El Gobierno, con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger a la cabeza, prepara el envío al Congreso de un proyecto de desregulación de más de 144 páginas. Según el anteproyecto al que accedió Infobae, el texto se estructura en 11 títulos y abarca modificaciones profundas en áreas como el régimen de corretaje, el sector agroindustrial, el mercado de capitales, la logística portuaria y la comercialización farmacéutica.

Una de las iniciativas centrales es la digitalización integral en diversos sectores. El texto promueve la transición digital, permitiendo la venta de medicamentos a través de canales digitales, la representación de valores negociables mediante tecnología blockchain o registros distribuidos y la creación de un Sistema Federal de Registro de Garantías digital e interoperable. Esta herramienta unificará la publicidad de prendas y warrants en todo el país, facilitando los trámites y la transparencia en operaciones financieras y comerciales.

Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado afirmaron que no pueden corroborar que se trate de la versión final. “El proyecto de ley está en revisión y hay ajustes, cambios y modificaciones haciéndose constantemente. Cuando se envíe el proyecto al congreso vamos a dar todos los detalles necesarios”, sostuvieron sin negar el borrador al que logró acceder este medio.

El anteproyecto prohíbe de manera explícita cualquier intervención estatal sobre precios, volúmenes o márgenes de rentabilidad en sectores como el gas licuado de petróleo (GLP). Además, elimina restricciones al ejercicio del corretaje, suprimiendo la fijación de aranceles mínimos, comisiones con pisos o topes máximos. Estas modificaciones buscan fortalecer la libre competencia y reducir la injerencia estatal en la regulación de actividades económicas.

Por último, el borrador al que accedió este medio incluye la declaracaión de la emergencia pública en materia administrativa por seis meses y otorga al Poder Ejecutivo facultades delegadas para eliminar barreras de entrada, cuotas de producción, licencias comerciales y cualquier restricción que distorsione la libre competencia en actividades no reguladas como servicios públicos. Sin embargo, en el Gobierno aseguran que esa iniciativa quedó totalmente fuera de la discusión.

El sector farmacéutico figuran entre los más afectados, el proyecto apunta a la desregulación de los punto de venta de los medicamentos. Es decir, que aquellos que sean de venta libre puedan ser comercializados en establecimientos distintos a las farmacias. Incluso a través de canales digitales siempre y cuando se garantice la trazabilidad y seguridad mediante una serie de requisitos técnicos de la autoridad sanitaria. Lo que se pretende es que las farmacias usen plataformas de terceros para exhibición, gestión de pedidos, pagos y logística de medicamentos que no sean de expedido restringido para habilitar el envío a domicilio de productos farmacéuticos.

Otro punto de que se busca es la flexibilidad de la propiedad. En caso de que el proyecto se apruebe, las farmacias van a poder constituirse bajo cualquier figura jurídica y las droguerías podrán despachar recetas al público si se constituyen como farmacias. Ademas de establecer la obligación de los archivos digitales para el recetario y el control de estupefacientes y psicotrópicos.

En cuanto al campo, el ministro Sturzenegger quiere potenciar el uso de certificados de depósitos y warrants sobre productos agrícolas, ganaderos y forestales, permitiendo que el productor se constituya como depositario. También se propone derogar la Ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales aunque se establece que los contratos vigentes mantienen su régimen hasta la finalización.

También se busca incluir a los productos mineros como bienes aptos para la realización de operaciones de crédito mediante warrants y certificados de depósito. A la par de derogar la Ley de Gas Licuado de Petroleo y considerar que la autoridad de aplicación solo conservará facultades de control técnico, pero no podrá regular sobre precios, cantidades, volúmenes comercializados, márgenes de rentabilidad ni condiciones.

Para el sector de la carne se pretende eliminar las contribuciones obligatorias al Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) a partir de octubre de 2027 y que pasen a ser voluntarias.

En el ámbito logístico, el proyecto habilita a buques de bandera extranjera a realizar actividades de cabotaje nacional, es decir, el transporte de carga y pasajeros entre puertos argentinos. Siempre y cuando se cumplan con las escalas progresivas de tripulación argentina (desde 0% los primeros 90 días hasta 75% en el primer año).

A su vez, se propone un alícuota de 0% a la importación de buques de hasta 20 años que se incorporen a la bandera nacional y se exime del impuesto al combustible naval de cabotaje. Y establecer una distinción entre la dotación mínima de seguridad y de explotación operativa para que el armador tenga libertad a la hora de fijar el número de tripulantes comerciales según el plan de negocios. Con esta disposición, el Gobierno apunta a incrementar la competitividad logística y facilitar la operatoria portuaria.

