POLITICA
Caso Insaurralde: la fiscalía apeló el sobreseimiento de Sofía Clerici y criticó a los jueces que intervinieron en la investigación
Con críticas a los jueces Ernesto Kreplak y Luis Armella, que llevaron el caso hasta ahora, por no avanzar con las medidas de prueba propuestas por la fiscalía, los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco apelaron el sobreseimiento de la modelo Sofía Clerici en la causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que tiene como principal investigado al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde.
De Armella y Kreplak dijeron en su apelación: “Los jueces instructores que intervinieron en esta causa y que asumieron su investigación hasta el momento, han llevado a cabo una pesquisa en la que prácticamente no han ordenado medidas de pruebas autónomas para corroborar o descartar el hecho, y las medidas solicitadas por esta Fiscalía -que mantuvieron el impulso de la misma y por lo cual no se verifica inactividad procesal- se han ejecutado de forma deficiente, con demoras y limitaciones temporales”.
Se quejaron de que no hubiera indagatorias. Y escribieron: “La falta de investigación de los hechos por el juez a cargo de la investigación, en la cual las medidas solicitadas por esta fiscalía se han ejecutado de forma deficiente, trajo como consecuencia que las circunstancias por las que se impulsó la investigación hasta hoy no hayan adoptado su forma definitiva, lo que impide que todavía se adopte un temperamento definitivo sin haber efectuado las comprobaciones necesarias”.
Mola y Velasco, que es fiscal especializado en lavado de dinero, sostuvieron que la decisión del juez federal Luis Armella de sobreseer a Clérici, dictada en su último día a cargo del expediente, a un día de que asumiera el nuevo magistrado Juan Tomás Rodríguez Ponte, es “prematura y arbitraria”, y que se adoptó “sin agotar medidas de prueba dirimentes”.
Para los fiscales, el juez admitió que las inconsistencias patrimoniales de Clerici eventualmente deban ser investigadas y, en el mismo acto, ordenó extraer testimonios sobre esas mismas inconsistencias para remitirlos a la justicia federal de San Isidro, por advertir que podrían configurar otros delitos.
Entonces dijeron que esta decisión es contradictoria con la de desvincularla de la causa. Clerici pidió ser sobreseída porque un peritaje determinó que no hay evidencia de que Insaurralde le haya dado los casi 600.000 dólares encontrados en su casa.
Armella tomó este argumento, pero los fiscales remarcaron que la ausencia de un registro formal de una entrega de fondos no equivale a la prueba de que ese traspaso no existió. Máxime cuando Insaurralde pagaba todo en efectivo.
Los fiscales dijeron que el peritaje no abordó la composición del patrimonio propio de Clerici, que califican de incompatible con sus ingresos declarados; la interposición de una sociedad sin actividad ni fondos propios para adquirir un inmueble de 510.000 dólares en Nordelta; y la compra de un Mustang en 50.000 dólares, sin acreditar el origen de los fondos.
Los fiscales, en su escrito, señalaron que de los registros de ingreso al barrio Fincas de San Vicente, incorporados a la causa, Clerici ingresó el 4 de agosto de 2023 a las 21.37 con su camioneta Jeep Compass, como invitada de Insaurralde, y se retiró el 6 de agosto a las 22.04.
Permaneció más de 48 horas en el lugar, un mes antes del viaje a Marbella que detonó el caso.
La casa de San Vicente es, además, el lugar donde un peritaje de la Policía Federal ubicó el vestidor en el que fueron filmados los videos con los fajos de dólares difundidos por .
Para la fiscalía, es un indicio de que Clérici pudo recibir dinero en efectivo en esa casa.
En el escrito les reprochan a los jueces Kreplak y Armella, que siguieron el caso hasta ahora, porque “no ordenaron prácticamente medidas de prueba autónomas para corroborar o descartar el vínculo entre los bienes hallados en poder de Clerici e Insaurralde” y dijeron que “las medidas que sí pidió el Ministerio Público se ejecutaron de forma deficiente, con demoras y limitaciones temporales”.
Por ejemplo, está pendiente el análisis completo de llamadas entrantes y salientes con geolocalización y celdas; la ampliación de la información migratoria para verificar la versión de la imputada sobre sus viajes; y la tasación de su propiedad, impulsada por el propio magistrado y luego suspendida.
El teléfono secuestrado en el domicilio de Clerici no pudo abrirse aún por desperfectos de hardware y el de Insaurralde nunca fue secuestrado. La modelo tampoco prestó declaración indagatoria.
