POLITICA
Avanzan en Diputados los debates por el super-RIGI y la ley de Lobby: cuándo prevén llevarlo al recinto
Los diputados libertarios Bertie Benegas Lynch y Nicolás Mayoraz, presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales, respectivamente, aún no fijaron fechas para el cierre de los debates sobre el Súper RIGI y la ley de Lobby. En ambos casos, el oficialismo mantiene indefinido cuándo se firmarán los dictámenes, aunque en la Casa Rosada aspiran a que los proyectos lleguen al recinto el próximo 24 de junio.
El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria, y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva avanzó con el tratamiento del proyecto conocido como Súper RIGI. Sin embargo, todavía no hay certezas sobre cuándo se firmarán los dictámenes. La próxima semana habrá una nueva reunión informativa y, recién después de esa instancia, los diputados comenzarán a discutir el texto para intentar dictaminar.
En la bancada oficialista, la diputada Silvana Giudici defendió la iniciativa y sostuvo que apunta a “poner a la Argentina en el radar de las grandes inversiones del mundo”.
“Competir desde este último lugar en el mundo con países de economías desarrolladas que están atrayendo capitales de más de mil millones de dólares por proyecto es una oportunidad para que la Argentina vuelva a ser grande. Y se preguntan por el costo fiscal. ¿Costo fiscal de qué? Si eso hoy no existe en la Argentina. Es cero el costo fiscal porque no existe”, planteó la legisladora porteña.
Giudici también cuestionó la postura de la oposición durante el debate. “Por un lado, quieren hablar del RIGI, pero no quieren hablar del RIGI. Cuando uno les cuenta los 39 proyectos del RIGI y los 19 que ya están aprobados y funcionando, dicen: ‘No, no hablemos del RIGI, hablemos del Súper RIGI’. Y cuando hablamos del Súper RIGI, dicen que quieren saber sobre el compre local o el costo fiscal”, señaló.
Del plenario participaron el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Roberto Cacciola; el presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, Carlos Ormaechea; y el asesor legal de la Cámara Argentina de la Energía, Esteban Gramblicka.
Desde la UCR, el diputado Lisandro Nieri insistió en la necesidad de avanzar con una reforma impositiva que contemple una baja de impuestos. “Los resultados de poner ciertos anabólicos en algunas industrias fueron positivos, como el RIGI. Entonces, ¿por qué no les ponemos ciertos anabólicos a las pequeñas, medianas y microempresas? El RIMI, insisto, se ha quedado a mitad de camino en las condiciones de inversión”, sostuvo.
Por su parte, el diputado del MID Eduardo Falcone presentó una propuesta para modificar el proyecto oficial. El planteo establece que las compañías adheridas al régimen puedan reducir la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 25% al 20% o al 15%, siempre que destinen parte de sus inversiones a actividades de investigación, desarrollo e innovación, convenios con universidades y organismos científicos, financiamiento de Becas Manuel Belgrano y programas de fortalecimiento de proveedores locales.
“Desde el MID proponemos que la baja del Impuesto a las Ganancias al 15% esté condicionada a que la empresa invierta en investigación y desarrollo local y aporte para financiar las Becas Belgrano, que promueven el acceso, avance y finalización de estudios de pregrado y grado en áreas clave para el desarrollo del país”, señaló Falcone.
Con este nuevo régimen, el Ejecutivo busca promover el desarrollo económico, incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios, y favorecer la creación de empleo. Además, apunta a coordinar el trabajo entre el Estado nacional, las provincias y las autoridades de aplicación en materia de recursos naturales, así como a fortalecer las cadenas de producción locales vinculadas a estos proyectos.
La iniciativa está orientada a atraer inversiones de gran escala en sectores tecnológicos y actividades que actualmente “no cuenten con desarrollo en el país”. El piso mínimo de inversión previsto es de US$1000 millones.
Cuestionamientos a la ley de Lobby
El plenario de Asuntos Constitucionales y Legislación General también dio un nuevo paso en el tratamiento del proyecto de Régimen de Gestión de Intereses, destinado a garantizar la publicidad, transparencia, trazabilidad y probidad de las interacciones entre actores públicos y privados en los procesos de formación y toma de decisiones estatales.
El proyecto de ley de lobby recibió cuestionamientos mayoritarios por parte de representantes de ONG, asociaciones de la sociedad civil y cámaras empresarias, que advirtieron sobre la amplitud de algunas definiciones y el posible impacto en el derecho a la participación.
