POLITICA
Bullrich le partió la pantalla a Milei
El esfuerzo para no reaccionar cada día se vuelve un poco más demandante. Patricia Bullrich desafía en toda oportunidad que se le presenta la orden que bajó el propio Javier Milei a los suyos ante cada aparición de la senadora en la que marca diferencias con el Gobierno y refuerza su posicionamiento individual.
Ella volvió a hacerlo este jueves ante un público calificado, que al Presidente le importa mucho y al que el día anterior le había dedicado una extensa sesión de promoción de su gestión con éxito relativo, según los comentarios recogidos entre los presentes.
Lo notable fue que al mismo tiempo que la senadora ejercía su protagonismo ante empresarios y ejecutivos de empresas nacionales, Milei transitaba el día más importante de su visita oficial a París, donde se celebra la Semana Argentina.
Bullrich le partió, literalmente, la pantalla de los canales de noticias, le disputó la audiencia y compitió por la atención de los que siguen las vicisitudes de la política nacional y toman decisiones que influyen sobre la realidad. Justo cuando otra vez el riesgo país experimentaba una nueva suba, para llevarlo al nivel más alto de este año.
“A Patricia no hay que contestarle. No le subamos el precio. Ella busca una excusa para irse si se le presenta la ocasión o para que la echemos. No se la demos”. Palabras más, palabras menos esa fue la decisión que adoptó Milei y recuerda a los propios su hermana Karina, según fuentes del más estrecho circulo del poder mileísta. La distancia entre París y Mar del Plata facilitó el acatamiento, pero no resultó sencillo. El malestar crece.
La suma de enunciados diferenciadores con el Presidente expresados este jueves por la jefa del bloque de senadores del oficialismo en el Coloquio de IDEA fue un salto de escala. Sobre todo porque compuso una especie de síntesis de un plan de gobierno y hasta se entrometió en la habitación que el Presidente tiene blindada, donde solo tienen permitido entrar él y su equipo económico.
Bullrich volvió a manifestarse disonante con la praxis y la estrategia política del mileísmo al plantear una convocatoria que excede las fronteras más duras del país libertario e incluye una búsqueda de consensos amplios para darle sustentabilidad a la transformación.
Pero también expuso diferencias importantes con algunos dogmas mileístas en materia económica, al plantear un cuestionamiento a la apertura indiscriminada y considerar necesario cierta intervención y protección del Estado para permitir la reconversión de las pequeñas y medianas empresas en pos de dotarlas de competitividad internacional así como para que sean proveedores de los sectores más exitosos del modelo actual.
Por las dudas, se ocupó de reivindicar con firmeza su adhesión al rumbo general del programa libertario, con una buena dosis de picardía, en beneficio propio. “Lo importante es que siga la idea. Yo no sé dónde voy a estar en el próximo escenario electoral”, respondió cuando se le preguntó si estaba pensando en una candidatura.
No dijo (una vez más) que el candidato natural para la elección presidencial del año próximo es Milei, sino que repitió que lo importante es la continuidad del modelo, después de que el Presidente, en ese mismo escenario y en París, desde donde se conectó este miércoles para hablarles a los empresarios argentinos, no dejara dudas de que busca su reelección y que la considera condición sine qua non para el éxito económico.
La voz de los desencantados
“Bullrich se muestra sensible con el clima social. Empieza a haber una demanda de cierta intervención del Estado y de menor aperturismo o desregulación ilimitada. Son menos los fanáticos que están dispuestos a ponerse la remera libertaria”, afirma la consultora de opinión pública, Shila Vilker, en base a encuestas y resultados de los grupos focales.
Los trabajos cualitativos que realizó hace justo una semana Trespuntozero expusieron que, más allá del núcleo duro de votantes de Milei, impermeables a las críticas, hay un colectivo importante de desencantados del modelo, no solo molestos con las formas. A ellos pareció hablarles Bullrich este jueves cuando planteó la necesidad de “acelerar para que los beneficios lleguen a la gente”.
