POLITICA
Avanzan las reformas en Santa Fe, que endureció su sistema penitenciario en medio de la guerra contra las organizaciones criminales

En plena guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico, la provincia de Santa Fe avanza con su plan de endurecimiento penitenciario.
Ese proyecto tiene como puntapié la construcción de “El Infierno”, una nueva cárcel de máxima seguridad destinada a presos de alto perfil que funcionará dentro de la Unidad Penitenciaria Nº 8 de Piñero.
El complejo, que demandó una inversión superior a los $143.000 millones, se espera que esté terminado en los próximos meses y alojará a más de 1.150 internos, entre ellos narcotraficantes, sicarios y detenidos considerados de extrema peligrosidad.
La obra se enmarca dentro del Plan Director de Infraestructura Penitenciaria impulsado por la gestión de Maximiliano Pullaro, que contempla ampliar la capacidad del sistema carcelario santafesino, descomprimir comisarías y reforzar los controles sobre los detenidos vinculados a organizaciones criminales.
Según detalló el gobierno provincial, el nuevo penal contará con 1.152 celdas individuales distribuidas en cuatro módulos. Cada pabellón tendrá estructuras de hormigón premoldeado y estará diseñado para limitar al máximo el contacto entre los internos. El complejo incluirá además un edificio central de administración, doble muro perimetral de 1.800 metros de extensión y 10 metros de altura, circulación vehicular interna y pasarelas superiores para vigilancia.
También dispondrá de 24 torres de vigilancia, torreones cada 70 metros y una torre principal de 36 metros de altura con visión panorámica de 360 grados. El penal incorporará boxes individuales para visitas y comunicaciones mediante mamparas, sin contacto físico directo entre los presos y quienes ingresen al establecimiento.
“El control efectivo de la población detenida es fundamental. Cuando más control hay de las cárceles, más control hay de las calles”, sostuvo Pullaro al referirse al proyecto.
El gobernador remarcó que la política de seguridad provincial no se limita al despliegue policial o tecnológico y vinculó la construcción de cárceles con la estrategia para reducir la violencia y desarticular bandas criminales.
En ese sentido, explicó que cada detenido alojado en “El Infierno” permanecerá en una celda individual bajo supervisión permanente del Servicio Penitenciario y solo podrá compartir espacios comunes con grupos reducidos de hasta 12 personas cuando las autoridades lo dispongan.
El mandatario provincial indicó además que cerca de 500 presos considerados de mayor peligrosidad serán trasladados al nuevo complejo. Según precisó, se trata de 70 internos clasificados en el nivel 1, 176 del nivel 2 y casi 300 del nivel 3. “Esto nos permitirá seguir separando a los detenidos más violentos y conflictivos de la provincia para romper sus vínculos con el exterior”, afirmó.
La construcción de “El Infierno” forma parte de una expansión más amplia del sistema penitenciario santafesino. En el mismo predio de Piñero también se levantan otras dos cárceles con capacidad aproximada para 1.950 detenidos cada una. Además, el plan oficial prevé la construcción de siete módulos adicionales en distintas unidades penitenciarias provinciales.
Entre las obras proyectadas figuran nuevas instalaciones en la Unidad Penitenciaria Nº 5 de Rosario, donde se construyen cuatro módulos con 160 celdas para alojar hasta 320 reclusos; la ampliación de la Unidad Penitenciaria Nº 9 de Recreo, con espacio para 880 detenidos; y trabajos de infraestructura en las cárceles de Las Flores, Coronda y Santa Felicia.
En Coronda, por ejemplo, se ejecuta la construcción de cuatro pabellones de aislamiento con 18 celdas cada uno, mientras que en Santa Felicia se levantarán pabellones específicos para ofensores sexuales.
Por la construcción de este penal de máxima seguridad, las requisas que se realizan semanalmente en el Penal de Piñero y otras medidas adoptadas como el aislamiento de líderes criminales, al gobernador se lo ha comparado públicamente con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, definió la obra de Piñero como “un punto de inflexión en la arquitectura penitenciaria moderna” y sostuvo que no encontraron antecedentes similares en la región. “En unos años otras provincias y países podrían tomar esta infraestructura como referencia, porque el fenómeno de los presos de alto perfil es un problema extendido en América Latina”, señaló.
