El reciente Decreto 681/26, que modifica la ley de migraciones para impedir el ingreso o revocar la residencia de extranjeros que hubieran emitido mensajes de odio contra el pueblo argentino, es un excelente ejemplo para ilustrar, por el absurdo, lo que un decreto de necesidad y urgencia no debe ser. Su inconstitucionalidad es flagrante por el contenido, pero lo es más por la vía elegida.

Quienes lo rechazan (una categoría que incluye también a personas que habitualmente apoyan las políticas del gobierno nacional) se han detenido por lo general en el primer aspecto. No les falta razón. Los mensajes de odio a los que se refiere el decreto se vinculan a lo que se ha denominado la “campaña antiargentina”. Los considerandos del decreto no emplean esa expresión, pero la idea está expuesta con claridad: “Que han aumentado considerablemente los mensajes de odio y actos de hostilidad y menosprecio dirigidos específicamente contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional”. Ese supuesto fundamento se expone en términos dogmáticos, como una verdad que no necesita ser demostrada. Aunque no se lo aclara, es obvio que los “mensajes de odio” son las críticas que despertó en las redes sociales el desempeño de la selección argentina de fútbol y algunas expresiones de personalidades conocidas internacionalmente, como el actor estadounidense Samuel L. Jackson, que acusaron a los argentinos de racistas. Cada tanto surgen ciertas estupideces de este tipo. Hace unos años, el diario The Washington Post señalaba, como si se tratara de un acto de discriminación, que en la selección argentina no había negros.

El oficialismo mileísta busca “domarlos”, según su lenguaje. La oposición dura les pone una ficha para desbalancear la cancha electoral en contra de Javier Milei. Son los morosos, el nuevo sujeto político que en este 2026 empieza a tallar fuerte en el camino rumbo al 2027 electoral.

El Gobierno apunta a licuar el poder político y la legitimidad de los morosos. Se vio en los últimos días cuando Milei y Luis Caputo avanzaron con una estrategia llena de desafíos: responsabilizar a los ciudadanos endeudados por sus decisiones individuales y despegar a la política macro de su papel en ese proceso. “La pregunta es: ¿le pusieron una pistola en la cabeza para endeudarse? No”, planteó Milei el domingo. “Cada uno nos tenemos que hacer cargo de nuestras decisiones”, afirmó Caputo la semana pasada.

Se trata del inicio de un nuevo capítulo en la pedagogía macroeconómica del mileísmo: de la virtud política del ajuste del gasto público antidéficit, anti emisión y anti inflación a la virtud del ajuste de la economía doméstica y la responsabilización de los hogares como sujetos económicos libres. Es decir, sus bolsillos, su decisión.

Toda una escalada en el carácter disruptivo de Milei: de lo que parecía una promesa electoral antipopular a otra tan impopular como la anterior, pero todavía más osada. De 2023 y 2025 y el ajuste fiscal impensado como imán en las urnas, lo que le terminó dando resultados electorales, al ajuste de las familias y la administración de sus desequilibrios como un asunto estrictamente privado.

Las políticas del Gobierno quedan fuera de toda responsabilidad. Desde el oficialismo, no se ve todavía una tendencia a construir satisfacción ciudadana por vías económicas más directas. ¿Puede salirle el tiro por la culata al Gobierno? Es decir, ¿hay riesgo esta vez de despertar o exacerbar reacciones anti mileístas en las urnas de 2027?

Del otro lado del río ideológico, el kirchnerismo hace ese cálculo y sueña con que los morosos se conviertan en el nuevo ordenador de la oferta electoral. En ese votante, la oposición kirchnerista cifra sus esperanzas de ganar la centralidad política en 2027. Las palabras de Kicillof el 9 de julio último fueron directo a esos oídos: “En todo el país tenemos récord absoluto no sólo de la deuda de la familia sino de gente que no puede pagar la cuota de la deuda. Tocando un botón queda endeudado y después no lo puede pagar. Pero en realidad esto es un síntoma: el endeudamiento es para vivir”, dijo.

