El Congreso está entre la expectativa y las deliberaciones constantes respecto del futuro del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El Senado de la Nación ya definió que el plazo para votar un llamado a una interpelación y una votación sobre una moción de censura será dentro de una semana.

En el caso de la Cámara de Diputados hay un pedido de sesión para el próximo martes de parte de la oposición que inició como una sesión para emplazar a las comisiones que deberían tratar los pedidos de interpelación, y hoy se debate si en la misma sesión se puede votar la fecha de la interpelación.

En medio de esto La Libertad Avanza en la Cámara Baja espera que la mesa política defina si llaman a una sesión para votar el acuerdo con los holdouts que obtuvo dictamen en las últimas horas pero, principalmente, para darle media sanción al proyecto de Super RIGI.

Respecto de este punto, fuentes de la Casa Rosada señalaron a este medio que “es muy poco probable” que haya algún encuentro entre hoy y mañana de la Mesa Política y habrá que esperar a la semana que viene para poder desentrañar cuál será la estrategia del mundo libertario en el Congreso de la Nación.

Pero a diferencia de lo que sucede en el Senado, el PRO y la UCR están sin plantear una decisión inequívoca y todo apunta a que esperan los movimientos de sus bloques en la Cámara Alta. “No nos dicen nada, no sabemos qué es lo que quieren hacer”, señaló una alta fuente del bloque amarillo respecto de sus pares libertarios. “Quieren hacer caer la sesión del 23 -que pidió la oposición- y llamar a otra el 24 de este mes. No se entiende qué quieren hacer”, agregó en un tono bastante molesto sobre las idas y vueltas libertarias.

Todo apunta a que los diputados de estos bloques van a esperar los movimientos de sus pares en el Senado y, a partir de esto, hacer sus movimientos en Diputados.

“El gran problema lo tiene el PRO. Salió fuerte (el partido que es Mauricio Macri) pero acá -Diputados- hay un acuerdo que incluye a Diego Santilli -dirigente del PRO y ministro del Interior de la Nación-. Entonces lo del Senado (que sí controla Macri) le resuelve poder decir que no dan quórum en Diputados total Senado lo va a resolver”, explicó un diputado opositor que quiere avanzar con la moción de censura contra Adorni.

“El clima es de avanzar porque además lo haríamos antes que el Senado y el que no dé quórum acá tendrá que explicar por qué su bloque sí lo hace en el Senado”, agregó. “Vamos a ver cuál es el recibimiento que tiene en Rosario -en el acto por el Día de la Bandera el próximo sábado- quizás eso hace que alguno cambie de opinión y entre al recinto».

Además, en las últimas horas surgió un nuevo inconveniente para Adorni que podría implicar que tenga que ir dos semanas seguidas al Congreso de la Nación pero no para observar desde los balcones la aprobación de una ley sino para ir al recinto y ser interpelado.

El Senado ya definió que en la próxima sesión se habilitará el pedido del peronismo para votar el llamado a interpelación y, en esa misma sesión, una votación de moción de censura si el recinto lo cree necesario. En Diputados se buscaba emplazar a las comisiones a tratar los proyectos de ley en una única reunión, dictaminar, e ir al recinto para votarlo y así establecer la fecha de una interpelación.

Sin embargo, algunos diputados consultaron a constitucionalistas quienes les señalaron que la interpelación y moción de censura es una facultad constitucional de las cámaras que es operativa. “En principio no precisaría del trámite parlamentario ordinario. Si juntas los 129 abrís el recinto y votás directamente. Es decir, no va lo del emplazamiento, es más breve el procedimiento.”

Esto fue refrendado por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez quien le dijo a Infobae que la interpelación para una moción de censura “no pertenece al trámite parlamentario, es una atribución en términos de evaluar la responsabilidad política. Si van al recinto y se aprueba, Adorni tiene que concurrir a la interpelación a efectos de evaluar si el Congreso mantiene o no la confianza política en él”.

El oficialismo no mueve, los aliados en Diputados observan el clima y miran a sus pares en el Senado. La oposición busca confirmar el modelo de tratamiento: si tiene que ir a una Comisión o la aplicación del art. 101 de la Constitución, al no ser un trámite parlamentario sobre una ley, es necesario pasar por las comisiones o no.

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La Legislatura porteña sesiona este jueves desde las 11 con una agenda cargada que reúne proyectos vinculados al transporte, el espacio público, la regulación de los vapeadores, la revisión técnica vehicular y medidas de alivio económico para familias endeudadas.

El temario incluye iniciativas impulsadas por el Gobierno de la Ciudad y propuestas de los distintos bloques políticos.

Uno de los proyectos centrales enviados por la gestión de Jorge Macri es el que habilita el financiamiento para la construcción de la Línea F de subterráneos.

