POLITICA
Biocombustibles: el oficialismo en Diputados no logra cerrar un acuerdo y las diferencias atraviesan a aliados y opositores

El oficialismo intentó acelerar en Diputados el tratamiento de la nueva ley de biocombustibles, pero las diferencias entre las provincias productoras terminaron por postergar el dictamen. La discusión atraviesa a distintos bloques, incluidos los aliados del Gobierno y Unión por la Patria (UP), donde conviven posiciones diferentes según los intereses industriales de cada distrito.
Mientras legisladores de Córdoba, Santa Fe y las provincias del norte impulsan la aprobación de la media sanción del Senado, los bonaerenses reclaman mayores protecciones para las pequeñas y medianas empresas de biodiésel.
El desacuerdo quedó expuesto durante el plenario de las comisiones de Energía y Combustibles, Presupuesto y Hacienda, y Agricultura y Ganadería, presidido por el libertario Facundo Correa Llano. El subsecretario de Hidrocarburos, Federico Veller, llegó al Congreso con un mensaje categórico: “Consideramos que no hay espacio para nuevos cambios”.
Sin embargo, los planteos de legisladores de Pro, el MID, la UCR y UP evidenciaron que el consenso alcanzado en el Senado no garantiza el respaldo de Diputados, donde los legisladores bonaerenses tienen un peso mayor que en la Cámara alta.
La iniciativa, que establece un nuevo régimen por 15 años, propone elevar los cortes obligatorios de biocombustibles.
El porcentaje de biodiésel mezclado con gasoil pasaría del 7,5% al 10%, mientras que el de bioetanol incorporado a las naftas subiría del 12% al 15%. Ambos incrementos deberían concretarse dentro de los 12 meses posteriores a la sanción.
El principal conflicto está en cómo se repartirá el mercado del biodiésel entre las grandes aceiteras y las pequeñas empresas independientes, conocidas como “no integradas”.
Hoy, estas pymes tienen reservado todo el mercado correspondiente al corte obligatorio del 7,5% de biodiésel en el gasoil. El proyecto propone elevar ese porcentaje al 10%, pero permitir que las grandes aceiteras también participen del negocio.
En una primera etapa, las pequeñas empresas conservarían una porción exclusiva del 6,5%, mientras que el 3,5% restante quedaría abierto a la competencia. Esa protección se reduciría gradualmente hasta el 4% en 2031 y desaparecería por completo en 2036.
Para las pymes, el cambio supone competir directamente con grandes grupos aceiteros que producen su propia materia prima y cuentan con mayores economías de escala. Los legisladores que reclaman modificaciones advierten que esa apertura podría comprometer la continuidad de unas 25 plantas distribuidas entre Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos y San Luis.
Reclaman cambios
La resistencia más concreta surgió de los aliados bonaerenses del oficialismo.
Desde Pro acercaron una propuesta para aumentar un punto el corte obligatorio de biodiésel, elevar al 6% la participación reservada a las pymes y extender dos años el período de transición, de 2036 a 2038.
“La media sanción arruina las pymes de biodiésel de la provincia de Buenos Aires”, advirtieron desde el espacio, donde sostienen que las modificaciones permitirían preservar la industria regional sin frustrar la sanción de la ley.
El diputado Eduardo Falcone, del MID, también reclamó revisar algunos artículos incorporados durante el tratamiento en el Senado. “Hay 25 pymes que deberían competir con multinacionales que encima les tienen que proveer la materia prima”, cuestionó. Y resumió el problema con un ejemplo: “Una pyme de Saladillo no puede competir con Dreyfus o con Cargill”.
La radical bonaerense Karina Banfi, de Adelante Buenos Aires, se sumó al pedido de negociación. Advirtió que la nueva regulación podría afectar fuentes de trabajo y empresas estratégicas para la provincia, y convocó a alcanzar un acuerdo que contemple los intereses de todos los sectores.
Se trata de dirigentes que habitualmente acompañan al oficialismo en votaciones relevantes, pero que esta vez condicionan su respaldo a la incorporación de cambios para proteger a los productores bonaerenses.
Las provincias defensoras de la media sanción
Del otro lado, la santafesina Gisela Scaglia (Provincias Unidas) defendió la aprobación del proyecto tal como llegó del Senado y cuestionó que las demandas de las empresas no integradas demoren su tratamiento.
