POLITICA
Bullrich anunció cambios a la iniciativa de Sturzenegger sobre Sociedades para garantizar el apoyo de aliados
La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, anunció este mediodía cambios a la ley de Sociedades que empuja el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para garantizar el apoyo de aliados que, por ahora, se muestran reticentes a firmar un dictamen. Si bien no especificó el nuevo texto, la legisladora oficialista apuntó a que quede, con claridad, la responsabilidad final de personas físicas en las sociedades automatizadas.
“Estamos pensando, desde el oficialismo y algunos bloques más, hacer mucho más pétrea la responsabilidad de las sociedades automatizadas con responsables físicos. Eso le va a dar más seguridad jurídica, que el órgano de administración esté integrado por una persona jurídica”, señaló Bullrich durante un nuevo convite que realizó la comisión de Legislación General, que lleva adelante la discusión y es presidida por la mileísta Nadia Márquez (Neuquén).
La porteña direccionó la lupa hacia “generar un control concreto, físico, humano, que permita que esa responsabilidad no quede en la nada”. No obstante, este punto fue abordado en julio último no sólo el propio Sturzenegger en junio último -cuando disertó en la comisión-, sino también por el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Alejandro Ramírez.
Según consta en la versión taquigráfica de aquella ocasión, el funcionario explicó: “La incorporación de tecnologías de inteligencia artificial en el derecho, en la ley de sociedades, aparece en dos planos, con dos tipologías. Una es en el artículo 14, que son las sociedades que llamamos ‘automatizadas’, que básicamente la gestión de la empresa está hecha por robots o inteligencia artificial. Pero, como decía el doctor Ramírez, este es un subtipo de la sociedad anónima. Es decir, que se mantiene con todas las obligaciones, restricciones y características que tiene una sociedad anónima”.
“Simplemente, lo que especifica es que la gestión operativa de esa sociedad no la hacen humanos, sino que la hacen programas, softwares, robots, o lo que fuera”, agregó Sturzenegger, que también se refirió a la figura de la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), con regulación específica para la utilización de contratos inteligentes y blockchain.
Para el ministro, “tanto en el caso de las DAO, donde incluso se pone que solamente están permitidas las DAO donde los beneficiarios oficiales están dispuestos a manifestarse, o en las automatizadas, que están sujetas a todos los regímenes de responsabilidad de las sociedades anónimas”, no existiría “ningún problema”.
En tanto, Ramírez destacó: “El proyecto de ley, al legislar las DAO, eligió legislar una parte pequeña de las DAO, es decir, aquellas que acepten voluntariamente identificar a todos sus beneficiarios finales, a todos sus socios. Las que están operando hoy en día anónimamente no son recibidas por la legislación argentina, no son recibidas por este proyecto de ley. En estos artículos, este tipo societario fue trabajado conjuntamente con la UIF (Unidad de Información Financiera), y tratamos de seguir la normativa del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)”.
Ramírez, en otro tramo de su alocución, observó: “Las DAO, por ejemplo, se manejan con un protocolo. Para explicar una DAO, se automatiza mucho lo que es el órgano de administración de las sociedades con un protocolo. Los protocolos son amorales. Si uno no programa un protocolo para que cometa un delito, no lo va a hacer. Y si lo programa para cumplir la ley, la va a cumplir siempre. No tiene moralidad esta tecnología, sino que lo va a hacer siempre. Ahí va a estar el control de los registros públicos de esos protocolos. Y cuando se detecte alguna falla, está especificada la responsabilidad de estos desarrolladores de los protocolos”.
El líder de la IGJ añadió: “Una cosa que también puntualmente tienen, es que se les incorporan personas humanas como representantes de estas DAO, en el artículo 260. Hoy las DAO existen, están operando sin ningún tipo de regulación concreta. Podemos mirar para otro lado y no regularlas, pero, justamente, lo que estamos haciendo es regularlas”.
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POLITICA
Detuvieron a ocho personas por fraude: utilizaban datos de personas de bajos recursos para obtener reintegros del IVA
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero llevó adelante una serie de 80 allanamientos en varias provincias para desbaratar a una asociación ilícita que se dedicaba a utilizar los datos de personas de bajos recursos para obtener reintegros del IVA mediante un sistema diseñado para trabajadores del campo.
Las medidas fueron llevadas a cabo por el juez Gustavo Meirovich, a cargo del Juzgado en lo Penal Económico N°2, y con la intervención de la Fiscalía en lo Penal Económico N°7 a cargo de Gabriela Ruiz Morales. En los operativos, de los que participó la Policía Federal, se detuvo a ocho personas, además del secuestro de maquinarias agrícolas, automotores, dispositivos electrónicos y valores.
