Desde las 06:00 de este martes, las principales distribuidoras de gas del Área Metropolitana de Buenos Aires, Naturgy y Metrogas, ordenaron restringir las ventas de GNC hasta el límite del “firme contratado” y hasta nuevo aviso. Esta medida implica, en términos prácticos, que el servicio interrumpible quedó suspendido para estaciones de servicio e industrias.

La decisión busca evitar una caída en la presión de los gasoductos ante el primer pico de frío polar del año y justo cuando una masa de aire polar avanza sobre el centro del país, dejando un intenso frío en Buenos Aires, con temperaturas de un solo dígito y alertas meteorológicas por vientos para gran parte de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con las regulaciones vigentes, el sistema de despacho nacional prioriza la denominada “demanda prioritaria”, que incluye a hogares, hospitales y escuelas. Para las estaciones de servicio, la restricción es de cumplimiento obligatorio: vender por encima del cupo garantizado conlleva una multa equivalente al valor de un litro de nafta súper por cada metro cúbico excedido, una penalidad que anula cualquier margen comercial.

“No es una medida tan extrema; es el servicio interrumpible. Las estaciones saben que pagan un precio menor y que el suministro puede cortarse”, explicaron fuentes del sector a Infobae.

La restricción llega en un momento de fuerte crecimiento del parque automotor a GNC. Tras una década de retroceso — las conversiones pasaron de 188.000 en 2015 a unos 59.000 en 2025, según ENARGAS—, el sector había comenzado a mostrar signos de recuperación a comienzos de 2026. El incremento de los combustibles líquidos, que registró saltos de hasta el 23% tras el estallido de conflictos en Medio Oriente, empujó a miles de conductores de vuelta al gas para abaratar costos de logística y transporte. En marzo, se realizaron 7.300 conversiones a GNC, un aumento del 40% respecto a febrero y un 70% en relación al mismo mes del año anterior.

La Argentina cerró el primer trimestre del año con un superávit energético de USD 2.405 millones, el mayor de su historia reciente. Aun así, el país no puede prescindir de las importaciones de GNL durante el invierno. La paradoja tiene una explicación estructural: la demanda de gas se dispara de forma estacional con las bajas temperaturas, sobre todo en el consumo residencial, y la red de transporte no tiene capacidad suficiente para trasladar todo el gas desde las cuencas productoras hasta los centros de consumo. El GNL opera como un seguro para cubrir esos faltantes puntuales, aunque la mayor parte del volumen importado termina destinado a la industria, no a los hogares.

La crisis no se limita al AMBA. En el norte, la situación es estructuralmente más grave. Con las obras de reversión del Gasoducto Norte aún sin terminar, provincias como Salta, Jujuy y Tucumán enfrentan un escenario de escasez que ya impacta en sectores fabriles y agroindustriales.

Según publicó el medio salteño El Tribuno, un comunicado de la Unión Industrial de Salta (UIS) encendió las alarmas por el abastecimiento de gas para el invierno. “Las empresas del sector atraviesan negociaciones de contratos sin definiciones claras, en un contexto donde la falta de infraestructura de transporte desde Vaca Muerta hacia el norte del país y la prioridad que el sistema otorga a la demanda residencial en los meses fríos amenazan con generar restricciones para industrias de cerámica, ingenios, curtiembres y minería”.

Y continúa: “El GNL aparece como alternativa, pero a un costo que lo vuelve prácticamente inviable, ya que su precio es seis veces superior al del gas proveniente de Neuquén. El gas sobra, pero no hay capacidad para transportarlo”.

A este déficit de infraestructura se suma la incertidumbre logística internacional. Este año, la agenda energética esta intervenida por el conflicto bélico en Medio Oriente. En este escenario, la Argentina afronta el invierno con una programación de arribos de buques de GNL sensiblemente inferior a la histórica. De los aproximadamente 24 barcos que se requerirán este invierno para cubrir el pico estacional, tres de ellos están asegurados y llegarán a mediados de mayo.

