El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tendrá la semana próxima un inédito desafío de un sindicato aliado, que pondrá en marcha un paro contra su gestión, con movilización incluida, en reclamo de pases a planta permanente y mejoras salariales.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) bonaerense, que respalda al mandatario en su apuesta electoral, le envió una nota con sus demandas al ministro de Trabajo provincial, Walter Correa, en la que anuncia una huelga el próximo miércoles, 7 de octubre.

En una nota presentada ayer, con las firmas de Claudio Arévalo (secretario general) y Eliana Aguirre (secretaria general adjunta), ATE bonaerense le comunicó a Correa que el sindicato “convoca a paro nacional con movilización a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, el miércoles 7 de octubre del corriente año”.

El referente principal de ATE en la provincia de Buenos Aires es Oscar De Isasi, quien fue candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en la boleta de Fuerza Patria, en las elecciones del año pasado. Ocupó el puesto 23º y no accedió a una banca. El 2 de marzo, el sindicato hizo un paro en la provincia de Buenos Aires, pero en el marco de una jornada nacional de lucha de ATE. Fue una protesta en la que coincidió el Suteba (que aún conducía Roberto Baradel, también aliado de Kicillof), en la que se responsabilizó al presidente Javier Milei por asfixiar a la provincia y no permitirle ofrecer mejores sueldos.

En su reclamo, el sindicato estatal subraya responsabilidades del gobierno nacional para, en ese contexto, enumerar sus demandas a la administración de su aliado Kicillof. “En el marco del ajuste que impulsa el gobierno nacional encabezado por Javier Milei y de su impacto sobre las provincias, entendemos que el proyecto de presupuesto de la provincia de Buenos Aires debe contemplar recursos y políticas que permitan garantizar los derechos de las y los trabajadores estatales, fortalecer el Estado provincial y sostener las políticas públicas”, advirtió el gremio en su nota dirigida a Correa.

ATE bonaerense enumeró siete reclamos al gobierno de Kicillof. Primero, solicitó “la creación de los cargos necesarios para terminar con la precarización laboral en la provincia de Buenos Aires, incorporando a planta permanente a los trabajadores que se encuentran bajo modalidades de contratación precaria”. En segundo término, pidió subir ”la presión impositiva sobre los sectores de mayor capacidad contributiva, destinando esos recursos a la recuperación y mejora de los salarios de los trabajadores estatales bonaerenses».

En el tercer punto de su nota al ministro de Trabajo, la seccional bonaerense de ATE incluyó un pedido que agita desde hace meses la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), que activó ya varias protestas contra Kicillof en rutas de Cañuelas y Bahía Blanca, entre otros puntos. “Mayores recursos para la conformación del Consejo del Salario Municipal, garantizando una herramienta institucional que permita avanzar en la discusión y mejora de las condiciones salariales” de los municipales.

Las restantes demandas de uno de los gremios estatales bonaerenses son “el fortalecimiento de la carrera administrativa” con la plena implementación “de un convenio colectivo de trabajo”; la aplicación de un “boleto gratuito” para los estatales que trabajen en las áreas de educación y salud; “la incorporación de mayor cantidad de personal” en áreas como salud, educación y niñez, y “el fortalecimiento de las políticas públicas provinciales” para amortiguar “el impacto social y económico que generan las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno nacional”.

consultó al Ministerio de Trabajo provincial sobre el conflicto planteado por ATE bonaerense, pero no recibió respuestas.

El jueves de la semana pasada, ATE y el resto de los sindicatos estatales de la provincia retomaron la discusión paritaria con el gobierno de Kicillof. A la espera de una propuesta de aumento, el sindicato que conduce Arévalo informó que “planteó la necesidad de recuperar el poder adquisitivo que viene perdiendo el salario de las y los estatales producto de las medidas de ajuste del gobierno nacional”.

ATE integra la Central de Trabajadores de la Argentina (en su vertiente denominada Autónoma), organización de sindicatos que anunció una medida de fuerza nacional para fines de octubre.

En otro conflicto que afecta a Kicillof, mañana los sindicatos docentes de la provincia harán paro para reclamar medidas contra los ataques sufridos por docentes, que se multiplicaron en las últimas semanas. Convocan los gremios Suteba, AMET, FEB y Udocba. El martes, tras la agresión de una madre de una alumna a un maestro en la escuela 36 del barrio San José, en el partido de Almirante Brown, los sindicatos hicieron un paro distrital. A ese hecho, se sumó en las últimas horas otra agresión a un docente en Trenque Lauquen.

