POLITICA
Caso $LIBRA: la Justicia suspende una solicitud de información a Meta tras un pedido de uno de los acusados
Tras el intento fallido de uno de los acusados del caso $LIBRA, Mauricio Novelli, por obtener la nulidad judicial del contenido de su teléfono celular, su socio Manuel Terrones Godoy busca ahora bloquear otro eje de la pesquisa. Le reclamó al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que vuelva sobre sus propios pasos y no le solicite a Meta Platforms el contenido privado de seis cuentas de Instagram: dos propias y cuatro de otros acusados. Y el magistrado accedió de manera provisoria al pedido, al menos hasta escuchar la opinión de la Fiscalía y los querellantes.
Meta es la empresa detrás de Facebook, Instagram y WhatsApp.
Terrones Godoy procura así que los mensajes y documentos que él y otros acusados intercambiaron por esa plataforma no lleguen a la Justicia argentina. Para eso, sus abogados Nicolás Grimaldi y Tomás Briganti presentaron un recurso de reposición con apelación en subsidio de la orden que ya había dado el juez Martínez de Giorgi la semana pasada y pidieron la nulidad de esa orden por considerarla arbitraria, desproporcionada y violatoria de garantías constitucionales.
El recurso presentado contempla que, si es rechazado por el juez, sea tratado por una instancia superior.
El planteo de Terrones Godoy apunta contra la resolución del viernes 10, cuando el juez requirió a Meta el historial completo de conversaciones privadas y archivos multimedia de seis cuentas vinculadas a la investigación por el lanzamiento y colapso del criptoactivo $LIBRA.
Según los defensores, esa decisión carece de fundamentación suficiente y habilita una “intromisión irrestricta” en la vida privada de los imputados.
Martínez de Giorgi había requerido a Meta, en particular, “que proporcione la información de contenido, específicamente el historial de conversaciones privadas y los archivos multimedia” de cuentas que pertenecen a Terrones Godoy, al estadounidense Hayden Mark Davis y al “abrepuertas” de la Casa Rosada, Mauricio Novelli.
El requerimiento judicial también alcanzaba a una cuenta del otrora asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales, quien se presentó en al menos un evento durante 2024 como “coordinador de Asesoramiento Técnico de la Presidencia” y figuró como “asesor oficial” del presidente Javier Milei en el borrador de “acuerdo de asociación” que firmaron Milei y Davis.
El exhorto judicial ahora bajo la lupa también alcanzaba al CEO de la plataforma Cube Exchange, Bartosz Lipinski, quien firmó una carta de intención con el presidente Milei para desarrollar negocios en la Argentina, según confirmó la empresa a y admitió el hermano de Hayden Davis.
“No es un contrato en sí, pero la carta de intención está firmada y sellada por Javier Milei”, subrayó Gideon Davis en 2024, en un podcast que intentaron borrar tras el estallido del escándalo.
Pero ayer, y como consecuencia de la presentación de la defensa de Terrones Godoy, el juez dispuso suspender provisoriamente la ejecución de la medida que había ordenado a pedido del fiscal instructor, Eduardo Taiano. La suspendió, aclaró, hasta tanto se resuelva el planteo, y dio intervención a las partes para que se expidan sobre el recurso interpuesto.
La decisión del juez Martínez de Giorgi de acudir a Meta también había dividido las aguas entre las querellas y “amicus curiae” presentados en el expediente. Consideraban que la medida puede aportar evidencias adicionales sobre cómo fue el vínculo entre los acusados, pero también resultaba una forma de “patear la pelota afuera”.
“El fiscal tiene pedidos de indagatoria presentados para que cite a Novelli, a Terrones Godoy, a Morales, y antes a los hermanos Milei, pero dilata la investigación, y con este pedido podría retrasarla mucho más”, indicó uno de los letrados consultados, que ya mantuvo varios contrapuntos con la Fiscalía.
En su escrito, la defensa de Terrones Godoy sostuvo que el requerimiento del juez a Meta no fija límites temporales ni criterios de búsqueda, lo que —a su entender— lo convierte en una “orden en blanco”. Argumentó que esa amplitud impide controlar la pertinencia de la prueba y vulnera el derecho de defensa, ya que no delimita qué conversaciones serían relevantes para la causa ni en qué período deberían enmarcarse.
Los abogados también cuestionaron que el juez haya adoptado la medida sin una motivación autónoma, limitándose —según indicaron— a reproducir los argumentos del Ministerio Público Fiscal. Esa falta de fundamentación, sostuvieron, configura un vicio que torna nula la resolución, lo previsto en el Código Procesal Penal.
