POLITICA
Biocombustibles: el oficialismo en Diputados no logra cerrar un acuerdo y las diferencias atraviesan a aliados y opositores

El oficialismo intentó acelerar en Diputados el tratamiento de la nueva ley de biocombustibles, pero las diferencias entre las provincias productoras terminaron por postergar el dictamen. La discusión atraviesa a distintos bloques, incluidos los aliados del Gobierno y Unión por la Patria (UP), donde conviven posiciones diferentes según los intereses industriales de cada distrito.
Mientras legisladores de Córdoba, Santa Fe y las provincias del norte impulsan la aprobación de la media sanción del Senado, los bonaerenses reclaman mayores protecciones para las pequeñas y medianas empresas de biodiésel.
El desacuerdo quedó expuesto durante el plenario de las comisiones de Energía y Combustibles, Presupuesto y Hacienda, y Agricultura y Ganadería, presidido por el libertario Facundo Correa Llano. El subsecretario de Hidrocarburos, Federico Veller, llegó al Congreso con un mensaje categórico: “Consideramos que no hay espacio para nuevos cambios”.
Sin embargo, los planteos de legisladores de Pro, el MID, la UCR y UP evidenciaron que el consenso alcanzado en el Senado no garantiza el respaldo de Diputados, donde los legisladores bonaerenses tienen un peso mayor que en la Cámara alta.
La iniciativa, que establece un nuevo régimen por 15 años, propone elevar los cortes obligatorios de biocombustibles.
El porcentaje de biodiésel mezclado con gasoil pasaría del 7,5% al 10%, mientras que el de bioetanol incorporado a las naftas subiría del 12% al 15%. Ambos incrementos deberían concretarse dentro de los 12 meses posteriores a la sanción.
El principal conflicto está en cómo se repartirá el mercado del biodiésel entre las grandes aceiteras y las pequeñas empresas independientes, conocidas como “no integradas”.
Hoy, estas pymes tienen reservado todo el mercado correspondiente al corte obligatorio del 7,5% de biodiésel en el gasoil. El proyecto propone elevar ese porcentaje al 10%, pero permitir que las grandes aceiteras también participen del negocio.
En una primera etapa, las pequeñas empresas conservarían una porción exclusiva del 6,5%, mientras que el 3,5% restante quedaría abierto a la competencia. Esa protección se reduciría gradualmente hasta el 4% en 2031 y desaparecería por completo en 2036.
Para las pymes, el cambio supone competir directamente con grandes grupos aceiteros que producen su propia materia prima y cuentan con mayores economías de escala. Los legisladores que reclaman modificaciones advierten que esa apertura podría comprometer la continuidad de unas 25 plantas distribuidas entre Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos y San Luis.
Reclaman cambios
La resistencia más concreta surgió de los aliados bonaerenses del oficialismo.
Desde Pro acercaron una propuesta para aumentar un punto el corte obligatorio de biodiésel, elevar al 6% la participación reservada a las pymes y extender dos años el período de transición, de 2036 a 2038.
“La media sanción arruina las pymes de biodiésel de la provincia de Buenos Aires”, advirtieron desde el espacio, donde sostienen que las modificaciones permitirían preservar la industria regional sin frustrar la sanción de la ley.
El diputado Eduardo Falcone, del MID, también reclamó revisar algunos artículos incorporados durante el tratamiento en el Senado. “Hay 25 pymes que deberían competir con multinacionales que encima les tienen que proveer la materia prima”, cuestionó. Y resumió el problema con un ejemplo: “Una pyme de Saladillo no puede competir con Dreyfus o con Cargill”.
La radical bonaerense Karina Banfi, de Adelante Buenos Aires, se sumó al pedido de negociación. Advirtió que la nueva regulación podría afectar fuentes de trabajo y empresas estratégicas para la provincia, y convocó a alcanzar un acuerdo que contemple los intereses de todos los sectores.
Se trata de dirigentes que habitualmente acompañan al oficialismo en votaciones relevantes, pero que esta vez condicionan su respaldo a la incorporación de cambios para proteger a los productores bonaerenses.
