POLITICA
Avanzan las reformas en Santa Fe, que endureció su sistema penitenciario en medio de la guerra contra las organizaciones criminales

En plena guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico, la provincia de Santa Fe avanza con su plan de endurecimiento penitenciario.
Ese proyecto tiene como puntapié la construcción de “El Infierno”, una nueva cárcel de máxima seguridad destinada a presos de alto perfil que funcionará dentro de la Unidad Penitenciaria Nº 8 de Piñero.
El complejo, que demandó una inversión superior a los $143.000 millones, se espera que esté terminado en los próximos meses y alojará a más de 1.150 internos, entre ellos narcotraficantes, sicarios y detenidos considerados de extrema peligrosidad.
La obra se enmarca dentro del Plan Director de Infraestructura Penitenciaria impulsado por la gestión de Maximiliano Pullaro, que contempla ampliar la capacidad del sistema carcelario santafesino, descomprimir comisarías y reforzar los controles sobre los detenidos vinculados a organizaciones criminales.
Según detalló el gobierno provincial, el nuevo penal contará con 1.152 celdas individuales distribuidas en cuatro módulos. Cada pabellón tendrá estructuras de hormigón premoldeado y estará diseñado para limitar al máximo el contacto entre los internos. El complejo incluirá además un edificio central de administración, doble muro perimetral de 1.800 metros de extensión y 10 metros de altura, circulación vehicular interna y pasarelas superiores para vigilancia.
También dispondrá de 24 torres de vigilancia, torreones cada 70 metros y una torre principal de 36 metros de altura con visión panorámica de 360 grados. El penal incorporará boxes individuales para visitas y comunicaciones mediante mamparas, sin contacto físico directo entre los presos y quienes ingresen al establecimiento.
“El control efectivo de la población detenida es fundamental. Cuando más control hay de las cárceles, más control hay de las calles”, sostuvo Pullaro al referirse al proyecto.
El gobernador remarcó que la política de seguridad provincial no se limita al despliegue policial o tecnológico y vinculó la construcción de cárceles con la estrategia para reducir la violencia y desarticular bandas criminales.
En ese sentido, explicó que cada detenido alojado en “El Infierno” permanecerá en una celda individual bajo supervisión permanente del Servicio Penitenciario y solo podrá compartir espacios comunes con grupos reducidos de hasta 12 personas cuando las autoridades lo dispongan.
El mandatario provincial indicó además que cerca de 500 presos considerados de mayor peligrosidad serán trasladados al nuevo complejo. Según precisó, se trata de 70 internos clasificados en el nivel 1, 176 del nivel 2 y casi 300 del nivel 3. “Esto nos permitirá seguir separando a los detenidos más violentos y conflictivos de la provincia para romper sus vínculos con el exterior”, afirmó.
La construcción de “El Infierno” forma parte de una expansión más amplia del sistema penitenciario santafesino. En el mismo predio de Piñero también se levantan otras dos cárceles con capacidad aproximada para 1.950 detenidos cada una. Además, el plan oficial prevé la construcción de siete módulos adicionales en distintas unidades penitenciarias provinciales.
Entre las obras proyectadas figuran nuevas instalaciones en la Unidad Penitenciaria Nº 5 de Rosario, donde se construyen cuatro módulos con 160 celdas para alojar hasta 320 reclusos; la ampliación de la Unidad Penitenciaria Nº 9 de Recreo, con espacio para 880 detenidos; y trabajos de infraestructura en las cárceles de Las Flores, Coronda y Santa Felicia.
En Coronda, por ejemplo, se ejecuta la construcción de cuatro pabellones de aislamiento con 18 celdas cada uno, mientras que en Santa Felicia se levantarán pabellones específicos para ofensores sexuales.
Por la construcción de este penal de máxima seguridad, las requisas que se realizan semanalmente en el Penal de Piñero y otras medidas adoptadas como el aislamiento de líderes criminales, al gobernador se lo ha comparado públicamente con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, definió la obra de Piñero como “un punto de inflexión en la arquitectura penitenciaria moderna” y sostuvo que no encontraron antecedentes similares en la región. “En unos años otras provincias y países podrían tomar esta infraestructura como referencia, porque el fenómeno de los presos de alto perfil es un problema extendido en América Latina”, señaló.