Los fiscales cuestionan que el juez haya tenido por acreditado que Insaurralde contaba con capacidad económica para pagar el viaje, cuando el mismo punto del peritaje que cita aclara que al 31 de diciembre de 2022 registraba un saldo negativo de $19.647.220,14, y que la situación se revierte al año siguiente por el aporte de Jesica Cirio: una entrega de 250.000 dólares instrumentada con firma certificada ante escribano. La fiscalía no le cree a esta declaración del origen de los fondos.
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Imágenes de la televisión chilena muestran actos de vandalismo contra homenajes argentinos en el cementerio de las Malvinas
Placas recordatorias, rosarios, cintas y figuras religiosas dedicadas a los soldados argentinos muertos en la guerra de 1982 aparecieron vandalizadas y fuera del perímetro del Cementerio de Darwin, en las islas Malvinas, según registró un equipo del canal Teletrece, de Chile, que viajó al archipiélago a principios de octubre.
El periodista Samuel Rojas Terán llegó hasta el cementerio donde descansan 249 combatientes argentinos y filmó los objetos acumulados entre los pastizales, detrás de la cerca blanca que rodea el predio y a espaldas de la Cruz Mayor. El material incluye piezas de cerámica rotas, pulseras, listones deteriorados y placas de metal. Una de las ofrendas que más atención generó fue un reconocimiento colocado en abril de 2026 por una emisora de Comodoro Rivadavia con la inscripción: “El pueblo de Comodoro Rivadavia a Nuestros Héroes. Malvinas nos une”.
Según describió el propio periodista, al momento de registrar el lugar aún quedaba pegamento en el marco donde las placas habían estado adheridas, lo que indica que fueron arrancadas de su emplazamiento original al pie de la cruz.
“Algunas de las placas que probablemente traen los visitantes argentinos quedan atrás de la cruz. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene consignas relacionadas con el nombre Malvinas, algo que no es aceptado acá; por eso es que son lanzadas acá porque eso es considerado una ofensa y una provocación acá”, sostuvo Rojas Terán en el informe.
En diálogo con radio Rivadavia, el periodista amplió el hallazgo: “Gran parte de las placas que estaban ahí decían por lo menos Malvinas, yo eso lo pude constatar”. Y precisó que había algunas muy recientes, con fechas de 2026. También advirtió que en las islas la mera mención pública del nombre Malvinas puede acarrear consecuencias: “Incluso podría llevarte a ser detenido en las islas si es que profesas o dices algo relacionado con eso al aire libre”.
El Cementerio de Darwin se encuentra a unos cuarenta minutos de Stanley (Puerto Argentino), en una zona abierta y aislada. El acceso es libre, aunque existen instrucciones sobre cómo comportarse en el predio. El predio fue construido en 1983 por orden de las autoridades británicas, bajo la dirección del coronel Geoffrey Cardozo, quien exhumó los cuerpos dispersos en los campos de batalla y los trasladó al lugar para darles sepultura.
La Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur asumió el cuidado del sitio y, con el apoyo del empresario Eduardo Eurnekian, llevó adelante entre 2001 y 2004 una reconstrucción que incluyó el cambio de cruces y lápidas y la instalación de un cenotafio con los nombres de los 649 argentinos caídos en el conflicto. El cementerio fue declarado Lugar Histórico Nacional por el gobierno argentino en 2008.
Hasta el momento no se pudo determinar quién retira las ofrendas ni bajo qué instrucción. Según el informe de Teletrece, una empresa local contratada por familiares de los caídos argentinos se encarga del mantenimiento del sitio. Al momento de la visita, empleados de esa firma estaban pintando rejas y emparejando el terreno, pero no le dieron información sobre el destino de las placas.
De las 232 tumbas, 121 permanecieron durante décadas sin identificación, con la inscripción “Soldado argentino solo conocido por Dios”. En 2017, tras un acuerdo diplomático entre Argentina y el Reino Unido firmado con la mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), un equipo de 14 especialistas forenses de seis países exhumó, analizó y tomó muestras de ADN de los 122 cuerpos enterrados en esas sepulturas. El trabajo, conocido como Plan Proyecto Humanitario, permitió identificar 115 soldados. Una segunda fase, realizada en 2021, sumó otras identificaciones. Hasta la fecha, solo quedan siete combatientes sin nombre.
El cementerio es el principal lugar de memoria para familiares, excombatientes y delegaciones que viajan periódicamente al archipiélago para dejar flores, cartas, placas y otros objetos de homenaje.
