El Gobierno informó este miércoles que más de seis millones de argentinos participaron de las distintas actividades que encabezó el papa León XIV durante su visita al país. El vocero presidencial, Adrián Ravier, destacó la convocatoria y aseguró que se trató de “una de las mayores movilizaciones de la historia”.

La cifra fue difundida al finalizar la gira del Sumo Pontífice por la Argentina, que incluyó encuentros con autoridades nacionales, dirigentes políticos, representantes de distintos sectores sociales y multitudinarias celebraciones religiosas.

“En total, más de seis millones de argentinos participaron de los distintos encuentros. Fue una de las mayores movilizaciones de la historia y se desarrolló en un clima de paz, orden y concordia”, señalaron desde el Gobierno.

En ese sentido, el Ejecutivo atribuyó el desarrollo de las actividades sin incidentes de gravedad al comportamiento de los asistentes y al despliegue de las fuerzas de seguridad.

Los mensajes de León XIV que destacó el Gobierno

A su vez, el vocero presidencial remarcó que, tal como aseguraron Javier Milei y el canciller Pablo Quirno, “el mensaje del Santo Padre es universal e interpela a toda la sociedad” y enfatizó que “no debe utilizarse para alimentar disputas políticas locales”.

En ese sentido, Ravier dijo que el Ejecutivo recibió las palabras de León XIV “con respeto y gratitud por su visita” y recordó que “el Santo Padre pidió que evitemos dividir”. Además, el portavoz sostuvo que el Gobierno “comparte el compromiso de construir una sociedad mejor y resolver las falencias estructurales que la Argentina arrastra desde hace décadas”.

Así, Ravier enumeró una serie de puntos que planteó como “coincidencias” entre el Santo Padre y el Gobierno, como la defensa de la vida desde la concepción, la familia como célula básica de la sociedad, el valor del trabajo y el esfuerzo, la iniciativa privada, la lucha contra el crimen organizado, la necesidad de limitar el poder político, el rechazo a la corrupción y la idea de gobernar para todos.

“En concreto, este concepto de que la economía debe estar al servicio de las personas y no al revés. Nosotros pensamos que todo lo que ha hecho el gobierno de Javier Milei es poner la economía al servicio de las personas. El equilibrio fiscal, equilibrio monetario y cambiario, parecen términos técnicos pero estamos haciendo que baje la inflación, un flagelo que golpea a los más necesitados”, subrayó.

Con ese argumento, Ravier rechazó que exista una contradicción entre la doctrina social de la iglesia y la economía de mercado. “Se ha hablado en los medios de un Papa peronista, que la doctrina social de la iglesia es compatible con las ideas socialistas. No lo vemos de esa manera”, dijo.

Por eso, el portavoz citó a una serie de académicos “interesados en las ideas de la libertad” que se han ocupado como católicos de vincular esos principios, entre los que incluyó al español Jesús Huerta de Soto, el argentino Alberto Benegas Lynch Hijo, y el estadounidense Robert Sirico.

Con el Papa León XIV ya en Perú, la discusión política en el plano local vuelve a encenderse y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, será uno de los protagonistas en las próximas semanas, ya que deberá iniciar una serie de negociaciones tanto con sus socios oficialistas como con la oposición en la provincia de Buenos Aires para aprobar el Presupuesto 2027 y el endeudamiento. Sin embargo, el menú también ofrece la discusión, acaso final, por el regreso de las reelecciones indefinidas de intendentes y su proyección nacional con más recorridas a provincias.

Fuentes al tanto del armado nacional de Kicillof dejaron trascender a Infobae que antes de fin de año el gobernador volverá a visitar una provincia por fuera de Buenos Aires en el plan de instalación y construcción federal hacia las elecciones del año que viene. La organización y el despliegue por la visita de León XIV dejaron al mandatario en el centro de la escena. Sobre todo con lo que fue la histórica y multitudinaria misa en Luján. En el gobierno bonaerense había mucha inquietud sobre cómo se iba a desarrollar ese episodio. Sería un termómetro para dar cuenta de la capacidad de organización de la gestión. Si bien no fue únicamente su entera responsabilidad y participaron otros actores como el Vaticano, la Iglesia y hasta el gobierno nacional, la compleja parada se sorteó sin mayores sobresaltos.