El Gramsci de Milei

La coreografía mileísta en el camino electoral encontró otro componente en las últimas semanas. De los morosos a los “terroristas”, es decir, periodistas, estudiantes, profesores e investigadores que piensan distinto, todos señalados como tales por Milei el domingo en una entrevista con Luis Majul. Un kirchnerismo gramsciano que, según Milei, habría triunfado en la batalla cultural vía copamiento en la producción simbólica. Milei responde haciendo lo mismo, pero en sentido opuesto.

Milei vuelve a reescribir el manual electoral. Por un lado, con la responsabilización de los morosos, innova en la relación entre oficialismo y votante: a los morosos, ni “plan platita” de ningún tipo, al menos hoy, y ni siquiera narrativa de comprensión. Hay peligro de que ese voto se escape por izquierda o por derecha, pero, por el momento, el Gobierno no concede. Por el otro lado, con la acusación a la disidencia intelectual, agrava el distanciamiento de una centro derecha móvil que lo votó en 2023 y no está segura de volver a hacerlo en 2027.

El horizonte del Gobierno está tironeado entre los morosos que no ven llegar los resultados económicos y el votante republicano condicionado por el hastío de la identidad mileísta.

El proyecto de reelección de Milei sufre hoy dos fuerzas que presionan en el mismo sentido: contra el Gobierno. Una es el kirchnerismo, por supuesto. Lo paradójico es que la otra proviene de las entrañas del oficialismo: se concentra en el endurecimiento de su discurso identitario que impacta sobre la libertad de expresión y sobre la disidencia como virtud republicana. Esa virtud puede no interesarle al mileísmo, pero sí le interesa a los votantes que no lo votaron en primera vuelta pero lo acompañaron en el balotaje de 2023.

Desde afuera, la oposición, y desde adentro, el oficialismo, pueden llegar a converger en un resultado en la primera vuelta: la acentuación de la dispersión mileísta en un escenario electoral que se presenta, de movida, fragmentado. Es decir, el riesgo de fuga de votos insatisfechos a espacio alternativos dentro del cuadrante de centroderecha, desde Pro a Victoria Villarruel. En esa primera vuelta, cada punto porcentual vale oro para el oficialismo.

Las encuestas son contradictorias: coinciden en una caída de imagen de Milei que no llega a los 40 puntos, pero aún así algunos encuestadores de trayectoria no ven un Milei perdedor. Sin una alternativa electoral con chances, el Gobierno la tendría bastante fácil el año que viene, pero se la complica de gusto. Por ahora insiste con el sobregiro tribal para consolidar a su votante leal, que le dio aire en la primera vuelta de 2023. La gran apuesta es sostener la inflación a la baja y una activación del PBI que empiece a generalizar sus efectos.

De la inflación a la morosidad

El problema para el Gobierno es el cambio de tendencia: la inflación, a la baja, ya no es percibida como el problema más urgente. Ahora preocupa la morosidad. El Banco Central dio un dato preciso en su última “Encuesta de condiciones crediticias”: de cada tres personas que se volvieron morosas en los dos últimos años, dos cayeron en atrasos por una pérdida en su capacidad de pago, y no por haberse endeudado más.

Hay un punto central en medio de un proceso electoral: Inflación y morosidad son experiencias ciudadanas distintas. Con la inflación, el dinero y el tiempo se escurre entre las manos: la aceleración de precios acelera la percepción del paso del tiempo. El futuro adquiere velocidad y la salida es gastar el dinero ni bien toca las manos: desprenderse de la moneda antes de que pierda más valor. Con la emisión y la inflación crece la pobreza, pero la ilusión óptica es que hay agua para apagar ese fuego. Massa 2023 aprovechó ese ánimo social. El peronismo en general no ve a la inflación como un problema: el toqueteo de la macro, con la emisión, les permite sostener la ficción del consumo. Y el subidón de pobreza medida por ingresos se disimula con una batería de planes sociales clientelistas.

