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POLITICA

Caputo defendió el plan económico, vaticinó años de crecimiento y cruzó a quienes criticaron al país tras el Mundial

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El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió este domingo al plan del Gobierno respecto de su cartera y reafirmó que se vienen los “18 mejores meses” de la actual gestión. Además, habló sobre las críticas que recibió la Argentina tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026 y las acusaciones de racismo y discriminación contra el país. “Cualquier extranjero que esté acá te va a decir lo contrario”, sostuvo.

“Me parece que España jugó mucho mejor y no hay duda. No creo que haya ningún argentino que no lo reconozca, no hay ningún debate. Pero todo lo que se intentó instalar después es cómico. La Argentina es de los países menos racistas, lo saben los extranjeros que viven acá. Sin embargo, lo que pasó está bueno para que la gente vea cómo se mueve la izquierda, que está mucho más organizada de lo que se cree“, expresó en diálogo con Crónica.

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El ministro de Economía Luis CaputoEMILIANO LASALVIA – AFP

Luego, el ministro apuntó contra artistas que cuestionaron al país, como Javier Bardem y Rosalía, y dijo que los comentarios le parecieron “poco responsables y serios”. «En algún punto me pongo a pensar si no son parte de la organización en contra de los argentinos. Será su opinión o su operación. Pero la Argentina no solo no es racista, sino que es lo contrario. Cualquiera que viene acá se da cuenta de la calidez nuestra“, siguió.

En cuanto al presente económico, Caputo aseguró que la sociedad “subestima” la baja de la inflación que está llevando adelante el Gobierno y apuntó contra la administración anterior, sobre la cual dijo que dejó “la peor herencia de la historia”. «Todo era un desastre. Lo que hicimos nosotros, a diferencia del pasado, fue atacar el problema de raíz: que el país gastaba más de lo que ganaba. Los políticos estaban intentando hacerle creer a la gente que el problema era otro, como la deuda o el dólar, y buscaban respuestas para eso y defaulteaban la deuda. Pero seguían teniendo déficit“, marcó.

El presidente y líder de La Libertad Avanza (LLA), Javier MileiLUIS ROBAYO – AFP

“Los políticos optaron por caer en crisis. Por situaciones menores vimos atropellos hacia la propiedad privada, como la confiscación de jubilaciones. Eso generaba consecuencias inmediatas, como la crisis, y a largo plazo, como la desconfianza de la gente, que se va al sector informal. Eso se cambia sincerando el verdadero problema, resolviéndolo con un programa económico y haciéndolo sin atropellar la propiedad privada por primera vez. Es un cambio de 180 grados; la Argentina nunca lo había hecho“, agregó.

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En ese sentido, el titular del Palacio de Hacienda aseguró que el programa económico pudo ponerse en marcha gracias al respaldo del presidente Javier Milei y sostuvo que ese fue el motivo por el que decidió regresar a la función pública. “Siempre creí que esto era posible porque habíamos trabajado muchísimo con Bausili y Furiase en este programa. Lo que más confianza me dio fue conocer al Presidente, porque tuvo el convencimiento para llevarlo a cabo. Eso fue lo que me hizo volver al sector público. Si no tenés un presidente con esa personalidad, no lo podés hacer”, afirmó.

El presidente Javier Milei junto al ministro de Economía Luis CaputoLUIS ROBAYO – AFP

Caputo también proyectó un escenario de crecimiento sostenido y aseguró que la mejora económica irá más allá del corto plazo. “Se vienen muchos años de Argentina mejorando, no solo 18 meses. Las exportaciones netas van a seguir creciendo y no solo por el empuje del agro o la minería, sino también por la industria del conocimiento. Los proyectos del RIGI están recién empezando a entrar. Vamos a ver el peso de esos proyectos en tres o cuatro años y eso cambia notablemente la raíz productiva”, señaló. Además, destacó la caída del riesgo país y sostuvo que permitirá impulsar las inversiones y el financiamiento para las empresas.

Por último, el ministro reconoció las dificultades económicas que todavía atraviesan muchos hogares, aunque sostuvo que la tendencia comenzó a revertirse. “Es correcto que la gente no llega a fin de mes, pero es injusto, porque pareciera como que antes llegaban. Yo lo que tengo que tratar es que los que no llegan sean cada vez menos, y veníamos de una época en la que cada vez eran más. Hoy la pobreza cayó a la mitad. Siempre va a haber gente que no llega a fin de mes; el punto es que sean cada vez menos”, concluyó.