“Hoy quiero ratificar mi apoyo a este proyecto como está”, sostuvo. Recordó que la propuesta original contemplaba un corte de biodiésel del 15%, pero que el porcentaje finalmente acordado fue resultado de varios meses de negociaciones. “Prefiero esta ley a quedarnos en nada”, sentenció.
Scaglia -en línea con Maximiliano Pullaro– advirtió que en Santa Fe hay plantas paralizadas por las restricciones de la legislación vigente y sostuvo que aumentar los cortes permitiría incrementar la producción y el empleo. Los cordobeses aliados al gobernador Martín Llaryora avalan esta postura.
El respaldo al proyecto también se hizo escuchar desde Tucumán. Gladys Medina, del bloque Independencia y aliada del Gobierno, defendió el impacto de la iniciativa sobre la industria azucarera del norte argentino. “Defendemos la caña de azúcar. Defendemos nuestra industria. Defendemos el trabajo”, afirmó.
Mientras las grandes aceiteras y los productores de bioetanol ven oportunidades de expansión con el nuevo régimen, las pymes independientes de biodiésel reclaman garantías para afrontar la apertura de la competencia.
El peronismo
La discusión también genera diferencias dentro de UP. Legisladores de provincias vinculadas con la producción de bioetanol y biodiésel estarían dispuestos a acompañar la iniciativa, mientras que representantes bonaerenses reclaman cambios para proteger a las pequeñas empresas.
Victoria Tolosa Paz, de Buenos Aires, planteó una alternativa concreta: elevar del 10% al 12,5% el corte obligatorio de biodiésel, con el objetivo de ampliar el mercado y mejorar las condiciones de competencia de las empresas no integradas.
“¿Qué pasa si en lugar del corte de 10% lleváramos el corte a 12,5?”, preguntó la diputada bonaerense. Y advirtió: “Lo peor que nos puede pasar en la Argentina es sancionar una ley que deje capacidad instalada ociosa sin producción y, mucho más grave aún, trabajadores despedidos”.
El aumento del corte también introduce en la discusión los intereses de las provincias petroleras, ya que implica incrementar la proporción de biocombustibles incorporados al gasoil. Sin embargo, el neuquino Pablo Todero, de UP, respaldó la propuesta de Tolosa Paz y sostuvo que las diferencias todavía pueden resolverse mediante una negociación.
El jefe del bloque, Germán Martínez, también santafesino, buscó un punto de equilibrio entre las demandas de los distintos sectores. Defendió la posibilidad de modificar la media sanción del Senado, pero pidió que las negociaciones no demoren el tratamiento del proyecto.
“Es probable que los acuerdos alcanzados en la Cámara de Senadores no alcancen para terminar de incorporar a todos los actores productivos”, sostuvo. Y convocó a buscar una salida que contemple tanto a la industria del bioetanol como a las grandes productoras de biodiésel y las pymes no integradas. “Yo creo que podemos conciliar los cuatro intereses”, afirmó.
Martínez también advirtió que cualquier modificación deberá contar con el respaldo del Senado para garantizar la sanción definitiva.
El Gobierno quiere evitar otra negociación
Frente a las diferencias entre los bloques, el Poder Ejecutivo insistió en preservar el acuerdo alcanzado en el Senado. Veller reconoció que el Gobierno aceptó modificaciones que no comparte, entre ellas la ampliación de tres a diez años del período de transición para las empresas de biodiésel.
“El Poder Ejecutivo no se siente cómodo con estos cambios”, admitió el funcionario, aunque reconoció que las concesiones fueron necesarias para alcanzar un consenso en la Cámara alta.
Según explicó, el objetivo central de la iniciativa es eliminar progresivamente los cupos, abrir el mercado a nuevos competidores y reemplazar la fijación administrativa de precios por mecanismos de oferta y demanda.
El oficialismo enfrenta así una negociación que excede la división tradicional entre sus aliados y la oposición. Los intereses productivos de las provincias atraviesan a las bancadas y dificultan los consensos.
Cualquier modificación obligaría a devolver el proyecto al Senado para su ratificación, un escenario que el Gobierno busca evitar para acelerar la sanción definitiva.
la nueva ley de biocombustibles,pic.twitter.com/AgHAEwQHPR,October 13, 2026,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a
POLITICA
Un aliado de Baradel selló una alianza electoral con Sobisch, que era gobernador de Neuquén cuando asesinaron al docente Fuentealba

El secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) de Neuquén, Carlos Quintriqueo, selló una alianza electoral con el exgobernador Jorge Sobisch, que llevará al exmandatario como candidato a gobernar la provincia en las elecciones que se realizarán el 27 de febrero del año que viene.