Otro de los ejes del planteo fue la presunta afectación del derecho a la intimidad. La defensa advirtió que el acceso al “historial completo” de las cuentas implicaría exponer comunicaciones ajenas al objeto de la investigación, protegidas por la Constitución Nacional. En ese sentido, señaló que una vez producida la intromisión, el daño sería irreparable, aun si la medida fuera posteriormente revocada.
El escrito también alertó sobre el riesgo de que la medida funcione como una “excursión de pesca”, es decir, una búsqueda indiscriminada de información en la expectativa de encontrar eventualmente elementos incriminantes. Según los letrados, ese tipo de prácticas resulta incompatible con los estándares constitucionales que exigen que las medidas de prueba sean concretas, delimitadas y proporcionales.
Además, los defensores hicieron referencia a antecedentes de filtraciones dentro del expediente, al señalar que ya se difundieron públicamente chats extraídos del celular de Novelli. A su criterio, ello refuerza el peligro de que una recolección masiva de datos privados derive en nuevas exposiciones mediáticas con impacto sobre la imagen y el honor de los imputados.
En paralelo, la defensa propuso alternativas menos invasivas, como la aplicación de filtros por palabras clave o la delimitación de períodos específicos, con el objetivo de acotar el acceso a la información estrictamente vinculada con los hechos investigados.
Ahora, la decisión sobre el alcance de esa medida quedó en suspenso. El juez deberá resolver si mantiene el requerimiento a Meta en los términos originales, lo modifica o lo deja sin efecto, en medio de una disputa que enfrenta las necesidades de la investigación con los límites que imponen las garantías constitucionales.
Hugo Alconada Mon,Conforme a
La Unión Cívica Radical (UCR) pedirá información pública sobre los supuestos terroristas que mencionó Javier Milei al referirse a controles migratorios. La diputada nacional Karina Banfi afirmó en Infobae Al Mediodía que buscará determinar si las cifras aluden a expulsiones, rechazos de ingreso o antecedentes penales.
Banfi consideró que el Congreso debe pedir explicaciones por las declaraciones de Javier Milei sobre personas vinculadas al terrorismo. La diputada cuestionó la falta de precisión sobre las cifras y los procedimientos mencionados.
Afirmó que el vocero presidencial aclaró que esas personas no fueron expulsadas del país. Según explicó, la aclaración apuntó a rechazos de visas o autorizaciones de ingreso.
Al mismo tiempo remarcó que una expulsión requiere un procedimiento diferente. Señaló que una persona debe haber cometido un delito en el país para que las autoridades impulsen esa medida.
“Cuando vos hablás de terroristas tienen que haber cometido un delito en el país para poder ser expulsados”, sostuvo. Y dijo que existe “todo un procedimiento para que eso suceda”.
La diputada se refirió a cifras que incluyeron 20 mil y 30 mil casos en distintos momentos de la conversación. Por ese motivo, pidió que los registros oficiales determinen cuántas personas recibieron rechazos de ingreso.
“Dijo que eran treinta mil”, afirmó. Luego añadió que la explicación incluyó “diez mil del año pasado” y “veinte mil en este año”.
“Voy a hacer un pedido de acceso”, afirmó Banfi. La diputada dijo que utilizará la Ley de Acceso a la Información Pública para conocer qué quiso decir el Presidente. “Quiero conocer exactamente qué es lo que quiso decir el presidente”, aseguró.
Según contó en Infobae Al Mediodía, buscará establecer si Migraciones rechazó el ingreso de personas con antecedentes penales. También pretende conocer si existió información oficial sobre amenazas contra la Argentina.
La legisladora señaló que la Ley de Migraciones permite impedir el ingreso de personas con antecedentes criminales. Aclaró que esa facultad no equivale a expulsar del país a personas acusadas de terrorismo. “Para tener los datos y para constatar”, dijo.
Banfi cuestionó la forma en que Milei presentó el asunto. “El presidente dice cualquier cosa permanentemente”, sostuvo la diputada. Según precisó, los funcionarios luego realizan “malabares” para explicar esas declaraciones.
Asimismo, pidió separar los datos de las interpretaciones políticas. “Lo más importante es la evidencia”, sostuvo. Banfi afirmó que la ley permite negar el ingreso a personas con antecedentes penales.
La ley de discapacidad y el dictamen de mayoría
Entre otras cosas, la diputada puso foco en el debate sobre la discapacidad, el endeudamiento familiar y la seguridad migratoria en una agenda que incluye una votación prevista para el 14 de octubre. La discusión reúne proyectos con impacto en prestaciones, créditos y controles de ingreso al país.
La funcionaria sostuvo que la iniciativa tuvo respaldo de bloques dialoguistas y de La Libertad Avanza. “Todos aquellos que creemos que una prórroga de la emergencia no tiene principalmente los resortes necesarios”, dijo. El peronismo no acompañó el dictamen, según señaló Banfi durante la entrevista.