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POLITICA

La Corte Suprema ordenó al Estado hacer públicos los resultados de las pruebas Aprender y Enseñar

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó al Poder Ejecutivo Nacional hacer pública la información sobre los resultados correspondientes a todos los establecimientos educativos o instituciones de la provincia de Salta que participaron de los Operativos Aprender y Enseñar 2016 y 2017.

“La información pertenece a las personas: no es propiedad estatal y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno”, sostuvo el máximo tribunal al hacer lugar a la acción de amparo de un ciudadano que reclamaba esos datos.

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El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti y los conjueces Carlos Vallefín (La Plata) y Juan Perozziello Vizier (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal). En minoría, Carlos Rosenkrantz votó por rechazar el pedido.

El pedido

En 2019, Rafael Aurelio Argañaraz Olivero promovió una acción de amparo de acceso a la información pública contra el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación. Reclamó la entrega de “la totalidad de los Reportes de Resultado correspondientes a todos los Establecimientos Educativos o Instituciones de la Provincia de Salta que hayan participado de los Operativos Aprender y Enseñar 2016 y 2017”.

Solicitó también la documentación por considerarla información pública, pero la Secretaría de Evaluación Educativa le respondió que estaba impedida de entregarla por tratarse de información obtenida con carácter confidencial y le ofreció resultados desagregados hasta el nivel municipal.

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El Estado Nacional se opuso a la demanda. Insistió en el carácter confidencial de la información para resguardar los derechos de estudiantes, docentes y directivos. Argumentó que con esos datos se podía elaborar un ranking de escuelas y establecimientos, “no solo por los resultados de la evaluación sino también por la condición de migrantes, indígenas, pobres y analfabetos” de los alumnos o sus familias, lo que llevaría a una estigmatización.

Los miembros de la Corte Suprema en el Congreso. (Foto: Corte Suprema de Justicia de la Nación)

También sostuvo que la divulgación frustraría una investigación sobre estadísticas.

En primera instancia se rechazó el amparo. La Cámara Federal de Salta revocó esa sentencia y ordenó al Ministerio brindar los resultados, sin excepción, sin que ello implique revelar datos particulares de los alumnos o los docentes. El Estado apeló y la Corte confirmó que debía entregar la información solicitada.

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Qué dijo la Corte Suprema

Para el voto mayoritario, la Corte sostuvo que “no puede olvidarse que el fundamento central del acceso a la información en poder estatal consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan”.

Los operativos “Aprender” y “Enseñar”, profundizó la Corte, “no son una gracia o favor del gobierno hacia la comunidad” sino que “reflejan la implementación de un mandato expreso contenido en normas constitucionales y legales”.

“Hacer pública la información requerida apunta a efectivizar la ‘igualdad real de oportunidades’ antes que a estigmatizar alumnos y docentes”, sostuvo la sentencia. Agregó que la desagregación por establecimiento “persigue un interés público de particular trascendencia, cuyo control democrático parece ineludible” y permite verificar el modo en que el Estado ejecuta mandatos constitucionales en materia educativa.

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Allanaron dos bancos por la causa que investiga al financista vinculado a Claudio “Chiqui” Tapia

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La investigación judicial por presuntas maniobras de lavado de dinero en Sur Finanzas sumó este viernes nuevos allanamientos bancarios en la Ciudad de Buenos Aires y La Matanza.

Las diligencias fueron dispuestas por el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Tomás Rodríguez Ponte, y ejecutadas por efectivos conducidos por el comisario Enrique Fernando Giménez.

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Los procedimientos abarcaron la sede central del Banco Hipotecario, en Reconquista 101, junto con inmuebles en Santa Fe 880, Maipú 1210 e Hipólito Yrigoyen 2350, en San Justo. En estas direcciones funcionan dependencias de dicha entidad y del Banco Industrial (BIND), cuyo principal accionista es Andrés Meta.

Ariel Vallejo y Claudio “Chiqui” Tapia

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El expediente analiza el entramado financiero encabezado por Ariel Vallejo, empresario vinculado al titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

Según las actuaciones iniciadas tras operativos previos del 2 de noviembre, la firma utilizaba al BIND como respaldo para depositar fondos captados mediante su plataforma de pagos.