Las provincias defensoras de la media sanción
Del otro lado, la santafesina Gisela Scaglia (Provincias Unidas) defendió la aprobación del proyecto tal como llegó del Senado y cuestionó que las demandas de las empresas no integradas demoren su tratamiento.
“Hoy quiero ratificar mi apoyo a este proyecto como está”, sostuvo. Recordó que la propuesta original contemplaba un corte de biodiésel del 15%, pero que el porcentaje finalmente acordado fue resultado de varios meses de negociaciones. “Prefiero esta ley a quedarnos en nada”, sentenció.
Scaglia -en línea con Maximiliano Pullaro– advirtió que en Santa Fe hay plantas paralizadas por las restricciones de la legislación vigente y sostuvo que aumentar los cortes permitiría incrementar la producción y el empleo. Los cordobeses aliados al gobernador Martín Llaryora avalan esta postura.
El respaldo al proyecto también se hizo escuchar desde Tucumán. Gladys Medina, del bloque Independencia y aliada del Gobierno, defendió el impacto de la iniciativa sobre la industria azucarera del norte argentino. “Defendemos la caña de azúcar. Defendemos nuestra industria. Defendemos el trabajo”, afirmó.
Mientras las grandes aceiteras y los productores de bioetanol ven oportunidades de expansión con el nuevo régimen, las pymes independientes de biodiésel reclaman garantías para afrontar la apertura de la competencia.
El peronismo
La discusión también genera diferencias dentro de UP. Legisladores de provincias vinculadas con la producción de bioetanol y biodiésel estarían dispuestos a acompañar la iniciativa, mientras que representantes bonaerenses reclaman cambios para proteger a las pequeñas empresas.
Victoria Tolosa Paz, de Buenos Aires, planteó una alternativa concreta: elevar del 10% al 12,5% el corte obligatorio de biodiésel, con el objetivo de ampliar el mercado y mejorar las condiciones de competencia de las empresas no integradas.
“¿Qué pasa si en lugar del corte de 10% lleváramos el corte a 12,5?”, preguntó la diputada bonaerense. Y advirtió: “Lo peor que nos puede pasar en la Argentina es sancionar una ley que deje capacidad instalada ociosa sin producción y, mucho más grave aún, trabajadores despedidos”.
El aumento del corte también introduce en la discusión los intereses de las provincias petroleras, ya que implica incrementar la proporción de biocombustibles incorporados al gasoil. Sin embargo, el neuquino Pablo Todero, de UP, respaldó la propuesta de Tolosa Paz y sostuvo que las diferencias todavía pueden resolverse mediante una negociación.
El jefe del bloque, Germán Martínez, también santafesino, buscó un punto de equilibrio entre las demandas de los distintos sectores. Defendió la posibilidad de modificar la media sanción del Senado, pero pidió que las negociaciones no demoren el tratamiento del proyecto.
“Es probable que los acuerdos alcanzados en la Cámara de Senadores no alcancen para terminar de incorporar a todos los actores productivos”, sostuvo. Y convocó a buscar una salida que contemple tanto a la industria del bioetanol como a las grandes productoras de biodiésel y las pymes no integradas. “Yo creo que podemos conciliar los cuatro intereses”, afirmó.
Martínez también advirtió que cualquier modificación deberá contar con el respaldo del Senado para garantizar la sanción definitiva.
El Gobierno quiere evitar otra negociación
Frente a las diferencias entre los bloques, el Poder Ejecutivo insistió en preservar el acuerdo alcanzado en el Senado. Veller reconoció que el Gobierno aceptó modificaciones que no comparte, entre ellas la ampliación de tres a diez años del período de transición para las empresas de biodiésel.
“El Poder Ejecutivo no se siente cómodo con estos cambios”, admitió el funcionario, aunque reconoció que las concesiones fueron necesarias para alcanzar un consenso en la Cámara alta.