Con la morosidad y la deuda impagable que aprieta, la experiencia psicológica es otra: no hay futuro y ficción de consumo a donde fugarse. Ni una baja de la inflación, con contención sostenida de esa baja, alcanza para generar esperanza: la plata alcanza cada vez menos. El llamado del prestamista informal presiona sin piedad sobre la vida familiar. La cuestión es cómo va a influir en el voto un panorama compuesto de informalidad creciente y morosidad como estilo de vida.

Hay otro punto que diferencia la lucha contra la inflación de la lucha contra la morosidad. Milei fue capaz de hacer pedagogía con la inflación: dejó claro que es responsabilidad de la casta política. El votante quedó en el lugar de víctima. Pero la narrativa anti morosos del Gobierno se aleja de esa línea: la morosidad no es culpa de la casta política, es decir, de este Gobierno, sino del ciudadano de a pie que se endeuda. En la mirada del oficialismo, el moroso es la casta.

Desde el regreso a la democracia, la inflación e, inclusive, la hiperinflación fue el gran problema económico y político. El ajuste fiscal en serio y sostenido era la solución, pero nadie se animaba a plantearlo: era piantavotos. Hasta que llegó Milei. Ahora el problema político es otro: desempleo formal con informalización laboral y endeudamiento

Desde el equipo económico, la morosidad es una de las caras de la especulación modelo 2025 contra el Gobierno. Caputo explicitó esa lectura. Puso en duda el estado de necesidad del que tomó deuda, y señaló la dolarización preventiva como causa posible del endeudamiento en 2025: “Si yo te ayudo a vos porque tomaste mal un crédito, y yo no sé si vos tomaste mal el crédito porque no llegabas a fin de mes o porque alguien te había contado que Milei se iba y el dólar se iba a ir a 3.000…”.

La narrativa oficialista disciplinadora de los hogares endeudados parte de esa hipótesis. No contempla una pieza del rompecabezas: el subidón de tasas que decidió el Gobierno en medio del proceso electoral el año pasado para evitar la suba del dólar. Ese cambio en la tasa de interés es una de las causas centrales de la incobrabilidad. Se sumó una pérdida sostenida del poder de compra del salario.

Deuda particular y Estado, ¿asuntos separados?

¿El Gobierno tiene respuestas políticas para darle a los morosos? Sí, el oficialismo tiene respuestas, pero no está claro si son las mejores. La argumentación del oficialismo se basa en cuatro premisas más o menos explícitas. Primero, la toma de un préstamo es un cálculo individual y libre. Segundo, no es una decisión dictada por una necesidad causada por un contexto ajeno al individuo. Tercero, un salvataje del Estado es la socialización indebida de una responsabilidad individual a terceros. Cuarto, los morosos son primos hermanos de los especuladores dolarizados.

Todas se sintetizan en un principio que empieza a tallar en la visión política y macroeconómica del Gobierno: endeudamiento individual y Estado, asuntos separados. Es decir, para el Estado mileísta, no hay responsabilidad de la política económica en la toma de deuda de los particulares en 2025.

Hay una línea de continuidad en la visión política y económica del mileísmo que llega desde el ajuste fiscal a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y de ahí a una visión del mundo anti morosos. Cualquier salvataje a los endeudados es una concesión y una ruptura en su concepción del retiro del Estado en el juego económico que juegan los actores particulares, incluida la familia.

El Gobierno apuesta a una reforma cultural macroeconómica también a escala hogareña. Es una concepción política que se auto impone una restricción en el manejo de la economía, y busca elevarlo ahora a la enésima potencia: al hogar del votante en pleno avance del proceso electoral. La gran pregunta es cómo reaccionará el voto moroso.