POLITICA
Atrapado en la ortodoxia de Milei, el Gobierno intenta recuperar el control político

El Gobierno hará otro intento esta semana por mostrar control político para apaciguar la incertidumbre económica. Volverá a convocar al PRO, ya apuró acuerdos con los gobernadores aliados que empezaron a tomar distancia de la Casa Rosada, y espera darle media sanción a dos iniciativas claves para la agenda de Javier Milei, como son la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el nuevo marco legal para el proyecto de inocencia fiscal. La mesa política va perdiendo la paciencia pero activó todos los canales posibles para cerrar el frente interno y apaciguar el escenario de tensión económica. No hay plan B. Milei no sólo ratificó el rumbo. Avisó que no habrá cambios. Tampoco tiene con qué. Quedó atrapado en su propio dogma.
“Van a ser dos o tres meses complicados”, anticipó Luis Caputo al Gabinete, ante la ansiedad de sus colegas por los resultados que no llegan. Habló de su preocupación por el corto plazo y su expectativa por el largo plazo, según relató un integrante de la mesa política. Patricia Bullrich pidió públicamente mayor velocidad. Reconoció que hay familias, pymes y empresas ajenas a la supuesta bonanza del modelo. La semana cerró con el riesgo país por encima de los 500 puntos, una peligrosa suba de tasas en el contexto de endeudamiento récord, y una menor compra de dólares por parte del Banco Central. La obsesión de Milei y Caputo es mantener el dólar en $1500, el camino que, creen, les allanará la reelección.
El mercado comienza a dudar. La consultora 1816 planteó esta semana un duro pronóstico. Comparó la situación actual con el estrés del año pasado aunque en “dosis pequeñas” y reflejó que la suba de tasas pareció ser un movimiento arriesgado en función de que hay 5,9 millones de individuos en mora. “Sí a 14 meses de la elección el Gobierno está dispuesto a que las tasas se muevan tanto en tan pocos días para mantener un nivel de spot, es natural hacerse la idea de que a medida que nos acerquemos a los comicios podamos vivir episodios de estrés mucho mayores”, planteó.
Los datos de empleo tampoco acompañaron al Gobierno a pesar de la encendida defensa de sí mismo que hizo Milei en su discurso ante el Council of the Americas y ante la Bolsa de Comercio de Rosario. En ambos se mostró más pendiente de confirmar su tesis, propia de un paper académico, que en analizar los datos comprobados. El trabajo registrado en el sector privado encadenó 12 meses de caída consecutiva. A eso se sumó que los salarios reales del sector privado cayeron 1,6% mensual y se ubican 2% por debajo de noviembre de 2023. “El costo de mantener el techo de $1500 es alto, lo que lleva a preguntarse cuánto tiempo quisiera el Gobierno sostener ese nivel (no tenemos respuesta)”, apuntó 1816 y vaticinó que el equipo económico apuesta todo a que “se genere oferta con nuevos créditos en dólares”. Mala idea. En su último informe, la calificadora Moody’s consideró que esa medida incrementa la exposición del sistema bancario local a riesgos crediticios asociados al tipo de cambio. Ya se habían mostrado en contra economistas de miradas cercanas al oficialismo.

En junio la actividad económica subió 0,8% respecto del -0,6% de mayo. La consultora Suramericana hizo el ejercicio de congelar este crecimiento. “Tendría un piso garantizado del 1,2%. Así, la actividad necesitará de un decisivo impulso en el segundo semestre del año para alcanzar el reciente pronóstico del FMI de un crecimiento del 3,5% durante 2026”, plantearon en el último informe semanal.