El régimen de instrumentos financieros y de garantía también experimenta cambios relevantes. El proyecto moderniza el régimen de Warrants y Prenda con Registro, habilitando que activos virtuales sean utilizados como garantía y facilitando la negociación de facturas de crédito electrónicas y otros títulos en plataformas digitales directas, sin intermediación obligatoria. Este apartado busca fortalecer el mercado de capitales y ofrecer nuevas herramientas de financiamiento para empresas y particulares.

El costo del alquiler redefine la situación económica de miles de hogares porteños. Al descontar ese gasto del ingreso familiar, unas 233.000 personas caen a un estrato socioeconómico inferior, la indigencia se multiplica por más de tres y la población no vulnerable se reduce en cinco puntos porcentuales.

Aunque los hogares inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires presentan un perfil socioeconómico muy similar al promedio de la población, el peso del alquiler altera de manera significativa esa realidad cuando se considera el ingreso efectivamente disponible.

Así surge de un informe de la Fundación Tejido Urbano, que advierte que el costo de acceder y sostener una vivienda en alquiler provoca un descenso en la estratificación social de casi una cuarta parte de la población inquilina.

Según la Encuesta Anual de Hogares (EAH) del Instituto de Estadísticas porteño (IECBA), el 54,3% de los hogares inquilinos pertenece al estrato medio, una proporción prácticamente idéntica a la del conjunto de la Ciudad (53,8%). Sin embargo, la presencia de inquilinos en los sectores de mayores ingresos es menor: apenas el 10,5% integra el estrato acomodado, frente al 16,2% del total de los hogares.

Al mismo tiempo, los hogares que alquilan muestran una leve sobrerrepresentación en los sectores de menores ingresos. El 4% se encuentra en situación de indigencia (contra 3,3% del total), el 10% bajo la línea de pobreza (9% en el conjunto de la población), el 10,8% en condición de vulnerabilidad (8,6%) y el 10,5% en situación de fragilidad (9,1%).

En términos de ingresos, las diferencias son reducidas. Actualizados a abril, los hogares inquilinos registran un ingreso familiar promedio de $1.827.898 mensuales, apenas un 1,7% inferior al promedio de la Ciudad, que alcanza los $1.858.653.

Sin embargo, para Tejido Urbano, la menor participación de inquilinos entre los hogares de mayores ingresos refleja una capacidad patrimonial más limitada para afrontar los costos de acceso y permanencia en el mercado de alquileres.

El informe sostiene que las mediciones habituales de pobreza y estratificación presentan una limitación para analizar la situación de quienes alquilan, ya que clasifican a los hogares únicamente según su ingreso monetario y no contemplan el peso que representa el alquiler sobre la economía familiar.

Para dimensionar ese efecto, la Fundación realizó un ejercicio de reclasificación que descuenta del ingreso familiar el costo estimado del alquiler antes de ubicar a cada hogar en un estrato socioeconómico.

Los resultados muestran un cambio importante. En total, 233.284 personas pertenecientes a hogares inquilinos modifican su nivel de estratificación, lo que representa cerca del 8% de la población de la Ciudad y aproximadamente uno de cada cuatro inquilinos.

El mayor impacto se observa en los sectores más vulnerables. La proporción de personas en situación de indigencia pasa del 1,9% al 6,9%, mientras que la pobreza aumenta del 7% al 9,7%.

En paralelo, la población considerada vulnerable desciende al 30,1% y la población no vulnerable cae alrededor de cinco puntos porcentuales, hasta ubicarse en torno al 53,2%.

Para Tejido Urbano, este fenómeno refleja la creciente distancia entre los ingresos nominales y los ingresos realmente disponibles una vez afrontado el gasto habitacional.

“Lo que aparece es un reordenamiento social significativo: hogares que no eran considerados pobres en términos estrictamente monetarios pasan a ubicarse en situaciones de pobreza o mayor fragilidad cuando se incorpora el costo de acceder y sostener una vivienda en alquiler. La pobreza ‘tradicional’ subestima la fragilidad y parte de la clase media urbana está sostenida artificialmente por mediciones pre-habitacionales”, señalaron desde la Fundación.

Y aclararon que el ejercicio no pretende reemplazar las mediciones oficiales de pobreza, sino complementarlas con una dimensión habitacional que permita reflejar con mayor precisión los ingresos efectivamente disponibles de los hogares urbanos.

Al mismo tiempo, el informe asegura que alquilar ya no es algo “temporal” y el acceso a la vivienda propia se retrasó 10 años.

“El mercado locativo ha dejado de ser exclusivo de jóvenes que se emancipan para abarcar casi toda la vida adulta. Históricamente, en 2005, la mayoría de las personas lograba pasar del alquiler a la propiedad entre los 30 y 35 años; hoy, ese equilibrio recién se alcanza a los 45 años”, precisó Tejido Urbano.