Ahora Kicillof y sus negociadores políticos deberán abordar una agenda intensa, frenética y en distintos escenarios. La Legislatura bonaerense será uno de los campos a abordar. La semana pasada, el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de Presupuesto y Ley Fiscal, así como una solicitud de endeudamiento. A grandes rasgos, la llamada ley de leyes replica el camino propuesto para este año. En la oposición ya hay ruido por un nuevo pedido de endeudamiento, toda vez que el año pasado la Legislatura autorizó al Ejecutivo a tomar deuda por hasta 3.685 millones de dólares. Para el período 2027 se solicita una autorización que, nominada en dólares, puede llegar a alcanzar los 1.000 millones. Para contentar a los intendentes se contempla que del endeudamiento que vaya a tomar el Poder Ejecutivo, el 8% sea destinado a un fondo de seguridad provincial.

La inclusión de ese fondo —empiezan a revelar algunos jefes comunales— llega para apaciguar el envío de un proyecto de ley de seguridad pública, que el gobernador anunció en la apertura de sesiones en marzo de este año y hasta el cierre de esta nota aún no fue elevado a las cámaras legislativas. Entre otros puntos, el proyecto busca darle un marco regulatorio a las llamadas policías municipales, una fuerza de seguridad con la que ya cuentan varios distritos. También iba a centralizar o dar un marco normativo a los centros de monitoreo de seguridad municipal. Los intendentes esperaban que el Ejecutivo elevara ese proyecto, porque tenían interés en controlar la policía local y además garantizar que la Provincia brindara fondos para su desarrollo. Pese a algunas reuniones, de momento no sucedió.

Algunos distritos ya avanzaron a la espera de las resoluciones legislativas. Avellaneda, por ejemplo, incorporó Inteligencia Artificial para asistir a llos operadores de los Centros de Monitoreo a detectar posibles acciones delictivas. El distrito, que actualmente gobierna Magdalena Sierra, cuenta con 2.500 cámaras seguidas desde 8 centros de monitoreo. Semanas atrás, Quilmes presentó a los primeros 50 aspirantes preseleccionados para integrar el Comando de Prevención Municipal (CPMQ). Una nueva fuerza de seguridad local financiada con fondos municipales. Lo que buscan las intendencias es que la Provincia garantice, regule y reglamente el envío de recursos.

El fondo incluido en el pedido de endeudamiento va en ese sentido. Solo que los jefes comunales buscarán modificaciones en la forma, porque —como sucedió el año pasado— intentarán que ese dinero no esté atado a la capacidad de la deuda que pueda tomar el Poder Ejecutivo, sino que se establezca un fondo fijo. “Lo veremos”, dijo el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, cuando en una entrevista con Infobae fue consultado sobre qué grado de modificación al paquete de leyes enviado a la legislatura estaban dispuestos a aceptar.

Otro tema por el que hay inquietud de parte de Kicillof y también de sus intendentes es el debate por las reelecciones indefinidas. Las posiciones al respecto son más o menos conocidas. Legislativamente, los números son bastante complejos, pero la política es el arte de lo posible. En el Senado, Fuerza Patria tiene quórum propio, pero no todo el bloque está de acuerdo con el regreso de las reelecciones. Los tres legisladores del Frente Renovador —Malena Galmarini, Valeria Arata y Marcos Pisano— que forman parte del bloque peronista hoy están afuera de esa ecuación. Las conversaciones en la Cámara que preside Verónica Magario están en gateras.

Como la mayoría de la plana política bonaerense, Magario estuvo en Luján para participar de la misa del Papa. LLegó a la ciudad capital de la fe acompañada por los vicegobernadores Carmen Delgado Britto (Chaco), Gustavo Mena (Chubut), Alicia Aluani (Entre Ríos), Pedro Pesaati (Río Negro), Carlos Silva Neder (Santiago del Estero) y Miguel Acevedo (Tucumán). Kicillof obtuvo una foto que no consiguió con sus pares de otras provincias, ya que Raúl Jalil (Tucumán) y Sergio Ziliotto (La Pampa) fueron los únicos gobernadores que participaron de la ceremonia. En la segunda fila, detrás de Kicillof y Magario fueron ubicados senadores provinciales no oficialistas, pero donde el peronismo podría ir a buscar algunos de los votos que le faltan para conseguir el tratamiento del proyecto de reelecciones indefinidas. El fin de año de Magario también será ajetreado.

Ante el no movimiento del proyecto de reelecciones —que está en la comisión de Legislación General que preside el senador del Movimiento Derecho al Futuro, Germán Lago—, una de las alternativas que empiezan a barajar en los pasillos legislativos es retomar el proyecto que ya se aprobó en el Senado y que otorga la posibilidad de ir por un tercer mandato consecutivo a diputados y senadores provinciales, a concejales y consejeros escolares. La iniciativa está en Diputados, tiene estado parlamentario hasta fin de año y fue impulsada por el hoy diputado provincial, Luis Vivona. Un plan posible es recuperar ese proyecto, hacerle modificaciones en la Cámara baja, aprobarlo y enviarlo a la Cámara alta, donde ya fue aprobado para su sanción definitiva. La modificación sería agregar a los intendentes a la rueda de reelecciones indefinidas.