Las tareas fueron desarrolladas por personal de ARCA y el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina, a cargo del comisario Ariel Gastón Bessone. La investigación se originó a partir de una denuncia formulada por el organismo recaudador sobre el accionar de una asociación ilícita dedicada al reclutamiento de personas de bajos recursos y en situación de vulnerabilidad social, con el propósito de simular la realización de actividades agrícolas y apropiarse de los reintegros previstos por el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA).
Según los elementos reunidos durante la pesquisa, los falsos productores inscriptos en el sistema carecían de capacidad económica, operativa y financiera para llevar adelante cualquier tipo de explotación agropecuaria. La maniobra se sostenía a través de un entramado organizado que incluía la apertura y administración de cuentas bancarias mediante tarjetas de débito controladas por los integrantes de la red. De esta forma, los fondos devueltos por el fisco terminaban en manos de quienes orquestaban el esquema y no en las de los supuestos trabajadores rurales.
El SISA es una plataforma creada con el objetivo de unificar los registros y regímenes informativos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y ARCA. Su función principal consiste en simplificar trámites, sistematizar la calificación de los actores del sector y mantener la capacidad de control fiscal sobre la producción y comercialización de granos, semillas en proceso de certificación —cereales y oleaginosas— y legumbres secas.
La inscripción en el sistema es obligatoria para productores, operadores que participen en la cadena de comercialización y propietarios, copropietarios, usufructuarios u ocupantes de inmuebles rurales explotados en todo el territorio nacional, siempre que en dichos predios se desarrolle la producción mencionada.
El beneficio central que la organización desarticulada explotaba es el Régimen Especial de Reintegro Sistémico del Impuesto al Valor Agregado, el principal mecanismo de devolución que ofrece el SISA. A través de este esquema, el organismo recaudador devuelve de manera automática en la CBU del productor un porcentaje —o la totalidad— de las retenciones de IVA practicadas al momento de la venta de granos o semillas.
La normativa vigente establece que la acreditación de los montos se realiza hasta el último día hábil administrativo del mes en que se presenta la declaración jurada de IVA correspondiente al período fiscal de la retención, lo que en la práctica se traduce en un plazo estimado de 45 días. Para que ARCA libere los fondos, el solicitante debe cumplir con requisitos estrictos: no registrar deudas líquidas y exigibles en materia impositiva, previsional o aduanera; contar con la Liquidación Primaria de Granos (LPG) correctamente confeccionada y vinculada a su correspondiente Certificación Primaria Electrónica; exteriorizar el impuesto en la declaración jurada mensual bajo la opción de operaciones primarias sujetas a reintegro; y tener registrada una clave bancaria propia en la plataforma del organismo.
POLITICA
Reuniones de última hora, diferencias y presión de la Iglesia: el oficialismo espera el aval de la Casa Rosada
La puja entre la Casa Rosada y la Cámara de Diputados por los vaivenes en materia de discapacidad es cada vez más evidente. A menos de 24 horas de la megasesión de mañana, el bloque oficialista continuaba negociando hasta anoche con sus aliados un proyecto que contemple los reclamos del sector. Las presiones son variadas y hoy llegaron a su punto más alto con el desembarco de la Iglesia en el Congreso.
Según pudo saber , autoridades del Episcopado se reunieron por la tarde con representantes del bloque libertario para transmitirles su preocupación por la situación y reclamar al Gobierno que termine de cerrar un acuerdo que dé respuesta a las demandas del colectivo de discapacidad.
La intervención de la Iglesia llegó después de la reunión de la mesa política en la Casa Rosada que dejó al descubierto las dudas que todavía persisten a nivel interno sobre el respaldo a la iniciativa legislativa, principalmente por su costo fiscal.
Aun con este panorama, el oficialismo confía en conseguir el aval del Ejecutivo para avanzar con su propio dictamen. El objetivo es evitar que la oposición apruebe una nueva emergencia en discapacidad durante la sesión maratónica de mañana al mediodía, que tendrá un temario variopinto. Entre los proyectos se destacan el de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y los que buscan dar respuesta a la creciente morosidad y al endeudamiento familiar.
Sin embargo, son pocos los que se animan a decir que el texto, tras meses de negociaciones y sucesivos cambios, esté completamente cerrado y tenga el visto bueno de la Secretaría de Legal y Técnica y el Ministerio de Economía, dos áreas clave donde mandan los Caputo: el asesor presidencial y el ministro, respectivamente.
“Nunca se sabe con la Casa Rosada”, ironiza un diputado aliado que esta tarde participó de la reunión de jefes de bloque, donde buena parte de la discusión giró en torno a la versión final del proyecto de discapacidad, con la que el oficialismo busca dar una respuesta “superadora” a los reclamos de los bloques dialoguistas.