Como señalan todos los especialistas, Milei y Bullrich comparten adherentes y votantes, tienen similares porcentajes de adhesión y rechazo. Sin embargo, según destaca Vilker, “sus apoyos no son idénticos. Y así como Milei no les habla a los mismos que les habla Bullrich, ella también busca hablarles a otros a los que Milei no llega o se le fueron. Si siguen juntos, se potencian, pero Patricia construye por contraste”. Es decir, su capital individual crece con la diferenciación y pone en tensión la empresa.
Aunque se ocupan de disimularlo todo lo que pueden, el malestar en la Casa Rosada con la jefa del bloque de senadores oficialistas es más difícil de ocultar. También crece el temor por el daño que pueda causar.
No les resulta fácil de digerir y tampoco de aceptar la mirada de algunos que con más criterio político señalan que Bullrich oficia de válvula de escape y baja la tensión entre algunos votantes y tomadores de decisiones.
“Patricia es un amortiguador. Si no estuviera ella podrían irse más votantes que la están pasando mal, pero todavía aguantan. Además, puede operar como un estabilizador del mercado, porque si asoma como otra opción dentro de la misma línea política-económica, puede atenuar el temor a que el péndulo se vaya para el otro lado. Siempre que no rompa y divida el voto. Pero eso no lo va a hacer”, cree o quiere creer un funcionario con más rodaje político que la mayoría de sus pares.
Lo cierto, es que hoy no parece haber mucho margen para un cisma. Las encuestas muestran que las adhesiones a Milei y a Bullrich copian la misma frecuencia. Cuando el Presidente baja, también baja la senadora díscola, aunque a veces se despegue un poco, como pasó con el AdorniGate, que afectó más al líder libertario.
“A mi no me dicen nada”, le responde Bullrich a los que le preguntan cómo caen sus gestos de autonomía en la cima del poder oficialista. La senadora parece disfrutar como si estuviera haciendo una travesura.
“Yo voy a seguir por este camino. Cada vez recibo más apoyos por lo que digo y hago, como pasó acá en IDEA”, le confió la senadora a un interlocutor en Mar del Plata.
La mayoría de los asistentes al Coloquio parecía darle la razón. Así como manifestaban su incomodidad y cierto hartazgo por los arrestos de intolerancia y los ataques de Milei a sus contradictores, muchos empresarios y ejecutivos presentes celebraron y aplaudieron cuando Bullrich planteó la necesidad de alcanzar acuerdos sobre los grandes temas del país.
El día anterior, en su participación remota desde París, el Presidente había vuelto a descerrajar su batería de descalificaciones contra los opositores políticos y periodistas, como lo había hecho la semana pasada en Nueva York y estos días en Francia. En cambio, la senadora reforzó el llamado a lograr ciertos consensos y no aludió a ningún adversario político con nombre y apellido.
Como Milei hace con ella, Bulrich no quiere subirles el precio a los rivales. Para el Gobierno podría no ser mal negocio, aunque a Javier y Karina Milei no les guste.
La tejeduría de Santilli
Mientras tanto, en Paris, Diego Santilli no para de tejer para lograr algo que a Bullrich no parece gustarle demasiado. El jefe de Gabinete trata de cerrar un acuerdo con la docena de gobernadores a los que llevaron a disfrutar del glamour de la capital francesa para mostrarles a los anfitriones diversidad de apoyos a su gestión y más prosaicamente para que los legisladores que les responden voten la reforma política-electoral. Mejor dicho, para que apoyen la eliminación o, al menos, la suspensión de las PASO.
A pesar de que empiezan a surgir opiniones que ponen en duda que eliminación de las primarias pueda resultar tan benéfica para el Gobierno como creen en la Casa Rosada, el mandato de sacarlas del calendario 2027 no admite fisuras.
Los gobernadores miran los números de la economía y de las encuestas y prefieren remolonear, casi como Bullrich, que prefiere que la opción de una elección primaria se mantenga abierta. Ella nunca dejó de soñar que su último baile sea en el escenario mayor.
