INTERNACIONAL
Autoridades de seguridad y justicia acuden al Congreso de Guatemala: piden fondos récord para 2027
Las autoridades de Gobernación, Defensa y el Organismo Judicial solicitaron al Congreso de Guatemala más de Q 23 mil millones para 2027, con el objetivo de incorporar agentes policiales, construir cárceles de máxima seguridad, ampliar la cobertura de juzgados y modernizar la infraestructura estatal.
La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, presidida por el diputado Willy Ralda, del bloque Cabal, recibió las exposiciones de las tres instituciones durante una audiencia transmitida por el Canal del Congreso bajo la política de Congreso de Puertas Abiertas.
El Ministerio de la Defensa Nacional planteó un presupuesto de Q 6.374 millones, frente a los Q 4.643 millones asignados para 2026. La propuesta contempla Q 5.076 millones para funcionamiento y Q 1.298 millones para inversión.
Más patrullas, armas y nuevos agentes para la Policía Nacional Civil
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, pidió Q 10.490 millones para 2027, Q 1.349 millones más que los Q 9.753 millones vigentes. El 95,7% de esos recursos se destinaría a gastos de funcionamiento y el 4,3% a inversión.
La cartera prevé asignar Q 444 millones al Bono de Bienestar Policial, Q 95 millones para adquirir cinco mil armas y Q 365 millones para comprar 800 patrullas y mil motocicletas. Otros Q 64 millones financiarían mobiliario y equipos como casilleros, cámaras y neumáticos.
Villeda sostuvo que la inversión busca enfrentar la falta de movilidad de la Policía Nacional Civil, que no realiza una compra significativa de vehículos desde 2019. El ministro relató el caso de una vecina de Mazatenango que no recibió asistencia durante una emergencia porque no había patrullas disponibles.
El funcionario indicó que el proceso para adquirir 540 patrullas ya concluyó y que los vehículos serían entregados durante la primera quincena de noviembre. También afirmó que la meta del Gobierno es incorporar 13.500 agentes de la PNC durante el período presidencial, 1.375 más que el objetivo inicial fijado por el presidente Bernardo Arévalo.
“Preferimos hacer una pausa, reordenar los temas, mejorar el tema de la carrera penitenciaria y continuar ya con unas bases sólidas”, señaló el ministro.
La cartera prevé concluir entre noviembre y diciembre de 2027 el Centro de Cumplimiento de Condena de Máxima Seguridad de Masagua, Escuintla. La obra forma parte de 13 proyectos de inversión registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública, entre ellos la mejora del Centro de Cumplimiento de Condenas de Flores, Petén, y el remozamiento de comisarías, con 60 intervenciones ya terminadas.
Villeda también pidió aumentar en 110% los fondos destinados a los servicios de gobierno departamental. La medida busca acompañar una modificación al reglamento orgánico interno de las gobernaciones, aún pendiente ante la Oficina Nacional de Servicio Civil.
“Los gobernadores están involucrados en todo, pero no mandan absolutamente nada, ni tienen el personal correspondiente para lograr el propósito que requiere su función”, afirmó.
El Organismo Judicial busca duplicar sus recursos y crear 25 juzgados
La presidenta saliente de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial, Claudia Paredes, solicitó Q 6.500 millones para 2027, casi el doble de los Q 3.308,8 millones asignados durante el ejercicio vigente. La magistrada asistió junto con Jenny Alvarado Tení, presidenta electa de ambas instituciones.
El Ministerio de Finanzas Públicas estimó Q 4.359 millones para el Organismo Judicial dentro del proyecto presupuestario. Paredes reclamó Q 2.141 millones adicionales para aplicar leyes aprobadas recientemente, entre ellas la Ley de Competencia, la Ley Antipandillas, reformas al Código Civil y la Ley de Insolvencias.
La planificación incluye 12 nuevas salas, 14 juzgados y tribunales, siete proyectos administrativos, 42 iniciativas tecnológicas y siete obras de infraestructura judicial en Villa Nueva, Izabal, Petén y Jutiapa. En total, el organismo proyecta habilitar 25 juzgados, de los cuales 23 estarían ubicados fuera de la capital.
“Hay una asignación de Q 777 millones orientados principalmente a fortalecer los órganos jurisdiccionales, unidades administrativas existentes, implementar nuevos órganos jurisdiccionales, ampliar la cobertura institucional, modernizar y fortalecer la infraestructura tecnológica e incrementar la capacidad para mejorar la eficiencia de prestaciones judiciales”, explicó Paredes.