Esta situación fue resultado de una licitación fallida. Es que el Gobierno había planteado que, tanto la importación, como la regasificación, operación y riesgo comercial del GNL, quedara en manos de un privado, proceso que despertó el interés de dos compañías internacionales (Trafigura y Naturgy). Sin embargo, el proceso quedó nuevamente en manos de Enarsa. Tiempos y costos habría demorado el esquema, que se espera se implemente en 2027.

Así lo confirmaron fuentes oficiales a Infobae: “La decisión obedece a la suba y volatilidad del precio internacional, agravada por el conflicto en Medio Oriente: no es momento de convalidar condiciones que puedan sumar costos al sistema justo cuando Argentina está bajando el uso de GNL. La estrategia no cambia: seguimos convencidos de privatizar esta operatoria y avanzar hacia un esquema competitivo, transparente y con señales de precio para que se conozca el costo real de la energía”.

Hay quienes aseguran que la dificultad para garantizar la importación de buques de GNL no incide en la decisión actual de las distribuidoras. Lo cierto es que el gas natural licuado se importa precisamente durante los meses invernales para no presionar el abastecimiento local, y este invierno el país llega con menos cargamentos asegurados que en años anteriores.

El economista especializado en energía Juan José Carbajales proyectó, ante la consulta de este medio, que la factura de GNL para este invierno podría trepar hasta USD 1.400 millones, el doble de lo que costó en 2025. El salto responde a la escalada global de precios tras el estallido del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, ya que, desde el inicio de la guerra, el GNL pasó a cotizar en torno a los USD 20 por millón de BTU, frente a los valores previos al conflicto.

A esos valores, el sector industrial difícilmente absorba el costo. “La industria no va a consumir ese gas; va a haber cortes: o paran la producción o usan carbón, que es más barato, aunque más contaminante. A ese precio, no van a comprar GNL”, advirtió Carbajales.

El contraste con años anteriores es marcado. En 2025, Enarsa adquirió 27 buques por USD 697,9 millones en total. En 2022, tras el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, la Argentina llegó a importar 41 buques a un precio USD 2.884,8 millones. Para este invierno, las estimaciones apuntan a un volumen de compra más acotado: las restricciones internacionales y la resistencia de la industria a convalidar los nuevos precios reducirán la demanda.

Para el sector industrial, el gas natural es un insumo central. Mueve procesos productivos en ramas que van desde la petroquímica y la siderurgia hasta la alimentación y el papel. A diferencia del consumo residencial, donde el gas se usa principalmente para calefacción y agua caliente, la industria lo requiere como fuente de energía continua y difícilmente reemplazable en el corto plazo.

Madrid, 28 abr (.).- El , el selectivo español, ha cerrado la negociación de este martes cerca de los 17.800 puntos tras subir un 0,46 % impulsado por la banca y las compañías energéticas.

La Bolsa de Madrid ha sumado 82 puntos, ese 0,46 %, hasta los 17.774,9 puntos. En lo que va de año, el índice español se revaloriza un 2,7 %.

En paralelo, el precio del mantiene su escalada en una jornada en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que Irán quiere que Washington reabra el estrecho de Ormuz «lo antes posible». Tanto el barril de , como el de Texas, subían al cierre del europeo un 2,56 % y un 3,35 %, respectivamente.

En el parqué han destacado las subidas del (2,87 %), (2,63 %) y (2,41 %); mientras que (-1,89 %), (-1,34 %) y (-1,33 %) han cerrado en el lado opuesto de la tabla.

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La Ciudad de Buenos Aires introdujo una modificación en el esquema de Impuesto sobre los Ingresos Brutos que afecta directamente a la compraventa de criptomonedas. La medida estableció una base imponible diferente, que cambia la forma en que se calcula el tributo sobre estas operaciones. A partir de la nueva reglamentación, el impuesto se aplicará únicamente sobre el spread, es decir, la diferencia entre el precio de compra y el de venta de los activos digitales, en lugar de hacerlo sobre el total de la transacción.

La resolución impacta de manera significativa en la carga fiscal para quienes participan en la compraventa de criptoactivos. Hasta el momento, el tributo se calculaba sobre el monto total de la venta, sin considerar si la operación arrojaba una ganancia real. Esto generaba una presión tributaria mayor y resultaba en un contexto poco atractivo para la formalización de empresas y operadores del sector.

