Un plenario de comisiones comenzó a debatir este miércoles en la Cámara de Diputados el proyecto denominado Super RIGI que tiene como objetivo incentivar las inversiones de más de USD 1.000 millones en las “industrias del futuro”. Desde el Gobierno destacaron que el RIGI incluido en la Ley Bases fue “sumamente exitoso” y por eso ahora es momento de “pensar en el siguiente paso de la Argentina”.

La presentación del proyecto, en un plenario de las comisiones de Presupuesto, Ciencia e Industria, estuvo a cargo de Daniel Gonzalez, secretario coordinador de Energía y Minería, quien aclaró que “no hay absolutamente ningún lobby” detrás de la iniciativa y también negó conocer a Peter Thiel, el magnate tecnológico que fundó empresas como PayPal o Palantir, y recientemente se radicó en la Argentina.

La aclaración hacía referencia a la acusación de la oposición, que denunció que el empresario estadounidense podría ser uno de los interesados en conseguir condiciones especiales para desarrollar data centers para procesar información con Inteligencia Artificial. Thiel se reunió hace dos semanas con Luis Caputo y otros funcionarios de Economía.

Al inicio de su exposición, el funcionario del Ministerio de Economía planteó que el Super RIGI viene a continuar el espíritu del RIGI, que vence el año que viene. “Consideramos que sería un error intentar extender ese régimen porque fue posicionado como régimen excepcional y muchos proyectos se apuraron para llegar antes del vencimiento. Como ha sido exitoso, creemos que es momento de pensar en el siguiente paso de la Argentina, que incluye el aprovechamiento de los recursos naturales y la infraestructura que movió el RIGI”, explicó.

En ese sentido, detalló que actualmente “hay 39 proyectos presentados en el RIGI que representan USD 138 millones de dólares de inversión y 179 mil empleos, y cuando todos estén en operación representarán USD 49 mil millones en exportaciones”.

Por otro lado, apuntó contra las críticas de la oposición por el costo fiscal que representan los beneficios otorgados a las empresas, por ejemplo la alícuota reducida del 15% del Impuesto a las Ganancias. “Es imposible que esto tenga costo fiscal porque son proyectos que no existían. En todo caso, habría que pensar el costo fiscal de no haber hecho nada durante tantos años”, señaló.

“Pusimos la alícuota en 15% porque es lo mínimo que nos permiten las normas de la OCDE. Estamos compitiendo con jurisdicciones de todo el mundo. Estos proyectos se hacen en algún lugar, tenemos que estar al tope de la lista”, dijo.

Las principales críticas de la oposición giraron en torno a la recaudación que el Estado dejará de percibir pero también a la energía necesaria para el funcionamiento de los proyectos. “ El artículo 73 dice que el Estado tiene que garantizar la operatoria de los VPU sin interrupciones, entonces si hay que dejar sin energía a la mitad del país para que sigan desarrollando estos proyectos, lo vamos a tener que hacer. Porque si no, nos llevan al CIADI. Ni siquiera nos guardamos que intervenga un juez con DNI argentino», lamentó la camporista Luciana Potenza.

Desde el oficialismo esperan poder dictaminar el proyecto la semana que viene, lo que permitiría convocar a una sesión especial el 18 de junio. En caso de que se necesite más tiempo para lograr consensos, apuntarán al 24 de junio como fecha máxima. En esa sesión también se incluirá la nueva ley de Lobby, tratados internacionales y el pago a los holdouts (si llega a tiempo con media sanción del Senado).

El Super RIGI define “nuevas industrias” o “industrias del futuro” como aquellas actividades que constituyen “nuevas actividades económicas”. Según el texto, esto comprende todo desarrollo industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica, con impacto transformador en la estructura productiva nacional.

Para que un proyecto califique como una “nueva actividad económica” debe cumplir con estas condiciones: no debe desarrollarse, producirse ni prestarse en el país a la fecha de entrada en vigencia de la ley, o bien su grado de desarrollo debe ser experimental o piloto; también quedan excluidos los proyectos que impliquen ampliación, modernización, adecuación, reconversión, reorganización o reutilización de instalaciones preexistentes.

¿Qué beneficios obtienen los proyectos incluidos en el Super RIGI?

• Impuesto a las Ganancias reducido al 15% para los Vehículos de Proyecto Único (VPU) adheridos.
• Amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura.
• Deducción de quebrantos sin límite temporal.
• Alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.
• Certificados de Crédito Fiscal para cancelar IVA sobre inversiones en activos computables.
• Exención de derechos de importación y exportación para los bienes del plan de inversión y productos obtenidos bajo el proyecto.
• Contribuciones patronales reducidas: alícuota única del 10% para nuevas relaciones laborales generadas a partir de la adhesión.
• Libre disponibilidad progresiva de los cobros de exportación: 20%, 40% y 100% a lo largo de tres años desde la primera exportación.
• Sin obligación de ingresar ni liquidar divisas correspondientes a aportes de capital, financiamiento y servicios vinculados al proyecto.
• Estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera, de seguridad social y cambiaria durante 30 años desde la adhesión.
• Plena disponibilidad sobre los productos del proyecto, protección contra actos confiscatorios o expropiatorios y acceso irrestricto a la justicia.
• Posibilidad de someter controversias con el Estado Nacional a arbitraje internacional.
• Compatibilidad con otros regímenes promocionales, siempre que los incentivos no sean de la misma naturaleza y no se superpongan.
• Transferencia libre de acciones, cuotas o participaciones sociales del VPU sin autorización previa.
• Exención de restricciones, prohibiciones o cupos para importar y exportar los bienes necesarios para el proyecto.
• Los incentivos pueden ser utilizados exclusivamente respecto del proyecto adherido y no para otras actividades.