La magistrada advirtió que, sin los recursos adicionales, el presupuesto alcanzaría únicamente para pagar la nómina actual y servicios básicos como electricidad, agua y telecomunicaciones, necesarios para desarrollar audiencias virtuales. Guatemala cuenta con ocho jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que los estándares internacionales citados por Paredes recomiendan 18.
La propuesta de Defensa financiaría el equipamiento de unidades militares, el mantenimiento de caminos, obras de infraestructura y el refuerzo de capacidades estratégicas. El viceministro de la Defensa Nacional, Jorge Lemus, detalló la compra prevista de 2.600 fusiles, 59 ametralladoras, 11.220 tolvas y 57 lanzagranadas.
La institución también proyecta ampliar las operaciones terrestres, aéreas y marítimas, además de ejecutar 300.000 metros de dragado. Sus estimaciones contemplan acciones de gestión de riesgos para 6,3 millones de guatemaltecos, tareas de protección marítima, lacustre y fluvial para 2,9 millones, y operaciones de seguridad interior y exterior para 18,49 millones de habitantes.
Lemus confirmó retrasos en la construcción del Centro de Prevención El Triunfo, en Morales, Izabal. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército prevé entregar la cárcel entre agosto y septiembre de 2027, si las condiciones climáticas permiten mantener el ritmo de las obras.
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INTERNACIONAL
Elecciones en Estados Unidos: quiénes son los candidatos que hicieron historia con sus triunfos
Las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, celebradas este martes, dejaron una serie de resultados históricos que cambiaron el mapa de la representación política del país. Por primera vez, una mujer negra y una mujer indígena fueron elegidas gobernadoras, mientras que el Senado sumará a una representante de un pueblo originario y al primer hombre abiertamente gay elegido para integrar esa cámara.
Los resultados reflejaron una mayor diversidad racial, étnica y de género entre los dirigentes electos, tanto del Partido Demócrata como del Republicano. Además, algunas de las principales contiendas marcaron precedentes en estados que nunca habían tenido gobernadores negros o latinos.
“Estos hitos demuestran cómo está cambiando nuestro país”, afirmó Alexis Anderson-Reed, presidenta y directora general de State Voices, una organización que promueve la participación cívica y la equidad democrática.
“Durante años, las personas no blancas y las comunidades LGBTQ+ se han organizado, han llamado a puertas, han hablado con los votantes, han sostenido conversaciones y han realizado la ardua labor de salvar nuestra democracia”, sostuvo. Y agregó: “Estos triunfos son gracias a ellos”.
Las primeras gobernadoras negra e indígena de Estados Unidos
Uno de los resultados más significativos se produjo en Georgia, donde Keisha Lance Bottoms se convirtió en la primera mujer negra elegida gobernadora en los 250 años de historia de Estados Unidos.
La dirigente demócrata, exalcaldesa de Atlanta, derrotó al empresario republicano Rick Jackson y terminó con una larga sucesión de hombres blancos al frente del estado.
“Esta noche debería recordarnos a todos que, sin importar de qué comunidad vengamos, Georgia no está definida por un solo momento en el tiempo ni por una sola persona”, expresó Bottoms durante la celebración de su victoria.
En Nuevo México, Deb Haaland hizo historia al convertirse en la primera mujer indígena estadounidense elegida gobernadora. La dirigente demócrata, integrante de la comunidad Pueblo de Laguna, se impuso al republicano Gregg Hull.
Haaland ya había marcado otros precedentes: en 2018 fue una de las primeras mujeres indígenas elegidas para el Congreso y posteriormente se convirtió en la primera persona indígena estadounidense en dirigir el Departamento del Interior, durante la presidencia de Joe Biden.
“Esta noche, en el año 250 de nuestra nación, estoy ante ustedes como la primera mujer indígena estadounidense elegida gobernadora en la historia de Estados Unidos”, celebró.
La elección también dejó otros resultados inéditos en distintos estados.
En Florida, el republicano Byron Donalds se convirtió en el primer gobernador negro elegido por voto popular en la historia estatal, mientras que el demócrata David Crowley alcanzó el mismo hito en Wisconsin.
En Texas, la demócrata Gina Hinojosa derrotó al gobernador republicano Greg Abbott y se convirtió en la primera mujer latina elegida para dirigir ese estado.