Por ahora, solo un par de mandatarios provinciales de provincias pequeñas, con escasa representación parlamentaria, comprometieron su apoyo. “Vamos bien”, contestó el jefe de Gabinete sobre la evolución de sus gestiones a alguien que lo consultó anoche en París, pero eludió decir cuántos apoyos ya tenía cerrados. ¿Prudencia o escasez de certezas?
Si bien al menos tres encuestas cerradas o en procesos de cerrarse en estos días muestran que la imagen del Presidente ha dejado de caer o muestra una leve recuperación, todavía el piso está cerca de los mínimos alcanzados desde que accedió a la Presidencia.
Eso vuelve reticentes a los dialoguistas a los que Santilli les pide que le firmen un cheque en blanco, cuando la confianza mutua atraviesa momentos complicados. Más aún después de que el reputado Índice de Confianza en el Gobierno, de la Universidad Torcuato Di Tella, difundido el lunes pasado, mostrara una caída después de un repunte en agosto.
Como los inversores, que se atan a la máxima de esperar y ver qué pasa, los que ponen en juego su capital político también prefieren que se aclare el panorama. Los números de la economía siguen mostrando fragilidades y todavía pueden pasar muchas cosas.
“Al Gobierno le empezó a sobrar tiempo y a mucha gente ya no le queda mucho más para darle”, dice Pablo Knopoff. El consultor había advertido en el primer año y medio de la gestión mileísta que la mayoría de los argentinos le estaba dando al experimento libertario más tiempo del que tenía para sí mismos, ya que el paso de los días los apremiaban sin recibir respuestas a sus necesidades. La situación parece haber cambiado.
Son muchos los expertos en opinión pública y los economistas que dicen que, a pesar de la falta de solución a muchas demandas de los argentinos, para el Gobierno tal vez lo mejor sería que las elecciones fueran ahora. Con la oposición fragmentada y sin hacer pie.
La postergación de los días de gloria para 2028, que acaba de postular Milei, es una apuesta a la renovación de la paciencia social. Por las dudas, Patricia Bullrich opta por partirle la pantalla de los canales de noticias, disputarla la audiencia y competir por la atención de los ciudadanos comunes y de los grandes tomadores de decisiones.
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POLITICA
Discapacidad: cómo influyeron la Iglesia, las organizaciones y los gobernadores en el acuerdo que logró el oficialismo
La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley para las personas con discapacidad, después de varios días de intensas negociaciones en las que participaron organizaciones del sector, representantes de la Pastoral Social y legisladores vinculados a gobernadores provinciales. El oficialismo debió modificar su propuesta original para conseguir los apoyos necesarios. Durante el tramo final del debate, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, estuvo presente en el Congreso.
El acuerdo tuvo como uno de sus principales protagonistas al diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, referente de Argentina Federal, cuyo bloque resultó clave en las conversaciones con La Libertad Avanza. Su intervención permitió incorporar reclamos vinculados al financiamiento, la cobertura médica y las deudas con los prestadores.
La participación de la Iglesia también fue relevante. La Comisión de Discapacidad de la Pastoral Social, encabezada por monseñor Dante Braida, mantuvo reuniones con representantes de distintos espacios políticos y presentó una serie de pedidos que terminaron formando parte de la negociación parlamentaria.
La intervención de la Iglesia y el papel clave de los diputados vinculados a gobernadores
El proceso comenzó con la presión opositora para tratar la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia finaliza el próximo 31 de diciembre.
La iniciativa del diputado de Unión por la Patria Juan Marino llevó a que el pleno de Diputados estableciera plazos para que las comisiones avanzaran con el tratamiento de la propuesta.
En septiembre, La Libertad Avanza consiguió el dictamen de mayoría en las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda, encabezadas por Gerardo Huesen y Bertie Benegas Lynch, respectivamente.
En paralelo, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, un sector de Provincias Unidas y otros bloques provinciales respaldaron un dictamen alternativo para prorrogar por un año la emergencia en discapacidad.
Las diferencias abrieron una negociación que se extendió durante varias semanas y en la que adquirió protagonismo la Comisión de Discapacidad de la Pastoral Social, conducida por monseñor Dante Braida.