Según explicó, el objetivo central de la iniciativa es eliminar progresivamente los cupos, abrir el mercado a nuevos competidores y reemplazar la fijación administrativa de precios por mecanismos de oferta y demanda.
El oficialismo enfrenta así una negociación que excede la división tradicional entre sus aliados y la oposición. Los intereses productivos de las provincias atraviesan a las bancadas y dificultan los consensos.
Cualquier modificación obligaría a devolver el proyecto al Senado para su ratificación, un escenario que el Gobierno busca evitar para acelerar la sanción definitiva.
la nueva ley de biocombustibles,pic.twitter.com/AgHAEwQHPR,October 13, 2026,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a
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La salida de Bolsonaro: un pago exprés de US$140.000, la lista inicial de 8 pasajeros y un avión que también trasladó a Lula

El primer llamado ocurrió el lunes por la tarde. Un broker aeronáutico de Estados Unidos, cuya identidad se mantiene en reserva, se contactó con un directivo de la empresa Baires Fly que estaba en Estados Unidos. Necesitaba un avión esa misma noche en Iguazú para trasladar a “ocho pasajeros brasileros”. Esa fue al consigna inicial. Como no había una relación previa con el broker, la empresa exigió el pago por adelantado. La transferencia no tardó en llegar. Fueron cerca de US$140.000 por un vuelo de ida a Miami. En apenas dos horas, la tripulación ya estaba en Aeroparque. “En ese momento no sabíamos que el pasajero era Bolsonaro, nos enteramos después”, contó una fuente de la empresa que conoce los detalles de la negociación.
El Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, aterrizó el lunes a las 23.45 en Puerto Iguazú. Viajaron dos pilotos y una azafata. El vuelo a Miami estaba previsto para las 2 de la madrugada. Pero los pasajeros nunca llegaron al aeropuerto. Y la noticia se filtró a los medios. Bien entrada la madrugada, la tripulación recibió un mensaje: “No se hace, vayan al hotel”. Descansaron todo el día y regresaron al aeropuerto el martes a la tarde.
Ayer a la tarde, cuando las versiones arreciaban y daban cuenta que Jair Bolsonaro ya estaba en vuelo a Estados Unidos, desde la empresa no daban el tema por cerrado. “Vamos a esperar y sino esta misma noche el avión vuelve a Buenos Aires”, dijo una fuente cerca de las 18 horas del martes ante una consulta de . A esa hora, se especulaba que el avión, y hasta la filtración, habían sido parte de un “operativo de distracción”. En realidad, el operativo de distracción se puso en marcha desde Estados Unidos, incluso con voceros oficiales, para desviar la atención.
Durante toda la tarde del martes, hubo una catarata de llamados y mensajes entre el broker que pagó por el vuelo y la empresa. “Ya vienen, ya vienen”, aseguraba el misterioso empresario para retener el avión en pista. El nombre del broker figura en la factura que se confeccionó el mismo lunes, antes que el vuelo captara la atención mundial. “No lo vamos a revelar a menos que la Justicia lo pida”, se excusaron en la empresa.
El avión esperó en la pista de Iguazú hasta que Bolsonaro y su familia lograron cruzar la frontera en una camioneta blanca con patente brasileña. ¿Viajaron todos por tierra? El viaje en auto desde Brasilia a ese punto fronterizo demora al menos 20 horas.
Finalmente, el avión partió a las 0:21 de este miércoles rumbo a Estados Unidos con cuatro pasajeros: Bolsonaro, su mujer y sus dos hijas.
Por el conflicto internacional que significó la salida del candidato presidencial, los pilotos decidieron cambiar la ruta y esquivar el territorio brasilero. “Se hizo por precaución, para evitar un problema, y eso obligó a realizar una parada técnica en Guayaquil”, explicó una fuente aeronáutica.
De esa manera, un viaje que debía demorar unas ocho horas terminó tardando más de diez. A las 09:25 (hora local), el avión aterrizó en el aeropuerto de Opa Locka por pedido del broker que encargó el vuelo. Unos minutos después, volvió a despegar rumbo a Fort Lauderdale, donde aguardaban directivos de la empresa y otra aeronave de Baires Fly que está en reparaciones.