El funcionario agregó que Santa Fe impulsa “un nuevo paradigma penitenciario” preparado no solo para impedir fugas, sino también para resistir ataques externos y enfrentar amenazas complejas vinculadas al crimen organizado.
Por su parte, la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, explicó que el complejo fue diseñado específicamente para responder a los niveles de violencia registrados en la provincia. Según sostuvo, el objetivo central es evitar que los líderes criminales continúen organizando delitos desde el interior de las cárceles.
“El establecimiento fue concebido a medida de los problemas de violencia que atravesó la provincia”, indicó la funcionaria al describir el sistema de aislamiento y control previsto para los internos de alto perfil.
El secretario de la Unidad Ejecutora de Infraestructura en Materia de Seguridad Pública y Penitenciaria, Diego Leone, señaló que varias empresas trabajan de manera simultánea en la construcción del penal para acelerar los plazos de ejecución. Según explicó, la coordinación técnica representa uno de los principales desafíos de la obra debido a la necesidad de unificar materiales y sistemas en todos los pabellones.
El Gobierno santafesino sostuvo que el plan penitenciario permitirá incorporar unas 2.460 celdas nuevas en toda la provincia, con capacidad para alojar a 3.632 reclusos en una superficie cubierta de más de 92.000 metros cuadrados.
Cambios en el Código Procesal Penal y facultades policiales
Recientemente, el gobierno envió a la legislatura local once reformas al Código Procesal Penal y leyes relacionadas con el sistema de seguridad. Entre los puntos más relevantes se encuentra la habilitación del juicio penal en ausencia, la aceleración de los procesos judiciales y el endurecimiento de los regímenes penitenciarios para internos de alto perfil. Se prevé, además, un aislamiento especial para estos internos, con el objetivo de limitar su capacidad de operar desde prisión.
El plan otorga nuevas atribuciones de investigación tanto a la Policía como al Ministerio Público de la Acusación (MPA). Esto se traduce en la posibilidad de realizar interrogatorios policiales en los primeros tramos de la investigación, eliminando la obligatoriedad de la presencia del defensor en la declaración inicial del imputado. También se contempla que los fiscales puedan ordenar la inactivación inmediata de propiedades usadas para el microtráfico u otros delitos, en casos de “extrema obviedad”, sin requerir la intervención judicial previa.
Quienes se preguntan por qué Santa Fe promueve estas reformas deben saber que el objetivo es dotar a las autoridades de herramientas ágiles y efectivas para frenar la violencia y desarticular bandas criminales. El enfoque del gobierno provincial destaca la necesidad de mayor poder policial, procedimientos judiciales más veloces y un control penitenciario más estricto.
POLITICA
Pablo Juliano: “El Congreso tiene que defender a la gente, no a Adorni”

El diputado nacional Pablo Juliano sostuvo durante una entrevista exclusiva en Infobae al Mediodía que “hay que proteger a la Argentina de los Adorni”, reclamando la salida del jefe de Gabinete nacional en medio de fuertes sospechas de corrupción.
En una charla con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Juliano defendió la convocatoria a una sesión especial en Diputados luego de que el Senado no avanzara con la moción de censura contra Manuel Adorni. “No tiene sentido proteger de qué. Cuando el jefe de Gabinete sale en la entrevista con y dice: ‘Se viene un golpe’, ese caramelo no se lo come nadie”, afirmó el legislador, aludiendo al desgaste político generado por la permanencia de Adorni en el cargo.
El diputado de Provincias Unidas cuestionó el manejo oficialista ante las denuncias sobre la declaración jurada de Manuel Adorni y su hermano Francisco. “Todo lo que conocemos por Adorni fue por el periodismo, principal víctima que está siendo señalado ahora, los periodistas que investigan”, señaló, y subrayó que fue el único que le preguntó “qué estaba esperando para renunciar” cuando Adorni asistió al Congreso. “Me cortaron cinco veces el micrófono y le estaba pidiendo que me diga cuándo iba a renunciar. Es la única pregunta que se hace la Argentina entera”, remarcó.
