecución del fallo.

Durante la gestión de Marsans, la compañía acumuló pasivos cercanos a u$s890 millones y se desprendió de activos clave, como oficinas en distintas ciudades del mundo, simuladores de vuelo y rutas internacionales. Estas decisiones deterioraron la estructura operativa de la aerolínea y su posicionamiento global.

Al momento de la expropiación, las valuaciones de la empresa fueron contradictorias: mientras el banco Crédit Suisse estimó un valor de entre u$s250 y u$s450 millones, el Tribunal de Tasación de la Nación fijó un valor negativo superior a u$s760 millones, cifra que finalmente fue convalidada en el Congreso.

Cómo funciona el cobro cuando un país no paga

El Ciadi no tiene poder para ejecutar sus propias sentencias. Cuando un país se niega a pagar, los beneficiarios del laudo deben ir a cobrar ante los tribunales de cada país donde quieran hacer efectiva la condena.

En el caso de Argentina, el camino natural fue la corte del Distrito de Columbia, en Washington D.C. Allí, en 2021, Titan demandó al país para forzar el cobro.

La Argentina respondió pidiendo que la acción se desestimara por prescripción. La corte rechazó ese argumento: los jueces consideraron que los plazos invocados por la defensa «no son convincentes».

El Estado apeló. Ahora la Justicia de Estados Unidos desestimó esa apelación y el país debe pagar.

Pero existe un mecanismo adicional. Si la Argentina no demuestra buena fe ni voluntad de negociar el pago, los beneficiarios del laudo pueden solicitar autorización para buscar activos soberanos argentinos en otros estados de Estados Unidos y lograr que esas jurisdicciones reconozcan las sentencias ya obtenidas.

Eso es exactamente lo que Titan pidió: que se le permita rastrear y ejecutar activos por todo el territorio estadounidense.

En el negocio inmobiliario, la ubicación, el diseño y el precio suelen ser los factores que definen una operación. Sin embargo, para Beltrán Briones existe un activo que en los últimos años comenzó a pesar tanto como cualquier proyecto: la confianza. A sus 26 años, el fundador de Grupo Briones sostiene que construir una marca personal le permitió diferenciarse en un mercado históricamente conservador, atraer inversores, conseguir mejores proveedores y posicionar su empresa en un sector donde la experiencia suele medirse por la trayectoria.

En una entrevista con Infobae a la Tarde, el desarrollador explicó que su exposición en redes sociales nunca respondió únicamente a una estrategia de comunicación. Desde el comienzo, el objetivo fue fortalecer su actividad principal. “Mi diferencial no era el edificio, porque podía ser muy parecido al de cualquier competidor. Lo que tenía distinto era que a mí me conocían y me consultaban”, resumió al explicar cómo esa visibilidad terminó convirtiéndose en una ventaja para hacer negocios.

Briones asegura que todavía existe un gran desconocimiento sobre el trabajo de un desarrollador inmobiliario. “Mucha gente cree que un desarrollador es un inmobiliario, cuando en realidad es quien estructura financieramente un proyecto, consigue el capital, compra la tierra, coordina la obra y después comercializa las unidades”, explicó. En ese contexto, considera que mostrar públicamente cómo funciona ese proceso ayudó a generar credibilidad entre potenciales clientes e inversores.

La construcción de esa reputación también estuvo atravesada por un desafío personal. Comenzó en el sector con apenas 20 años y reconoce que la edad jugaba en su contra al momento de sentarse frente a personas que duplicaban la suya y debían decidir si confiaban su dinero en un proyecto. “Si pudiera elegir, me gustaría tener canas, un anillo de casado y 50 años”, dijo entre risas. Sin embargo, detrás de esa ironía había una convicción: sabía que no podía permitirse errores. “Si me equivocaba, enseguida aparecía el ‘este pibe no sabe nada’. Eso me obligó a estudiar mucho más y a prepararme mejor”.