La legisladora planteó que el proyecto busca reemplazar una nueva prórroga de la emergencia por una norma permanente. A su criterio, una emergencia fija un plazo y deja decisiones futuras en manos de otra gestión.
Banfi afirmó que la ley incorpora medidas que ya figuraban en la emergencia. Su propuesta apunta a que esas herramientas continúen vigentes después de diciembre de 2027. “Nosotros lo que buscamos es que queden de manera permanente”, explicó Banfi.
La diputada puso el foco en los prestadores que asisten a personas con discapacidad. “Un cronograma de pago” constituye el punto central del acuerdo, según sostuvo.
Indicó que los prestadores necesitan cobrar por los servicios que brindan a personas con discapacidad. Y afirmó que el texto actualiza sistemas que, según su descripción, quedaron afectados por la inflación del gobierno de Alberto Fernández.
La diputada señaló que el proyecto puede lograr una aprobación amplia en el Congreso. Dijo que una votación por unanimidad resultaría posible si el peronismo acompaña el trabajo con organizaciones del sector. “Viendo incluso el trabajo que se está haciendo con el colectivo de discapacidad”, planteó, “la posibilidad de que salga por unanimidad” sería “muy sano”.
Por otra parte, la legisladora aseguró que el Gobierno cambió su posición sobre discapacidad después de conflictos legislativos y presupuestarios. La diputada atribuyó ese giro a una actitud pragmática de la administración nacional.
Aclaró que esa interpretación corresponde a su mirada personal. Y vinculó el cambio con la llegada del Papa y la atención pública sobre el colectivo de discapacidad.
Banfi afirmó que el Gobierno entendió que una disputa prolongada con el sector no le dio resultados. Según su planteo, la administración nacional no cuenta con los votos necesarios para sostener esa confrontación.
“Es un sector extremadamente vulnerable”, dijo. También sostuvo que “generar una pelea, como viene haciéndolo durante dos años, no le sirvió para nada”.
La diputada sostuvo que la agenda de discapacidad reúne reclamos de organizaciones, instituciones religiosas y la Iglesia. Afirmó que ese escenario empujó al oficialismo a aceptar propuestas que antes no respaldaba.
Al mismo tiempo describió problemas internos en el Gobierno durante el diseño de proyectos legislativos. Algunas carteras, según precisó, elaboran iniciativas que luego llegan al Congreso con cambios no previstos.
La diputada citó como ejemplos la ley de lobby, la cuestión de soberanía y el capítulo de discapacidad dentro del presupuesto. De acuerdo con la legisladora, esas diferencias generan problemas posteriores en la comunicación política.
Banfi evitó centrar su crítica en la figura del Presidente. “Me importa más cuáles son los datos y cuáles son los registros”, afirmó al explicar su posición sobre las políticas públicas.
La legisladora sostuvo que los gobiernos deben ordenar las cuentas sin excluir a sectores vulnerables. “Cuando vos dejás estos sectores afuera, yo creo que el costo después que pagamos todos los argentinos es más caro”, dijo.
El endeudamiento familiar y los límites de una regulación
Entre otras cosas, la legisladora abordó el debate parlamentario sobre endeudamiento familiar y morosidad. La diputada cuestionó que la comisión tenga una fecha obligatoria para emitir dictamen.
Según explicó, el emplazamiento limita la posibilidad de discutir los proyectos con mayor profundidad. Banfi afirmó que el número de votos puede imponerse sobre el contenido de las propuestas.
Advirtió sobre los riesgos de intervenir en relaciones contractuales entre privados. Dijo que una regulación de tasas o topes puede afectar la oferta de crédito. “El problema no se resuelve siempre con una ley”, afirmó Banfi.
La diputada planteó que la Argentina necesita ampliar el acceso al crédito y mejorar la trayectoria financiera de quienes solicitan préstamos.
Sostuvo que muchas personas tienen una historia crediticia limitada. Según señaló, esa situación restringe sus posibilidades de acceder a nuevos préstamos y mejores condiciones financieras.
La diputada informó que los bloques dialoguistas trabajan en un proyecto propio. El texto buscaría incorporar mecanismos que ya funcionan en otros países para ampliar la oferta crediticia.
También recordó el debate sobre la anterior ley de alquileres. La legisladora afirmó que la norma alteró la oferta de viviendas y perjudicó a quienes necesitaban alquilar.
La diputada reconoció que votó aquella ley y luego impulsó su derogación. “Fue un error”, dijo al referirse a esa decisión parlamentaria.
Para cerrar, aseguró que el decreto 70 derogó la norma y modificó el mercado de alquileres. Afirmó que la baja de la inflación redujo algunas presiones, aunque los valores todavía no descendieron.
