POLITICA
Aún no está terminada la brigada aérea de Tandil que albergará los aviones F-16 comprados a Dinamarca
A la espera de que antes de fin de año llegue al país el segundo lote de seis aviones caza F-16, sobre un total de 24 aeronaves con capacidad supersónica adquiridas en 2024 a Dinamarca, el gobierno de Javier Milei pagó ya tres de las cinco cuotas anuales acordadas, en una operación que alcanzó un precio total de 301,2 millones de dólares. El monto abonado por los compromisos de esos tres años ascendería a unos 180 millones de dólares.
Las miradas están puestas hoy en el ritmo de las obras de infraestructura de la VI Brigada Aérea de Tandil, la unidad de la Fuerza Aérea elegida para albergar las aeronaves danesas de cuarta generación con equipamiento militar provisto por los Estados Unidos. Aún no hay certezas de que los trabajos de remodelación para la construcción de una pista central, nuevos hangares, áreas técnicas y de mantenimiento estén terminados para esa fecha.
Hasta que la nueva brigada se encuentre en condiciones, los F-16 se destinan al Área Material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Para financiar las obras de modernización y actualización tecnológica de la infraestructura en la VI Brigada Aérea de Tandil y los trabajos en Río Cuarto, el presupuesto 2026 prevé partidas por $20.000 millones. Fuentes castrenses indicaron a que la mayor parte de los recursos se destinaron a las obras en la unidad de Córdoba.
El Gobierno no informa el grado de avance de las obras de infraestructura de Tandil y las operaciones contractuales del Programa F-16, amparado en el secreto militar dispuesto por los decretos 370, 807 y 1073 firmados por Milei en 2024. A ese argumento –expresado por Adorni en su informe- recurren en la Fuerza Aérea para no dar detalles, lo que reactiva la incertidumbre por el estado de esas obras.
Lo seguro es que el segundo lote de seis aviones caza F-16 llegará antes de fin de año a la Argentina. Serán enviados al Área Militar Río Cuarto, que en diciembre pasado recibió las primeras aeronaves.
Las obras de infraestructura iniciadas hace dos años en la VI Brigada Aérea de Tandil comprenden trabajos de movimiento de suelos, superficies aeroportuarias, readecuación eléctrica, sistemas de frenado en pista, modernización y ampliación de plataformas y renovación de depósitos de material aeronáutico y polvorines, entre otras tareas, según trascendió. pudo saber que, en el caso extremo de que las demoras se extiendan, la Fuerza Aérea ya prevé que los F-16 permanezcan en Río Cuarto, incluidos los seis aviones que arribarán en los próximos meses.
“Si la VI Brigada Aérea no estuviera lista para operar los F-16 de manera segura, no se operaría allí y se está siguiendo el plan de actividades previsto por la Fuerza Aérea, bajo la supervisión de los Estados Unidos”, confiaron fuentes aeronáuticas a este diario.
Mientras tanto, pilotos y técnicos de la Fuerza Aérea se entrenan en la Guardia Aérea Nacional de Arizona, con sede en Tucson, Estados Unidos, para capacitarse en el manejo del sistema de armas F-16. La formación también se desarrolla en Río Cuarto, a través de la empresa de origen canadiense Top Aces. Los primeros aviones aterrizaron en la Argentina en diciembre de 2024, conducidos por oficiales de la Real Fuerza Aérea de Dinamarca y se espera que antes de fin de año los pilotos de nuestro país puedan realizar aquí su vuelo de bautismo.
El informe del Gobierno
“Actualmente se han realizado los pagos correspondientes al año 2024, 2025 y 2026, restando solo dos cuotas pendientes”, explica el informe de Adorni, en respuesta a la pregunta número 1929 que hicieron llegar los diputados nacionales, en la sesión del 29 de abril pasado.
El sistema de armas F-16 Fighting Falcon incluye 16 aeronaves monoplazas y ocho biplazas, de acuerdo al contrato celebrado entre el Ministerio de Defensa y la Organización de Adquisiciones y Logística del Ministerio de Defensa danés. A esas unidades se suma la “unidad número 25”, que cumple las funciones de un “avión escuela”, para que los pilotos y técnicos de la Fuerza Aérea se familiaricen con el nuevo sistema. Esas tareas se llevan adelante en Tandil, donde sí se inauguró en marzo último el Centro de Instrucción y Capacitación para Mantenimiento de Aeronaves.
Tras el informe de Adorni, fuentes de la Fuerza Aérea interpretaron que “la infraestructura y el equipamiento de apoyo en tierra no están adecuados para operar los F-16 de forma segura”, con equipos que tienen 30 años de antigüedad.