El acuerdo, presentado en sociedad este miércoles en una conferencia de prensa, dejó en la mira al dirigente sindical, que pertenece a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y es un aliado del gremialista docente Roberto Baradel, nuevo titular de la CTA nacional. Su entendimiento con Sobisch, que gobernaba la provincia cuando fue asesinado el docente Carlos Fuentealba durante una protesta, generó repudio en el ámbito sindical, con pedidos de renuncia a su cargo al frente de la seccional neuquina de la central obrera.
Luego de que el Movimiento Popular Neuquino (MPN) definiera no participar en las elecciones de la provincia el año próximo, Sobisch acordó con Quintriqueo para ser candidato a gobernador por el partido del sindicalista, denominado Más por Neuquén. El dirigente sindical será candidato a diputado provincial, en un acuerdo que también incluye a la Unión Cívica Radical (UCR), que tendrá una colectora adherida a este frente, con el dirigente Juan Peláez al frente.
Sobisch gobernaba Neuquén cuando, el 4 de abril de 2007, el docente Carlos Fuentealba fue asesinado por el disparo de una granada policial de gas lacrimógeno durante una protesta en la ruta nacional 22, a la altura de la localidad de Arroyito. Fue condenado a cadena perpetua el cabo Darío Poblete, autor del disparo. Por el caso, fueron condenadas también autoridades de la policía neuquina, como Carlos Salazar, Moisés Soto, Adolfo Soto, Mario Rinzafri, Jorge Garrido y Benito Ariel Matus, en una causa que se conoció como “Fuentealba 2″.
Quintriqueo ganó las elecciones de la CTA neuquina desde la Lista 10, que llevaba al frente a nivel nacional a Baradel, exsecretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba). Baradel ganó la conducción nacional y reemplazó, así, al histórico secretario general, el también docente Hugo Yasky.
La alianza que selló con Sobisch le valió a Quintriqueo el repudio de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN). “La representación de ATEN exige de manera indeclinable la renuncia de Carlos Quintriqueo a la secretaria general de la CTA”, reclamó el gremio en un comunicado. “Durante los últimos 19 años, hemos sostenido una lucha incansable denunciando la responsabilidad política de quien fuera gobernador de Neuquén y asumiera públicamente dar la orden del operativo Arroyito, que tuvo como consecuencia el crimen por la espalda de nuestro compañero Carlos Fuentealba. No existe un argentino que no asocie el nombre de Jorge Omar Sobisch con el de un maestro fusilado”, se indicó en el texto gremial.
También el Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (Sejun) pidió que Quintriqueo deje la conducción de la CTA provincial y comunicó que dejará la central obrera. “No hay unidad posible con los responsables de la represión, el ajuste y el vaciamiento del Estado”, se sostuvo en un comunicado del sindicato.
La legisladora porteña Vanina Biasi (Frente de Izquierda-Unidad) fue una de las dirigentes que cuestionaron a Quintriqueo tras conocerse el entendimiento con Sobisch (que fue gobernador de Neuquén por tres períodos).
Quintriqueo defendió hoy su decisión de aliarse con Sobisch y rechazó los pedidos de renuncia a su cargo. “Se tienen que discutir en el ámbito sindical [dijo sobre la dimisión que le exigieron]. Estamos en una cuestión netamente política, dejamos de mirarnos el ombligo para mirar el conjunto de las neuquinas y neuquinos. A mí me eligieron los trabajadores y son ellos los que me ponen en la posición en que estoy”, afirmó Quintriqueo en una conferencia de prensa que brindó junto a Sobisch y Peláez, en un restaurante a orillas del río Limay.
Sobisch, en tanto, minimizó diferencias con su nuevo aliado sindical. “El debate enriquece y nos da oportunidad de crecer. Los tres que estamos acá, hemos debatido. Por un Neuquén que nos necesita, nos hemos juntado”, aseveró. Y añadió: “Si nos sentamos acá pensando las cosas que discutimos y no pensamos en las que tenemos que discutir para el futuro de los neuquinos, nos estamos equivocando”.
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Reforma Política: el oficialismo anunció la eliminación de las colectoras y el debate pasó a un cuarto intermedio en el Senado

El Senado vive miércoles una jornada de alta tensión, con la posible suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) como uno de los principales temas de debate. El oficialismo buscará reunir las firmas necesarias en la Comisión de Asuntos Constitucionales para emitir dictamen y dejar el proyecto en condiciones de llegar al recinto.