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El Gobierno autorizó una licitación por $7638 millones para obras en la Base Naval Integrada de Ushuaia
El Gobierno autorizó este martes una licitación pública por $7638 millones para realizar obras en la Base Naval Integrada de Ushuaia, Tierra del Fuego, anunciadas en septiembre en medio de la tensión con el Reino Unido por la soberanía de las islas Malvinas.
La medida fue oficializada por el Ministerio de Defensa mediante la Resolución 733/2026, publicada en el Boletín Oficial.
La construcción, que contempla galpones modulares y obras complementarias, tendrá un presupuesto oficial de $7.638.061.962 y un plazo de ejecución de 548 días corridos. La contratación se realizará bajo el sistema de ajuste alzado, una modalidad en la que se establece un precio global para la ejecución de los trabajos de acuerdo con las condiciones del contrato.
La resolución, firmada por el ministro de Defensa, Carlos Presti, autoriza el llamado a la Licitación Pública Nacional y encomienda a la Unidad Operativa de Contrataciones de la Armada Argentina la realización de los trámites necesarios para convocar a las empresas interesadas a través del sistema electrónico CONTRAT.AR.
Según los fundamentos de la medida, la iniciativa fue impulsada por la Dirección General del Material de la Armada y cuenta con intervención de las áreas de proyectos, inversión pública y administración financiera de la fuerza.
El gasto está vinculado al Proyecto N°12, registrado en el Banco de Proyectos de Inversión Pública con el número 100.426, denominado “Construcción de un muelle, infraestructuras conexas y adquisición de maquinarias y equipos en punta oriental de la península de Ushuaia”.
La Armada dejó constancia de que cuenta con crédito presupuestario para iniciar el procedimiento durante este año. A su vez, la resolución señala que se encontraba en proceso de incorporación al proyecto de Presupuesto 2027 la autorización para afrontar los gastos de inversión correspondientes a los ejercicios 2027, 2028 y 2029.
La norma establece además que la Dirección General del Material de la Armada estará a cargo de la dirección de obra, mientras que la Jefatura de Infraestructura de la Armada deberá controlar la inspección técnica de los trabajos.
La resolución no establece una fecha concreta para la apertura de las ofertas. Prevista para finalizar en 2029, el costo total de la obra ascendería a US$500 millones.
La primera etapa comenzará a principios de 2027 y, según definieron fuentes oficiales a , “en 18 meses esté construido el 40% del muelle, con servicios como para estar, en una primera etapa, en capacidad de recibir en los primeros 240 metros de muelle las lanchas de la División de Patrullado Austral que son orgánicas del Área Naval Austral y que hoy amarran en el muelle auxiliar, frente a la Base Naval en el centro de la ciudad”.
Con el avance del proyecto se realizará un edificio de servicios marítimos que dará suministros a la operatividad del muelle, y la urbanización del predio, que prevé llevar todos los servicios (agua, luz, gas, conectividad) hacia una zona que hoy no los tiene.
Estancamiento
Pensada como un centro logístico en la península de la capital fueguina para dar apoyo a programas antárticos -buques científicos, comerciales y militares que operan hacia la Antártida-, la iniciativa comenzó a tomar forma pública durante la gestión de Alberto Fernández, cuando se la asoció al desarrollo del Polo Logístico Antártico, una obra que arrancó en 2022.
Desde entonces, se estancó y no tuvo avances significativos. Si bien las tareas nunca se frenaron, la evolución de la construcción dependía de que el gobierno nacional amplíe los fondos destinados al proyecto.
En septiembre, el canciller Pablo Quirno anticipó que el presidente Javier Milei preparaba “una decisión administrativa” con el objetivo de reforzar las partidas del Ministerio de Defensa orientadas a la base integrada.
La construcción del centro operativo en Tierra del Fuego está a cargo de la empresa Tandanor, uno de los principales astilleros del país y referente en la región en materia de reparación y construcción de embarcaciones.
El Presidente retomó el proyecto de la base naval en el marco de la disputa por la explotación petrolera del yacimiento Sea Lion en Malvinas. Milei sostuvo en cadena nacional que la obra convertirá al país en “el polo logístico más importante del Atlántico Sur” y será “fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina”.
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El pedido de EE.UU. para que disuelvan un comité clave por Malvinas en la ONU marca la primera diferencia diplomática entre Milei y Trump
El pedido de Estados Unidos para disolver el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas golpea de lleno el ámbito elegido por la Argentina desde 1988 para llevar adelante el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.