El funcionario agregó que Santa Fe impulsa “un nuevo paradigma penitenciario” preparado no solo para impedir fugas, sino también para resistir ataques externos y enfrentar amenazas complejas vinculadas al crimen organizado.
Por su parte, la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, explicó que el complejo fue diseñado específicamente para responder a los niveles de violencia registrados en la provincia. Según sostuvo, el objetivo central es evitar que los líderes criminales continúen organizando delitos desde el interior de las cárceles.
“El establecimiento fue concebido a medida de los problemas de violencia que atravesó la provincia”, indicó la funcionaria al describir el sistema de aislamiento y control previsto para los internos de alto perfil.
El secretario de la Unidad Ejecutora de Infraestructura en Materia de Seguridad Pública y Penitenciaria, Diego Leone, señaló que varias empresas trabajan de manera simultánea en la construcción del penal para acelerar los plazos de ejecución. Según explicó, la coordinación técnica representa uno de los principales desafíos de la obra debido a la necesidad de unificar materiales y sistemas en todos los pabellones.
El Gobierno santafesino sostuvo que el plan penitenciario permitirá incorporar unas 2.460 celdas nuevas en toda la provincia, con capacidad para alojar a 3.632 reclusos en una superficie cubierta de más de 92.000 metros cuadrados.
Cambios en el Código Procesal Penal y facultades policiales
Recientemente, el gobierno envió a la legislatura local once reformas al Código Procesal Penal y leyes relacionadas con el sistema de seguridad. Entre los puntos más relevantes se encuentra la habilitación del juicio penal en ausencia, la aceleración de los procesos judiciales y el endurecimiento de los regímenes penitenciarios para internos de alto perfil. Se prevé, además, un aislamiento especial para estos internos, con el objetivo de limitar su capacidad de operar desde prisión.
El plan otorga nuevas atribuciones de investigación tanto a la Policía como al Ministerio Público de la Acusación (MPA). Esto se traduce en la posibilidad de realizar interrogatorios policiales en los primeros tramos de la investigación, eliminando la obligatoriedad de la presencia del defensor en la declaración inicial del imputado. También se contempla que los fiscales puedan ordenar la inactivación inmediata de propiedades usadas para el microtráfico u otros delitos, en casos de “extrema obviedad”, sin requerir la intervención judicial previa.
Quienes se preguntan por qué Santa Fe promueve estas reformas deben saber que el objetivo es dotar a las autoridades de herramientas ágiles y efectivas para frenar la violencia y desarticular bandas criminales. El enfoque del gobierno provincial destaca la necesidad de mayor poder policial, procedimientos judiciales más veloces y un control penitenciario más estricto.
POLITICA
El oficialismo necesita consensos para avanzar en el Congreso, pero provoca dudas sobre los acuerdos ya negociados

La agenda de Diputados asoma intensa para el oficialismo, que pondrá a prueba su capacidad para negociar nuevos acuerdos y, también, sostener los tratos ya cerrados. En la amplia lista de temas pendientes, el proyecto sobre Malvinas deberá esperar una semana más para ver hasta qué punto el Gobierno cede en la búsqueda de apoyo de socios y dialoguistas, además de procesar la mala señal que acaba de dar Estados Unidos en la ONU. Antes, debería afianzar los entendimientos en cuestiones sensibles como Discapacidad y ley de Tierras. En los dos casos, trascienden crujidos internos que alimentan recelos de aliados y especulaciones de la oposición dura.
Ese conjunto de iniciativas, que el Gobierno busca acelerar, suma también el Presupuesto 2027 y -desde hace rato, en el Senado- la reforma electoral, considerada decisiva por el Ejecutivo para avanzar con su plan reeleccionista. Son temas que demandan negociaciones complejas por la variedad de ventanillas a atender, en especial las de gobernadores. Sin embargo, la cuestión colocada en el núcleo de su “estrategia” inmediata resultó ser el giro con Malvinas, en el marco del intento político más amplio frente a la realidad económica.
