POLITICA
¿Bebidas alcohólicas y eventos durante la veda electoral? Qué cambiaría si se aprueba la reforma política

La reforma política que impulsa el Gobierno incluye modificaciones a las restricciones que rigen durante las jornadas de votación. El dictamen firmado en el Congreso propone derogar los incisos b) y c) del artículo 71 del Código Electoral Nacional, que establecen prohibiciones para la realización de espectáculos y reuniones públicas, así como para el expendio de bebidas alcohólicas.
La iniciativa modifica así las condiciones que rigen durante los comicios. Si el proyecto se convierte en ley, dejarán de aplicarse esas restricciones y podrán desarrollarse actividades comerciales, culturales y sociales que actualmente están alcanzadas por las prohibiciones.
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, explicó los motivos de la propuesta y sostuvo que esas limitaciones responden a una dinámica social que perdió vigencia. “Lo que proponemos es derogar los incisos b) y c) del artículo 71 del Código Electoral para eliminar restricciones a la actividad comercial, cultural y social durante las jornadas electorales”, señaló.

La senadora consideró que las prohibiciones ya no se corresponden con las prácticas actuales. “Nos parece importante que la vida comercial siga, es una pérdida de un día de los comercios, los espectáculos que ya no tiene sentido”, afirmó al explicar el alcance de los cambios.
El artículo 16 del dictamen establece puntualmente: “Deróganse los artículos 64 sexies, 64 septies, 64 octies, 64 nonies, 64 decies, 64 undecies, 64 duodecies y los incisos b) y c) del artículo 71 del Código Electoral Nacional, Ley N° 19.945”. La modificación alcanza, por lo tanto, las restricciones vinculadas con los espectáculos, las reuniones públicas y la venta de bebidas alcohólicas.
Sin embargo, el texto no elimina el inciso a) del mismo artículo, que establece la prohibición de realizar actos públicos de proselitismo durante las 48 horas previas a la elección y hasta el cierre de los comicios. Esa diferencia es relevante frente a otro de los planteos que Bullrich formuló al presentar los cambios.
En declaraciones a la prensa, la legisladora dijo que también busca avanzar con el fin de la veda electoral en materia de campaña. “Para mí es importante porque se me ocurrió introducirlo en el dictamen, que hace tiempo que lo vengo pensando, que es el fin de la veda electoral”, expresó.
Bullrich cuestionó la aplicación de esa restricción y planteó que existe una contradicción entre la prohibición formal de hacer campaña y la actividad que continúa en las plataformas digitales. “En los días de veda electoral parecemos todos diciendo cosas, vamos con la paz en esta elección, hablamos como si no habláramos. Es como una hipocresía y realmente las redes siguen funcionando como si nada pasara”, sostuvo.
La senadora también se refirió a una reducción del 50% en la publicidad oficial, otro de los puntos que mencionó entre los temas que se discutirán en el Congreso. “Así que son todos temas importantes que se discutirán el jueves que viene, pero que ayer sacamos un dictamen”, dijo.
Los cambios para la veda electoral forman parte de la Reforma Política. Ayer el oficialismo logró dictamen de comisión en el Senado. En el mismo proyecto logró encaminar la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).
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POLITICA
El puerto de Ushuaia seguirá intervenido por la Nación por tiempo indeterminado y se tensa la relación con la provincia

USHUAIA. La intervención nacional del puerto de Ushuaia, dispuesta en enero por doce meses, ya no tiene fecha de vencimiento. Por la Resolución 69/2026, firmada por el director ejecutivo de la ANPyN, Iñaki Miguel Arreseygor, el organismo la prorrogó dos meses antes de que venciera. Su vigencia queda sujeta, ahora, al “cumplimiento del Plan de Obras” aprobado en el mismo acto.
Ese plan, al que tuvo acceso LA NACIÓN, enumera quince obras. Según su propio cronograma, la última, la reparación del frente del sitio 1 del muelle comercial, terminaría en diciembre de 2028. Al momento de la firma, solo dos tenían fecha de inicio real.
La resolución inicial del 20 de enero fijaba un término concreto. Suspendía la habilitación del puerto e intervenía su administración “por un término de DOCE (12) meses, prorrogables por acto fundado”. La suspensión de la habilitación quedó sin efecto para no afectar la temporada de cruceros. La intervención se ejecutó en la medianoche del 21, cuando el personal nacional entró a la terminal con apoyo de la fuerza pública.
La nueva norma no reemplaza ese plazo por otro. El artículo 2 prorroga “las medidas” de enero y deja su vigencia “sujeta” al cumplimiento del plan. En los considerandos, la continuidad se extiende “hasta tanto se verifique el cumplimiento de los objetivos establecidos y la superación de las circunstancias que justificaron su adopción”.