Dudas en el PRO
Caputo admitió internamente que se crecerá menos y más lento. Pidió confianza a la mesa política, cada vez más ampliada. Ya sumaron a los encuentros a Federico Sturzenegger después de la derrota por la ley de tierras. El funcionario fue ratificado en público esta semana por el Presidente. Este martes se sumará Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano. Básicamente, una reunión de Gabinete. Según relata un integrante del oficialismo que participa de esos encuentros, el ministro de Economía insiste en que debe estar ordenada la política para evitar sobresaltos.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, tiene previsto volver a convocar al PRO a la segunda ronda de encuentros. Hay malestar. La desconfianza nunca se aplacó, pero llamó la atención en el macrismo que el mismo Caputo que pide orden político salió a hacer campaña en territorio porteño. Estuvo de recorrida en Lucciano’s, en el barrio de Las Cañitas, con Pilar Ramírez, la delegada de Karina Milei en la política de la ciudad.
Otro factor que generó ruido fue la presencia de la propia Secretaria General en la fábrica de muebles Fontenla, en Villa Riachuelo. Las recorridas porteñas se mantendrán y ampliarán a otros ministros. Karina no está dispuesta a bajarse de la pelea en CABA por un diálogo con Macri, transmiten sus allegados. En este contexto de creciente recelo, el jefe del bloque de PRO en el Senado, Martín Goerling Lara, cercano a Mauricio Macri, dijo que era “escéptico a cualquier tipo de acuerdo” y lo argumentó por “toda la experiencia que hemos tenido con esta gente”, en relación a las idas y vueltas con los libertarios. Es el mismo concepto que usa Macri. “Mi provincia está muy mal. La economía diaria está muy mal, el consumo está muy mal, se cierran fábricas, se cierran negocios”, se quejó el senador y habló de que está “complicada la calle”. Cerca de Cristian Ritondo, el principal impulsor de un acuerdo, insisten en remarcar que el diálogo está encaminado y que a contramano de lo que deja trascender el círculo más cercano a Macri, razonan que si los mandó a reunirse es porque quiere acordar. Por ahora la bienvenida al segundo encuentro no parece ser un agasajo cálido por parte de Karina Milei.
Sorpresa por los discursos
Hay ministros incómodos. La presentación de Milei en público dejó perpleja a buena parte del Gabinete. “Faltan explicaciones”, reclamó una voz potente dentro del elenco oficial sobre la promesa de los mejores 18 meses. Es lo que dice en público Bullrich, que esta semana volvió a marcar sus diferencias. Lo seguirá haciendo. En su intimidad habla de “sacudir el tablero” para evitar que el Gobierno termine como el de Macri. Ella le cuenta a los suyos que no lo va a permitir. Si es necesario, jugará.

Son pocos los funcionarios que vieron a Milei en los diez días que pasó en Olivos. El Presidente no va a la Casa Rosada. No lo hizo en todo este mes. Sí chatea con la mayoría de los ministros. Esta semana la comunicación oficial llegó al extremo de prometer que habría algún tipo de mención a la situación de las personas en mora y terminó finalmente con Milei diciendo que los argentinos se endeudaron para comprar televisores para ver el Mundial. En febrero pasado, la mora con las fintech ya alcanzaba al 26,2%, con financieras no bancarias llegaba a 34,1% y con los bancos era de 11,2%, un deterioro que comenzó en agosto del año pasado. Justo en junio, cuando comenzó el Mundial, el crecimiento de la tasa de morosidad se detuvo, según los datos del Banco Central. Lo llamativo de la afirmación presidencial es que si se compara la venta de televisores con otros mundiales, este fue el año de peor desempeño. Para Rusia 2018 se vendieron en los seis meses previos 1.539.972 televisores. Para Qatar 2022, 1.173.713 y para el de este año fueron 1.048.540, según la encuesta de Ventas de Electrodomésticos y Artículos para el Hogar (EAH) del INDEC, que incluye ventas en salón y ventas online.
Hay una desconexión al interior del oficialismo. Mientras Bullrich reclama en público resultados, Milei se abraza a su credo. En paralelo, fue notable que el Gobierno hiciera esfuerzos por despegarse del ex asesor Fernando Cerimedo, acusado en Bolivia por el intento de femicidio a su ex pareja, y el propio Milei se tirara arriba de la granada al repostear teorías conspirativas sobre presuntos autoatentados y saliera en defensa de su ex colaborador.