Entre quienes participaron estuvo el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, representado por Alejandra García, que planteó reparos sobre la definición de “gestión de intereses”. Según sostuvo, “su redacción es tan amplia que comprende, literalmente, cualquier comunicación dirigida a influir en una decisión pública. No distingue entre actividades remuneradas o gratuitas, profesionales o espontáneas, permanentes u ocasionales”.
García también cuestionó el impacto que podría tener la norma sobre el ejercicio profesional de los abogados. “El proyecto no distingue entre la gestión de negocios lícitos, que hacemos los abogados y abogadas de manera constitucional en defensa de los intereses de nuestros clientes, y cualquier otra actividad comercial. Además, penaliza con penas gravísimas omisiones formales como no estar inscripto en un registro”, le dijo a TN.
Y agregó: “Si tuviéramos que registrar a cada una de las personas o clientes que representamos, estaríamos violando el secreto profesional, que es un deber constitucional y una garantía vinculada al derecho de defensa”.
Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) también rechazaron la iniciativa. La organización advirtió que el proyecto restringe de manera irrazonable el derecho a la participación y petición, con definiciones vagas y obligaciones uniformes que podrían perjudicar especialmente a grupos vulnerables. Además, señaló que el texto no distingue entre distintos tipos de gestión de intereses, no contempla medidas para promover la igualdad y otorga amplias facultades discrecionales a la autoridad de aplicación.
“Desde ACIJ creemos que debe mirarse con fuerte sospecha y rechazarse toda iniciativa que, aun cuando trate sobre temas como el lobby, cuya regulación es legítima, pueda ser utilizada de manera parcial y arbitraria por cualquier autoridad de turno, ahora o en el futuro”, sostuvo Eduardo Ferreyra, codirector de la entidad.
También participaron del debate Alejandro Díaz, CEO de AmCham; Ángeles Naveyra, de la Fundación Barbechando; María Barón, de Directorio Legislativo; Pablo Secchi, de Poder Ciudadano; Andrés Napoli, de FARN; Gastón Wright, de Civic House; Santiago Rossi, del Consejo Profesional de Relaciones Públicas y Comunicación de la Argentina; Juan Pablo Zanetta, de la Asociación de Abogados de Buenos Aires; Diego Buranello, de Círculo DirComs; Fernando Ruiz, de FOPEA; y Leandro Cahn, de Fundación Huésped, entre otros.
Diputados, debates
POLITICA
La Justicia procesó a Diego Spagnuolo en una segunda causa por presunta corrupción en la ANDIS
El juez federal Ariel Lijo volvió a procesar a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en una causa por presunta corrupción en el organismo.
La investigación se centra en la compra de insumos médicos y ortopédicos a través del Programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad y pacientes con enfermedades graves que no cuentan con cobertura médica específica.
La Justicia busca determinar si funcionarios y empresarios acordaron direccionar contrataciones públicas para beneficiar a determinados proveedores a cambio de retornos económicos.
Según informó Clarín sobre la resolución judicial, este nuevo tramo de la causa comprende operaciones que habrían generado un gasto de $75,5 millones y alcanza a otros exfuncionarios y empresarios vinculados con las firmas proveedoras.
La investigación por las compras de insumos médicos
El expediente analiza presuntas irregularidades en la adquisición de prótesis, implantes cocleares, materiales quirúrgicos, sillas de ruedas motorizadas y otros dispositivos médicos. Los insumos eran destinados a personas que reciben asistencia a través del Programa Incluir Salud.
De acuerdo con la información publicada por Clarín, la resolución judicial también menciona diferencias entre los precios pagados y los valores de referencia.
Las estimaciones incluidas en el expediente superan los $7.800 millones al sumar las comparaciones correspondientes a insumos médicos y medicamentos.
La investigación está a cargo del fiscal federal Franco Picardi, que reconstruyó una segunda ruta de presuntos pagos ilegales. Las maniobras bajo análisis habrían ocurrido entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.
Quiénes están involucrados en la causa ANDIS
Además de Spagnuolo, el juez avanzó sobre otros exfuncionarios y empresarios. Entre ellos se encuentran Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvette y Ornella Calvette, además de distintos representantes de empresas proveedoras de insumos médicos.
Según la información difundida sobre la resolución, 19 personas fueron procesadas sin prisión preventiva, mientras que se amplió el procesamiento de otras cinco que ya estaban alcanzadas por la causa.
POLITICA
El Banco Central se niega a identificar a las entidades con las que se realizó la cobertura del oro
El Banco Central adoptó una posición de estricto hermetismo respecto de la o las entidades con las que se hizo la cobertura del oro en 2025. La tesitura se repite igual en el Gobierno. Esto, después de que la Auditoría General de la Nación (AGN) señalara que esas operaciones le generaron a la autoridad monetaria una pérdida de US$1.023 millones, pagada con divisas.