La propia resolución cita la norma que habilita la medida: el artículo 23 del decreto 769/1993. Esa norma permite intervenir un puerto cuando se le suspende la habilitación “por tiempo determinado” o se la declara caduca. En el caso de Ushuaia, la habilitación no fue declarada caduca, y la nueva resolución tampoco fija un tiempo determinado. Tampoco aclara si la suspensión de la habilitación sigue diferida.
Para justificar la prórroga, la ANPyN reconoce que “el plazo originalmente previsto ha resultado insuficiente”. Atribuye la demora a estudios técnicos pendientes y a licitaciones de la Administración General de Puertos (AGP) cuya finalización está prevista “para futuros ejercicios”.
Un plan de obras que llega a 2028
De las quince obras del plan, trece terminan después de enero de 2027, cuando vencía la intervención original. La última está prevista para diciembre de 2028.
Solo dos obras tienen inicio informado: el recambio de las defensas del muelle comercial, desde septiembre, y la reparación del pontón de catamaranes, desde noviembre. Las reparaciones de fondo que se invocaron en enero empiezan mucho después: los pilotes de los sitios 3 y 5, en abril de 2027, y el tablestacado del sitio 1, en enero de 2028. Las dos tareas que la ANPyN da por concluidas son un relevamiento de la infraestructura y un servicio de mantenimiento del respaldo eléctrico.
El cronograma tampoco es firme. El plan no informa montos y aclara que todos sus plazos quedan “sujetos a la disponibilidad presupuestaria”, al avance de las licitaciones, a la operatoria del puerto, al clima y a “otras contingencias de ejecución”. Si las obras se demoran, la intervención se extiende con ellas.
La resolución también enumera pendientes de seguridad que no figuran en el cronograma. Entre ellos, la auditoría de protección ante la Prefectura, la convalidación del PLANACON (el plan de contingencia ante derrames), los dispositivos de salvamento, las cámaras de seguridad y la potabilidad del agua.
El final de la intervención queda en manos del mismo organismo que la ejecuta. La Gerencia de Coordinación Técnica de la ANPyN, como Unidad Ejecutora, elaboró el plan, conduce las obras junto con la AGP y es la encargada de evaluar “los resultados obtenidos y las decisiones pendientes”. La resolución no prevé informes periódicos a la Provincia ni un control externo de ese avance.
Mientras tanto, la recaudación sigue en manos de Nación. Según la resolución, las obras se pagan con las tarifas que cobra el puerto, y la prórroga busca “preservar adecuadamente el direccionamiento del erario público”. Según la Dirección Provincial de Puertos (DPP), desde el 22 de enero los usuarios le pagan los servicios directamente a la ANPyN. Esos ingresos representaban el 94% de su presupuesto y la DPP estimó que, sin esos ingresos, cerraría 2026 con un déficit de $10.005 millones y agregó que, usando sus ahorros para obras, solo podría cubrir gastos mínimos hasta noviembre.
Según el Tribunal de Cuentas, la DPP sigue pagando los sueldos de su personal con fondos previos a la intervención: en febrero intimó a la ANPyN a reintegrar $1057 millones de la masa salarial de enero.
La batalla judicial
Desde el inicio del conflicto, la provincia de Tierra del Fuego pidió a la Justicia Federal que declare inconstitucional la intervención. El 10 de febrero pasado el juez federal Federico Calvete concluyó que el caso correspondía a la Corte Suprema, adonde llegó el 18 de ese mes. Hasta hoy no hubo fallo y la resolución nacional sigue vigente.
La demanda inicial la presentó el gobernador Gustavo Melella con patrocinio letrado, sin la Fiscalía de Estado. Después, tras una investigación, la Fiscalía presentó su propia demanda con un enfoque más amplio citando y protegiendo el convenio de transferencia firmado en 1991 por la Nación y la Provincia. También se referencia la gestión del puerto desde ese año en adelante por parte de la provincia sin problemas operativos mayores. Esa demanda se presentó ante la Corte y el gobernador adhirió a la misma.
“Es un puerto transferido, eso se consolidó con la reforma de 1994, dando una protección aún mayor a la titularidad del puerto por parte de la provincia. Lo que se hizo es completamente arbitrario e injustificado”, afirman fuentes cercanas a la causa.
Para la Fiscalía, la intervención fue arbitraria y debió tratarse como una intervención federal, que exige decisión legislativa, porque la ANPyN no intervino un órgano propio, sino que reemplazó a una autoridad provincial. Dice que no encuentra antecedentes de una entrada nocturna con fuerza pública sobre un organismo de la administración. Su planteo apunta al convenio de 1992: el puerto fue transferido y es provincial, no una concesión, y ese acuerdo interfederal tiene protección especial. Sostiene que se busca “construir una historia falaz de la gestión portuaria para quitarle la administración”.