California también registró un resultado histórico: Xavier Becerra ganó la gobernación y será el primer dirigente latino en ocupar el cargo desde Romualdo Pacheco, en 1875.
En Tennessee, la republicana Marsha Blackburn derrotó a la demócrata Jerri Green y se convirtió en la primera mujer elegida gobernadora del estado.
Los triunfos históricos en el Senado y los resultados que todavía estaban abiertos
La renovación del Senado también dejó hitos inéditos.
Peggy Flanagan, vicegobernadora de Minnesota y miembro de la Banda de la Tierra Blanca del pueblo ojibwe, se convirtió en la primera mujer indígena estadounidense elegida senadora.
La candidata demócrata derrotó a Michele Tafoya, exreportera de la liga profesional de fútbol americano, y contribuyó al avance de su partido en la Cámara Alta.
En Nueva Hampshire, el congresista demócrata Chris Pappas derrotó al republicano John E. Sununu y se convirtió en el primer hombre abiertamente gay elegido senador de Estados Unidos.
Durante la campaña, Pappas había evitado colocar su orientación sexual en el centro de la discusión electoral. “No contiendo para hacer historia”, sostuvo.
Mientras tanto, en Michigan continuaba una de las disputas más observadas. El demócrata Abdul El-Sayed buscaba convertirse en el primer musulmán elegido para integrar el Senado estadounidense, pero todavía debía superar al republicano Mike Rogers en una elección reñida.
El-Sayed, epidemiólogo nacido en Michigan, recibió ataques durante la campaña por parte de dirigentes republicanos, incluido Donald Trump. El presidente lo calificó de “peligrosamente radical” y “demasiado extremista”.
Otra contienda pendiente era la de Alaska, donde la demócrata Mary Peltola, de origen yup’ik, buscaba derrotar al senador republicano Dan Sullivan. Peltola ya había hecho historia en 2022 al convertirse en la primera indígena de Alaska elegida para la Cámara de Representantes.
En Illinois, la demócrata Juliana Stratton derrotó al republicano Don Tracy y ocupará el escaño que deja Dick Durbin. Su victoria permitirá que Illinois sea el primer estado representado en el Senado por dos mujeres pertenecientes a minorías raciales, junto con Tammy Duckworth.
candidatos
As House Democratic leaders prepare to take the reins of power in Congress, they are also poised to reckon with far-left rebels who could make their lives difficult over the next two years.
Democrats are projected to win back the House majority after Tuesday night’s midterm elections.
It comes after a far-left insurgency roiled Democrats’ primary elections, and some of those socialist candidates are now expected to be heading to Capitol Hill next year.
RISING SOCIALIST STARS ON TRACK TO CONGRESS: WHO ARE DARIALIZA AVILA CHEVALIER, BRAD LANDER AND CLAIRE VALDEZ?
Darializa Avila Chevalier is projected to be the next House representative from New York’s 13th congressional district, which covers Upper Manhattan and parts of the Bronx.
Chevalier’s victory comes after she scored an upset victory over Congressional Hispanic Caucus Chairman Rep. Adriano Espaillat, D-N.Y., amid an anti-incumbent wave that swept Empire State elections.
Born in Florida to immigrant parents from the Dominican Republic, she moved to New York City to attend Columbia University for her undergraduate degree.
Chevalier has already earned criticism from her future Republican colleagues for past comments, including a now-deleted post on X, then Twitter, where she purportedly wrote, «I forgot to get napkins so I just wiped my hand on the American flag behind me.»
She’s notably withheld support from Democratic Leader Hakeem Jeffries, D-N.Y., to be the next speaker of the House, telling Vanity Fair she would need certain «commitments» on progressive issues like Medicare for All.
JEFFRIES WELCOMES DEMOCRATIC SOCIALISTS INTO THE FOLD AS CRITICS WARN PARTY IS REVEALING ‘EXACTLY WHO IT IS’
Claire Valdez is another member of the Democratic Socialists of America (DSA) who scored an upset victory during New York’s primaries, defeating a Democrat backed by retiring Rep. Nydia Velázquez, D-N.Y., for the party’s nomination.
MAMDANI-BACKED SOCIALIST WINS IN NEW YORK EXPOSE GROWING RIFT BETWEEN DEMOCRATIC ESTABLISHMENT, INSURGENT LEFT
Valdez is now projected to take over Velázquez’s seat in New York’s 7th congressional district, which includes parts of Brooklyn and Queens.
