El crecimiento del servicio de viajes por aplicación ha cambiado el modo del trasladarse en las grandes ciudades como Buenos Aires. Desde hace 10 años, para muchos ciudadanos, este método se fue convirtiendo cada vez más en el segundo medio de transporte más usado después del automóvil propio ante el aumento de los costos asociados con el uso y mantenimiento de un vehículo particular.

Sin embargo, ese mismo costo se trasladó también a los choferes de las empresas que trabajan con los servicios de aplicación, y en el último tiempo se han registrado más quejas por el estado de los vehículos y las condiciones de uso. De acuerdo a las cifras de las propias empresas, en el último año más de 10.000.000 de personas eligieron este sistema de transporte en la Ciudad de Buenos Aires.

Este crecimiento generó una polarización mayor de la oferta en desmedro de los tradicionales taxis y remises, que por normativa deben cumplir algunas condiciones que no se aplican a los choferes de las aplicaciones.

En un intento por regularizar el funcionamiento tanto de este sistema y equilibrar las condiciones frente a los taxis, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, anunció un paquete de reformas que será implementado mediante decretos, resoluciones y un proyecto de ley que será enviado a la Legislatura porteña. El paquete de medidas incluye unas 18 modificaciones entre cambios regulatorios, eliminación de trámites y nuevas obligaciones para los conductores.

Una de las principales medidas es la de hacer obligatoria la conducción con licencia profesional habilitante y no solo con la licencia particular. Para eso se implementará un sistema de trámite abrevado que permita tramitar más rápidamente esa licencia sin afectar el trabajo de los choferes. Además se establecerá un plazo de 90 días para adecuarse a las nuevas reglamentaciones.

Esta decisión también impactará en la edad mínima de los choferes, que ahora pasará a ser de 21 años, como consecuencia de la misma medida de la licencia profesional, ya que la Ley Nacional de Tránsito 24.449 así lo dispone entre los requisitos para obtenerla en todo el país.

Además, se exigirá una póliza de seguro específico creado para estas aplicaciones por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) obligatoria al día, algo que debería cumplirse pero que se revisará especialmente en los autos que trabajen con aplicaciones.

Aunque sea algo que no se cumple en la actualidad, la nueva normativa buscará facilitar y simplificar las condiciones para los choferes de taxis, que han visto visiblemente reducido su universo de clientes con la llegada de las nuevas empresas de aplicaciones. Así, entre una de las curiosas modificaciones se encuentra la eliminación de la obligatoriedad de conducir con camisa durante el servicio.

También hay otras modificaciones como el reemplazo de credenciales físicas actuales por credenciales digitales o la eliminación de la exigencia de turnos fijos.

Sin embargo, una de las que quizás tengan mayor impacto en los choferes es que ya no será obligatorio presentar escribano público para la transferencia de licencias. La reforma habilitará, además, el uso de vehículos familiares de hasta ocho plazas y reducirá la capacidad mínima exigida para permitir autos más chicos y económicos como los que hay en el actual mercado automotor.

Esta medida permitirá que se puedan incorporar a la flota de taxis los vehículos tipo SUV con tres filas de asientos o las minivans con esa capacidad, algo que no se veía en las calles porteñas, pero también permitirá incluir autos pequeños como los Renault Kwid, Fiat Mobi o incluso los JMEV Easy y BYD Dolphin Mini 100% eléctricos al transporte individual de pasajeros con chofer.

Los taxistas también tendrán otros beneficios como por medio del proyecto de ley para la Simplificación del Sistema de Taxis que se enviará a la Legislatura en los próximos días y que incluirá:

• La eliminación de la obligatoriedad de constancia de adhesión a BA Taxi (que ya fue concesionada).
• Eliminación de las tasas de transferencia, costos de renovación y transferencias de licencias.
• Eliminación de tasas de renovación para conductores de taxis: altas, bajas y otras modificaciones.
• Sin embargo, tanto para choferes de aplicaciones como para los de automotores con taxímetro, algunas de estas modificaciones no tendrán impacto, ya que aproximadamente el 10% de los viajes de taxis se hacen gracias al uso dual del sistema de aplicación que han adoptado los choferes. Como dato adicional, una sola de las empresas (Uber), la más relevante del mercado, tiene más de 17.000 taxistas asociados a su compañía.