En su presentación al Congreso, el Gobierno aseguró que el acuerdo de transferencia de los F-16 “no contiene cláusulas que limiten” el despliegue geográfico ni el uso del armamento, lo que garantiza la plena operatividad de los sistemas en todo el territorio nacional.
“Todos los sistemas adquiridos responden a las necesidades y capacidades de la defensa nacional según la legislación vigente”, se insiste en el informe.
El Ministerio de Defensa informó que el Programa F-16 cuenta con acuerdos de confidencialidad, cooperación tecnológica y protocolos de seguridad suscriptos con el gobierno de Estados Unidos, el Reino de Dinamarca y las empresas contratistas vinculadas al mantenimiento, modernización y provisión de armamento de las aeronaves”.
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POLITICA
“Es mentira”: Patricia Bullrich ratificó sus críticas por Discapacidad y contradijo a Diego Santilli
La senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, ratificó sus cuestionamientos por la inclusión de recortes al área de discapacidad en el proyecto de Presupuesto 2027 y desmintió al jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien dijo ayer que fue un tema hablado durante la reunión de la mesa política el último martes.
La legisladora negó que la conducción parlamentaria hubiera sido informada sobre las modificaciones introducidas en el texto enviado al Congreso y tildó de falsa la versión oficial sobre un debate previo en la mesa política del Gobierno.
En declaraciones a la señal LN+, la jefa de la bancada oficialista en la Cámara Alta reaccionó frente a los dichos del funcionario, quien había sugerido que las reformas al sistema asistencial habían sido conversadas en los encuentros semanales del Ejecutivo y mencionó que la legisladora ese día debió retirarse antes.
“Eso es mentira. Cuando se habló del presupuesto yo estaba, y Martín Menem tampoco sabía nada”, afirmó la referente oficialista. La senadora insistió en que el proyecto elaborado por el Ministerio de Economía ingresó de madrugada a la Cámara de Diputados sin la evaluación de los legisladores.
Bullrich advirtió que impulsar iniciativas sin consenso parlamentario previo provoca un desgaste innecesario en la figura del presidente Javier Milei y complica las negociaciones de la ley en el parlamento.
Bullrich cuestionó que los cambios no hubieran sido anticipados al Congreso
La discusión se originó en los artículos del capítulo VI del Presupuesto 2027, que proponían cambios en el sistema de prestaciones por discapacidad. Entre otros puntos, el texto contemplaba eliminar el arancel único de referencia, restringir la compatibilidad entre pensiones por invalidez y empleo registrado y derogar de manera parcial normas de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La senadora sostuvo que el contenido de ese capítulo no se había tratado en la reunión de la mesa política de la que participó el martes. Según relató, allí se expusieron las proyecciones generales del Presupuesto, con una previsión de crecimiento del 4% y una inflación del 21,1%, pero no se abordaron las modificaciones que luego generaron reparos dentro del oficialismo y sus aliados.
En ese marco, Patricia Bullrich rechazó la afirmación de Diego Santilli acerca de que el asunto había sido conversado. También aseguró que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, desconocía los artículos cuestionados cuando el proyecto ingresó al Congreso.
“Yo tengo una responsabilidad, que es generar los consensos necesarios para que las leyes que mande el Gobierno sean leyes y no sean proyectos perdidos en el fondo de la nada”, afirmó. Para la legisladora, la mesa política debe anticipar los proyectos que necesitan respaldo parlamentario y evaluar sus posibilidades antes de que lleguen al recinto.
El oficialismo abrió una negociación con sus aliados
Ante las objeciones planteadas por el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y otros espacios, la Casa Rosada aceptó retirar los artículos cuestionados y habilitar una negociación para una nueva redacción. Bullrich consideró que esa instancia era necesaria para evitar que el proyecto volviera a quedar sin los votos suficientes.
La senadora vinculó el debate actual con dos crisis legislativas previas, en las que también se discutieron cuestiones ligadas a discapacidad y al financiamiento universitario.
Al referirse a una posible salida para el conflicto, planteó que el Gobierno debe trabajar con la Agencia Nacional de Discapacidad y con los bloques aliados. “Este es un tren que viene de frente a chocarnos”, dijo al describir el costo político que, a su criterio, tendría insistir con disposiciones que no reúnen apoyo parlamentario.