Durante estas casi cuatro décadas, la Argentina priorizó sostener el reclamo ante este comité y no plantear la discusión en el pleno de Asamblea General de la ONU por las negociaciones que se llevaron adelante con el Reino Unido al momento de retomar las relaciones bilaterales en 1990.
Los sucesivos gobiernos argentinos participaron sin titubeos ante cada reunión del Comité de Descolonización por entender que es el ámbito correcto para lograr que Londres acceda a sentarse a una mesa de conversación formal. Para la ONU hay 17 Territorios No Autónomos -no utiliza la palabra “ocupados”-, de los cuales 10 están administrados por el Reino Unido.
Es por eso que Londres no dudaría, como ya hizo en el pasado, en impulsar y acompañar cualquier proyecto que busque ponerle fin a un Comité que le es incómodo y esquivo. El propio canciller Pablo Quirno usó ese mismo escenario en junio de este año para denunciar la “militarización” británica y la “explotación unilateral de los recursos naturales” en el archipiélago.
El Comité se encuentra dentro de la Cuarta Comisión de la Asamblea General -una de las seis que existen en la ONU- y es donde se tratan los temas de Política Especial y de Descolonización. Estados Unidos pretende paralizar su funcionamiento mediante una férrea posición pública en contra del rol que realmente tiene el comité a la hora de resolver las disputas en esta materia.
Según el documento oficial de la ONU, la representante estadounidense, Tammy Bruce, pidió que se ponga fin al mandato del organismo al sostener que “sobrevivió a su propósito original” y consideró que algunas de sus actividades son “un despilfarro de recursos”. Según la funcionaria, el comité “actúa como si nada hubiera cambiado” y vuelve a examinar los mismos textos todos los años, aunque más de 80 antiguas colonias ya se incorporaron a Naciones Unidas como Estados miembros.
La Argentina no acompañará este pedido y, con cautela por la cercanía ideológica y política que Javier Milei tiene con Trump, buscará tomar distancia de la posición norteamericana.
Hay expectativa de que en los próximos días, cuando reciba a Christopher Landau, el número dos de Marco Rubio en el Departamento de Estado, Quirno le transmita la disconformidad de la Argentina.
En concreto, según pudo relevar TN, es prácticamente imposible que el comité se disuelva. Es la Asamblea General la que no debe renovar el mandato anual y, para eso, Estados Unidos tendría que alcanzar una mayoría simple en contra.
En esta instancia no se puede aplicar el veto con el que cuentan los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y es una tradición histórica de países africanos y del Caribe sostener el Comité. A sabiendas de esta situación, Washington podría preferir criticarlo y buscar que quede sin margen de acción.
En ese contexto, la declaración de Estados Unidos es una reafirmación de las reiteradas críticas que Donald Trump viene lanzando sobre la burocracia del organismo y la falta de resultados ante los principales conflictos que vive el mundo en la actualidad.
La Casa Rosada le restó importancia al pedido de EE.UU. de disolver el comité de la ONU que trata el reclamo por Malvinas
La propuesta de la Casa Blanca expone una diferencia central con la Argentina, la primera importante en el ámbito de la ONU. Hasta ahora, las representaciones argentinas había acompañado cada una de las posiciones de los Estados Unidos ante las votaciones que se dieron desde la llegada de Trump.
Ante la consulta de este medio a distintos representantes diplomáticos, muchos coincidieron en que esta posición de la Casa Blanca viene a reafirmar la hipótesis de que Donald Trump está utilizando la amenaza sobre la neutralidad frente al conflicto por las Islas Malvinas como una carta de negociación con Londres.
Si bien hubo distintos gestos pequeños desde que el propio presidente norteamericano dijera en el Salón Oval que podría revisar la histórica posición de neutralidad de los Estados Unidos, la relación con el nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, pareció encauzarse tras el encuentro bilateral que mantuvieron en el marco de la Apertura de la Asamblea General de la ONU.
Sería también un error ver este pedido de disolución del Comité como un gesto de respaldo de Washington a Londres. Se enmarca en una visión mucho más general de la Casa Blanca sobre el rol de los organismos, una mirada que excede la situación de Malvinas.
La discusión sobre el rol del Comité de Descolonización llega en medio de la escalada con Londres por el proyecto petrolero Sea Lion. Para frenar la explotación de recursos en las islas, el Gobierno pidió la intervención del Tribunal Internacional del Derecho del Mar y mandó al Congreso un proyecto de Ley de Soberanía que prevé sanciones para las empresas vinculadas con la actividad petrolera en la zona.
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