La jueza Paula Petazzi ordenó un exhorto a Estados Unidos para conseguir información societaria y financiera de la firma TourProdEnter, de Javier Faroni, investigada por millonarios desvíos de fondos de la AFA. En el exhorto también requirió datos del presidente y del tesorero de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

La medida la tomó apenas 24 horas después del fallo de la Corte Suprema que sepultó las maniobras de los acusados, quienes intentaban llevarse al juzgado de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, la causa que investiga las transferencias de la empresa TourProdEnter.

El exhorto era impulsado por la fiscal Silvana Russi desde fines de septiembre.

Durante un mes y medio, la jueza se negó a avanzar con distintos argumentos. Entre otras cosas, sostuvo que el pedido no cumplía con los requisitos que prevé el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales celebrado entre Argentina y Estados Unidos de 1992.

En ese ida y vuelta intervino la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Diego Velasco. Ese organismo ya había obtenido información sobre las empresas investigadas, pero lo hizo por la vía de la Red de Recupero de Activos de Gafilat (RRAG). Velasco explicó que esa información “se rige por el principio de confidencialidad que regula los canales informales de cooperación internacional” y, por ese motivo, no se puede volcar en el expediente judicial; pero aclaró que está suficientemente justificado el pedido de un exhorto.

En el medio, los abogados de Faroni intentaron distintas maniobras dilatorias.

Todo cambió con el fallo de la Corte Suprema de este jueves, que zanjó una de las disputas de competencia por las causas de la AFA.

El viernes a la tarde, Pettazi ordenó avanzar con el pedido de colaboración en la causa por defraudación, el supuesto delito precedente del lavado. “El respaldo de la Corte sin duda aceleró los tiempos”, reaccionó uno de los abogados que tienen acceso al expediente.

El exhorto busca obtener información societaria y financiera de TourProdEnter LLC, Global LLC, que también recaudó el dinero de los sponsors, y de otras dos empresas: Wintec Enterprise LLC y Prosport Live LLC.

En el caso de la empresa de Faroni, la fiscal identificó cinco cuentas que ya habían trascendido (Bank of America, City, JP Morgan, Synovus Bank y PNC Bank) y otras tres que hasta ahora no se conocían en los siguientes bancos: First Citizens Bank & Trust Co., Wells Fargo Bank, NA, y The Bank of New York Mellon.

En realidad, la información sobre las transferencias de TourProdEnter está en el expediente desde el primer día. Son más de 3000 páginas reveladas por el 28 de diciembre del año pasado. Ocurre que, en los últimos meses, la defensa de Faroni obtuvo dos resoluciones en Estados Unidos, técnicamente denominadas “órdenes de protección”, para impedir que el material se utilice en causas penales. Por eso, la fiscal busca obtener la prueba de manera directa.

“El trámite de la pesquisa exige acudir a la vía formal de la asistencia legal mutua como único cauce apto para incorporar al proceso la documentación societaria, bancaria y de antecedentes que permitirá reconstruir, con eficacia probatoria, la operatoria patrimonial internacional bajo examen”, expuso la fiscal en uno de los dictámenes.

Además de la información de las empresas, el exhorto finalmente pedirá datos de Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Ariel Toviggino, Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. Sobre ellos, se reclamará información de cuentas bancarias y sus antecedentes penales en Estados Unidos.

En el caso del presidente de la AFA, Russi destacó que es “representante legal de la entidad y administrador de clave fiscal ante ARCA (ex AFIP), firmante del contrato del 9 de diciembre de 2021 con TourProdEnter y de su ampliación temporal del 15 de octubre de 2025”.

Toviggino también firmó el contrato de 2021, pero no aparece en la ampliación de octubre de 2025. En su lugar firmó Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y secretario general de la AFA. Ambos documentos fueron secuestrados por el juez federal Luis Armella en los primeros allanamientos.

Tras el fallo de la Corte, la jueza Petazzi decidió que se habían cumplido con todos los requisitos para pedir la información a Estados Unidos. “La medida requerida por la titular de la acción pública, en virtud de una evaluación completa de sus dictámenes, satisface los recaudos que distinguen rogatorias del estilo y, en esa línea, permite tener por comprobados los criterios de necesidad, de proporcionalidad y de especificidad propios del exhorto internacional en esta materia”, sostiene la resolución a la que accedió .

El envío del exhorto no será inmediato. Ahora la fiscal tiene cinco días hábiles para completar una serie de requisitos formales. Y luego habrá que esperar el tiempo que demanda la respuesta de las autoridades estadounidenses. Puede demorar varios meses. De hecho, en febrero, el juez Armella, que en ese momento tenía una de las causas vinculadas a la AFA, ya había ordenado un exhorto para reclamar información de TourProdEnter y todavía no hubo novedades.

La causa que tramita en el fuero penal ordinario arrancó el 29 de diciembre del año pasado por una denuncia del empresario Guillermo Tofoni tras la investigación de . En estos once meses, la investigación avanzó muy poco. De hecho, todavía no declararon ninguno de los involucrados en la maniobra.

El fallo de la Corte Suprema del jueves frenó una maniobra para llevarse esa causa a Campana, donde el juez Adrián González Charvay, el elegido por los jerarcas de la AFA, pretende quedarse con todos los expedientes. Advertidos de la derrota, Tapia y Toviggino salieron a mostrar una foto con Juan Pablo Beacon, que amagó varias veces con declarar ante la Justicia y finalmente volvió a la AFA.