Bullrich fijó el superávit fiscal como límite para los cambios
La legisladora sostuvo que el oficialismo buscará acuerdos, aunque aclaró que el superávit fiscal y las metas de inflación no estarán sujetos a negociación. “Tiene fundamentos que no vamos a negociar: superávit y metas de inflación. Esa es la matriz del plan, no la vamos a tocar”, expresó.
Bullrich afirmó que las situaciones de mayor sensibilidad social deben resolverse dentro de ese marco y diferenció las prestaciones que requieren las personas con discapacidad de los casos de fraude. A la vez, cuestionó que se envíen iniciativas cuya viabilidad parlamentaria no fue evaluada previamente.
“Si vos mandás algo que no vas a poder convertir en ley, desgastás al Presidente. ¿Querés que el Presidente vete eso para que otra vez te lo bajen?”, preguntó la senadora, al insistir en que el Ejecutivo debe construir mayorías antes de presentar los proyectos.
Consultada además por una eventual candidatura junto a Javier Milei en 2027, Bullrich dejó en segundo plano cualquier aspiración personal. “Para mí es muy importante que el proyecto reelija”, afirmó.
La dirigente también se pronunció a favor de suspender o eliminar las PASO y señaló que el oficialismo mantiene conversaciones con el PRO, sectores radicales, gobernadores y fuerzas provinciales para reunir los votos necesarios. Sobre su futuro político, reiteró que su prioridad es la continuidad del Gobierno y la reelección presidencial.
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POLITICA
El 66% de las causas iniciadas en el fuero civil y comercial son reclamos contra obras sociales o prepagas
El fuero Civil y Comercial Federal va camino a convertirse, en los hechos, en un fuero de la Salud. Según estadísticas del Consejo de la Magistratura, el 66% de las causas iniciadas allí durante el primer semestre del año son amparos de salud. Es decir que casi siete de cada diez expedientes son reclamos urgentes de pacientes contra prepagas u obras sociales.
Fuentes del fuero aseguran incluso que para agosto de este año el porcentaje ya trepaba al 70%, lo que representa un fuerte incremento respecto a 2025, cuando los amparos de salud se ubicaban en torno al 45%.
“Es a lo que nos dedicamos ahora, a despachar salud”, asegura un funcionario judicial que mira con preocupación el aumento de casos.
Los datos consolidados por el Consejo indican que hasta el 30 de junio se habían iniciado en el fuero 7523 causas y que 4990 correspondían exclusivamente a este rubro. Muy detrás quedaron las materias que históricamente ocuparon al fuero, como el derecho marítimo, la propiedad intelectual, el transporte y otros conflictos comerciales.
El grueso de las presentaciones corresponde a problemas de afiliación: son trabajadores que, tras su jubilación, procuran evitar el pase a PAMI y buscan mantener su cobertura, con el mismo plan y cartilla.
No representan, en principio, grandes desafíos jurídicos. Fuentes judiciales señalan que la Corte Suprema (en los casos Albónico y Andrada) dejó en claro que el traspaso forzoso a PAMI es ilegítimo.
Pero muchas otras presentaciones corresponden a pacientes que golpean de urgencia la puerta de los tribunales y obligan a jueces a resolver pedidos de tratamientos puntuales, medicamentos costosos o el mantenimiento de algún enfermero o cuidador.
El fenómeno presiona sobre una estructura integrada por 11 juzgados y tres salas de Cámara. tomó el último día hábil como botón de muestra para medir la capacidad de respuesta de la Justicia. De las 42 resoluciones despachadas este viernes 18 de septiembre en el fuero, 28 trataban sobre amparos de salud. Es decir, el 66%.
Más allá de algún matiz, todas las decisiones de la Justicia fueron favorables a los pacientes.
Sistema en tensión
“La judicialización es la punta del iceberg, el síntoma. Pero el problema es otro. La judicialización funciona como un termómetro de las tensiones estructurales del sistema sanitario”, advierte la directora del Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la UBA, Marisa Aizenberg.
La especialista tiene una mirada crítica sobre la respuesta que ofrecen las empresas del sector a los reclamos de pacientes que luego recurren a la Justicia. La planteó este sábado durante el encuentro metropolitano de Salud Pública en la facultad de Ciencias Médicas de la UBA y, luego, en diálogo con .
Al mismo tiempo, sostiene que el sistema se encuentra “absolutamente fragmentado” y que resulta difícil establecer reglas generales para 24 jurisdicciones, en las que conviven financiadores y prestadores sometidos a regulaciones diferentes.
Del otro lado, las prepagas ponen el foco en la siempre continua expansión del paquete de prestaciones mínimas y en la ausencia de reglas claras que establezcan un tope en la cobertura.