Las conversaciones sobre la iniciativa de Defensa de la Soberanía Nacional expusieron rápidamente dos indicadores bastante claros, y esperables, en la Cámara baja: el primero, por supuesto, el consenso sobre las sanciones a empresas que participen de proyectos de explotación de recursos naturales en aguas y territorio de Malvinas; el segundo, los rechazos y críticas a los capítulos sobre penas para promotores de campañas de “desinformación masiva” -con criterios tan laxos que amenazan la libertad de expresión- y sobre la integración y facultades del Consejo de Seguridad.
Algunos legisladores de la oposición plantearon directamente que el proyecto debería ser dividido en dos textos, algo que rechaza el oficialismo. En paralelo, los aliados de LLA trasmitieron sus cuestionamientos y advirtieron que la iniciativa no tiene posibilidades de avanzar sin cambios, tal y como fue redactada en la Casa Rosada. Eso gatilló negociaciones apuntadas a garantizar respaldo básico antes de llevar el tema al recinto.
Como suele ocurrir con algunos movimientos propios en el Congreso, legisladores libertarios se apresuraron a plantear el objetivo detratar en velocidad el proyecto. Las conversaciones no son sencillas y ya la semana pasada LLA debió darse más tiempo para continuar las tratativas, al comprobar que aún no reunía los apoyos necesarios para lograr dictamen en comisión.
El oficialismo revisó sus planes y anotó entonces para este martes una nueva convocatoria al plenario de las tres comisiones que intervienen en este caso: Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación General. Pero un día antes, resolvió postergar para la semana que viene ese encuentro. Eso expone que todavía no tendría aseguradas las firmas de socios y espacios dialoguistas, es decir, del PRO, el bloque oficial de la UCR y legisladores que responden a jefes provinciales.
¿Es el único motivo? En medios opositores consideran que pesarían presiones de empresas estadounidenses por los alcances de algunos artículos del tramo de las sanciones. El oficialismo osciló entre el silencio y la descalificación informal de las informaciones sobre el asunto. Un dato diferente, pero público, se añadió como ingrediente en las últimas horas: Estados Unidos propuso disolver el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas, que es precisamente el ámbito principal del reclamo diplomático de la Argentina por Malvinas.

Eso produjo de hecho la primera e inesperada diferencia entre el gobierno de Milei y la gestión de Donald Trump. Es sabido que una movida de tal magnitud está lejos de proyectar resultado práctico en la ONU, porque fuera de presiones presupuestarias y unilaterales, demandaría apoyo mayoritario en la Asamblea General. De todos modos, y más allá de que el oficialismo intente minimizarlo por eso mismo, supone una situación por lo menos incómoda para los libertarios ante el referido plenario de comisiones. Necesitan unificar discurso ante la posible demanda de respuestas políticas por parte de la oposición.
El proyecto de Malvinas requiere un amplio ejercicio de negociaciones para cerrar el tema. Eso demanda sus tiempos. En lo inmediato, el Congreso también pone a prueba la capacidad para sostener acuerdos previos. En este último punto, el caso más destacado lo constituye el proyecto sobre los recursos para atender el área de discapacidad, que junto a morosidad en el endeudamiento familiar y las idas y vueltas con la ley de Tierras integran el temario de Diputados por presión opositora.
Para enfrentar la ofensiva de la oposición, las negociaciones de LLA con sus aliados -en esta materia casi exclusivamente cargo de Martín Menem– incluyeron concesiones presupuestarias en el texto sobre Discapacidad. La primera reacción fue dejar de lado el enorme ajuste expuesto en el proyecto de Presupuesto 2027. Pero ocurre que desde el Ejecutivo -no sólo desde Economía- transmitieron desacuerdo con los términos de las tratativas para lograr dictamen.
En otras palabras, el mensaje a los legisladores fue que no sería respetado un trato que pueda significar -en la visión presidencial- complicaciones para los planes de superávit. La señal no es nueva. Por ahora, nadie explica hasta qué punto llegaría esa advertencia, aunque está claro que el Gobierno dio señales variadas en otros momentos, desde vetos hasta el incumplimiento de una ley, como ocurre con el financiamiento universitario.