Tanto el BCRA como la Casa Rosada puntualizaron en que la AGN -liderada por el peronista capitalino Juan Manuel Olmos– tuvo una intención “puramente política”. Alegaron que las posiciones en oro del Central, incluidas las coberturas, arrojaron una ganancia neta de US$2505 millones.
Sin embargo, desde la entidad comandada por Santiago Bausili evitaron dar a el detalle de quién fue la contraparte de la cobertura.
“Es una información que por ahora el BCRA no hará pública”, alegaron desde el Banco Central, sin mayores detalles sobre el porqué y en medio de las especulaciones que ya sembró la oposición.
Tanto en el Gobierno como en el Ministerio de Economía, previamente, habían remitido las consultas de este medio al BCRA.
El martes, el vocero presidencial, Adrián Ravier, también evitó ante responder sobre la o las entidades con las que se hizo la operación. “No tengo el nombre de la empresa que tomó la cobertura”, dijo.
Si el vocero tenía preparada una respuesta para defender la medida. Ravier sostuvo, primero, que las posiciones en oro del Banco Central derivaron en US$2500 millones de ganancia. “Si miramos el punto del oro, representa 20% de las reservas internacionales. Esto habla de un activo muy importante. La política habitual de los bancos centrales, incluso de este en períodos anteriores, es tratar de darle estabilidad a un activo tan importante. En otro tiempo se podría haber dicho que el oro era muy estable por sí mismo, pero la realidad es que hoy estamos observando mucha volatilidad con el precio; entonces, no es un error tomar una cobertura, un seguro, para cubrirse de la dinámica y la volatilidad del precio”, justificó.
En eso, el vocero del Presidente comparó la cobertura con un seguro para un auto. Dijo que si cualquier persona paga una póliza y durante todo el año no tiene ningún accidente, podría pensar que perdió dinero por haberla contratado. “Aquí es lo mismo: con el diario del lunes es fácil decir que el BCRA perdió dinero con la cobertura, pero la realidad es que no sabíamos un año atrás que el precio del oro iba a subir lo que subió, mas de 60%”, marcó.
Acto seguido, hizo esta cuenta: “Producto del aumento del precio del oro, el activo del Banco Central tuvo una ganancia de US$3500 millones. La cobertura implicó una deducción de US$1000 millones. La ganancia supera los US$2500 millones″.
Entonces, Ravier planteó que si el valor del oro hubiera bajado, el Central hubiera tenido con qué cubrirse y denunció una “politización” de la AGN.
“La auditoría en el informe habla de una ‘acción especulativa’ del Central y, después, de una ‘cobertura’. O es una; o es la otra. ‘Especulativa’ sería si no se hubiera tomado la cobertura porque el BCRA hubiese especulado que el precio iba a ir subiendo, no iba a necesitarla e iba a ganar con ese aumento. Como no quiere el Gobierno especular qué va a pasar con el precio del oro, se cubre con un seguro, tratando de darle estabilidad”, dijo para defender la movida.
La definición de Ravier fue en total sintonía con lo que había explicado el Central apenas se conoció el informe de la AGN. En ese momento, la autoridad monetaria sostuvo que este tipo de operaciones son una práctica habitual desde 2007.
En el reporte que generó la controversia, la AGN definió que los estados contables del Central al 31 de diciembre de 2025 “son razonables, en sus aspectos técnicos, sobre la situación patrimonial de la entidad”, pero hizo un “señalamiento” sobre el resultado de las operaciones vinculadas a las reservas de oro.
“Durante 2025, el BCRA realizó operaciones financieras especulando con una determinada trayectoria para el precio internacional del oro, erró el cálculo y perdió US$1023 millones, según surge de las registraciones contables”, planteó la AGN en el informe que presentó Olmos y que desató la reacción de la Casa Rosada y el BCRA, que igual siguen sin decir quién fue la contraparte.
pérdida de US$1.023 millones,Paula Rossi,Banco Central,Conforme a
POLITICA
Estados Unidos envía a sus dos principales funcionarios para la región a la Argentina para impulsar el Corredor Andes-Atlántico
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció hoy que el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, viajarán la semana próxima a la Argentina para impulsar el Corredor Andes-Atlántico, la iniciativa conjunta de infraestructura e inversiones firmada entre ambos países el mes pasado. La gira se extenderá entre el 19 y el 26 de octubre con escalas en Asunción (Paraguay) y Buenos Aires.
Aunque no se precisó la fecha exacta de arribo a la capital argentina, la visita representa el desembarco diplomático de más alto nivel desde que Donald Trump regresó a la presidencia y se produce después de que Javier Milei viajara a Washington esta semana.