Entre los funcionarios hay dudas respecto del plan. Las voces que piden cambios sostienen que el margen que tienen es mínimo. El modelo los ató de pies y manos. Ahora sí que no hay plata para reactivar la obra pública. El ajuste está al límite. En julio, la jubilación mínima cayó un 0,3% por el congelamiento del bono, según el análisis de CP Consultora, de Federico Pastrana. Respecto a noviembre de 2023, la jubilación mínima, que cubre a más del 60% de los jubilados, está 9,7% abajo. Lo mismo pasa con la Asignación Universal por Hijo (AUH), que se mantuvo estancada en julio, mientras que la Tarjeta Alimentar continuó congelada en el monto nominal de $72.250, lo que representa una reducción real del 2,2%. “Contando ambas políticas, la transferencia a una familia de un hijo sumó $220.327. Sumando ambos ingresos, estos se redujeron un 0,7% en términos reales”, señala el informe.

Activar la política
Para pasar el momento, el Gobierno activará esta semana el Congreso. Será la sesión de “La capital nacional de…”. Martín Menem incluyó en el temario un rosario de declaraciones de interés que van desde la provincia de Santa Cruz como la capital nacional de la natación de aguas frías o la localidad de Caá Catí, en Corrientes, como capital nacional de la producción bubalina. La Casa Rosada espera conseguir la media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de inocencia fiscal. Negoció quitar a los funcionarios de ese beneficio ante la derrota anterior en el Senado. Además, sumó la creación de juzgados federales, en otro intento por hacerse de votos aliados. Incluyó en el temario la creación de dos nuevas salas para la cámara de apelaciones de Tucumán y otra para Mar del Plata.
La novedad del Congreso de esta semana será también la creación de un nuevo bloque, que presidirá el ex gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, un desprendimiento de Innovación Federal, que tendrá a los diputados de esa provincia, que son 4 y a los 3 de Salta. En la presentación, que se hará antes de la sesión, estará el actual mandatario misionero, Hugo Passalacqua, que toma las riendas políticas del espacio. Posiblemente también esté el salteño Gustavo Sáenz. “Vamos a negociar ley por ley. Dejamos de discutir ATN”, describe el sentido del nuevo espacio uno de sus integrantes. Es la consumación de la pelea con Carlos Rovira, el dirigente que marcaba el paso en la relación con la Casa Rosada. En el temario de la sesión del miércoles se incluyó un proyecto presentado apenas asumió por Herrera Ahuad para bajar el IVA a la fécula de mandioca. El Gobierno empieza a estar atento a ciertos gestos que antes directamente desdeñaba.

La mesa política todavía no consigue los votos para aprobar la eliminación de las PASO. No está lejos, pero antes tiene que cerrar acuerdos con el PRO y la UCR si quiere avanzar. No hay posibilidades de que en Misiones, como en Tucumán, haya un entendimiento electoral. Passalacqua, por caso, trabaja en su propio armado provincial. Como anticipo, esta semana se reunió con el llamado peronismo fiscal, el espacio que armaron Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Juan Manuel Olmos. “Si viene Kicillof se va a reunir con Kicillof, él tiene que armar su partido”, refuerzan cerca del mandatario. También se reunió con Caputo y Santilli para firmar el nuevo régimen de zona cálida. Es la carta que encontró el Gobierno para compensar los votos que no tendrá de los patagónicos por zona fría. “Ese tema está verde”, aclara una fuente del Senado. Ni siquiera tiene dictamen, a pesar de que cuenta con la media sanción de Diputados.
La mayoría automática de gobernadores se terminó. A medida que avanza el año electoral el acompañamiento a la Casa Rosada en iniciativas antipáticas se esfumará. Con las elecciones desdobladas, son pocos los temas nacionales que logran penetrar las campañas provinciales. Uno de ellos es la eliminación de las PASO, en las que hay consenso social, y de ahí podrían aparecer los votos que necesita el Gobierno. El plan colectoras quedó enterrado con la baja en la imagen presidencial.