Valdez is currently a member of the New York State Assembly. On her campaign website, she touts herself as a «dual citizen of the Ysleta del Sur Pueblo Nation and the United States.»
She also has not confirmed whether she will support Jeffries for speaker, telling New York Magazine she would not «negotiate in public» but that she would «see how the midterms shake out.»
CARVILLE WARNS DEMOCRATS MAY NEED TO BLOCK FAR-LEFT CANDIDATES FROM JOINING CAUCUS, MODERATE GROUP DISAGREES
Donavan McKinney in Michigan’s 13th congressional district is another beneficiary of the anti-incumbency backlash during the 2026 election cycle. He’s now projected to come to Congress after earlier defeating Rep. Shri Thanedar, D-Mich., in the primaries.
McKinney is a DSA member and was backed by other prominent socialists like Rep. Rashida Tlaib, D-Mich.
The district he is poised to represent includes part of Detroit and its suburbs.
He recently told Jacobin Magazine that his biggest policy goals include Medicare for All, universal childcare and getting corporate money out of elections.
Also in the interview, he accused his primary opponent of having taken campaign cash from Immigration and Customs Enforcement contractors, the pro-Israel lobby and other corporate interests.
Israel had been the defining issue in his primary campaign. Thanedar was a former DSA member who left the organization over members’ celebrations of the Oct. 7 terror attack by Hamas.
DSA-BACKED CANDIDATES ARE WINNING PRIMARIES AND THEIR VISION FOR AMERICA IS VERY DIFFERENT
Melat Kiros is a DSA member and former attorney whose upset victory in Colorado’s 1st congressional district is forcing an end to longtime Rep. Diana DeGette’s political career.
DeGette, D-Colo., a progressive who has been in Congress since 1997, lost her Denver-area seat in a shocking primary loss to Kiros, a 29-year-old political newcomer.
Kiros was born in Ethiopia «just weeks before her father was selected by the United States’ Diversity Visa Lottery,» according to her campaign website.
She’s drawn controversy for her fierce anti-Israel stance, which includes calling the Oct. 7 terror attack by Hamas an «inevitable» result of the Jewish country’s own actions, according to multiple reports. She has also opposed its existence as a Jewish state.
Kiros is also among those who will not commit to supporting Jeffries for speaker.
GOP LAWMAKER URGES JOHNSON TO SCRUTINIZE NEW SOCIALIST LAWMAKERS’ ‘ACCESS TO INTELLIGENCE’
Pennsylvania state lawmaker Chris Rabb is poised to enter the House of Representatives to represent the state’s 3rd congressional district next year.
The Democratic socialist has called for the U.S. to «immediately dismantle the military industrial complex, cease all imperialist foreign policy, and end all U.S.-led efforts for regime-change,» according to his campaign website.
Rabb has also called for a universal basic income for Americans as well as guaranteed housing, high-speed internet, free transit and «national grocery stores.»
He previously took aim at establishment Democrats in an interview with CBS’ «Face the Nation» in August, saying, «I think listening to folks who have been institutionalists and corporate Dems is probably the wrong thing to do when what your own poll shows is that there is an exhaustion.»
Former New York City comptroller Brad Lander is no longer a DSA member, having left the organization over its response to the Oct. 7 attack on Israel by Hamas.
But his campaign was backed by some of the DSA’s biggest stars, including New York City Mayor Zohran Mamdani.
Lander’s campaign for New York’s 10th congressional district, which includes downtown Manhattan and parts of Brooklyn, served as a proxy battle between the Empire State’s establishment left and socialist factions.
While Lander was backed by Mamdani, his primary opponent, Rep. Dan Goldman, D-N.Y., was backed by Jeffries. Lander also campaigned alongside Chevalier and Valdez.
While he left the DSA over Israel, Lander has still been a fierce critic of the Jewish state. He was recently detained by Israeli law enforcement during a trip to the occupied West Bank to join Palestinian olive farmers harvesting their crop. Israeli authorities released him upon learning his identity.
Unlike his far-left New York cohorts, however, Lander has said he is inclined to support Jeffries for speaker.
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INTERNACIONAL
El Congreso de Guatemala aprueba la Ley Marco de Ciberseguridad con 121 votos y crea una estructura estatal
El Congreso de la República de Guatemala aprobó el 3 de noviembre, con 121 votos, la iniciativa 6347 de urgencia nacional, contenida en el Decreto 26-2026, que crea la Ley Marco de Ciberseguridad para establecer una estructura estatal de prevención, respuesta e investigación ante ataques digitales contra instituciones, empresas e infraestructuras críticas.