Las redes sociales fueron una consecuencia de esa búsqueda. Aunque hoy analiza métricas, formatos y algoritmos con naturalidad, recuerda que su primer gran salto ocurrió de manera inesperada. Un video grabado durante un viaje de fin de año a Río de Janeiro se volvió viral y le mostró el alcance que podía tener una audiencia masiva. A partir de ese momento decidió profesionalizar esa faceta y estudiar cómo funcionan las plataformas digitales para convertirlas en una herramienta al servicio de su empresa.

Según explicó, el contenido que mejor funciona es el que transmite espontaneidad y cercanía, una lógica que las propias marcas comenzaron a replicar a través del denominado User Generated Content (UGC). Para Briones, esa tendencia también alcanzó al real estate. Mostrar el detrás de escena de un desarrollo, responder preguntas o compartir decisiones de negocio genera un vínculo diferente con el público y permite construir confianza antes incluso de concretar una venta.

En ese camino también aprendió que la atención suele ir acompañada de la polémica. Reconoce que algunas publicaciones generan discusiones porque entiende que el debate amplifica el alcance de los contenidos, aunque marca una diferencia respecto de otros creadores digitales. “Yo no trabajo con marcas ni hago canjes. Cuando un video genera rechazo, el costo es relativamente bajo. Cuando funciona bien, llegan consultas, clientes e inversores”, afirmó.

Toda esa experiencia terminó condensándose en el llamado Método Briones, un sistema que luego transformó en un libro y que reúne aprendizajes sobre ventas, negociación, liderazgo y construcción de marca personal. Más que una fórmula, lo define como una manera de ordenar conceptos que fue incorporando durante sus primeros años como emprendedor. A su entender, el producto dejó de ser el único factor decisivo. “Podés tener un edificio prácticamente igual al de otro desarrollador. Si las personas ya saben quién sos, entienden cómo trabajás y confían en vos, arrancás con una ventaja enorme”, sostuvo.

Esa lógica desembocó en el proyecto más ambicioso de su carrera hasta el momento: la creación del primer Real Estate Investment Trust (REIT) argentino. Se trata de un fondo que reúne aportes de múltiples inversores para adquirir inmuebles destinados al alquiler y distribuir posteriormente la renta obtenida. La particularidad es que permitirá participar con montos desde $1.000, una cifra muy inferior a la que tradicionalmente exige el mercado inmobiliario. Según explicó, la iniciativa ya reunió alrededor de US$45 millones en compromisos de inversión.

Más allá del nuevo vehículo financiero, Briones considera que el verdadero cambio es cultural. A su juicio, la imagen del empresario comenzó a modificarse en los últimos años gracias al crecimiento de los podcasts, los streamings y los contenidos dedicados al mundo de los negocios, que acercaron historias de emprendedores a un público cada vez más amplio. Al mismo tiempo, entiende que la riqueza dejó de concentrarse exclusivamente en familias tradicionales y comenzó a surgir una nueva generación de empresarios que construyó su patrimonio a partir de proyectos propios.

Consultado sobre el rol del dinero, aseguró que la motivación también cambia con el tiempo. Explicó que, una vez resueltas las necesidades básicas, el desafío pasa por desarrollar proyectos que representen un estímulo personal más que una búsqueda de rentabilidad inmediata. “Hay edificios que podrían dejarme más plata, pero prefiero hacer otros que me entusiasman más. Llega un momento en el que el desafío pesa más que la ganancia”, reflexionó.

Esa mirada también explica por qué descarta una carrera política. Aunque aseguró respetar a quienes ejercen la función pública con honestidad, considera que su lugar está en el mundo empresario. “No me interesa. Es un ambiente muy hostil y hoy disfruto mucho más creando empresas y desarrollando proyectos”, concluyó.

Para Briones, el negocio inmobiliario sigue dependiendo de buenos proyectos, pero ya no alcanza con construir edificios. En un mercado donde la competencia es cada vez mayor y la información circula a una velocidad inédita, sostiene que la confianza se convirtió en un activo tan importante como el ladrillo y que, muchas veces, empieza a construirse mucho antes de colocar el primer cimiento.