Aferrados al antikirchnerismo
El otro dogma al que se aferra el Gobierno es al de captar al antikirchnerismo. En los despachos oficiales reconocen la caída en las encuestas. Están esperando las últimas mediciones. Ubican a Milei con entre 35 y 40 por ciento de apoyo, incluso más cercano al valor más bajo. Pero se aferran a un dato que les hacen llegar las encuestadoras que miden para el oficialismo. Que del 60 por ciento que no lo acompaña, el 70 por ciento no vota kirchnerismo. “Si recuperamos una parte de ese votante, que es la de Juntos por el Cambio, podemos reelegir”, sostiene un funcionario.

Para la Casa Rosada, el mejor candidato opositor es Axel Kicillof, que a pesar de su distanciamiento con Cristina Kirchner suele ser visto como un representante de ese espectro ideológico. El gobernador bonaerense intenta romper ese sesgo. El jueves se reunió con empresarios en el marco del Council of the Americas. Fue un encuentro reservado en el Hotel Alvear organizado por Susan Segal, que supo tener buenos vínculos con Cristina. Le hicieron dos preguntas. Una de ellas fue por la controversia por las cifras de pobreza. La otra, por su candidatura presidencial. Sobre la primera se extendió a hablar de la economía y dio un diagnóstico catastrófico. Sobre la segunda, dijo que estaba trabajando en la construcción política, en una clara admisión de su intención de competir. Cerca de Kicillof contaron que como se les terminó el tiempo, pidieron verlo en otro momento en La Plata. Había representantes de mineras, consultoras y empresas de tecnología.
El peronismo en su conjunto trabaja en la idea de sostener las primarias como objetivo central. Más allá de alguna iniciativa propia para paliar la crisis de endeudamiento, la oposición se muestra cauta. Sería también como resolverle el problema al Gobierno. Lo que se vendrá es un consenso para prorrogar las emergencias que vencen a fin de año, leyes que el Gobierno nunca cumplió, como discapacidad. Por ahora, el Gobierno gana la pulseada parlamentaria con su propia agenda, más moderada por el clima social adverso a pesar del credo de Milei.
Luis Caputo,IAE
POLITICA
La salud privada, en alerta por sus deudas: “Si das de baja la emergencia sanitaria, ARCA ejecuta a más de cinco mil clínicas”

Durante más de dos décadas, la emergencia sanitaria funcionó como un marco de excepción para un sistema privado de salud que hoy acumula deudas, demora en los cobros y una brecha creciente entre los costos y lo que recibe por sus prestaciones. Mientras el Congreso analiza un proyecto para sustituir ese régimen, el diagnóstico que atraviesa a clínicas y sanatorios es que la crisis financiera amenaza con deteriorar la atención médica de manera gradual.
A partir de ese escenario, Enrique Camerlinckx, director del Sanatorio Mater Dei, reclamó que el debate legislativo reconozca al rubro como una actividad estratégica. “El sistema de salud es muy difícil de explicarlo”, planteó durante una entrevista en Infobae Al Mediodía, al describir una estructura que, según sostuvo, suele aparecer en la discusión pública por sus conflictos antes que por su peso económico y laboral.
Camerlinckx ubicó el origen de esa mirada en los temas que dominan la conversación sobre las prepagas y la cobertura. “Siempre que hablamos del sistema de salud hablamos de sus falencias, de sus problemas, de que aumenta la prepaga”, dijo. Para el directivo, esa agenda deja en segundo plano la situación de las instituciones que reciben y atienden a los pacientes.
“En definitiva, nosotros somos instituciones de enfermedad, porque convivimos con la enfermedad todo el tiempo”, afirmó el director del Sanatorio Mater Dei. La definición condensa su planteo: las clínicas, los sanatorios, los centros de diagnóstico y los laboratorios deben sostener servicios que requieren personal, medicamentos, tecnología e insumos, aun cuando sus ingresos no acompañen esa dinámica.