“La llegada se demoró porque al aeropuerto de Opa Locka opera las 24 horas para vuelo de cabotaje pero los vuelos internacionales tienen que llegar después de las 9″, explicó una fuente del mercado aeronáutico.
El avión regresará esta misma noche a Buenos Aires porque este jueves tiene un viaje previsto a Chile junto a un grupo de músicos.
Por esas vueltas del destino, la aeronave que trasladó a Bolsonaro también tuvo de pasajero al presidente reelegido de Brasil. En diciembre de 2020, Lula viajó a Cuba a bordo de ese avión junto a parte de su familia para grabar un documental sobre América Latina que dirigiría Oliver Stone.
Ese viaje trascendió porque toda la comitiva dio positivo de Covid-19. “Todo mi equipo y yo estamos agradecidos por la dedicación de profesionales de la salud y el sistema público de salud cubano que estaban con nosotros en el cuidado diario”, dijo Lula en agradecimiento al gobierno.
No fue el único viaje de Lula en el Gulfstream de Baires Fly. También lo utilizó para un vuelo a la Argentina.
[e]Planalto Palace – XinHua
El Gobierno terminó confirmado el operativo pasadas las 2 de la madrugada a través de un tuit de Migraciones: “A las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes”.
Fuentes que conocen los detalles del vuelo aseguran que el asesor presidencial Santiago Caputo participó activamente del operativo, aunque descartaron una comunicación directa entre la empresa y el Gobierno. “La cobertura periodística del día de hoy debe haber sido probablemente uno de los papelones más grandes del periodismo mundial de la historia. Dijeron cualquier cosa. Se desdijeron. Lo volvieron a decir”, tuiteó el asesor a la madrugada cuando el avión ya estaba en vuelo.
participó activamente del operativo,Nicolás Pizzi,Flavio Bolsonaro,Conforme a
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Senado: habrá sesión mañana para votar la ley de salud mental y beneficios para inversiones desde USD 12 millones

El Senado sesionará mañana, desde las 14, para intentar aprobar una nueva ley de salud mental que recibió cambios extra en las próximas horas y que tiene a dialoguistas aún con dudas, por lo que se debatirá al final del encuentro. Durante el convite en el recinto también avanzaría una iniciativa para regular el mercado de carbono, y un texto de radicales para activar beneficios en planes de inversiones desde USD 12 millones.
La agenda se definió en la reunión de Labor Parlamentaria que finalizó antes de las 15. Al comienzo de la sesión se rendirán homenajes al ex senador Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza-La Rioja) y al ex titular del gremio APL, Norberto Di Próspero, quienes murieron días atrás. Se sumará a esto un recordatorio por un nuevo aniversario de la partida del ex presidente Néstor Kirchner. Y jurará el reemplazo del ex legislador oficialista, Claudia López. No se descartan cuestiones de privilegio desde la oposición.
En tanto, al término del encuentro de esta tarde entre los jefes de bloque y la vicepresidenta y líder de la Cámara alta, Victoria Villarruel, desde algunos espacios reclamaron dos cuestiones a analizarse mañana. Por un lado, se impulsará un proyecto de resolución para invitar al Papa León XIV para que se presente ante el Congreso, en el marco de una Asamblea Legislativa. Es casi imposible, con el sinfín de actividades ya programadas.
Otro texto de resolución será para forzar al jefe de Gabinete, Diego Santilli, a que asista el miércoles 18 de noviembre próximo para dar un informe de gestión, algo reclamado desde hace un largo tiempo por el kirchnerismo y que, durante la jornada de hoy, tuvo el visto bueno de otras bancadas. El motivo es por el incumplimiento del artículo 101 de la Constitución y la obligación de ir al Palacio, una vez por mes, e intercale entre Cámaras.