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POLITICA
Un intendente peronista del conurbano eximirá de tasas y les perdonará deudas a los mayores de 75 años
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray (Partido Justicialista), anunció que su municipio no les cobrará tasas y les condonará deudas a las personas mayores de 75 años, siempre y cuando perciban ingresos de hasta dos haberes jubilatorios mínimos y tengan una única vivienda. El jefe comunal afirmó que tomó la medida porque la situación económica “golpea de lleno a los adultos mayores”.
Gray impulsó una ordenanza que se aprobó por unanimidad en el Concejo Deliberante, en la que se establece que los mayores de 75 años, que perciban ingresos por hasta dos jubilaciones mínimas (el haber mínimo de octubre es de $435.748,51) y tengan una única vivienda quedarán exentos del pago de nueve tasas y de las deudas por otras tres imposiciones municipales.
Según informó la Municipalidad de Esteban Echeverría en un comunicado, los beneficiarios de la ordenanza quedarán exentos del pago de la Tasa por Servicios Generales; la Contribución Especial para Obras Públicas; la Contribución Especial por Servicios Complementarios de Salud y Seguridad; Derechos de Oficina; Patentes de Rodados; Carnet de Conducir; Derechos de Cementerio; Tasa por Servicios Asistenciales, y Derechos por Servicios de Tránsito y Transporte.
Además, “se condonarán las deudas que, en concepto de Tributo Municipal por la Propiedad, Patentes de Rodados y Derechos de Cementerio, más sus intereses, recargos, multas y gastos devengados, mantengan quienes integran el grupo beneficiario con el municipio de Esteban Echeverría y no hayan sido abonadas hasta la fecha de entrada en vigencia de la exención total impositiva anunciada”, se indicó en el comunicado municipal.
Para acceder al beneficio, que regirá desde el 1º de enero del año que viene, los mayores de 75 años del distrito deberán presentar una declaración jurada acompañada por la documentación pertinente.
“Frente a la difícil situación que atraviesa nuestro país, que golpea de lleno a los adultos mayores, desde el municipio decidimos dar una respuesta concreta para aliviar la carga impositiva de quienes más ayuda necesitan”, afirmó Gray al presentar su iniciativa en el Concejo Deliberante de Esteban Echeverría.
La intendencia subrayó en su comunicado que la canasta básica de un adulto, en agosto, llegó a $519.578 y que, además, “se suma el ajuste sobre organismos y prestaciones destinados a las personas mayores”. Entre esos puntos, se destacó “el desfinanciamiento de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y la eliminación de prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI)”.
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Procesaron a un exsocio de Martín Menem y a dos exinterventores de la obra social OSPRERA en una causa por presunta corrupción
El juez federal Sebastián Casanello procesó a Sergio Aguirre, exsocio del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a dos exinterventores que el Gobierno designó en la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA). La causa investiga presuntos contratos irregulares.
El magistrado los procesó por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta. También les trabó un embargo de $1000 millones.
OSPRERA es la obra social de los trabajadores rurales y el Gobierno la tiene intervenida desde 2024, en medio de un conflicto con el gremio UATRE.
La investigación se centra en la contratación de HTECH, una empresa de Aguirre que se creó en abril de 2024. Según la causa, la firma no tenía antecedentes, empleados ni facturación previa antes de trabajar para la obra social. HTECH le cobró a OSPRERA por servicios de consultoría informática, procesamiento de datos y desarrollo de software. Entre noviembre de 2024 y julio de 2025 recibió unos $266 millones.
Aguirre y Martín Menem fundaron juntos en 2018 la firma TR Nutrition SRL, que se dedica a importar y vender suplementos dietarios.
El contrato con HTECH lo firmó Virginia Montero, la primera interventora de OSPRERA. Su sucesor, Marcelo Petroni, lo renovó y lo amplió. Ambos estaban entre los citados a indagatoria en la causa. Además, la madre de Aguirre, María Casandra Mirabelli, era socia de HTECH y al mismo tiempo trabajaba como secretaria privada de Petroni.
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En julio, Casanello había citado a indagatoria a los imputados y había embargado bienes por 920 millones de pesos, entre ellos vehículos de alta gama. En su declaración, Montero justificó la contratación de la empresa. Aguirre, por su parte, negó haber participado en el proceso que terminó con el contrato de su firma y cuestionó que se filtraran datos de la causa.
A comienzos de septiembre, la Sala II de la Cámara Federal porteña anuló parte de la investigación. Los camaristas invalidaron el allanamiento al domicilio de Montero, el secuestro de su teléfono y las pruebas que se obtuvieron de ese aparato. También dejaron sin efecto los embargos sobre el patrimonio de los imputados. Sin embargo, la causa general siguió en marcha a cargo de Casanello, con la intervención del fiscal Guillermo Marijuán.
Martín Menem, Casanello, Justicia
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