El proyecto busca reemplazar un régimen vigente desde 2001
La emergencia sanitaria rige desde 2001, según explicó Camerlinckx, y el proyecto que propone reemplazarla todavía no comenzó a debatirse. “Apunta a que se le ponga el foco a un sector estratégico de la Argentina”, señaló sobre la iniciativa, que busca revisar las condiciones bajo las cuales se desenvolvieron los prestadores privados durante ese período.
El director del Mater Dei dimensionó ese lugar con cifras de empleo. “El sector privado tiene una importancia estratégica preponderante”, sostuvo. De acuerdo con su exposición, clínicas, sanatorios, laboratorios y centros de diagnóstico reúnen entre 650.000 y 800.000 empleos formales, cerca del 10% de los seis millones de puestos registrados que mencionó.
Camerlinckx también remarcó que el sistema privado concentra más del 60% de las camas del país y atiende al 65% de quienes requieren prestaciones médicas. “Esto no es salud pública contra salud privada”, advirtió, al marcar que ambos subsistemas integran la respuesta sanitaria y que el debate, a su criterio, no debería plantearse como una disputa entre sectores.
Los ingresos de los prestadores quedaron 41% detrás de sus costos
La tensión que describe el directivo se concentra en una ecuación que se fue desajustando con el tiempo: los precios de medicamentos, equipamiento e insumos suben, mientras los pagos por las prestaciones quedan rezagados. “Hoy llegamos a un 41%”, afirmó Camerlinckx al referirse al atraso que calcula entre los costos de las instituciones y los ingresos que perciben.

Esa distancia impacta sobre decisiones que rara vez son visibles para quienes reciben atención. “Las instituciones de salud no cierran de un día para el otro”, explicó el director del Mater Dei. “Se van deteriorando”. Según sostuvo, el proceso puede manifestarse en la renovación de equipamiento, la adquisición de insumos o la capacidad para incorporar tecnologías y tratamientos nuevos.
Camerlinckx señaló que esa degradación es difícil de medir desde el lugar del paciente. “La calidad en salud es muy difícil que el paciente pueda evaluarla”, dijo. Por eso, vinculó el problema financiero con la continuidad de estándares que no siempre se perciben durante una consulta o una internación.
La moratoria apunta a deudas acumuladas durante dos décadas
El proyecto legislativo incluye una moratoria amplia para las obligaciones que clínicas y sanatorios fueron acumulando, de acuerdo con lo explicado por Camerlinckx. “No es condonación, es pagar una moratoria muy amplia”, aclaró. La propuesta, según su descripción, busca bajar el volumen de deuda y, al mismo tiempo, permitir que el Estado recupere recursos.
Para el director del Mater Dei, la discusión se vuelve urgente ante el eventual fin de la emergencia sanitaria. “Si das de baja la emergencia sanitaria, ARCA ejecuta a más de cinco mil clínicas”, afirmó. Añadió que esas instituciones no tienen capacidad para afrontar de inmediato las obligaciones postergadas a lo largo de los años.
Camerlinckx comparó además la carga laboral del sector con la de los colegios privados. “En las clínicas y sanatorios hay más mano de obra intensiva que en la educación”, expresó. Según indicó, los prestadores privados pagan 20% de contribuciones patronales, frente al 15% que atribuyó a esas instituciones educativas; en el Mater Dei, precisó, trabajan 1.100 personas con empleo formal.
Maternidades y especialidades pueden dejar de ser sostenibles
Las consecuencias de esa ecuación, según Camerlinckx, ya aparecen cuando los establecimientos revisan sus servicios. “Cierran las maternidades”, afirmó. La decisión, explicó, se toma cuando un área central para la atención deja de cubrir sus costos y la institución entiende que no puede sostenerla.