En teoría, esta vez no habría “peros” del Ejecutivo que hagan caer el proyecto que viene negociando Laura Rodríguez Machado, la diputada exPro y una de las espadas legislativas del presidente de la Cámara baja, Martín Menem. Pero la cautela es extrema. Todavía está fresco el derrotero que significó la publicación del Presupuesto en el que echaba por tierra todas las concesiones que la cordobesa le había dado al Pro y la UCR.
La amenaza de un veto
Un antecedente que volvió a cobrar fuerza la semana pasada, cuando el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, admitió durante su exposición sobre el Presupuesto ante los diputados, en una suerte de sincericidio, que “el Ejecutivo hubiera querido otra cosa”, en referencia al propuesta legislativa impulsado por Martín Menem.
Desde entonces, en la oposición crecieron las sospechas sobre un eventual veto a la prórroga de la emergencia en discapacidad, ante el difícil escenario que la oposición logre avanzar con su dictamen de minoría. O más insólito aún, un rechazo del Gobierno a su propia iniciativa.
No es casualidad. Hasta ayer, había quienes en la bancada libertaria no descartaban la posibilidad de un veto total o parcial del Presidente, según pudo saber . Esta tarde, sin embargo, esa alternativa fue desestimada desde las más altas esferas del oficialismo. Una decisión de ese calibre dejaría muy mal parado a Menem y, por extensión, a Rodríguez Machado y otros diputados involucrados en la discusión.
Más aún cuando desde el universo libertario admiten que, en materia de discapacidad, el Gobierno ya perdió terreno en el plano discursivo. De ahí, la necesidad del oficialismo de desactivar la amenaza de la prórroga de la emergencia en discapacidad.
Las demandas de los aliados
Más temprano, durante la reunión de jefes de bloque, los libertarios se abocaron a revisar en detalle las modificaciones reclamadas por los espacios dialoguistas, en particular las exigencias del misionero Oscar Herrera Ahuad, quien habría consiguido incorporar varios de sus planteos al dictamen oficial.
“Se convalidó todo lo que pidieron los aliados”, se jactó otro de los presentes durante el encuentro. “Esta vez parece que está todo encaminado”, sostuvo otra fuente que recorre los pasillos del Congreso.
Según pudo saber , el oficialismo habría asegurado la actualización del nomenclador ajustado mensualmente por inflación y un cronograma de pago de las comensaciones adeudades, este último un reclamo expreso del PRO.
Pero la letra chica del dictamen motivó una nueva reunión por la noche entre representantes de LLA y Herrera Ahuad, finalizado el encuentro con Episcopado, que continuó hasta altas horas de la noche.
Si bien impera el optimismo entre varios bloques y en el propio oficialismo, quienes están más involucrados en las negociaciones saben que el acuerdo todavía debe superar el último filtro de la Casa Rosada. Por eso, no se pueden descartar ajustes sobre la marcha durante la sesión.
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Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato a presidente de Brasil, Flávio Bolsonaro, aseguró este martes que “Lula está desesperado” por los números que lo dan como el perdedor del balotaje que se realizará el próximo domingo.
En diálogo con TN, el hijo de Jair Bolsonaro, que actualmente vive en Estados Unidos tras ser condenado por coacción, dijo: “Estamos esperanzados con la victoria de Flavio pero hay que esperar, aunque todas las encuestas dan a favor. Lula está desesperado”.
El exdiputado remarcó: “Lula está regalando plata a estudiantes, está poniendo plata a programas, prometió buses gratis para el fin de semana para los pobres. Todo eso en contra de la constitución de Brasil”, pero “no tiene plata de donde pagar todo. Lula no está haciendo eso para ganar las elecciones sino para dejar una bomba económica”.
Bolsonaro también confirmó que espera un indulto en caso de una victoria de su hermano porque, aseguró, que no cometió ningún delito.
Hace dos semanas y en plena campaña electoral, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ordenó la detención de Bolsonaro para que comience a cumplir una de las penas a las que fue condenado.
Eduardo Bolsonaro fue condenado por coacción a la Justicia por promover gestiones ante el Gobierno de EE.UU. orientadas a presionar al poder judicial brasileño en momentos en que la Corte Suprema realizaba el juicio por golpismo en el que su padre, Jair Bolsonaro (2019-2023), fue condenado a 27 años de prisión.
Además, el excongresista fue inhabilitado políticamente por 12 años, lo que le impedirá presentarse a cargos públicos hasta 2038.
En septiembre pasado, también fue condenado a un año de prisión por la Corte Suprema en un juicio por difamación contra la diputada Tabata Amaral.
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