“Esta postergación de una década en las trayectorias residenciales responde a que solo 1 de cada 5 hogares inquilinos cuenta actualmente con los ingresos formales necesarios para calificar a un crédito hipotecario, dejando al resto en una dependencia permanente del mercado de alquileres”, agregó.

Parálisis e incertidumbre siguen siendo la condición dominante en FADEA, la fábrica de aviones de Córdoba. La estatal atraviesa un contexto de crisis que se intensificó a mediados de la semana pasada y alcanzó su punto máximo en las últimas horas, con dudas respecto de si la compañía seguirá manteniéndose operativa en los meses siguientes. La falta de fondos para cubrir el 40% de cada salario redundó en un pacto entre la cúpula de FADEA y sus empleados para mantener la «dispensa» laboral. Si bien entre ayer y hoy el Gobierno nacional, a través de la cartera de Economía, afirmó que efectuaría la transferencia de partidas para regularizar el pago de haberes, lo cierto es que ese movimiento hasta ahora no se llevó a cabo y las líneas de producción suman otro día sin actividad. El freno establecido a la planta en Córdoba alcanza a los 650 trabajadores de la firma, aunque en las últimas semanas apenas 80 desempeñaban algún tipo de función en las instalaciones de la estatal.

El conflicto en FADEA tiene su base en el pago parcial de salarios que llevó adelante la compañía en el último mes. Así, los operarios de la fábrica de aviones recibieron un pago a cuenta de $500.000, mientras que el personal jerárquico sólo percibió un 40% de sus haberes.

FADEA y un conflicto que se disparó por falta de fondos para sueldos

Precisamente, esa falta de certeza sobre la liquidación del saldo restante motivó medidas de fuerza, asambleas permanentes y la decisión directiva de cerrar transitoriamente las puertas del complejo industrial por falta de insumos y presupuesto.

El desencadenante directo de la suspensión de actividades radica en la interrupción de los flujos de caja que dependen del Ministerio de Economía, aunque son gestionados desde el área de Defensa. Si bien en horas recientes la conducción de FADEA notificó a los trabajadores que existía un compromiso de envío de partidas para completar el pago de sueldos, la falta de acreditación efectiva generó desconfianza en el plano gremial.

En línea con lo anterior, desde el Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos (STA) y la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) señalaron que la planta «carece de previsibilidad operativa». Y que «el esquema de dispensa laboral y suspensiones rotativas se prorrogó ante la imposibilidad de sostener el funcionamiento diario de los talleres».

En concreto, la falta de fondos que padece FADEA impide tanto el pago regular de la nómina salarial como la adquisición de insumos críticos para cumplir los contratos de mantenimiento militar y comercial.

La fábrica de aviones, al borde del colapso

Hasta el parate de estos días, señalan fuentes del sector aeronáutico, la estatal apenas mantenía operativa el 30% de su estructura. Como informó iProfesional recientemente, la compañía acumula alrededor de dos años sin formalizar un acuerdo potente con la Fuerza Aérea Argentina (FAA).

En estas últimas semanas, la escasa actividad que venía mostrando la firma estaba ligada a un contrato de provisión de componentes que se sostiene con la brasileña Embraer.

A la par de los vaivenes dirigenciales y las demoras en el pago completo de los salarios, la preocupación crece por la falta de nuevas alternativas de negocios. Esto último también viene acelerando la reducción del plantel de profesionales de la firma, que perdió entre 200 y 250 empleados en los últimos 33 meses.

Hasta el momento, siguen sin darse avances en el acuerdo dialogado con la FAA para modernizar aviones Pampa por un valor de 110 millones de dólares.

La posibilidad de un contrato con México, a punto de caerse por completo

Precisamente, ese pacto en veremos es lo que frena la posibilidad de que la estatal recupere una capacidad industrial que le permitiría cerrar más contratos con actores internacionales.

Esto último pone en dramático suspenso una opción de negocios que, igualmente, navega las aguas de la incertidumbre por el mal momento que atraviesa la fábrica de aviones. Desde el segundo semestre del año pasado la mexicana FEMIA viene buscando abrochar un acuerdo de cooperación con FADEA para el desarrollo de entrenadores IA-63 Pampa III Block 2.

Se trata de una operación que abriría un negocio global del orden de los u$s600 millones, pero esa alternativa también se mantiene en riesgo a partir de la crisis que ostenta la estatal. La falta de un objetivo claro para el destino de FADEA, derivado mayormente de la indefinición que baja del gobierno nacional hacia esa compañía, podría hacer perder una oportunidad comercial y estratégica por demás significativa para la fábrica de aviones.