La Cámpora espera definiciones del gobernador por este tema y en el tren de negociaciones su fuerte es la Legislatura bonaerense. Sin embargo, este jueves hubo un episodio que alteró el clima de concordia que dejó el paso de León. Fue cuando la comisión de Ludopatía de Diputados se reunió para tratar el proyecto de ley de los camporistas, Micaela Olivetto y Facundo Tignanelli, que busca regular de manera macro las apuestas online. Solo hubo dos presentes —Olivetto y el diputado massista, Roberto Vázquez— y la reunión quedó sin quórum. Tignanelli salió a cuestionar en redes las ausencias y el peso de las empresas. Quien recogió el guante fue el diputado del PRO, Fernando Rovello, que integra esa comisión. “Claro que afectamos intereses; sobre todo del juego en línea clandestino que en PBA es el 80% del mercado ilegal donde juegan los niños, niñas y adolescentes en base al diagnóstico de tu gobierno provincial. Por eso presentamos un proyecto que combate y regula en serio la ludopatía infantil, pero no cuenten conmigo para crear un fondo ridículo de 700 mil millones de pesos para ser manejado como caja política de La Cámpora”, le contestó el legislador amarillo al jefe de bloque de Fuerza Patria y hombre de Máximo Kirchner. El kirchnerismo insistirá con el proyecto de regulación y volverá a convocar a la comisión para la semana que viene. El proyecto, efectivamente, entrará también en el marco de negociaciones del último mes en PBA.

Mientras la Legislatura bonaerense iniciará todo tipo de conversaciones cruzadas, a la par, Kicillof buscará salir por arriba del laberinto, pues su objetivo es el 2027. Por eso, prepara más recorridas fuera del territorio bonaerense. La última fue Jujuy. A fines del mes de octubre, se reunió con el gobernador Carlos Sadir y el intendente de Palpalá, Rubén Rivarola. Allí pidió por las PASO y dijo “que la gente elija”, al referirse a como se definirán las candidaturas. Es parte del acuerdo que de momento alcanzó con el resto de los referentes del peronismo: gobernadores, Máximo Kirchner y Sergio Massa.

El gobierno hará un último intento en las próximas semanas para que el Senado elimine las elecciones Primarias del año que viene. De lograrlo sería un escenario nuevo y complejo para la oposición. Hoy, Kicillof despliega su plan A en base a la hipótesis de que las PASO seguirán.

Según supo este medio, el mandatario tiene invitaciones para ir Chubut, Entre Ríos y Santa Fe; aunque en los últimos días se sumaron Catamarca, Mendoza y Salta. En las próximas horas se definirá por dónde sigue la hoja de ruta. Hay distintas lecturas sobre cómo quedó parado el gobernador bonaerense luego de la visita papal. En el MDF están exultantes. El resto de los sectores buscará que baje la ola. Si bien las próximas semanas no serán de definiciones de candidaturas, sí terminarán de componer el cuadro de cómo se llegará a esa instancia en la que Kicillof buscará llegar lo más armado posible. Buena parte será en base cómo termine el año.

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El Comité de Derechos Humanos de la ONU cerró sus sesiones ordinarias a principios de noviembre sin tratar la presentación de Cristina Kirchner, por la que buscaba una medida provisional para suspender los efectos de su inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos derivada de la condena en la causa Vialidad.

La presentación ante las Naciones Unidas se postergará, en principio, hasta marzo de 2027, cuando se reanude el período de sesiones del organismo.

La defensa de la expresidenta, integrada por Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, presentó el reclamo ante el Comité, que supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo ratificaron.

Al respecto, los abogados explicaron que la presentación incluye tres cautelares: la suspensión de la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la revisión de las condiciones de la prisión domiciliaria y la recomposición de miembros de la Corte Suprema de la Nación, de la que dijeron que es “imposible que funcione con tres miembros”.

La expresidenta cumple en su departamento de Constitución una condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

El procedimiento habitual requiere trasladar la denuncia al Estado involucrado, recibir sus observaciones sobre admisibilidad y fondo, y permitir una respuesta de la defensa, un trámite que suele extenderse entre dos y tres años.

El planteo central apunta a la restricción al derecho a votar y ser elegida, y sostiene que la inhabilitación perpetua constituye una limitación ilegítima y desproporcionada de sus derechos políticos.

Además de la presentación inicial, la defensa de la exmandataria hizo otro planteo ante el Comité para cuestionar la condena. Concretamente, lo que presentaron sus abogados es una adenda a la comunicación individual que se radicó anteriormente.