El mismo día en que el oficialismo comienza a debatir el proyecto para reforzar su reclamo de soberanía de las islas Malvinas en la Cámara de Diputados, la oposición busca apoyos para convocar a una sesión especial contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, luego de que el fallo de ayer de la Corte Suprema restableciera la vigencia del artículo 154, que elimina los límites a la venta de tierras a extranjeros. Una discusión que toca de lleno la cuestión de la soberanía y que cuenta con un reciente antecedente adverso para el Gobierno en el Senado: el rechazo de un capítulo entero del proyecto de propiedad privada.

Es justamente ese revés el que envalentona a los diputados de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, la izquierda y algunos bloques provinciales, que se esperanzan con volver a reunir los consensos necesarios para llevar la discusión al recinto. Para habilitar el debate necesitan 129 diputados y, una vez alcanzado el quorum, una mayoría simple —la mitad más uno de los presentes— para voltear el decreto de necesidad y urgencia de 2023 que ya fue rechazado por el Senado, en marzo de 2024.

Según pudo saber , la intención de los bloques opositores es llamar en las próximas horas a una sesión especial para el miércoles 7 de octubre o el próximo 14. La duda sobre la fecha radica en que este miércoles todavía podrían registrarse algunas bajas, ya que algunos diputados viajarían este fin de semana a Brasil para asistir a las elecciones presidenciales.

Pero la incertidumbre va más allá. Es que incluso los propios impulsores de esta maniobra no tienen certeza sobre cómo pueden actuar algunos diputados de los bloques del centro que adhieren a aspectos generales del decreto, como los vinculados a las privatizaciones o a la ley de alquileres.

“El DNU 70 ya cumplió su ciclo. Parte de lo que era caducó, muchas de las emergencias que describe ya no están, vencieron en 2025 y fueron reemplazadas por ley, como, por ejemplo, la reforma laboral”, planteó un diputado opositor, en un mensaje dirigido a quienes todavía no tienen una postura clara al respecto.

En ese sentido, señaló que, si los reparos pasan por el articulado sobre alquileres, el oficialismo podría presentar un proyecto de ley específico que, muy probablemente, contaría con los avales necesarios en el Congreso. Lo mismo correría para otras cuestiones como las relacionadas a las privatizaciones o la libre elección de obras sociales sindicales.

Entre las definiciones que se barajan aparece la de separar la discusión del DNU de otros temas sensibles, como morosidad y discapacidad. Si bien la oposición tenía previsto incluirlos en la próxima sesión, algunos legisladores advierten sobre el riesgo que conllevaría la jugada. Por estas horas, evalúan, en cambio, postergar ambos proyectos hasta el 21, cuando el oficialismo tiene previsto realizar una convocatoria en la que también sumaría la iniciativa sobre Malvinas.

A fines de ordenar una estrategia común, desde la bancada peronista que conduce Germán Martínez se reunieron esta mañana con representantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), la entidad que había logrado frenar ante la Justicia el articulado que permitía la venta de tierras a extranjeros y cuya vigencia ahora fue restablecida por la Corte.

El diálogo con el resto de los bloques críticos para unificar los pasos a seguir está previsto durante y después del plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, a cargo de Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente, donde desde este mediodía se trata el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por el Gobierno.

En efecto, Martínez fue uno de los primeros en tomar la palabra durante el encuentro y exigió a Zapata un cronograma claro de trabajo sobre la cuestión de Malvinas para “compatibilizar el trabajo en comisiones con la sesión especial para rechazar el DNU 70”.

De este modo, el jefe del bloque de UP anticipó el llamado a sesionar, al tiempo que apuntó contra “el escandaloso fallo de la Corte”, una muestra de la tensión con la que comenzó el plenario, en el que también abundan las críticas de varios legisladores por la ausencia de funcionarios de peso a la hora de discutir el proyecto.

En simultáneo, un grupo de senadores de UP presentó un proyecto de ley en la Cámara Alta que deroga el artículo 154 y restituye la plena vigencia del Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, “con las modificaciones vigentes al momento de la entrada en vigor del DNU 70″.

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