Sus representantes mantuvieron encuentros con legisladores de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Argentina Federal, el MID y La Libertad Avanza.
En un documento, la Pastoral Social explicó que el objetivo de las reuniones fue compartir su preocupación por la situación que atraviesan las personas con discapacidad y presentar una serie de pedidos concretos, dando continuidad a lo planteado ante el Ministerio de Salud de la Nación el pasado 5 de octubre de 2026.
El martes por la noche se produjo una reunión decisiva para acercar posiciones. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se encontró con los libertarios Laura Rodríguez Machado, Nicolás Mayoraz y Gisell Castelnuovo, además de Herrera Ahuad y Oscar Zago, del MID.
Durante ese encuentro se discutieron diferencias con el dictamen oficialista y se avanzó sobre modificaciones vinculadas a los reclamos de las organizaciones y de la Iglesia.
La participación de Herrera Ahuad fue determinante. Argentina Federal cuenta con nueve diputados y mantiene vínculos políticos con los gobernadores Gustavo Sáenz, de Salta, y Hugo Passalacqua, de Misiones.
El peso parlamentario de ese sector lo convirtió en un interlocutor importante para La Libertad Avanza, que necesitaba ampliar su base de apoyo.
Herrera Ahuad explicó que las propuestas surgieron de conversaciones con organizaciones que representan a personas con discapacidad y que se presentaron cinco modificaciones de fondo para garantizar previsibilidad.
Entre ellas, mencionó la incorporación de partidas presupuestarias, la continuidad de la cobertura de Incluir Salud y la necesidad de establecer mecanismos para ordenar las deudas con los prestadores.
Pedido de la Iglesia
La comisión de Discapacidad de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social, que conduce Monseñor Dante Braida, mantuvo varias reuniones con legisladores de diferentes sectores: con Unión por la Patria, Provincias Unidas, Argentina Federal, MID y La Libertad Avanza.
El martes por la noche el jefe de los Diputados, Martín Menem, junto a los legisladores Laura Rodríguez Machado, Nicolás Mayoráz, y Gisell Castelnuovo de La Libertad Avanza; Oscar Herrera Ahuad de Argentina Federal y Oscar Zago del MID, se reunieron y se plantearon varias diferencias con el dictamen del oficialismo, pero la participación del misionero Herrera Ahuad jugó a favor de varios puntos solicitados por la Iglesia argentina.
La razón fundamental fue que la bancada Argentina Federal, que conduce Herrera Ahuad y tiene terminales con los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz y de Misiones, Hugo Passalacqua, está integrada por nueve legisladores, fundamentales para definir una elección polarizada en el recinto de la Cámara Baja.
El documento de la Pastoral Social definió que el objetivo de las reuniones en el Congreso fue:” Compartir nuestra preocupación por la situación que atraviesan las personas con discapacidad en nuestro país y presentar una serie de pedidos concretos, dando continuidad a lo planteado ante el Ministerio de Salud de la Nación el pasado 5 de octubre de 2026”.
Las concesiones del oficialismo y el financiamiento que deberá garantizar el Presupuesto 2027
El acuerdo permitió avanzar con la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que recoge buena parte de los beneficios contemplados en la Ley 27.793, pero reemplaza el esquema transitorio de emergencia por un régimen permanente.
La principal concesión de La Libertad Avanza estuvo vinculada al financiamiento. La norma establece que los gastos deberán afrontarse con partidas específicas asignadas anualmente por el Ministerio de Salud y dispone que los recursos no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio anterior.
Esa garantía fue uno de los puntos centrales para conseguir el acompañamiento de los distintos bloques.
También se incorporaron disposiciones sobre la actualización del nomenclador de prestaciones, la continuidad de la cobertura médica y la regularización de las deudas con los prestadores.
Para estas últimas, el proyecto establece que deberá comunicarse el cronograma de pagos dentro de los 30 días de entrada en vigencia de la ley y prevé completar las compensaciones pendientes dentro de los 90 días para quienes hayan concluido los trámites administrativos.
Otro de los cambios garantiza la cobertura del programa Incluir Salud tanto para los titulares de pensiones por discapacidad como para los beneficiarios de pensiones por invalidez laboral.
La diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz destacó ese punto: “La cobertura médica del Incluir Salud será no solamente a titulares de pensiones por discapacidad sino también a titulares de pensiones por invalidez laboral”.
El proyecto también contempla la compatibilidad de las pensiones no contributivas por discapacidad con actividades laborales cuyos ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Además, establece un plazo de 160 días para que las personas cuyas pensiones sean observadas durante una auditoría puedan presentar sus descargos antes de una eventual suspensión del beneficio.
Durante el debate, el presidente de la Comisión de Discapacidad, Gerardo Huesen, defendió la posición del oficialismo. “La discapacidad no es un eslogan ni mucho menos debe quedar atrapada en discusiones políticas. Hablamos de personas con derecho a vivir con la mayor autonomía posible, y estamos trabajando para que así sea. Recibimos un sistema que no rompimos nosotros y, frente a esta realidad, La Libertad Avanza se está haciendo cargo”, sostuvo.
Por su parte, la diputada libertaria Lorena Villaverde afirmó: “No podemos seguir viviendo de emergencias. Los derechos no pueden depender de una prórroga: las familias necesitan respuestas sostenidas y certezas para organizar su vida”.
El entendimiento no eliminó todas las diferencias políticas. Los diputados del Frente de Izquierda Romina del Plá, Nicolás del Caño y Juan Carlos Giordano votaron en contra, mientras que Marcela Pagano, de Coherencia, acompañó la iniciativa.
El próximo desafío del oficialismo será trasladar los compromisos asumidos al Presupuesto 2027, cuyo tratamiento en comisión está previsto para la próxima semana.
El artículo que garantiza las partidas presupuestarias tendrá una incidencia directa en esa discusión, porque obliga a sostener los recursos destinados al sistema de discapacidad en términos reales.
POLITICA
Por falta de consensos, no se aprobó ningún proyecto sobre endeudamiento familiar y el tema volvió a comisión
La maratónica sesión en la Cámara de Diputados terminó con un debate fallido donde el oficialismo no consiguió los votos para aprobar su proyecto sobre educación financiera para aliviar el endeudamiento familiar pero sí logró bloquear las propuestas de la oposición y que la discusión vuelva a comisión.
Los bloques críticos del Gobierno denunciaron que devolver los temas a comisión sin especificar de antemano una fecha límite para dictaminar es una maniobra “burda” para “cajonear” los proyectos.
“El problema es que los libertarios no contaban con el rechazo de los cordobeses”, explicó un diputado aliado del Gobierno, en referencia a un sector de Provincias Unidas. Sin embargo, los cinco legisladores cercanos al gobernador Martín Llaryora luego se abstuvieron ante la moción del oficialismo para devolver los proyectos a comisión. La votación terminó 121 a favor y 117 en contra. “Si los cordobeses rechazaban el pase a comisión, después se caía el proyecto del oficialismo”, lamentaron desde el peronismo.
El proyecto de los libertarios evitaba cualquier tipo de intervención en el mercado crediticio como topes de tasas, refinanciaciones o descuentos de intereses. En línea con la concepción del presidente Milei, que aseguró que el aumento del endeudamiento es “un problema entre privados”, la propuesta de La Libertad Avanza buscaba que los usuarios puedan conocer con precisión el costo de un préstamo antes de aceptarlo. Por eso obligaba a las entidades a informar el monto efectivamente financiado, la tasa de interés, las cuotas, las comisiones, los seguros, las consecuencias de la mora y el total que el cliente deberá pagar.
Por otro lado, los créditos contratados por internet debían requerir autenticación reforzada y doble validación de la identidad del consumidor y de su aceptación de las condiciones. Las empresas también tendrían que ofrecer herramientas para corregir errores u omisiones antes de la contratación. Finalmente, aclaraban que el silencio, la inacción y las opciones marcadas por defecto no podrán considerarse consentimiento.
“Si ponemos topes o regulaciones vamos a generar una retracción del crédito, como pasó con la Ley de Alquileres que terminó agravando el problema”, habían explicado a Infobae.