Juliano consideró que el presidente Javier Milei podría haber resuelto la situación de Adorni “hace noventa días” y sostuvo: “Esto puede terminarlo en este preciso momento. Está en su decisión, en su facultad y no lo hace. Obviamente todos sabemos muy bien que Manuel Adorni estuvo involucrado en dar a luz LIBRA. El tema es que ahí se nos puso en falsa escuadra todo”.
El legislador insistió en que la continuidad de Adorni afecta la credibilidad institucional. “Hay un lumpen de jefe de Gabinete. No sé por qué damos vuelta. Un tipo que es contador público, presenta veintidós rectificaciones en su declaración jurada y administra, es quien ejecuta el presupuesto nacional”, lanzó.
Sospechas sobre la declaración jurada y el rol de la Justicia
Durante la entrevista, Juliano detalló las inconsistencias en la declaración jurada de Adorni. “Dijo cuando nos dijo a la cara: ‘No hay ocultación alguna’ y boludeó a todo el país entero. Adorni es Milei y esta cuenta la tiene que pagar el presidente de la Nación”, sentenció.
Consultado sobre las consecuencias políticas, indicó: “Vos podrás decir en las encuestas, en la imagen, en cómo perdió un elemento trascendental en la receta de este gobierno, venir a terminar con los privilegios era el cincuenta por ciento de las acciones”. Y agregó: “La macroeconomía se diseña sobre la base del esfuerzo de los argentinos de a pie. Para poder seguirme esforzando, tengo que tratar de ver que los funcionarios no sean los primeros que se benefician ni que me hagan trampa”.
Juliano también apuntó a la Justicia: “Gracias a esa actitud pudiste conocerlo y a la del fiscal Pollicita, que avanzó a fondo con un montón de temas. Ahora, el fiscal Tayane no. En lo de LIBRA no se lo llamó nunca. Probablemente cuando tuvo que ir ahora al desarmadero de las cripto para hacernos este dibujo… el blanco no le va a cerrar”.
Los periodistas del staff recordaron que en la declaración jurada de Adorni figuraban “tres mil quinientos bitcoin” y Juliano ironizó: “Sos multimillonario. Incluso después apareció en los videos donde él después dice en el 2022 o en el 2020 que nunca había operado en criptomonedas”.
La estrategia parlamentaria y el pedido de quórum
El diputado defendió la convocatoria a sesión especial en Diputados para avanzar con la destitución de Adorni, tras la falta de acuerdo en el Senado. “En la Cámara de Diputados estamos un paso adelante del Senado. Porque Adorni vino al Congreso y nos mintió en la cara”, sostuvo.
Juliano reclamó que el PRO y el radicalismo acompañen el emplazamiento para tratar el caso en comisión: “Si el PRO no se sienta el martes, ya está. Entonces decís una cosa con la mano y la borrás con el codo. Lo mismo el bloque oficial del radicalismo”. Y amplió: “El Congreso tiene que defender a la gente. Nosotros representamos a la gente y él nos mintió en la cara, no a nosotros como persona, como representante de la gente. Es el acto institucional más feroz”.
Al ser consultado por la posibilidad de que la destitución sea una medida extrema, Juliano respondió: “No. Hay que ir a la democracia viva, de carne y hueso. Nunca hubo un jefe de gabinete con presencia en televisión que había evadido 30 mil dólares”.
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POLITICA
Un concejal le pegó una trompada en la cara a un intendente tras una discusión por la organización de una jineteada en Entre Ríos

Un insólito hecho de violencia se desató durante una reunión para organizar de una jineteada en Pueblo Brugo, una localidad de la provincia de Entre Ríos.
Tras una discusión originada por un desacuerdo en la organización, el concejal Ariel Lemos le pegó en la cara al intendente de la ciudad, Martín Ruiz.
El jefe comunal terminó con la cara ensangrentada y tuvo que recibir asistencia médica. Horas después, dio detalles de lo sucedido. Según dijo, estaba reunido con integrantes del Concejo Deliberante para tratar “temas de relevancia para el pueblo” cuando tuvo un cruce de palabras con Lemos y recibió “un golpe de puño”.