Con la normativa anterior, una persona que adquiría un activo digital por 97 pesos y lo vendía por 100 pesos, tributaba el 6% sobre el total de la venta, lo que equivalía a 6 pesos, pese a que la ganancia efectiva era de solo 3 pesos. Ahora, el impuesto se fija sobre la diferencia obtenida, es decir, el 6% de los 3 pesos de ganancia, lo que reduce el tributo a 0,18 pesos.

“Esta iniciativa se inscribe dentro de una política pública orientada a acompañar el crecimiento de las economías digitales y promover la radicación de empresas tecnológicas”, señaló el gobierno porteño.

La administración de CABA aclaró que las cotizaciones utilizadas para calcular las operaciones deben provenir de mercados que operan en la compraventa de criptomonedas y que estén inscriptos en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). De este modo, la medida apunta también a fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la operatoria con activos digitales.

La modificación del régimen tributario se inscribe dentro de una política pública orientada a acompañar el crecimiento de las economías digitales y estimular la formalización y el desarrollo de nuevos negocios en el sector tecnológico. El gobierno local remarcó que esta iniciativa posiciona a la Ciudad de Buenos Aires entre las primeras jurisdicciones del país y de la región en adaptar su sistema impositivo a las particularidades de la economía digital.

El ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, Hernán Lombardi, sostuvo: “El desarrollo de la economía digital es prioridad para la Ciudad. Queremos que Buenos Aires sea un hub regional de innovación y tecnología, y para eso necesitamos reglas claras, previsibilidad normativa, simplificación administrativa y un marco impositivo que acompañe el crecimiento del sector”.

Por su parte, el subsecretario de Inversiones, Augusto Ardiles, afirmó: “Además del impacto tributario, esta decisión envía una señal clara sobre el rumbo de la Ciudad: queremos ser el lugar donde las nuevas industrias puedan escalar con reglas acordes a su lógica de negocio. Adaptar el marco impositivo a la dinámica de los criptoactivos no es solo una mejora técnica, es una herramienta para atraer talento, capital y proyectos que hoy eligen dónde radicarse en función al marco regulatorio que se le ofrece”.

El titular de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), Germán Krivocapich, agregó: “La reglamentación apunta a reducir la carga fiscal efectiva, brindar mayor previsibilidad normativa y simplificar el esquema tributario del sector, facilitando la formalización, la inversión y la radicación de empresas. Con estas medidas buscamos construir un marco más adecuado para el desarrollo del ecosistema cripto en la Ciudad”.

En los últimos meses, la Ciudad avanzó también en la actualización del nomenclador de actividades económicas para incorporar actividades vinculadas a criptoactivos y en la habilitación del pago de impuestos y trámites mediante criptomonedas. Estas acciones complementan el nuevo esquema tributario y forman parte de una estrategia integral para adaptar la normativa local a la evolución de las tecnologías digitales.

El sector de activos virtuales en la Ciudad de Buenos Aires experimenta un crecimiento sostenido y demanda regulaciones que acompañen su dinámica. La resolución busca generar incentivos concretos para la formalización de operadores y empresas, al reducir la carga fiscal y simplificar el cumplimiento tributario. La medida también se orienta a captar inversiones y proyectos internacionales, en un contexto donde muchas compañías eligen jurisdicción en función de las condiciones regulatorias.

Esta decisión oficial se presenta como una respuesta a los planteos del sector, que reclamaba un marco fiscal más equitativo y acorde con la lógica de los negocios digitales. El gobierno porteño sostiene que la adecuación del régimen de Ingresos Brutos a la compraventa de criptomonedas representa un paso clave para alinear la normativa local con las tendencias internacionales en materia tributaria.

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Epígrafes:

1. .2. El nuevo régimen exige que las operaciones se realicen en mercados inscriptos en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.3. Funcionarios porteños destacaron que la medida busca atraer inversiones y consolidar a Buenos Aires como un polo de innovación tecnológica.