La norma fue aprobada después de que el pleno avalara una moción privilegiada con 109 votos a favor y 10 en contra. El proyecto, integrado por 96 artículos, recibió dictamen favorable con modificaciones de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, presidida por el diputado Jorge Mario Villagrán.
La ley entraría en vigor 30 días después de su publicación en el Diario Oficial. Su alcance incluye disposiciones administrativas, penales y procesales, además de medidas de cooperación internacional, prevención, formación e investigación.
Un sistema estatal para prevenir y atender ataques digitales
El Presidente encabezaría el Consejo Nacional de Ciberseguridad, integrado por varios ministros y el secretario de Inteligencia Estratégica. El Ministerio de Gobernación asumiría la coordinación del sector mediante una Dirección Nacional de Ciberseguridad, responsable de diseñar políticas, protocolos y medidas de respuesta.
También se crearía el Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad de Guatemala (CRIC-GT), que debería operar en un plazo máximo de 18 meses. El Ministerio de la Defensa Nacional tendría una unidad de ciberdefensa, separada de las funciones civiles.
La propuesta incluye una fiscalía especializada en ciberdelitos, una unidad de informática forense, juzgados especializados y una red permanente para cooperar en investigaciones e intercambio de evidencia digital. Además, prevé incorporar contenidos de ciberseguridad en las escuelas, promover capacitación e investigación y crear una mesa técnica con participación estatal, privada, académica y de la sociedad civil.
Penas, registros judiciales y protección de información
Las enmiendas aprobadas precisan los delitos informáticos, las penas y las facultades de investigación. La normativa castigaría el acceso no autorizado a sistemas, la interceptación de información, la manipulación o eliminación de datos y los ataques contra plataformas digitales, con penas de dos a ocho años de prisión.
Las condenas serían mayores si se vulneran datos confidenciales, información de seguridad nacional o infraestructuras críticas. Los funcionarios públicos que ataquen a la institución donde trabajan podrían recibir, además, una inhabilitación de siete años. También se agravarían las sanciones cuando exista lucro ilegal o afectación a servicios de una entidad.
El proyecto penaliza el uso o distribución de programas, contraseñas y otros recursos destinados a cometer ciberdelitos, aunque excluye las pruebas autorizadas y las acciones de protección informática.
Las órdenes judiciales para intervenir sistemas deberán detallar la información buscada, los equipos afectados y el plazo de la medida. La ley prioriza la copia forense de datos antes que la ocupación o suspensión de sistemas completos y exige resguardar la información ajena a la investigación.
Si una intervención puede afectar pagos o servicios financieros críticos, el juez deberá pedir una opinión técnica al Banco de Guatemala o a la Superintendencia de Bancos, salvo en situaciones de riesgo grave e inmediato. Las interrupciones de servicios esenciales deberán revisarse cada 24 horas.
Alertas en tres horas y cooperación internacional
La iniciativa establece plazos para reportar incidentes digitales: tres horas cuando afecten infraestructuras críticas, seis horas para otros casos y hasta 72 horas para presentar un informe completo. El Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad de Guatemala (CRIC-GT) deberá anonimizar los reportes y proteger los datos personales e institucionales.
El intercambio de información entre entidades tendrá límites: no podrá incluir datos protegidos por la Constitución o las leyes financieras sin cumplir los procedimientos legales o contar con una orden judicial. Los datos compartidos deberán ser agregados o anonimizados y tratarse como confidenciales. La información financiera solo podrá enviarse a autoridades extranjeras por las vías previstas en la ley.
El proyecto también plantea mecanismos de cooperación para investigar fraudes y ciberdelitos, incluido el intercambio de alertas y pruebas electrónicas. La propuesta avanzó tras ataques informáticos registrados en Guatemala durante 2026 contra entidades públicas, universidades, la Corte de Constitucionalidad y empresas privadas.
Guatemala no cuenta con una ley integral de ciberseguridad. Los impulsores de la iniciativa sostienen que la reforma permitiría fortalecer la respuesta estatal y facilitar la adhesión al Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) respaldó la necesidad de modernizar la legislación, aunque pidió incorporar ajustes técnicos. La organización advirtió que, sin esos cambios, la norma podría enfrentar cuestionamientos de constitucionalidad y dificultades para alinearse con normas internacionales y la legislación contra el lavado de dinero.
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