En el Juzgado Federal de Ushuaia queda una sola causa: la de dos sindicalistas que no pueden ingresar al puerto (expediente FCR 9499/2026, amparo sindical). Hay además un frente penal: la Fiscalía de Estado denunció a Iñaki Miguel Arreseygor, titular de la ANPyN, por presunto abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y obstaculización de tareas oficiales, luego de que inspectores ambientales provinciales no pudieran ingresar al puerto para una auditoría.
Lo que la resolución no menciona
El texto no se refiere a los trabajadores provinciales desplazados ni a los expedientes judiciales. Los gremios portuarios sostienen que 140 trabajadores no pueden volver a sus puestos desde el 21 de enero. Con un plazo abierto, tampoco hay una fecha en la que esa situación deba revisarse. Mientras tanto, los trabajadores sostienen reclamos y cortes de calle esporádicos frente al muelle de la ciudad.
Del lado provincial, el gobernador Melella sostiene que el problema nunca fue la gestión sino el avasallamiento de facultades. Además, Melella reaccionó en la red X: dijo que la ANPyN prorroga la intervención para seguir haciendo caja con lo que genera el puerto y que el gobierno nacional pretende quedarse con los recursos de los fueguinos
Sol Agusti,Conforme a
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La Libertad Avanza presiona para suspender las PASO en la Capital y tensiona el vínculo con Jorge Macri

En espejo con la reactivación del tratamiento de la reforma electoral de Javier Milei en el Congreso, La Libertad Avanza (LLA) retomó en los últimos días la presión sobre el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, para que suspenda las PASO con la mira en las elecciones 2027.
Pese al reclamo del partido de Milei, la gestión porteña asegura que, por ahora, no evalúa avanzar en esa dirección. El motivo que alegan cerca de Jorge Macri es que el oficialismo no cuenta con los apoyos necesarios para sancionar la iniciativa en la Legislatura. Para aprobar una reforma electoral se requiere una mayoría especial de 40 votos, por lo que Pro y LLA deberían lograr el aval de otros bloques. Por ahora, el peronismo, el radicalismo y el sector de Horacio Rodríguez Larreta se oponen a quitar las primarias en la ciudad.
En los últimos meses, el jefe de gobierno se había pronunciado en contra de modificar las reglas para los próximos comicios. Pero Pro decidió días atrás apoyar la suspensión de las primarias a nivel nacional, lo que abre una incógnita en el distrito porteño, bastión del partido, y suma un foco de tensión con LLA, posible aliado electoral en 2027.
Fue la jefa del bloque libertario en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, quien presionó directamente a Jorge Macri. El martes, jornada en que la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta comenzó el debate de la reforma política, planteó que las primarias son una “interna millonaria entre partidos políticos que pagan todos los porteños”, y enseguida llamó a aprobar el proyecto presentado por LLA para suspender las PASO en la ciudad de Buenos Aires.
En concreto, Ramírez presentó en abril pasado un proyecto para eliminar las PASO, en sintonía con el gobierno de Milei. Además, según pudo saber , LLA presentó en las últimas horas un nuevo proyecto, esta vez de suspensión, con fundamento en los costos y el “desgaste de tener que ir a votar un domingo más”.
Esta discusión suma un frente más de conflicto entre Pro y LLA en la Ciudad. Mientras las cúpulas de ambos partidos negocian un acuerdo electoral para 2027, los libertarios siguen cuestionando la gestión porteña y acusan a Jorge Macri de “apropiarse” de sus proyectos: “La Libertad Avanza ya tiene segunda marca en la Ciudad y se llama Pro”, escribieron esta semana.
Tras el dictamen obtenido el miércoles en el Senado de la Nación, Ramírez, mano derecha de Karina Milei en el distrito, insistió con la demanda de suspender las PASO: “La Ciudad tiene que avanzar al mismo ritmo [que Nación]. La plata de los porteños no puede financiar encuestas políticas. Ya presentamos el proyecto, vamos por la aprobación”.
Ante la consulta de , en Uspallata, sede del gobierno porteño, dijeron que “no está en análisis ese tema por ahora”, y advirtieron que hoy su prioridad en la Legislatura es la aprobación del Presupuesto 2027.
El argumento de la gestión de Jorge Macri para no avanzar con la suspensión de las primarias es de orden pragmático: “Es muy difícil que estén los votos suficientes. No alcanza con el Pro y LLA”.
Por tratarse de una norma electoral, la suspensión de las PASO necesitaría 40 votos afirmativos, es decir, dos tercios del total de la Legislatura. Pro cuenta con 12 bancas y LLA, con 14. Juntos suman 26, por lo que les faltarían otros 14 para llegar a ese número.