“Estamos trabajando para ampliar el comercio de Estados Unidos, profundizar la cooperación en materia de seguridad regional y fortalecer las asociaciones en todo el Hemisferio Occidental”, señaló Segura en su cuenta de X al confirmar el viaje.
En tanto, el Departamento de Estado, el organismo que lidera el secretario Marco Rubio, difundió un comunicado donde se informa que “en Buenos Aires, Landau se reunirá con altos funcionarios del gobierno argentino y líderes del sector privado para aprovechar el impulso generado por el lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico”.
“Discutirán vías para fomentar el crecimiento económico, aumentar la inversión estadounidense y fortalecer la cooperación en seguridad”, se añadió en el texto, donde se calificó la gira como un reflejo del “compromiso de la administración Trump con un hemisferio occidental seguro y próspero”.
Para Washington, el Corredor Andes-Atlántico “profundiza la integración económica entre Estados Unidos y la Argentina” y conecta a los inversores con oportunidades en los sectores energético, minero, de infraestructura y tecnológico. El gobierno norteamericano la presentó como la primera asociación para un corredor global de infraestructura e inversión en el Hemisferio Occidental, con el objetivo de ampliar las oportunidades para sus empresas y fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos y energía, entre ellos el litio, el cobre, el petróleo y el gas.
En tanto, y según el comunicado oficial, Landau encabezará en Paraguay una delegación comercial de empresas estadounidenses para explorar oportunidades de inversión. También se reunirá con altos funcionarios del gobierno paraguayo para reafirmar lo que el Departamento de Estado describió como la “histórica asociación estratégica” entre ambas naciones. La agenda en Asunción incluirá la ampliación del comercio bilateral, la profundización de la cooperación en seguridad regional y el combate al crimen transnacional.
Según fuentes oficiales, la agenda de Landau en Buenos Aires contempla reuniones con el presidente Javier Milei, con Pablo Quirno y con autoridades parlamentarias. El miércoles pasado, el canciller argentino se reunió con Segura en Washington, donde repasaron la agenda bilateral en distintos ejes, incluido el acuerdo de financiamiento para inversiones en infraestructura.
La llegada de los dos funcionarios, se prevé, también servirá para ultimar los preparativos de la visita del vicepresidente JD Vance a Buenos Aires, prevista para la tercera semana de noviembre. Aún restan conocer la fecha exacta de su arribo y la agenda en el país del número dos de la Casa Blanca.
El Corredor Andes-Atlántico
El acuerdo fue lanzado el 23 de septiembre en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU, por Landau y Quirno. Contempla herramientas de financiamiento estadounidense por hasta 7.000 millones de dólares hacia 2027 para modernizar ferrocarriles, oleoductos, gasoductos, puertos, redes eléctricas e infraestructura digital que unen el noroeste argentino y la cuenca energética de Vaca Muerta con los puertos atlánticos.
El componente más avanzado es Argentina LNG, el proyecto de exportación de gas que lidera YPF junto con la italiana Eni y XRG, de Emiratos Árabes Unidos. El Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (Exim Bank) presentó una propuesta indicativa de financiamiento de largo plazo por hasta 6.000 millones de dólares destinada a la compra de bienes y servicios estadounidenses.
El crédito todavía no está aprobado y requiere el aval del directorio del banco. La primera fase del proyecto prevé dos unidades flotantes de licuefacción frente a la costa de Río Negro, con capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado y el inicio de operaciones proyectado para 2031. Argentina LNG involucra una inversión total estimada de 51.000 millones de dólares durante toda su vida útil, la mayor anunciada en la historia del país.
Además del corredor, la visita de Landau y Segura abordará otros ejes de la relación bilateral. Ambos gobiernos profundizaron en las últimas semanas el intercambio de información y la asistencia técnica. A comienzos de octubre, Estados Unidos formalizó la creación de una unidad regional contra el narcotráfico con sede en la Argentina y aprobó 13,35 millones de dólares para cooperación contra el crimen organizado, de los cuales 7,5 millones estarán destinados a proyectos locales.
Segura tiene 38 años, nació en Alexandria, Virginia, y es hijo de inmigrantes argentinos. Su padre, Enrique Segura, es un economista con paso por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. Militante republicano, Segura fundó en 2014 Babyscripts, una empresa de tecnología de salud orientada al monitoreo prenatal, y ocupó el cargo de secretario de Comercio de Virginia bajo el gobernador Glenn Youngkin antes de ser nominado por Trump y confirmado por el Senado en agosto.
International,Relations,Diplomacy / Foreign Policy,South America / Central America
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