El próximo round también depende de los tres jueces del Máximo Tribunal. En los próximos días deberán decidir si las causas en manos de González Charvay se quedan en Campana o vuelven a Comodoro Py.

La política tarifaria bonaerense hizo crecer la tensión entre las filas del gobernador Axel Kicillof y el kirchnerismo duro, que conduce Máximo Kirchner. La decisión de avanzar con los aumentos de electricidad abrió un contrapunto con La Cámpora, que respaldó el reclamo del defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, en la Justicia. Con cautelares y apelaciones de por medio, la disputa expone las diferencias entre ambas tribus en pugna para confrontar con el modelo libertario.

El conflicto gira en torno de la resolución 585/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, que aprobó nuevos cuadros tarifarios, según la categoría de consumo y la distribuidora. La actualización se tradujo en aumentos del 1,5% al 3,5% en las facturas finales.

La medida incorpora una actualización transitoria del Valor Agregado de Distribución (VAD), el componente de la tarifa que remunera los costos propios de las empresas del servicio: gastos operativos, mantenimiento, salarios e inversiones. El recálculo técnico aplicado por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires contempla también modificaciones en otros componentes, como el sobrecosto por generación local, el agregado tarifario y el cargo de transición tarifaria.

“Depende de los consumos por usuario, pero pagar la factura en invierno y en verano representa más del 20% del ingreso familiar en los sectores medios”, señalaron a en la Defensoría bonaerense. Agregaron que “el problema es mayor para los “hogares electrointensivos”, que dependen exclusivamente de la electricidad para servicios básicos; y mencionaron casos extremos en hogares medios, con $600.000 a $800.000 mensuales.

La decisión involucra a las cuatro compañías que prestan el servicio fuera del área de concesión de Edenor y Edesur. Se trata de EDEN, que opera en el norte y centro bonaerense; EDES (en el sur), EDELAP (en La Plata y alrededores) y EDEA (en la costa atlántica y centro de la provincia). Todas pertenecen al Grupo DESA, del empresario Rogelio Pagano, que desembarcó y amplió su injerencia en el mercado eléctrico bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal.

Tarifa social

La medida cautelar presentada por Lorenzino advierte que los retoques tarifarios del gobierno bonaerense se hicieron sin convocar audiencias públicas.

“Desde 2021 se aplican incrementos sin participación adecuada de los usuarios”, explicaron en el equipo de Lorenzino. Subrayaron que la falta de audiencias públicas trasciende a la actual gestión bonaerense.

Otra objeción apunta a “una pérdida de eficacia” de la Tarifa Social Provincial (TSP), en la cual “las bonificaciones destinadas a los sectores vulnerables no acompañaron la evolución de los distintos componentes tarifarios y fueron perdiendo capacidad real de cobertura”.

Esos reclamos fueron admitidos en septiembre por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca, a cargo de Agustín López Cóppola. La resolución suspendió las actualizaciones tarifarias y ordenó a las empresas devolver los importes cobrados por los aumentos. También extendió la medida a las cooperativas eléctricas bajo jurisdicción provincial y municipal, que son alrededor de 200 fuera del AMBA, en el Interior provincial.

El gobierno bonaerense apeló el fallo a finales de octubre, junto con las distribuidoras. Argumentaron que en el procedimiento técnico de base ya se había cumplido con la instancia de participación ciudadana requerida. Y adelantaron que la suspensión de los aumentos podía comprometer la sostenibilidad financiera del servicio y el capital de trabajo de las compañías.

Finalmente, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, integrada por los jueces Roberto Daniel Mora y Diego Fernando Ucin, dio lugar a la apelación provincial.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, defendió la postura de la Provincia y afirmó que “se limitó a explicar técnicamente por qué no correspondía convocar a nuevas audiencias públicas”, dado que ya se habían realizado bajo el régimen vigente, establecido antes de la llegada de Kicillof.

En la Defensoría del Pueblo bonaerense, sin embargo, especificaron que “la cautelar no fue revocada, pero actualmente no se está ejecutando mientras la Cámara analiza las apelaciones” de la provincia y las distribuidoras.

De tarifas a endeudados

La discusión judicial tuvo una inmediata derivación política. El camporista Facundo Tignanelli, jefe del bloque de diputados bonaerenses de UxP y dirigente de la mesa chica de Máximo Kirchner, respaldó el reclamo de la Defensoría del Pueblo y salió en rechazo de la disposición provincial. En esa línea cruzó al implicado ministro Gabriel Katopodis, uno de los aspirantes del kicillofismo para competir por la gobernación en 2027.

Tignanelli viene de articular con Lorenzino en la Legislatura bonaerense un proyecto con el sello de La Cámpora sobre los endeudados. Según un relevamiento impulsado por el defensor adjunto Walter Matertello (Frente Renovador), el total de las deudas impagas de los bonaerenses asciende a $6,49 billones y más de 1,8 millones están en mora.

La iniciativa parlamentaria propone crear el Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores en la provincia de Buenos Aires, una instancia prejudicial obligatoria en la que la Defensoría del Pueblo de PBA pueda mediar entre deudores y acreedores (bancos y billeteras virtuales) para acordar la reestructuración de los atrasos de pagos antes de llegar a la Justicia. El texto logró media sanción a finales de septiembre en la Cámara de Diputados provincial, aunque mostró discrepancias por parte de pares de bancada enrolados en el MDF.