En tanto, Unión por la Patria, la Coalición Cívica y parte de Provincias Unidas proponían declarar la emergencia por 180 días y establecer un esquema de refinanciamiento para deudas que no superen las dos canastas básicas totales del Indec. Para la refinanciación se aplicaría la tasa TAMAR (plazos fijos mayoristas) más un 25% que se aplicará sobre el costo financiero total. Quienes adhirieran al régimen de refinanciación podrían pagar en hasta 12 cuotas sin sanciones por cancelación anticipada, pero las cuotas no podrían superar el 30% de sus ingresos. También se eliminarían todos los intereses punitorios para quienes ya hayan ingresado en mora.
El tercer dictamen había sido elaborado por los representantes de Argentina Federal: declaraba la emergencia social y económica en materia de endeudamiento de consumidores financieros en todo el país por un año, con posibilidad de prórroga por otro año. Durante ese período fijaba un límite a los intereses que pueden cobrar bancos, emisoras de tarjetas y otras entidades que presten dinero para consumo a personas. El tope sería 1,5 veces la tasa de plazo fijo a 30 días para personas humanas publicada por el Banco Central.
También creaba un Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal para quienes destinan al menos el 30% de sus ingresos netos al pago de cuotas, débitos o retenciones y perciben hasta 10 salarios mínimos. La iniciativa contemplaba refinanciaciones con una Tasa Nominal Anual fija de hasta 35%, un plazo mínimo de 24 meses, cuotas fijas y sin comisiones ni gastos administrativos.
Durante el debate, los libertarios insistieron en que el problema del endeudamiento ya se estaba resolviendo sin intervención estatal y explicaron que se generó por un aumento del crédito.
“El crecimiento exponencial del crédito que hubo tiene un consiguiente aumento de la mora, pero también hubo 4 millones de personas que por primera vez accedieron a tomar un crédito en Argentina”, aseguró la libertaria Silvana Giudici, que luego propuso la moción para que los proyectos vuelvan a comisión.
Al término de la sesión, diputados del peronismo aseguraban que sus pares libertarios les reconocieron abiertamente que la idea era “cajonear” el proyecto. “Giudici es una embustera”, arremetió Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, en referencia a una de las principales espadas legislativas de LLA.
“El oficialismo no tenía los votos para imponer su no dictamen (solo cursos de educación financiera para que quienes no tienen dinero y contrajeron deudas sepan administrarse) y tuvo que pedir que el proyecto regresara a comisiones. Allí lo cajonearán. LLA y sus secuaces siempre quisieron que esta delicada situación cayera en saco roto”, publicó el radical disidente Pablo Juliano en sus redes.
POLITICA
Cheques, contratos y propiedades: las pruebas contra Máximo Kirchner que se presentarán en el juicio Hotesur-Los Sauces
A dos días del inicio del juicio por Hotesur y Los Sauces, la acusación contra Máximo Kirchner pone el foco en su participación en la administración de las empresas familiares. La documentación del expediente registra cobros de cheques, representación de la inmobiliaria y pagos por propiedades que luego fueron alquiladas a empresarios vinculados al Estado.
El diputado nacional será juzgado junto con su madre, Cristina Kirchner, en un proceso cuyo comienzo está previsto para este viernes 23 de octubre. La Cámara de Casación resolvió el martes que ambos expedientes se debatan de manera conjunta. En el tramo de Los Sauces, la fiscalía le atribuye el papel de organizador de una asociación ilícita, además de lavado de dinero.
El planteo acusatorio sostiene que Máximo tuvo una intervención activa en las operaciones: representó a Los Sauces, suscribió contratos, realizó movimientos bancarios y retiró fondos. Esas actuaciones forman parte de las pruebas con las que los fiscales buscarán acreditar su responsabilidad penal durante el debate.
La investigación también reconstruyó el crecimiento patrimonial de la inmobiliaria. Según la acusación, su patrimonio neto pasó de los $100.000 iniciales a más de $12,1 millones, un incremento superior al 12.000%. Se trata de la evolución de la sociedad, no del patrimonio personal del diputado.
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