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El Gobierno ultima el proyecto de juicio por jurados y prepara su envío al Congreso. En el Ejecutivo sostienen que el texto está “casi terminado” y que será remitido apenas se complete la revisión final. La iniciativa ya pasó por el Ministerio de Justicia y ya la trabajan los equipos técnicos de la Secretaría de Legal y Técnica. “En breve sale”, expresan en Nación.

En la Casa Rosada aseguran que hubo coordinación subterránea con la Corte Suprema sobre el texto. La reforma forma parte de la agenda que la mesa política tiene en carpeta desde hace varios meses y que quedó pendiente después del último paquete de proyectos enviados al Congreso, que incluyó el super-RIGI, la ley de lobby, ludopatía y cambios en alimentación saludable.

La versión original del proyecto ya había sido incorporada en la primera Ley Bases, pero luego fue retirada de la discusión parlamentaria.

Ese borrador establecía el juicio por jurados en el ámbito de la justicia federal para delitos con pena máxima en abstracto mayor a cinco años de prisión o reclusión. También preveía jurados de 12 miembros titulares, al menos dos suplentes, integración paritaria entre hombres y mujeres y un juez encargado de dirigir el debate.

En Balcarce 50 sostienen que lo más probable es que la mesa política vuelva a reunirse esta semana para ordenar poroteos y definir la secuencia de envío de nuevas reformas. En el oficialismo buscan destrabar la cantidad de iniciativas que ya tienen en Diputados y en el Senado, y evitar superposiciones en el calendario legislativo de junio.

El oficialismo apunta a una mega sesión en Diputados hacia fines de mes, con el Súper RIGI y la ley de lobby como ejes principales. En paralelo, en el Senado están reordenando el esquema de prioridades después de una sesión marcada por la aprobación de 74 pliegos judiciales, el acuerdo con holdouts, la postergación del paquete de propiedad privada y el aval a la candidatura de María Verónica Michelli, resistida por la Casa Rosada.

El Gobierno viene de celebrar la aprobación de los pliegos judiciales en la Cámara Alta y prepara nuevos envíos. En el Ejecutivo anticipan que la semana que viene remitirán al Senado otros 30 expedientes, vinculados principalmente a cargos civiles, comerciales y de familia, en línea con las tandas anteriores. El objetivo oficial es sostener el ritmo de cobertura de vacantes judiciales.

En la Casa Rosada siguen de cerca el plenario del Consejo de la Magistratura convocado para el miércoles. El temario incluye concursos para cubrir cargos en juzgados federales y cámaras sensibles: el Juzgado Federal N°2 de La Plata, el Juzgado Federal N°1 de Corrientes, seis juzgados federales con funciones de garantía en Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto, cuatro vocalías en la Cámara Civil y Comercial Federal y dos cargos en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

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En despachos oficiales advierten que los expedientes más sensibles quedarán para más adelante. “Son los pliegos más complicados, que van a quedar para fin de año”, sostienen en Nación. La discusión judicial quedó atravesada además por el caso Michelli.

En el Gobierno creen que Javier Milei no firmará la designación de la candidata a jueza del Tribunal Oral Federal 3 de La Plata, pese a que recibió acuerdo del Senado. En Balcarce 50 dan por descontado que el decreto quedará demorado y apuntan a que ese tribunal todavía requiere pasos administrativos para funcionar plenamente.

El proyecto de juicio por jurados se suma a una agenda judicial más amplia. La Casa Rosada también tiene cerca de enviar la reforma del Código Penal, que en el entorno de Karina Milei ya reconocen que saldrá con un alcance más amplio que el previsto en algunas versiones anteriores. En sectores del oficialismo admiten que será una discusión compleja. “Igual no se va a aprobar. Es imposible”, advierten.

La idea original era que la reforma penal ingresara por el Senado. En el Gobierno descartan, por ahora, avanzar con una comisión bicameral para acelerar su tratamiento, una alternativa que había circulado en las primeras conversaciones internas. El texto sigue bajo revisión por diferencias políticas y técnicas sobre el alcance final de los cambios.

En paralelo, el paquete de desregulación que impulsa Federico Sturzenegger viene retrasado. Incluye cambios en cabotaje, seguros, mercado inmobiliario y mercado de capitales, pero todavía sigue en revisión técnica. En Nación mantienen la intención de enviarlo durante junio, aunque admiten que no todos los capítulos tienen el mismo grado de avance.

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También está demorada la reforma de Defensa de la Competencia. El texto en análisis apunta a modificar reglas sobre fusiones y adquisiciones, umbrales de notificación y criterios de intervención frente a posiciones dominantes. Es una de las iniciativas más sensibles para el sector privado y sigue bajo revisión antes de su envío formal.

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Hugo Alconada Mon,Conforme a