Respecto del Banco Hipotecario, la pesquisa indaga un presunto blanqueo de capitales originados en el juego clandestino e intermediación financiera irregular. En particular, los investigadores examinan operaciones sospechosas registradas entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 a través de billeteras virtuales y una cuenta corriente empresarial.

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Asimismo, el legajo judicial evalúa préstamos millonarios y transacciones realizadas por las sociedades del financista con clubes afiliados a la AFA.

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El Gobierno admite que tiene los votos justos para aprobar la suspensión de las PASO en el Senado

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El traspié en el Senado por el sistema de colectoras casi le sale caro al Gobierno. Lo obligó a desandar una estrategia improvisada y dar marcha atrás para avanzar con un dictamen que contempla la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) por un año y una reforma electoral de más largo plazo, con una serie de cambios introducidos a último momento. Así, al filo de los plazos, el oficialismo consiguió las firmas necesarias para llevar el proyecto al recinto el jueves próximo, al filo del cierre del período ordinario.

“Con 40 votos vas tranquilo, con menos, a intentar ganar”, resumen en las filas libertarias. La segunda opción parece ser el escenario que contempla La Libertad Avanza para la próxima sesión.

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Pese al alivio que significó para el Gobierno haber destrabado el dictamen por la suspensión de las PASO, los números de cara al debate en el recinto siguen ajustados. En un primer momento, apenas conseguidas las 11 firmas para el dictamen, algunos libertarios ya se jactaban de tener al menos 40 votos para aprobar la iniciativa. Sin embargo, el optimismo fue bajando con el correr de los días.

Según pudo constatar , el oficialismo tendría asegurados 37 votos, aunque en sus propias filas elevan la cuenta a 38. Los más optimistas incluso se animan a estirar el poroteo a 39. “Siempre y cuando no haya un martes 13”, advierten.

“Son acuerdos políticos y de acá al jueves todo puede cambiar”, reconoce un senador que suele ubicarse entre los “indecisos”. Es que las negociaciones siguen abiertas, tanto con los gobernadores como con los propios legisladores, sobre todo si se tiene en cuenta que un tercio de las bancas deberá renovarse el año próximo y no todos responden directamente a los mandatarios provinciales.

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Este escenario complejiza el toma y daca que articula desde la Casa Rosada el jefe de Gabinete, Diego Santilli, secundado en menor medida, por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Mientras tanto, las negociaciones en el Senado volvieron a quedar en manos de la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, especialmente después de su intervención en la comisión de Asuntos Constitucionales para destrabar el dictamen mediante la eliminación del sistema de listas de acople o colectoras, cuya incorporación a pedido de cinco gobernadores radicales había puesto en riesgo el acuerdo.

Sin embargo, según pudo saber , el Poder Ejecutivo logró avanzar en acuerdos con Gustavo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), a quien le habría garantizado despejarle el camino electoral en su provincia.

Por otro carril avanzan las conversaciones por el nuevo régimen de biocombustibles, cuyo tratamiento permanece frenado, y la disputa por el cuarto lugar que le corresponde a Diputados en el Consejo de la Magistratura, que el mandatario santafesino, referente de Provincias Unidas (PU), reclama para Juan Brugge. Ambas cuestiones habrían influido en su decisión de pedirles a los diputados que le respondieran que se levantaran de sus bancas durante la última sesión.

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En el caso del bloque de la UCR en el Senado, el oficialismo confía en sumar al menos ocho de sus diez integrantes para suspender las PASO. Entre quienes dan por descontados figuran Eduardo Galaretto y Carolina Losada (Santa Fe), Rodolfo Suárez y Mariana Juri (Mendoza), Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi (Corrientes), y Silvana Lorena Schneider (Chaco).

A esta lista se sumaría el catamarqueño Flavio Fama, quien históricamente se pronunció en contra de las PASO, pero este miércoles fue uno de los senadores que firmó el dictamen en disidencia, luego de plantear una serie de condiciones para acompañar el texto, entre ellas, la incorporación de Ficha Limpia y la obligatoriedad de los debates presidenciales en caso de balotaje. A esto se suman las especulaciones sobre posibles acuerdos políticos o “gestos” que podrían haberle demandado como devolución de antiguas gentilezas.