Pero de los 60 legisladores, 20 son del peronismo. Con un eventual rechazo de este bloque, la iniciativa quedaría prácticamente al borde del fracaso.
Claudia Neira, titular del bloque del Partido Justicialista (Fuerza por Buenos Aires), dijo a que “no está en estudio del bloque ese tema”. La legisladora está alineada con Juan Manuel Olmos, titular de la Auditoría General de la Nación y pieza clave del justicialismo porteño. Hoy no hay una postura definida en la Ciudad, pero a nivel nacional el peronismo se expresa a favor de las PASO, especialmente el sector de Olmos (nucleado en el “peronismo federal”).
Asimismo, en la Capital, el PJ baraja la posibilidad de confluir en un frente opositor a Jorge Macri con espacios como la Unión Cívica Radical (UCR) y el campamento de Horacio Rodríguez Larreta. Así lo reveló Olmos semanas atrás en una entrevista con Urgente24: mencionó al exjefe de gobierno, al diputado radical Martín Lousteau y a sectores independientes. Las primarias se convertirían en una herramienta valiosa ante una coalición de esta diversidad.
Desde el larretismo, Emmanuel Ferrario, jefe de la bancada Confianza y Desarrollo, dijo a que “Puede haber muchas cosas para mejorar del sistema, pero creemos que no es serio que se vuelva habitual cambiar las reglas electorales frente a cada elección”.
En este mismo sentido se manifestó Larreta esta mañana en Radio La Red, pero limitó su postura al ámbito nacional, dado que en la Ciudad no se está tratando el asunto.
En la UCR también se expresan a favor de las PASO y se imaginan compitiendo en una primaria de “centro-progresista” en 2027.
Mientras, Amanda Martín, del bloque Frente de Izquierda de los Trabajadores / Partido Obrero, garantizó el rechazo de la bancada a la suspensión de las primarias: “No se puede cambiar las reglas electorales cada año, según conveniencia de Macri o de Milei, que a nivel nacional está intentando lo mismo”.
Los vaivenes de Pro y las PASO
En un giro repentino, Pro definió el martes que acompañará la reforma electoral del gobierno Milei en el Congreso como gesto de apoyo a LLA, en medio de las negociaciones por un acuerdo electoral.
La cúpula partidaria tomó esta decisión en una reunión de la que participó Jorge Macri. Cristian Ritondo, jefe de los diputados de Pro, hombre de la mesa chica del alcalde y participante del encuentro del martes, dijo en una entrevista con el diario Clarín que los mandatarios provinciales, entre ellos el jefe de gobierno, plantearon en la reunión “que si ellos pudieran no harían PASO en sus propias provincias por el gasto que les ocasiona”.
No obstante, Pro ha utilizado en numerosas oportunidades las primarias para dirimir sus candidaturas. En la Ciudad, Larreta compitió contra Gabriela Michetti en 2015; en 2023, Jorge Macri se enfrentó a Lousteau. A nivel nacional también hizo uso de las PASO: en 2015, Mauricio Macri disputó la postulación presidencial con Ernesto Sanz (UCR) y Elisa Carrió (Coalición Cívica); en 2023, fue el turno de Larreta contra Patricia Bullrich.
En 2025, ante las elecciones legislativas, la Ciudad suspendió las PASO a raíz de una iniciativa presentada por Jorge Macri. LLA, el PJ y la UCR apoyaron el proyecto.
Pero este año, el jefe de gobierno planteó que prefiere no discutir las reformas electorales “para la elección que viene [2027] porque todo eso después parece muy teñido de lo que le conviene a tal o a cual. Sería bueno discutirlas para la que sigue [2031]”, sostuvo en octubre pasado en alusión al proyecto de Milei.
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La Corte Suprema le sacó la causa de la mansión de Pilar al juez cercano a la AFA y resolvió que sea investigada por Rafecas

La Corte Suprema de Justicia de la Nación puso fin a una disputa judicial y resolvió por unanimidad que la causa sobre la compra de una mansión en Pilar, vinculada a supuestas maniobras irregulares de la AFA, sea investigada por el juez Daniel Rafecas. Así, el tribunal dejó sin efecto el fallo de la Cámara de Casación que había declarado competente al Juzgado Federal de Campana.
La decisión lleva las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El expediente investiga una presunta maniobra de lavado de activos, en la que inicialmente se acusó a Luciana Pantano y Ana Conte de adquirir un inmueble en Villa Rosa, Pilar, a través de la firma Real Central SRL, sin contar con capacidad económica suficiente para justificar la operación.
Noticia que está en curso.
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