El Gobierno envió al Congreso el proyecto de Super RIGI, un esquema que busca ofrecer mayores beneficios que el Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones original para las “industrias del futuro”. Está destinado a iniciativas que superen los USD 1.000 millones.

Llamado formalmente Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, busca principalmente promover el desarrollo económico, incrementar las exportaciones, favorecer la creación de empleo y fomentar el desarrollo de las cadenas de producción locales.

El documento oficial aclara que se entenderá por “nuevas actividades económicas” a todo proyecto industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica, “con impacto transformador en la estructura productiva nacional que, a la fecha de entrada en vigencia de la ley, no se desarrolle, produzca ni preste en el país, o cuyo grado de desarrollo resulte experimental o piloto”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había ejemplificado con actividades tales como la fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y la cadena de valor del uranio.

El proyecto de ley establece un plazo de 5 años para la presentación de solicitudes de adhesión al régimen, con la posibilidad de una prórroga única de hasta un año. El texto define que solo podrán acceder aquellos sujetos que constituyan Vehículos de Proyecto Único (VPU), diseñados exclusivamente para el desarrollo de cada emprendimiento y con activos destinados únicamente al proyecto adherido.

Cada proyecto deberá implicar una inversión mínima de USD 1.000 millones en activos computables, y comprometer al menos el 20% de ese monto dentro de los primeros 2 años desde la fecha de adhesión.

La ley incorpora también incentivos tributarios y aduaneros del régimen. Entre ellos, se incluye una alícuota del 15% en el Impuesto a las Ganancias para los VPU adheridos, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.

Se prevé la utilización de Certificados de Crédito Fiscal para cancelar el IVA sobre inversiones en activos computables, junto con la exención de derechos de importación y exportación para los bienes comprendidos en el plan de inversión y los productos obtenidos bajo el proyecto.

Además, introduce incentivos en materia de Seguridad Social, con una alícuota única del 10% para las contribuciones patronales respecto de nuevas relaciones laborales generadas.

Asimismo, el proyecto regula los incentivos cambiarios. Se habilita la libre disponibilidad progresiva de los cobros de exportación, con un esquema escalonado del 20, 40 y 100 por ciento a lo largo de tres años desde la primera exportación.

También se exceptúa de la obligación de ingresar y liquidar divisas provenientes de aportes de capital, financiamientos y servicios vinculados al proyecto.

A su vez, establece un marco de garantías, estabilidad normativa y compatibilidad con otros regímenes. Se asegura a los VPU la disponibilidad plena sobre los productos del proyecto, la protección frente a actos confiscatorios o expropiatorios, el derecho a la operación continuada y el acceso irrestricto a la justicia.

Precisa que la estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera, de seguridad social y cambiaria se extiende por 30 años a partir de la fecha de adhesión.

Un punto importante es que las empresas que ya hayan solicitado ingresar al RIGI no podrán adherirse al Súper RIGI. La restricción también alcanza a proyectos similares a otros ya presentados bajo ese esquema.

Así, quedarán excluidos quienes, de manera individual o junto a empresas vinculadas del mismo grupo económico, compartan el mismo plan de inversión, la misma ubicación, instalaciones esenciales o activos estratégicos.

La restricción aplica de igual manera a proyectos con la misma cadena de valor, productos o procesos productivos similares, así como a aquellos que tengan una superposición igual o superior al 50% de la inversión comprometida, de los activos físicos principales o de la capacidad de producción prevista.

Según el texto, esto busca preservar la coherencia del sistema de incentivos y evitar superposiciones. De esta manera, el Súper RIGI quedará reservado para nuevas actividades productivas y funcionará como un esquema autónomo y complementario al régimen vigente.

Al mismo tiempo, el proyecto exige como condición para la adhesión provincial compromisos concretos en materia de moderación fiscal y previsibilidad normativa, de modo tal que los incentivos nacionales no se vean neutralizados por cargas locales “incompatibles con la magnitud de las inversiones que se pretende atraer”.

En este sentido, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios no podrán imponer nuevos gravámenes locales, salvo las tasas por servicios específicos, concretos e individualmente prestados.

Se considerará nuevo gravamen cualquier tributo creado o modificado tras el 31 de diciembre de 2025 que implique mayor carga fiscal.

Tampoco podrán aplicar una alícuota superior al 0,50% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos ni gravar con el Impuesto de Sellos los actos, contratos, instrumentos, escrituras, carta oferta, nota de pedido, operación, préstamos, pagaré, garantía, prenda, hipoteca, fianza y operación monetaria. En suma, se prohíbe aplicar regalías o cánones administrativos, tanto vigentes como futuros.