Cerca del senador juran y perjuran que, pese a que su mandato vence el próximo año, su postura no responde a una negociación por la renovación de su banca. Incluso sacan a relucir que ya inició los trámites jubilatorios para despejar cualquier sospecha. Con su eventual respaldo, serían ocho los votos radicales que se sumarían a los 21 del bloque de LLA.

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En cambio, persisten las dudas sobre Maximiliano Abad (Buenos Aires) y Daniel Kroneberger (La Pampa), quienes no responden directamente a ningún gobernador. Ambos dejaron entrever que podrían acompañar al oficialismo, aunque por ahora mantienen abierta su definición.

A estos 29 votos se sumarían los tres del bloque de Pro, presidido por Martín Goerling Lara, quien hasta ahora se había manifestado en contra de la iniciativa. De hecho, el domingo pasado cuestionó el cambio de las reglas electorales al considerar que implicaba “un manoseo de la estrategia y la táctica electoral”.

La postura cambió después de que el expresidente Mauricio Macri bajara una línea clara durante una reunión de la dirigencia partidaria esta semana: el bloque, integrado también por Andrea Cristina (Chubut) y María Victoria Huala (La Pampa), acompañará el proyecto.

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La decisión llega en momentos en que Pro sigue negociando un entendimiento electoral con LLA. “Es una demostración de acercamiento para el acuerdo”, admitió un dirigente del macrismo a .

Desde las huestes libertarias también se esperanzan con el respaldo de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano. Al igual que con los avales de la neuquina Julieta Corroza y la chubutense Edith Terenzi, alineada con el gobernador Ignacio Torres.

Otros dos votos que los violetas contemplan para la sesión del jueves son los de Carlos “Camau” Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo, ambos de Provincias Unidas. Esta última, que aportó la firma número 11 para el dictamen, se convirtió en una figura clave y ganó protagonismo durante el debate en comisión, cuando le marcó la cancha al oficialismo al exigir cambios en el texto.

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Frente a este escenario, el Gobierno contaría con 38 respaldos. De reojo y sin demasiadas expectativas, también sigue de cerca a la bancada de Convicción Federal, integrada por Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán), quienes mantienen vínculos políticos con los gobernadores del norte.

“El único que podría aportar su voto es Andrada”, comenta un senador oficialista, que también pone el foco en las presiones que enfrentaría Moisés si decidiera acompañar al Gobierno, con el riesgo de quedar apuntalada como una “traidora al peronismo”.

De todas formas, en los distintos espacios coinciden en que el poroteo está lejos de cerrarse y que los votos no necesariamente responderán todos a los acuerdos previos. “No es tan taxativo que los gobernadores puedan ordenar de manera lineal. Hay un tercio de los senadores que reeligen”, plantea un legislador que aún no tiene definida su postura. “Es una cámara abierta, no vas a tener disciplina de bloque”, remata.

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El proyecto

Además de la suspensión de las PASO, el dictamen oficialista establece correcciones en el financiamiento de la propaganda electoral en radio y televisión, con un tope del 50%, y una serie de cambios vinculados a las elecciones de parlamentarios al Mercosur.

La reforma política también incluye la llamada “ficha limpia”, es decir, que cualquier persona con una condena penal confirmada en segunda instancia por delitos dolosos vinculados a la corrupción queda inhabilitada para postularse a cargos electivos.

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Entre otros ajustes que contempla, figura la eliminación de la obligatoriedad de los debates presidenciales. De aprobarse la iniciativa en ambas cámaras, quedará en manos de la Cámara Nacional Electoral decidir sobre su realización.

La legislación vigente, establecida por la Ley 27.337 e incorporada al Código Electoral Nacional (Ley 19.945), exige la celebración de dos debates antes de las elecciones generales, uno de ellos en una capital provincial, y un tercero en caso de balotaje.

Además de disponer su transmisión obligatoria por los medios estatales, prevé sanciones para los candidatos que no participen, como la pérdida de espacios de publicidad audiovisual y la colocación de un atril vacío para dejar constancia de su ausencia.

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Por último, dispone la eliminación de la veda electoral, no solo en términos discursivos, en medios y redes sociales, sino también las restricciones que hasta ahora regían en comercios, o actividades culturales.

Todas las modificaciones que hacen a la reforma electoral tendrán carácter permanente. La única excepción será la suspensión de las PASO, que regirá por un año.



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