Esas tensiones en el interior del oficialismo alimentan las negociaciones de estos días, casi en los umbrales de la sesión impulsada para el miércoles por LLA. Las tratativas entre libertarios y sus aliados definirán la suerte del tema, pero por el momento, los crujidos en el frente libertario reabren especulaciones de la oposición sobre las chances de su dictamen, que propone extender en el 2027 la emergencia en discapacidad. Llega ahora la prueba del recinto.
Otro tema realmente llamativo lo constituye el recorrido del oficialismo con la Ley de Tierras. La intención primaria fue derogar la norma que viene de la etapa kirchnerista. Y así lo reflejaba un capítulo del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que fue podado íntegramente en el Senado porque resultaba imposible conseguir respaldo en el renovado clima por Malvinas. Parecía suficiente para dar por cerrado el tema, que remite a la cuestión de la soberanía, pero dos fallos de la Corte Suprema lo repusieron en la agenda pública.
La oposición volvió a la carga y, en Diputados, puso en la mira todo el DNU 70/2023 y no sólo el artículo que deroga la ley de Tierras. El oficialismo negoció con socios y dialoguistas para frenar esa movida y lo logró la semana pasada, pero lo hizo a cambio de un acuerdo para anular por ley ese punto del decreto inaugural de Milei. El trato fue incluido en el proyecto sobre propiedad privada, que si es aprobado volverá al Senado. Y es allí, en la Cámara alta, donde circulan reparos de senadores de LLA, que ahora deberían sancionar un cambio a contramano de lo que defendían hace poco. Se verá entonces si los acuerdos corren sin vueltas en las dos alas del Congreso.
Cámara de Diputados,DNU 70,Argentina,sesión parlamentaria,oposición
POLITICA
Un informe de la TV chilena reveló que tiraron placas argentinas del Cementerio de Darwin en Malvinas

Un informe de la televisión chilena mostró una serie de placas argentinas que fueron descartadas del Cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas, por ser consideradas “una provocación para los kelpers”. Sumado a objetos conmemorativos y recuerdos relacionados a soldados argentinos que murieron en la guerra de 1982, y que aparecieron tirados fuera del lugar.
Las imágenes se vieron en un informe del canal Teletrece sobre la comunidad chilena que reside en las Islas Malvinas. En ese contexto el periodista Samuel Rojas recorrió el Cementerio de Darwin, donde yacen los restos de 249 soldados argentinos que murieron durante la guerra.
Entre las imágenes se vio una placa colocada por una radio de Comodoro Rivadavia con la leyenda: “El pueblo de Comodoro Rivadavia a Nuestros Héroes. ‘Malvinas nos une’ – Abril 2026”, tirada fuera del cementerio, junto a listones rotos, pulseras, estatuillas y cerámicas partidas.
Durante el informe además hubo entrevistas a isleños, con reclamos al presidente Javier Milei, en plena escalada de tensión entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía del archipiélago, y el mensaje: “Isleños piden que Milei “los deje tranquilos”, en el graph. Darwin es un destino recurrente de familiares y veteranos, que desde hace unos 20 años viajan a visitar a los caídos y los escenarios de la guerra de 1982.
POLITICA
Siguen los cortocircuitos entre Milei y sus diputados por el proyecto de discapacidad que se consensuó con los aliados

La forma de abordar la discapacidad sigue generando diferencias dentro del Gobierno. Mientras el oficialismo en Diputados negoció con sus aliados un proyecto que recoge reclamos del sector para evitar que la oposición imponga una nueva emergencia, en el Poder Ejecutivo persisten los reparos por su costo fiscal.
La discusión llegará hoy a la mesa política del Gobierno, que se reunirá a las 13 para definir los próximos pasos de una negociación que todavía mantiene un final abierto.
“Desde el Ejecutivo hubiéramos querido otra cosa”, admitió el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, sobre el dictamen consensuado por los libertarios con la UCR, Pro y bloques provinciales. Lo hizo durante su exposición en Diputados por el presupuesto 2027, donde reconoció que el texto que se debatirá el miércoles en el recinto no responde a una iniciativa impulsada originalmente por el Poder Ejecutivo.