“Salen cautelares de todo tipo, todo lo que aparezca como un pedido por parte de un usuario se transforma en una realidad”, se queja un importante actor de ese ecosistema. “Incluso la cobertura geriátrica. Todo eso produce un desfinanciamiento del sistema, que deriva en una peor atención”, agrega la misma voz.
En esa línea, en una columna publicada en , el director general del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (Cemic) “Norberto Quirno”, Hugo Magonza, señaló que, cuando no existen reglas explícitas, la asignación de recursos termina desplazándose hacia la judicialización. Y marcó que el sistema está atravesado por “una verdad incómoda”: la imposibilidad de financiar “todo para todos, todo el tiempo y con la máxima calidad”.
A ese argumento se suma el impacto de la caída del trabajo registrado. Menos empleo formal se traduce, invariablemente, en una reducción del padrón de afiliados. Y si bien con ello también disminuyen las obligaciones de cobertura, el proceso va acompañado de un fuerte aumento de los costos, impulsado por los avances tecnológicos y la aparición de medicamentos de alto precio, que desafían cualquier previsión presupuestaria, advierten en el sector.
La especialista en derecho y salud Aizenberg reconoce que los números de las prestaciones están ajustados y que falta un criterio definido respecto de dónde establecer el límite de las coberturas. “Ese criterio, sin embargo, no puede ser estrictamente financiero porque todas las enfermedades de alto costo se quedarían afuera”, advierte.
“Es cierto que la queja está motivada. Creo que la cuota no les alcanza, en algunos casos. Entonces sentémonos a dialogar, a hacer un plan a 10 o 20 años”, señala. El diagnóstico compartido es que, en materia de salud, no se entra en el fondo del asunto.
Promesa
El Gobierno detectó el problema y ensayó una respuesta con un programa que cumplió su primer año a principios de este mes: Promesa (Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud) es una instancia optativa que busca evitar que el contrapunto entre el paciente y la financiadora escale a los tribunales.
Según datos oficiales, el programa cuenta con casi 2000 mediadores capacitados especialmente y, durante su primer año, alcanzó acuerdos en el 44,9% de los casos, con un promedio de resolución de 17 días.
Fuentes de la Superintendencia de Servicios de Salud ponen como ejemplo el caso de una mujer que reclamaba una internación cuyo costo rondaba los $6 millones mensuales. En la segunda audiencia de mediación, las partes acordaron reemplazar esa prestación por un acompañante, con un costo de alrededor de $2 millones mensuales.
Sin embargo, los números del Consejo señalan que el mecanismo todavía no logró contener la avanzada de expedientes en el fuero Civil y Comercial, según acreditan las estadísticas del Consejo. “Está bien encaminado, hay que darle tiempo”, apuntan en la Justicia.
Fuentes del fuero aseguran que la crecida responde también al auge de las redes sociales. Allí, la posibilidad de litigar ante los incumplimientos ganó mucha publicidad, con abogados cada vez más especializados. También señalan que la estrategia de las empresas del rubro no es obtener fallos favorables en la Justicia, sino que un porcentaje de casos no alcancen la judicialización.
columna publicada en LA NACION,Federico González del Solar,Conforme a
POLITICA
La Casa Rosada invitó a un grupo de gobernadores aliados a un foro de inversiones en París mientras negocia el Presupuesto 2027
En medio de las negociaciones por los distintos proyectos legislativos que busca aprobar el oficialismo, la Casa Rosada invitó a un grupo de gobernadores dialoguistas para que acompañen a Javier Milei en su viaje a París para celebrar una nueva edición de la Argentina Week.
El foro ideado por la Cancillería para atraer inversiones extranjeras al país se celebrará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en la capital francesa. En ese escenario, tal como lo hizo en Nueva York, el Gobierno quiere mostrar mayor amplitud política en un momento donde además está en plenas negociaciones con las provincias para avanzar con su agenda legislativa en el Congreso.
En la carpeta del oficialismo, las urgencias principales son el Presupuesto 2027 -que ya despertó roces por los recortes en Discapacidad y Universidades- y la reforma electoral. Sin embargo, la lista va más allá con iniciativas como la Ley de Defensa de la Soberanía, la reforma del Banco Central, Zona Fría, entre otras.
Según pudo saber TN, la lista de mandatarios provinciales fue consensuada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, e incluye a 15 mandatarios invitados. “Todavía no está cerrada”, aclararon desde Balcarce 50.
Hasta el momento, la convocatoria incluye a Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro) y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
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