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Los medicamentos son un dolor de cabeza para Javier Milei. El Presidente avanza con un nuevo paquete de desregulaciones que promete abrir otro frente de conflicto, esta vez porque pretende liberar la venta de fármacos en supermercados, quioscos y plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre. Ante esto, las confederaciones farmacéuticas no solo se oponen, sino que ya obtuvieron medidas cautelares que frenaron esa pretensión que Milei había volcado en dos decretos anteriores.

«Es una locura, va contra todo raciocinio», dijo a iProfesional Héctor Milanesi, farmacéutico y exconsejero del Consejo Directivo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires.

Por su parte, Marcelo Peretta, titular del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, rechazó la iniciativa y sostuvo que «se banaliza un producto crítico que requiere control médico y farmacéutico estricto, cadena de frío y trazabilidad».

En tanto, Miguel Lombardo, titular de la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF) —entidad que agrupa a empresarios propietarios de farmacias—, indicó a iProfesional que ya existen fallos de la Justicia que frenaron los decretos 70/23 y 63/24, los cuales habían avanzado en el mismo sentido.

Efectivamente, hubo dos fallos judiciales que frenaron esta iniciativa impulsada por Milei y su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quienes argumentan que hay que avanzar con la venta libre para bajar los precios dentro de su política antiinflacionaria.

La Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió una medida cautelar a la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) y a la Federación Farmacéutica (Fefara), suspendiendo varios artículos del DNU 70 vinculados a la comercialización de medicamentos y al ejercicio profesional farmacéutico.

A su vez, el Juzgado Federal N.° 2 de Mendoza falló a favor del Colegio de Farmacéuticos de esa provincia y suspendió, con alcance nacional, la venta de medicamentos de venta libre fuera de farmacias que preveían los decretos 70 y 63, restituyendo así la vigencia del artículo 1° de la Ley 17.565.

Ese artículo dispone que la preparación de recetas, la dispensa de drogas, medicamentos y especialidades farmacéuticas que requieran prescripción solo podrán ser efectuadas en todo el territorio nacional dentro de farmacias habilitadas. Su venta y despacho fuera de estos establecimientos se considera ejercicio ilegal de la farmacia y, sin perjuicio de las sanciones establecidas por la ley, quienes la efectúen podrán ser denunciados por infracción al Código Penal.

Desregulación de medicamentos: qué propone el nuevo proyecto del Gobierno

Entre las medidas que analizan incorporar Milei y Sturzenegger a un megaproyecto de reforma del Estado con más desregulaciones, figura la habilitación para que los medicamentos de venta libre puedan comercializarse en supermercados, otros comercios y plataformas digitales, siempre bajo un esquema de requisitos técnicos que, según el oficialismo, garantizarían la trazabilidad y la seguridad de los productos.

Sin embargo, la iniciativa encendió una fuerte alarma entre farmacéuticos y empresarios del sector, quienes advierten sobre riesgos sanitarios, pérdida de controles profesionales, aumento de la automedicación y dudas sobre la correcta conservación de los fármacos, al tiempo que descartan que la medida tenga un impacto real en la baja de los precios.

La propuesta forma parte del paquete de reformas que preparan el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto con un pedido de facultades extraordinarias para avanzar por decreto en distintos cambios regulatorios por un período de seis meses. Sin embargo, la pérdida de volumen político en el Congreso que sufre el oficialismo a medida que se acerca el año electoral dificulta la consolidación de esos consensos parlamentarios.

En materia farmacéutica, el borrador prevé lo siguiente:

• Habilitar la comercialización de medicamentos de venta libre en establecimientos distintos de las farmacias y a través de canales digitales, siempre que cumplan con las condiciones técnicas que establezca la autoridad sanitaria para asegurar la trazabilidad
• Permitir que las farmacias utilicen plataformas de terceros para la exhibición, gestión de pedidos, pagos y logística de medicamentos que no sean de expendio restringido, habilitando además el envío a domicilio
• Flexibilizar el régimen de propiedad de las farmacias, las cuales podrán constituirse bajo cualquier figura jurídica
• Permitir que las droguerías despachen recetas al público si se constituyen formalmente como farmacias
• Incorporar la obligatoriedad de archivos digitales para el recetario y el control de estupefacientes y psicotrópicos

Los medicamentos terminan siendo un dolor de cabeza para Milei: una de las causas de mayor impacto para el Gobierno fue la investigación sobre sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se pesquisa una red de posibles coimas tras las menciones hechas por el procesado extitular del organismo, Diego Spagnuolo. Además, uno de los principales frentes del Gobierno con los Estados Unidos es la exigencia de la aceptación definitiva y puesta en vigencia de la ley de patentes para medicamentos extranjeros.