La iniciativa requiere al menos 10 votos en comisión. Si el oficialismo consigue ese objetivo, el desafío pasará a una eventual sesión prevista para el jueves 26, donde el Gobierno necesitará 37 votos, la mayoría absoluta de la Cámara alta, tanto para la aprobación en general como para cada artículo.
Las negociaciones permanecen abiertas. Sectores dialoguistas reclaman cambios sobre aspectos de la reforma política, entre ellos la Boleta Única de Papel y Ficha Limpia. Esas diferencias pueden definir el resultado de una votación que La Libertad Avanza considera prioritaria para el calendario electoral de 2027.
Bullrich confirmó que el oficialismo quitó las colectoras del proyecto

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, confirmó que el oficialismo retiró la habilitación de colectoras y adhesiones del proyecto de reforma política. “Volvemos al modelo que ya conocemos los argentinos: un ciudadano, un voto, una sola lista”, afirmó.
La senadora también ratificó que las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) serán suspendidas en 2027. “Las PASO se suspenden, no se eliminan”, aclaró, y anticipó que más adelante deberá discutirse un mecanismo definitivo para la selección de candidaturas.
Sobre ese punto, Bullrich sostuvo que, mientras no haya otra reforma, “los partidos políticos van a elegir sus candidatos de acuerdo a lo que dicen en sus cartas orgánicas”.
Además, confirmó que el texto mantendrá Ficha Limpia. “Gran logro, muy importante que de una vez por todas salga Ficha Limpia”, dijo. Según explicó, la norma regirá para futuras elecciones y alcanzará a quienes tengan una condena confirmada en dos instancias.
El oficialismo anunció la eliminación de las colectoras y el debate pasó a un cuarto intermedio en el Senado
El oficialismo anticipó que el nuevo dictamen de reforma política eliminará las colectoras. La suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) quedaría como la única medida de vigencia transitoria, según señalaron durante el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
El senador peronista Fernando Salino cuestionó los cambios sobre el texto en discusión y reclamó que el proyecto que se firme en comisión sea el mismo que llegue al recinto. “No sabemos de qué estamos hablando”, afirmó, luego de señalar que las modificaciones se sucedieron durante la reunión.
Agustín Coto, presidente de la comisión, informó que los senadores recibirán una propuesta de dictamen cerca de las 14. Además, coincidió con Salino en que introducir reformas profundas durante una sesión constituye una “pésima técnica legislativa”.
La comisión pasó a un cuarto intermedio y retomará el debate a las 16:30 en el Salón Azul. Allí, los legisladores analizarán el nuevo texto y buscarán avanzar hacia un dictamen.
Mayans cuestionó el tratamiento y pidió escuchar a fuerzas políticas
El senador José Mayans objetó el tratamiento del proyecto de reforma electoral y advirtió que la iniciativa puede afectar a numerosos partidos políticos. También reclamó que la comisión reciba a las fuerzas que solicitaron exponer antes de avanzar con el dictamen.
El jefe del bloque peronista criticó el artículo 18, al que calificó como una “aberración jurídica”, por prever una modificación para una sola elección. Además, pidió explicaciones gráficas sobre el sistema de votación para que la ciudadanía conozca cómo se aplicarán los cambios.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, respondió que llegaron pedidos de participación, aunque señaló que fueron presentados cerca de la convocatoria y que no habrá una invitación formal. De todos modos, afirmó que la comisión permanece abierta al diálogo.
Coto propuso reanudar el debate a las 16 en el Salón Azul, debido a la disponibilidad de las salas del Senado. A esa hora, los legisladores analizarían el texto definitivo del proyecto.
Comenzó el debate por la suspensión de las PASO en el Senado
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado comenzó el tratamiento del proyecto que impulsa el oficialismo para suspender las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de 2027.
El objetivo del Gobierno es reunir al menos diez firmas para emitir dictamen y dejar la iniciativa en condiciones de ser debatida en el recinto. Para su aprobación, necesitará 37 votos, tanto en general como en la discusión de cada artículo.
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juan carlos cardenas / comunicacion senado.