“Cuando vos lo evaluás como director, como negocio, decís: no puedo seguir teniendo la maternidad porque no me cierran los números”, sostuvo el titular del Mater Dei. El sanatorio destinó USD 2,1 millones de donaciones a mejoras en su maternidad durante el año anterior y, pese a ello, registró un récord de nacimientos en junio, según detalló.
El mismo riesgo puede trasladarse a pediatría y a otras prácticas, advirtió Camerlinckx. “Algún día van a decir: ‘La cirugía esta nosotros no la hacemos más, porque no te alcanza la plata’”. Su señalamiento apunta a que la pérdida de sostenibilidad no necesariamente implica el cierre de un establecimiento, sino la reducción progresiva de servicios disponibles.
En paralelo, el director del Mater Dei describió una mayor demanda de atención en salud mental entre jóvenes y adultos, con consultas vinculadas a patologías psiquiátricas y consumos problemáticos. “Mucho de adicciones, de alcohol, de todo tipo”, afirmó. El sanatorio conformó durante la pandemia un equipo de psiquiatría y psicología que comenzó a asistir a sus trabajadores y que hoy forma parte de esa respuesta.
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enrique camerlinckx, director del sanatorio mater dei
POLITICA
Hugo Moyano denunció en la Justicia un fraude millonario en Camioneros, pero ahora busca cerrar la causa

En un extraño giro, Hugo Moyano parece haber desistido de darle impulso a un expediente judicial que él mismo ordenó activar. Se trata de la denuncia que promovió hace poco más de un año Héctor “Yoyo” Maldonado, secretario de Turismo de Camioneros, por supuestas inconsistencias en la administración del Hotel 15 de Diciembre de Mar del Plata, que es propiedad del gremio.
La denuncia se realizó el 12 de septiembre de 2025 en la fiscalía N°10 de Mar del Plata, a cargo de Carlos David Bruna. Maldonado, una suerte de mano derecha del jefe sindical y con quien administró codo a codo el Club Atlético Independiente en sus tiempos de gestor deportivo, apuntó contra empleados y proveedores del hotel por un supuesto fraude de unos $13.000 millones.
El fiscal ordenó hace un año una pericia contable cuyo informe final se conoció recién el 30 de octubre pasado. En el documento, de 75 páginas y al que accedió , tres de los cinco contadores que trabajaron con las pruebas manifestaron que “con la información puesta a disposición por el denunciante no es posible determinar un perjuicio económico determinado y menos aún el responsable del mismo”.
Además, coincidieron en que el origen de los fondos para la cobertura de los cheques diferidos para afrontar los gastos del hotel surgía de la sede central del sindicato, en la Ciudad de Buenos Aires, donde el control absoluto lo tiene Moyano.
Del peritaje participaron cinco contadores: Julián Aceto, propuesto por la fiscalía; Rodrigo Otamendi, Facundo Domínguez Marzano y Juan Tellechea, propuestos por tres de los imputados, y Guillermo Luis Dello Russo, en representación de los denunciantes.
Cuando el año pasado se conoció públicamente la causa judicial, Moyano resolvió desplazar a dos dirigentes de la comisión directiva: el secretario Administrativo, Claudio Omar Balazic, y el secretario Tesorero, Paulo Héctor Villegas. Ambos pertenecían a su círculo de máxima confianza y habrían sido los firmantes de una serie de cheques que están ahora en la mira de la Justicia. La salida de los dos dirigentes provocó un terremoto interno que obligó a Moyano a un recambio de nombres en el área contable y legal del gremio. En paralelo, se filtraron datos detalles de transferencias millonarias a fideicomisos vinculados a la familia del histórico líder camionero.
En la página 43 del peritaje, los contadores propuestos por los imputados advirtieron que el sindicato no aclaró quiénes firmaron los cheques en observación ni tampoco aportó la información requerida sobre quiénes estaban autorizados a operar la cuenta del Banco Provincia con la que se manejaban los fondos del hotel. Dello Russo, perito puesto por el gremio, planteó en el informe que Balazic y Villegas eran los firmantes, pero en última instancia lo hacía Maldonado. Ni Balazic ni Villegas están por ahora imputados en el expediente y desde su expulsión del gremio evitaron comentarios públicamente.