La iniciativa autoriza al Ejecutivo porteño a tomar deuda por hasta 1350 millones de dólares mediante organismos multilaterales, entidades financieras y la eventual emisión de títulos públicos.

La futura Línea F será la primera ampliación de la red de subtes en 25 años y busca mejorar la conectividad entre el norte y el sur de la Ciudad.

El recorrido previsto abarcará 9,8 kilómetros y contará con 12 estaciones: Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Santa Fe/Pizzurno, Recoleta, Pueyrredón/Hospital Rivadavia, Parque Las Heras/Coronel Díaz, Plaza Italia/Ecoparque y Pacífico.

Además, el trazado permitirá combinar con las líneas A, B, C, D, E y H de subterráneos y conectar con los ferrocarriles Roca, en Plaza Constitución, y San Martín, en la zona de Palermo. El proyecto contó con un trabajo de articulación entre distintos bloques legislativos.

Ley Antitrapitos

Otro de los expedientes impulsados por el oficialismo es la denominada Ley Antitrapitos, que también incorpora aportes de una iniciativa presentada por La Libertad Avanza.

La propuesta apunta a endurecer las sanciones para quienes realicen actividades no autorizadas vinculadas al estacionamiento de vehículos, su cuidado en la vía pública o la limpieza de parabrisas.

Las propuestas de la oposición

La sesión también debatirá un proyecto promovido por la Unión Cívica Radical para regular el uso, la comercialización y la promoción de vapeadores y otros productos emergentes de tabaco y nicotina.

El objetivo de la iniciativa es restringir el acceso de menores de 18 años a estos dispositivos.

Por su parte, La Libertad Avanza incorporó dos proyectos al temario, ambos presentados por la legisladora María del Pilar Ramírez.

El primero propone una reforma integral del régimen de Verificación Técnica Vehicular Obligatoria (VTV), con el objetivo de desregular la prestación del servicio, ampliar la competencia y adecuar los requisitos técnicos a los avances tecnológicos y a la normativa nacional.

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La iniciativa establece que los vehículos particulares cero kilómetro realicen su primera verificación a los cinco años del patentamiento.

Luego, las revisiones serían bianuales para las unidades de hasta diez años de antigüedad y anuales para las más antiguas. También prevé organizar los controles según el último número de la patente para evitar concentraciones de demanda.

El proyecto, además, elimina el cupo de plantas verificadoras y habilita a que talleres, concesionarios e importadores que cumplan las exigencias técnicas puedan prestar el servicio, sin tarifas máximas ni mínimas fijadas por el Estado.

La propuesta también modifica el régimen de grabado de autopartes. El procedimiento seguiría siendo obligatorio sobre seis partes de la carrocería, aunque contempla la posibilidad de que el propio titular lo realice bajo las normas correspondientes.

Asimismo, dispone que los talleres habilitados verifiquen su cumplimiento antes de aprobar la VTV.

El segundo expediente de La Libertad Avanza es la denominada Ley Hojarasca, que plantea derogar más de 20 normas consideradas desactualizadas, redundantes o sin aplicación efectiva.

También prevé que las partidas presupuestarias vinculadas a esas regulaciones pasen al Ministerio de Hacienda y Finanzas y encomienda al Poder Ejecutivo adecuar la normativa reglamentaria y administrativa que resulte afectada.

En tanto, Fuerza por Buenos Aires impulsa la creación de un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal a cargo del Banco Ciudad. El proyecto, presentado por el diputado Leandro Santoro, busca asistir a sectores vulnerables mediante líneas de crédito especiales destinadas exclusivamente a cancelar deudas previas.

La iniciativa contempla préstamos exentos de impuestos, con una tasa nominal anual máxima del 40% y plazos de hasta 36 meses. Podrían acceder quienes registren deudas mensuales superiores al 40% de sus ingresos y menores a diez salarios mínimos y acrediten al menos dos años de residencia en la Ciudad de Buenos Aires.

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El programa alcanzaría a empleados, monotributistas hasta la categoría G y jubilados, aunque excluye a quienes posean inmuebles adicionales, activos financieros superiores al monto adeudado o hayan realizado compras de divisas recientemente.

También deja afuera deudas alimentarias, tributarias, hipotecarias, prendarias y las vinculadas a la adquisición de vehículos o bienes registrables.

La propuesta prevé que los fondos se transfieran directamente a los acreedores, la creación de una ventanilla única física y digital y una campaña de difusión.

Además, establece un sistema de prioridades para hogares con menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes de la educación pública, inquilinos y trabajadores de bajos ingresos, y contempla la eventual participación de otras entidades financieras bajo las mismas condiciones del programa.

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