Finalmente, las jurisdicciones mencionadas renuncian a exigir el pago previo como requisito para la presentación de recursos o demandas administrativas y judiciales por parte de los VPU.

El Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de ley del «Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias», conocido como Súper RIGI. La iniciativa apunta a inversiones de al menos u$s1.000 millones en sectores tecnológicos que hoy no operan en Argentina.

El esquema estará vigente por 5 años si el parlamento lo aprueba, y busca captar proyectos en industrias como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura digital.

El mensaje que acompaña al articulado establece que el objetivo es atraer inversiones de gran escala en actividades consideradas nuevas para la economía argentina. Se trata de un régimen más ambicioso que el RIGI original, con beneficios específicos para sectores de alta tecnología.

Qué sectores pueden acceder y cuáles quedan afuera

El texto de ley es claro: el régimen está destinado exclusivamente a proyectos que desarrollen actividades que «no se desarrollen, produzcan ni presten en el país». También contempla emprendimientos cuyo grado de desarrollo resulte experimental o piloto.

Quedan fuera del esquema las ampliaciones, modernizaciones o reconversiones de instalaciones ya existentes. La diferencia con el RIGI convencional es justamente esta: no se busca potenciar sectores ya instalados, sino traer industrias completamente nuevas.

Los rubros mencionados explícitamente incluyen inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura digital. Pero el proyecto deja abierta la puerta a otros sectores tecnológicos que cumplan con el criterio de «nueva industria».

Cuánto hay que invertir y cómo se estructura el proyecto

Para acceder al Súper RIGI, las inversiones deberán canalizarse mediante «Vehículos de Proyecto Único» (VPU), que son sociedades creadas exclusivamente para cada emprendimiento. El proyecto fija un piso mínimo de u$s1.000 millones por iniciativa.

Además, exige ejecutar al menos el 20% de ese monto durante los primeros dos años desde la adhesión al régimen. Es decir, u$s200 millones como mínimo en el arranque del proyecto.

Este requisito de ejecución rápida busca garantizar que las inversiones sean reales y no meras promesas: el inversor debe demostrar compromiso financiero desde el inicio.

Qué beneficios impositivos y aduaneros ofrece el régimen

El proyecto prevé una alícuota reducida de 15% en el Impuesto a las Ganancias para los proyectos adheridos. Se suma un régimen de amortización acelerada y la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal.

También contempla una reducción en la carga sobre dividendos y utilidades. Ese tributo bajaría al 3,5% luego de cuatro años desde la adhesión al régimen.

En el plano aduanero, la iniciativa exime de derechos de importación y exportación a bienes vinculados con el proyecto. También libera de esos gravámenes a los productos exportados bajo el esquema.

Por el lado cambiario, habilita un esquema progresivo de libre disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones. La mecánica es escalonada: 20% de las divisas al primer año desde la primera exportación, 40% al segundo año y 100% al tercer año.

Cuánta estabilidad jurídica garantiza el proyecto

El texto garantiza un plazo de 30 años de estabilidad normativa en cuestiones tributarias, aduaneras, cambiarias y de seguridad social. Es una de las protecciones más extensas que ofrece la legislación argentina para inversiones extranjeras.

El proyecto también prevé que las controversias entre el Estado y los inversores puedan someterse a arbitraje internacional, un mecanismo que aleja las disputas de la justicia local y aumenta las garantías para el capital extranjero.

Esta cláusula de arbitraje internacional es clave para inversores que desconfían del sistema judicial argentino. Les permite recurrir a tribunales neutrales en caso de conflicto con el Estado.

Qué papel tienen las provincias en el Súper RIGI

El texto establece que las provincias y municipios deberán adherir expresamente al régimen para que los proyectos localizados en sus territorios puedan acceder a los beneficios nacionales.

Además, señala que cualquier norma local que limite o altere los incentivos previstos podrá ser considerada «nula de nulidad absoluta e insanable». Es decir, el proyecto busca blindar los beneficios frente a potenciales restricciones provinciales o municipales.

Esta cláusula genera tensión con el federalismo: las provincias pierden margen de maniobra si adhieren al régimen. Pero quienes no lo hagan quedarán fuera de la posibilidad de atraer estas inversiones millonarias en sus territorios.