Del peritaje surgen otros datos que debilitarían la denuncia de Moyano. No se verificaron pagos duplicados ni pagos a beneficiarios ajenos a la operación. Tampoco se detectó si hubo extracción de dinero en efectivo ni se pudo verificar la ocupación efectiva del hotel, en el que se alojaban “artistas, jueces y fiscales sin dejar registros de pago”, según el testimonio de una fuente con acceso al expediente.
“La pericia no afirma ni niega la existencia de fraude, esa será una tarea de la fiscalía y los jueces”, dijeron a fuentes judiciales al tanto de la causa. Es decir, el caso se mantiene aún abierto y sin un desenlace claro.
El 29 de octubre de 2025 Maldonado declaró en Mar del Plata por única vez ante el fiscal Bruna. “A fines de julio [de ese año] hubo un requerimiento de ARCA [exAFIP] por empresas proveedoras, pero el contador no lo informó. No nos dijo nada. En agosto tuve una reunión con el secretario general [Moyano] y me dice que vaya a Mar del Plata. Fue en ese momento cuando descubrimos esta maniobra fraudulenta que nos afecta mucho”, dijo el dirigente camionero.
Maldonado cayó en una posible contradicción en su declaración judicial cuando se lo consultó sobre el monto del presunto fraude. Primero dijo que el “nunca” había mencionado una cifra, pero luego reconoció que según un informe sobre todos los cheques librados, el monto podría ser de unos 13.000 millones de pesos.
“A lo sumo hubo algún sobreprecio en algún producto comprado a algún proveedor, pero no llega ni cerca a los 13.000 millones que se denunció inicialmente”, dijo a Maximiliano Orsini, abogado defensor de dos de los imputados. Entre los gastos a investigar aparecieron erogaciones con el concepto “varios” por 70 millones de pesos, cientos de kilos de carne y otra mercadería que no habría sido consumida por los huéspedes del hotel y 1615 botellas de vino de alta gama para un supuesto evento de “cata” que nunca se habría realizado.
Presiones en ARCA
Mediante una presentación por escrito, Orsini busca ahora que la jueza Lucrecia Bustos le requiera al fiscal Bruna que cite a declarar a Manuel Rodríguez, uno de los cinco funcionarios de la sede marplatense Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que fueron desplazados por haber facilitar documentación a la Justicia en el inicio de la investigación, según reveló una publicación de del 26 de abril último.
Según el escrito presentado por Rodríguez ante el Ministerio Público Fiscal, los desplazamientos fueron ordenados por el subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, el contador Carlos García Pastrana, que reporta al actual titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Mariano Mengochea, hombre de confianza del titular de ARCA, Andrés Vázquez.
Rodríguez detalló que García Pastrana impartió órdenes directas por teléfono al entonces titular de la Regional marplatense, Luis Tymkiw, y a uno de los jefes de fiscalización abocados a la investigación, Gustavo Capdeville, para detener la investigación. Desde entonces, la ARCA no aportó documentación para el peritaje. El fiscal Bruna por ahora no tendría previsto citar al exfuncionario de ARCA que denunció presiones, según dijeron fuentes judiciales.
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El Gobierno llamará a sesiones extraordinarias: los proyectos clave que entrarán y los que están en duda

El Gobierno llamará a sesiones extraordinarias en las próximas semanas para terminar de aprobar algunos de los proyectos más importantes para la administración libertaria. Lo confirmó esta mañana el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, luego de indicar que se buscará acelerar el tratamiento del Presupuesto 2027 y la Reforma Política, la cual contempla la suspensión de las PASO.