“Hubo un enojo de un concejal y un puñete en la cara”, contó el mandatario justicialista en una entrevista con Radio La Voz, y explicó que la pelea ocurrió delante de “todo el grupo del Concejo”. “Están de testigos de cómo fue la cosa”, señaló.
Luego, contó que la discusión se originó tras un debate sobre el cobro a los puesteros que participan de la jineteada de este fin de semana.
Lemos -quien pertenece al mismo partido que el intendente- habría propuesto que abonaran el puesto el viernes, mientras que Ruiz planteó que lo hicieran el mismo día del evento, según informó el portal local Ahora.
“En la reunión se discutió esto y él intervino con una trompada. Yo me quedé y el debate continuó y se aprobó. Cuando vi que estaba sangrando, me retiré del lugar para hacerme atender. Hice una denuncia en la Comisaría y tengo entendido que él también presentó la suya”, señaló el intendente.
Luego de la agresión, el mandatario tuvo que asistir a un centro de salud: “Recibí atención médica y me hice una placa. Me duele la parte del ojo y voy a hacerme otro estudio”, contó.
Por su parte, desde la Liga de Intendentes Justicialistas de Entre Ríos emitieron un comunicado para expresar su “enérgico repudio al hecho de violencia del que fue víctima el intendente de Pueblo Brugo, Martín Ruíz, en el ejercicio de sus funciones”.
Leé también: Manuel Adorni prepara su defensa en el Senado, pero en el Gobierno admiten que su caso generó desgaste interno
“Más allá de cuál sea la circunstancia que haya dado lugar a una diferencia, ningún desacuerdo puede ni debe resolverse a través de la violencia”, agregaron y remarcaron: “Quienes asumimos la responsabilidad de gobernar o de integrar un cuerpo deliberativo tenemos que dirimir las diferencias con argumentos”.
“Desde la Liga de Intendentes reafirmamos nuestro compromiso con el diálogo, el respeto institucional y el pleno funcionamiento de los mecanismos legales que el sistema democrático pone a disposición de todos sus actores”, concluyeron.
Pelea, Entre Ríos, intendente, concejal
POLITICA
El fiscal Marijuan pidió la indagatoria de Francisco Adorni, el hermano del jefe de Gabinete

El fiscal Guillermo Marijuan solicitó la indagatoria de Francisco Adorni, funcionario del Gobierno y hermano del jefe de Gabinete, por el presunto delito de “omisión maliciosa o falsedad en declaraciones juradas patrimoniales”, indicaron fuentes judiciales.
Fue luego de que el funcionario, al igual que su hermano, rectificara su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción (OA) para introducir activos que no había informado.
El expediente se inició por una denuncia de la diputada Marcela Pagano y quedó radicado en el juzgado de Daniel Rafecas, que deberá decidir ahora si convoca al funcionario para que dé explicaciones.
Después de iniciada la investigación, Francisco Adorni introdujo una serie de modificaciones en sus declaraciones juradas correspondientes a los años 2024 y 2025. Entre ellas, cambios en la valuación de una casa en City Belly y en la de un auto (Chery Tiggo).
En la de 2025, en particular, el funcionario omitió $24.500.000 en efectivo, de los cuales $21.000.000 correspondían, según la declaración, a una herencia.
Durante el gobierno libertario, el hermano del jefe de Gabinete fue titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y luego, en junio de 2025, fue promovido al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), un organismo que depende del Ministerio de Defensa y administra y paga el sistema de retiros y pensiones del personal militar.
La figura por la que el fiscal acusa a Adorni castiga a quien intencionalmente omita información en su declaración jurada con penas de prisión que van de los 15 días a los 2 años e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Está prevista en el artículo 268 (3) del Código Penal, que reprime a quien, por su cargo, “estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo”; también, a quien «maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas» deben contener.
En la acusación del fiscal no pasó inadvertido, indicaron en los tribunales de Comodoro Py, que Francisco Adorni es contador público, además de que cuenta con un recorrido en la función pública en el área de su especialidad, por lo que es cuestionable que pueda alegar algún tipo de error o desconocimiento de la materia.
La “omisión maliciosa” es un delito más leve que el de enriquecimiento ilícito, por el que también es investigado Francisco Adorni, al igual que su hermano.
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