El rechazo del sector farmacéutico y las advertencias por la salud

La reacción del sector farmacéutico fue inmediata. Marcelo Peretta, titular del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, reiteró su rechazo a la iniciativa y sostuvo que «se banaliza un producto crítico que requiere control médico y farmacéutico estricto, cadena de frío y trazabilidad».

Según Peretta, los supermercados, quioscos e internet «no garantizan la seguridad ni la correcta conservación de los remedios», lo que podría derivar en serios problemas sanitarios para los pacientes.

Además, cuestionó uno de los principales argumentos económicos del Gobierno: «Está demostrado que estas medidas no bajan los precios. En junio la inflación fue del 1,9% y los medicamentos aumentaron un 2,6%, un 52% por encima del índice general«, afirmó.

El dirigente gremial sostuvo que el problema de fondo reside en la estructura de la industria farmacéutica: «Hace 35 años operan prácticamente los mismos 300 laboratorios y los primeros 20 concentran el mercado. Allí está la verdadera falta de competencia. Desregular la venta solo beneficia a los laboratorios más grandes y no resuelve que la gente no pueda pagar los medicamentos».

Agregó que Sturzenegger actúa en beneficio de los grandes laboratorios que financian campañas electorales.

Por su parte, Héctor Milanesi, farmacéutico, exconsejero titular y actual integrante del Consejo Directivo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, cuestionó con dureza el proyecto y aseguró que en el sector cunde una extrema preocupación por estas reincidencias del Gobierno, a pesar de los fallos judiciales adversos.

«Esto es una locura que va en contra del raciocinio de cualquier médico o farmacéutico. La venta indiscriminada de medicamentos, aunque sean de venta libre, genera automedicación e intoxicación«, sostuvo.

Milanesi advirtió que los fármacos requieren condiciones específicas de almacenamiento: «En las farmacias controlamos temperatura y humedad. Los medicamentos no pueden permanecer al sol ni en cualquier góndola porque pierden eficacia y pueden descomponerse», explicó.

Comercio electrónico, cambios societarios y el plan global de reformas

Milanesi manifestó también su preocupación por la expansión de las ventas online. Según indicó, la compra digital masiva dificulta garantizar la trazabilidad, el traslado adecuado y la autenticidad de los productos, incrementando el riesgo de circulación de medicamentos falsificados.

El especialista cuestionó además los cambios previstos en la estructura societaria de las farmacias. A su juicio, permitir sociedades anónimas y ampliar la posibilidad de que un mismo farmacéutico figure como responsable de varias sucursales «diluye las responsabilidades profesionales» e imposibilita un control efectivo sobre la dispensa.

«El medicamento es un bien social, no una mercancía. El farmacéutico no solo entrega una caja; asesora al paciente, explica cómo debe administrarse el tratamiento y previene errores que pueden tener consecuencias graves», concluyó.

La discusión se inscribe dentro del amplio plan de reformas que impulsa el Gobierno, el cual contempla las siguientes iniciativas que el Poder Ejecutivo pretende acelerar mediante nuevas facultades delegadas:

• La liberación del precio de los libros
• La desregulación del mercado inmobiliario
• Cambios en el régimen de arrendamientos rurales
• La liberalización del precio de las garrafas
• Modificaciones al sistema financiero para aceptar criptomonedas como garantía
• Reformas en la navegación fluvial
• La eliminación de exigencias para traductores públicos
• Cambios en el régimen de cooperativas vitivinícolas