“Seguramente haya extraordinarias”, confirmó Menem en diálogo con Eduardo Feinmann en Radio Mitre. Aún no se conoce la fecha en la que el presidente Javier Milei firmará el decreto para convocar a sesiones extraordinarias. El año pasado se convocó del 10 al 30 de diciembre, pero en el oficialismo creen que se debería adelantar para principios de mes y que finalice antes de la semana de las fiestas, con el viernes 18 de diciembre como fecha tentativa.
También se desconoce cuál será el listado de temas que se convocará. Tanto el Presupuesto como la Reforma Política son reconocidos como las dos iniciativas que estarán en el próximo llamado. Estos son los dos proyectos más importantes para el Presidente. En primer lugar, porque la planificación presupuestaria resulta una condición de previsibilidad del gasto que miran los inversores y entidades como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En segundo término, Milei les pidió particularmente a sus operadores políticos que aceleren las negociaciones para poder movilizar el proyecto electoral en el Congreso y asegurarse de que las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias no adelanten el calendario electoral, de modo que le permitan a la economía tener capacidad de recuperación.
En el reportaje que brindó esta mañana, Menem afirmó que el Gobierno buscará avanzar particularmente con esta última iniciativa y dijo que debería conseguirse media sanción en el Senado en un lapso de 15 días. Se trata, también, de un gesto hacia Patricia Bullrich, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, que no está convencida de que se deba tomar esa determinación. En el Gobierno —y en su propio círculo de confianza— afirman que lo hace para tener la opción de pedirle una interna presidencial a Milei, algo que siguen sin ver como un escenario probable por lo que implicaría en términos políticos.
Quienes lideran ambas conversaciones legislativas son los diferentes integrantes del círculo político de Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, es uno de los integrantes del oficialismo que viene diciendo en privado que tiene los votos para conseguir la media sanción en la Cámara Alta.

Aun así, dice que necesita de la buena voluntad del partido nacional de La Libertad Avanza para que los gobernadores que tienen alfiles en el Congreso se animen a darle apoyo al oficialismo nacional, a sabiendas de que estos quieren competir en las provincias, lo cual podría afectar sus propios proyectos provinciales.
“No veo que vaya a haber una charla de acuerdos por ahora”, sostiene una importante fuente del círculo menemista, que agrega: “Creemos que es momento de dar un primer paso, aunque los gobernadores deberían pagar al contado”.
Más allá del Presupuesto y de las PASO, hay un grupo de proyectos que el Gobierno podría sumar al temario de extraordinarias. Ninguno tiene dictamen y, con el calendario actual, solo avanzarían este año si la Casa Rosada los incluye en la convocatoria.
El caso más visible es el del Súper RIGI. Diputados le dio media sanción en junio, pero en el Senado está empantanado: los aliados del oficialismo condicionan su apoyo a que se incorpore la obligación de comprar a proveedores locales. Algo parecido ocurre con la Ley Hojarasca, que también tiene media sanción de la Cámara baja desde mayo y en el Senado no tiene acuerdo político ni fecha de tratamiento. Si los senadores le hacen cambios, además, tendría que volver a Diputados.

En el camino inverso, del Senado a Diputados, la reforma de la ley de Biocombustibles quedó trabada en la Cámara baja. PRO, la UCR, el MID y Unión por la Patria reclaman cambios para proteger a las pymes regionales del sector. Otros dos proyectos con sanción del Senado, el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes y la creación de un Mercado de Carbono, recién empiezan su paso por las comisiones de Diputados y todo indica que quedarán para el año próximo. Por último, la reforma de la Ley de Salud Mental, aprobada por el Senado el 29 de octubre, espera tratamiento en Diputados. Uno de sus puntos centrales es que las internaciones ya no requerirían autorización judicial previa y alcanzaría con comunicarlas a la Justicia.
Si el Ejecutivo suma alguno de estos proyectos al temario, mostrará cuáles considera prioritarios de cara a 2027 y cuánto está dispuesto a negociar con los bloques dialoguistas para destrabarlos. No se descarta que algunos de ellos sean incorporados en un eventual segundo llamado a extraordinarias en enero y febrero, un escenario que el propio Gobierno no descarta.
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