POLITICA
Alineado con Trump, el Gobierno se abstuvo de votar en la ONU una resolución para combatir la violencia contra mujeres y niñas

El gobierno de Javier Milei volvió a alinearse hoy con las posturas de Donald Trump y a quedar del lado de una minoría en los debates de los organismos internacionales. En una votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Argentina se abstuvo de votar una resolución contra la violencia que sufren mujeres y niñas, una propuesta encabezada por Francia y Países Bajos, que recogió una abrumadora mayoría de 175 votos a favor, solo uno en contra (Somalía) y seis abstenciones. Además de la Argentina, se abstuvieron Estados Unidos, la Rusia de Vladimir Putin, los gobiernos africanos de Camerún y Burkina Faso, y Bielorrusia, aliada de Putin.
“Intensificar los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas” era el objetivo de la resolución, en la que Argentina -alineada con Washington- se abstuvo.
El canciller Pablo Quirno dijo hoy: “Básicamente, hay que entender algo que es muy importante en todo este tipo de votaciones: una cosa es el titular de la resolución, y otra cosa son los detalles. Y como siempre dicen, el diablo está en los detalles. Nosotros estamos absolutamente en contra de la violencia contra las mujeres y contra las niñas. De eso no hay absolutamente ninguna duda. Lo que hay es en la letra fina de la resolución aspectos en los cuales no estaban alineados con lo que son nuestros pensamientos y por eso nos abstuvimos”.
Quirno afirmó esto en diálogo con distintos medios de prensa luego de su participación en el evento anual del estudio jurídico Marval. El canciller no especificó qué aspectos de la resolución motivaron la abstención.
“Una decisión que nos aleja del consenso internacional y de la tradición diplomática argentina en defensa de los derechos humanos”, afirmó el exministro de Educación y exsecretario de Malvinas, Daniel Filmus, una de las tantas voces opositoras que expresó su rechazo a la postura argentina. “El vergonzante voto de abstención no es de la Argentina, es del gobierno de Milei. Nuestro país registra creciente violencia contra las mujeres y esto no hace más que convalidar el desprecio de políticas retrógradas, de un presidente que todos los días da muestras de servilismo a su mandante Donald Trump. Mi repudio absoluto”, posteó la diputada nacional de ARI, Mónica Frade.
No se trata, por cierto, de la primera vez en la que el país queda en absoluta minoría en temas o resoluciones generales que, a priori, no deberían generar rechazo.
Meses atrás, y en la voz del mismo embajador en la ONU, Francisco Tropepi, la Argentina emitió un voto negativo en la misma Asamblea General de las Naciones Unidas a una iniciativa de Ghana y la Comunidad Africana, que por mayoría denominó “el crimen más grave contra la humanidad” a la esclavitud africana. La Argentina y sus aliados Estados Unidos e Israel fueron los únicos votos en contra de aquella votación, que fue apoyada por 123 países, con la abstención de 52 naciones, entre ellas los integrantes de la Unión Europea y Gran Bretaña.
“Estamos en contra de calificar a la esclavitud como el delito de lesa humanidad más grave de la historia. ¿Por qué un crimen está por encima de otro? La resolución tiene muchas subjetividades a las que no nos adherimos”, comentó entonces una alta fuente del Gobierno para justificar la postura argentina.
Luego de las recientes y sucesivas derrotas de sus aliados internacionales (Flávio Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil, Trump en las de medio término en Estados Unidos, Benjamín Netanyahu en Israel), distintos expertos pidieron al Gobierno que revisara su política de alianzas. Para el sociólogo Gabriel Puricelli, “la política exterior argentina estuvo centrada, en estos tres años, en afinidades personales” y “las derrotas de los principales socios lo obliga [al Gobierno] a buscar una política más tradicional, y prescindir de los colores ideológicos, aunque dudo que lo haga”.
Puricelli, coordinador del programa de política internacional del Laboratorio de Políticas Públicas, sostiene que el cambio es necesario ya que “no es posible estar más aislados que ahora”. El especialista advirtió que la inversión extranjera directa cayó como nunca en 2024 y 2025, y en organismos como Naciones Unidas la Argentina no acompañó “casi ningún voto mayoritario” en los últimos tres años. “Tenemos dos amigos (Estados Unidos e Israel), pero en el mundo hay 193 países. Es un buen momento para dejar de elegir el aislamiento”, concluyó, aunque la votación en la ONU pareciera indicar que el alineamiento con Estados Unidos continuará siendo rector de las posturas nacionales en los organismos internacionales.
posturas,voto negativo,revisara,Jaime Rosemberg,Conforme a
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