La intención original del Gobierno era endurecer el acceso a las pensiones, recuperar el criterio de invalidez laboral y eliminar el nomenclador de prestaciones para dejar los valores librados a la negociación entre prestadores -de terapias, transporte y acompañamiento, entre otros servicios- y obras sociales y prepagas. Se trata de un cambio que beneficiaría a las grandes empresas de salud.
Pero esa voluntad choca desde el año pasado con los límites que le impone el Congreso. El oficialismo acumula siete votaciones adversas en materia de discapacidad, incluida la revocación de un veto presidencial. También encontró resistencia en la Justicia, que a través de distintos fallos obligó al Gobierno a aplicar la ley de emergencia.
La brecha entre querer y poder todavía no fue saldada dentro del universo libertario. El equipo económico no se resigna a imponer su posición, pese a los esfuerzos del ala política por encontrar una salida intermedia que permita evitar una crisis mayor. Las negociaciones con los aliados son encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de Diputados, Martín Menem; y la diputada Laura Rodríguez Machado.
El dictamen que lograron consensuar incorporó aspectos centrales de la ley de emergencia, como la compatibilidad de la pensión por discapacidad con ingresos laborales de hasta dos salarios mínimos, la fijación de la pensión en el 70% del haber mínimo jubilatorio y el sostenimiento del nomenclador de prestaciones.
Sin embargo, quedaron puntos sensibles sin resolver. El texto no precisa cómo se actualizará el nomenclador, mientras que los aliados exigen garantías de que las prestaciones se ajustarán mensualmente por inflación. La iniciativa establece, no obstante, que los fondos asignados al Ministerio de Salud no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio anterior.
Tampoco se incorporó un pedido de Pro para fijar un cronograma de pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores por la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, que no quedó contemplada en las actualizaciones de los aranceles.
El proyecto todavía podría sufrir modificaciones en el recinto. Algunos cambios técnicos ya fueron consensuados, como precisar de dónde saldrán los fondos para afrontar los gastos previstos y eliminar el artículo 17, que despertó sospechas entre los aliados por la amplitud de su redacción: “Derógase toda norma que se oponga a la presente”.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo fiscal de la propuesta alcanzaría casi $600.000 millones en 2027, equivalentes al 0,04% del PBI, y $1,2 billones en 2028, el 0,07% del PBI, con el padrón completo. La compensación pendiente a los prestadores se estima en $278.323 millones, aunque el organismo aclara que se trata de una obligación existente y no de un gasto adicional.
La discusión política
La conveniencia de avanzar con este proyecto será uno de los temas que se discutirán hoy en la mesa política. “El escenario está abierto. Todavía hay tironeos”, repiten en el bloque libertario, donde reconocen que las diferencias persisten. Nadie descarta, incluso, la posibilidad de un nuevo veto presidencial, aunque se trataría de una salida especialmente compleja para un oficialismo desgastado por el conflicto.
El Gobierno ya intentó imponer su posición, sin éxito. Primero lo hizo a través de un proyecto presentado en el Senado en abril de este año, que quedó aislado y cuyo debate nunca comenzó. Luego volvió a plasmar sus pretensiones en el proyecto de presupuesto 2027, presentado el 15 de septiembre, que provocó el rechazo inmediato de la oposición, pero también de legisladores propios y aliados que venían negociando una salida intermedia entre la derogación de la emergencia y su continuidad.
Otra alternativa es que la negociación continúe en el Senado, a través del bloque oficialista que conduce Patricia Bullrich. La exministra ya había expresado su malestar cuando el Ejecutivo presentó un proyecto de Presupuesto que contradecía las negociaciones legislativas en marcha. “No me tomen de tonta”, advirtió entonces.
Bullrich también conserva influencia sobre al menos 14 diputados que podrían resistirse a convalidar un nuevo veto de Javier Milei. Los números del oficialismo vuelven así a exhibir los límites de una estrategia que ya cosechó sucesivas derrotas parlamentarias.
“Lo que quiere el Poder Ejecutivo es inviable”, remachó un legislador oficialista acostumbrado a recorrer los pasillos del Congreso en busca de votos. La paradoja es que el oficialismo negoció una salida para evitar otra derrota parlamentaria, pero todavía no está claro que el propio Gobierno esté dispuesto a aceptarla.
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