Para la ley de salud mental se vislumbran dos ítems que todavía no cierran en un par de oficinas aliadas. El primero está relacionado con los recursos -como no podía ser de otra manera- pese a que, ayer, el propio oficialismo adelantó que sería más taxativa la puesta a punto de la iniciativa para amortiguar quejas. Algunas provincias, resisten.
En segundo lugar, se reanudó -como adelantó meses atrás Infobae– la puja entre profesionales de la salud mental, que generó una disputa entre Nación y provincias agrupadas en el Consejo Federal de Salud (CoFeSa). Varios integrantes de dicha entidad insisten con igualar en prioridad a psicólogos y psiquiatras.
¿Qué plantea el articulado? En las internaciones, se reemplazará la exigencia del psiquiatra por médico -aunque con preferencia hacia dicha especialidad- o con formación en salud mental, con otro firmante -se apunta a que sea psicólogo-, quien sí tendrá injerencia en la evaluación y una potencial alta. Como para el último caso también está escrita la palabra “preferentemente”, se consensuó quitarla para que no haya margen a interpretaciones y debido a que no existe un reemplazo de la profesión de psicólogo.
Ayer, este medio relató que fuentes al tanto de las negociaciones comentaron las fuertes presiones para equiparar a ambos profesionales. Incluso, con universidades metidas en el medio y un senador que es médico, pero que apoyó el reclamo de los psicólogos y convirtió una disputa en una insólita batalla.

RIIR
El Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR) desde los USD 12 millones para grandes empresas fue promovido por el titular de la Unión Cívica Radical en la Cámara alta, Eduardo Vischi (Corrientes). El mismo consideraría como planes productivos a los destinados “a la adquisición, elaboración, fabricación y/o importación de bienes muebles nuevos -excepto automóviles-, amortizables en el impuesto a las ganancias, así como a la realización de obras, a ser afectadas directamente al desarrollo de actividades productivas en el territorio de la República Argentina”.
Carbono
La norma establece un “marco jurídico aplicable a la titularidad, registro y comercialización de créditos de carbono generados por proyectos que se desarrollen en el territorio nacional y establecer el marco habilitante para su participación en los mercados de carbono nacionales e internacionales”.
Reclamo por zona fría
Tras la victoria del gobierno libertario y la reglamentación ya vigente que recorta subsidios, la senadora cristinista Alicia Kirchner (Santa Cruz) presentó este mediodía, junto a otros legisladores del espacio, la iniciativa de ley “ABRIGAS” “para restablecer el régimen de Zona Fría, proteger las facturas de gas de los sectores bajos y medios y garantizar un modelo energético con “previsibilidad”, según consta en un comunicado.
POLITICA
Por su negativa a asistir: el Senado busca intimar a Diego Santilli a que concurra a brindar su informe

En un hecho inédito, el Senado podría aprobar mañana un proyecto que obligaría al jefe de Gabinete, Diego Santilli, a asistir el próximo 17 de noviembre al recinto para brindar el informe sobre la marcha del Gobierno que la Constitución le obliga a dar todos los meses, de manera alternada, ante cada una de las Cámaras legislativas.
El tema se habló en la reunión de Labor Parlamentaria y, según pudo saber , contó con amplio respaldo de casi todas las bancadas. De ser así, eso se verá reflejado cuando el tema se discuta en la sesión convocada para mañana las 14.
Siempre según las fuentes consultadas por este diario, la decisión de avanzar con un proyecto de resolución se tomó como consecuencia de que Santilli no se ofreció a concurrir al Senado.
Tal como lo establece la Constitución, el jefe de Gabinete tiene que comunicar cada mes su disponibilidad a concurrir, a partir del cuál la cámara en cuestión pone en marcha el proceso de recolección de las preguntas que los legisladores le quieran formular al funcionario para remitírselas y que las pueda contestar antes del día convenido para que se haga presente en el recinto.
Hace 16 meses que un jefe de Gabinete libertario no acude al Senado a dar su informe de gestión. El último en hacerlo fue Guillermo Francos, el 26 de junio de 2025.
Noticia en desarrollo
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