Tras el intento fallido de uno de los acusados del caso $LIBRA, Mauricio Novelli, por obtener la nulidad judicial del contenido de su teléfono celular, su socio Manuel Terrones Godoy busca ahora bloquear otro eje de la pesquisa. Le reclamó al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que vuelva sobre sus propios pasos y no le solicite a Meta Platforms el contenido privado de seis cuentas de Instagram: dos propias y cuatro de otros acusados. Y el magistrado accedió de manera provisoria al pedido, al menos hasta escuchar la opinión de la Fiscalía y los querellantes.

Meta es la empresa detrás de Facebook, Instagram y WhatsApp.

Terrones Godoy procura así que los mensajes y documentos que él y otros acusados intercambiaron por esa plataforma no lleguen a la Justicia argentina. Para eso, sus abogados Nicolás Grimaldi y Tomás Briganti presentaron un recurso de reposición con apelación en subsidio de la orden que ya había dado el juez Martínez de Giorgi la semana pasada y pidieron la nulidad de esa orden por considerarla arbitraria, desproporcionada y violatoria de garantías constitucionales.

El recurso presentado contempla que, si es rechazado por el juez, sea tratado por una instancia superior.

El planteo de Terrones Godoy apunta contra la resolución del viernes 10, cuando el juez requirió a Meta el historial completo de conversaciones privadas y archivos multimedia de seis cuentas vinculadas a la investigación por el lanzamiento y colapso del criptoactivo $LIBRA.

Según los defensores, esa decisión carece de fundamentación suficiente y habilita una “intromisión irrestricta” en la vida privada de los imputados.

Martínez de Giorgi había requerido a Meta, en particular, “que proporcione la información de contenido, específicamente el historial de conversaciones privadas y los archivos multimedia” de cuentas que pertenecen a Terrones Godoy, al estadounidense Hayden Mark Davis y al “abrepuertas” de la Casa Rosada, Mauricio Novelli.

El requerimiento judicial también alcanzaba a una cuenta del otrora asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales, quien se presentó en al menos un evento durante 2024 como “coordinador de Asesoramiento Técnico de la Presidencia” y figuró como “asesor oficial” del presidente Javier Milei en el borrador de “acuerdo de asociación” que firmaron Milei y Davis.

El exhorto judicial ahora bajo la lupa también alcanzaba al CEO de la plataforma Cube Exchange, Bartosz Lipinski, quien firmó una carta de intención con el presidente Milei para desarrollar negocios en la Argentina, según confirmó la empresa a y admitió el hermano de Hayden Davis.

“No es un contrato en sí, pero la carta de intención está firmada y sellada por Javier Milei”, subrayó Gideon Davis en 2024, en un podcast que intentaron borrar tras el estallido del escándalo.

Pero ayer, y como consecuencia de la presentación de la defensa de Terrones Godoy, el juez dispuso suspender provisoriamente la ejecución de la medida que había ordenado a pedido del fiscal instructor, Eduardo Taiano. La suspendió, aclaró, hasta tanto se resuelva el planteo, y dio intervención a las partes para que se expidan sobre el recurso interpuesto.

La decisión del juez Martínez de Giorgi de acudir a Meta también había dividido las aguas entre las querellas y “amicus curiae” presentados en el expediente. Consideraban que la medida puede aportar evidencias adicionales sobre cómo fue el vínculo entre los acusados, pero también resultaba una forma de “patear la pelota afuera”.

“El fiscal tiene pedidos de indagatoria presentados para que cite a Novelli, a Terrones Godoy, a Morales, y antes a los hermanos Milei, pero dilata la investigación, y con este pedido podría retrasarla mucho más”, indicó uno de los letrados consultados, que ya mantuvo varios contrapuntos con la Fiscalía.

En su escrito, la defensa de Terrones Godoy sostuvo que el requerimiento del juez a Meta no fija límites temporales ni criterios de búsqueda, lo que —a su entender— lo convierte en una “orden en blanco”. Argumentó que esa amplitud impide controlar la pertinencia de la prueba y vulnera el derecho de defensa, ya que no delimita qué conversaciones serían relevantes para la causa ni en qué período deberían enmarcarse.

Los abogados también cuestionaron que el juez haya adoptado la medida sin una motivación autónoma, limitándose —según indicaron— a reproducir los argumentos del Ministerio Público Fiscal. Esa falta de fundamentación, sostuvieron, configura un vicio que torna nula la resolución, lo previsto en el Código Procesal Penal.

Otro de los ejes del planteo fue la presunta afectación del derecho a la intimidad. La defensa advirtió que el acceso al “historial completo” de las cuentas implicaría exponer comunicaciones ajenas al objeto de la investigación, protegidas por la Constitución Nacional. En ese sentido, señaló que una vez producida la intromisión, el daño sería irreparable, aun si la medida fuera posteriormente revocada.

El escrito también alertó sobre el riesgo de que la medida funcione como una “excursión de pesca”, es decir, una búsqueda indiscriminada de información en la expectativa de encontrar eventualmente elementos incriminantes. Según los letrados, ese tipo de prácticas resulta incompatible con los estándares constitucionales que exigen que las medidas de prueba sean concretas, delimitadas y proporcionales.

Además, los defensores hicieron referencia a antecedentes de filtraciones dentro del expediente, al señalar que ya se difundieron públicamente chats extraídos del celular de Novelli. A su criterio, ello refuerza el peligro de que una recolección masiva de datos privados derive en nuevas exposiciones mediáticas con impacto sobre la imagen y el honor de los imputados.

En paralelo, la defensa propuso alternativas menos invasivas, como la aplicación de filtros por palabras clave o la delimitación de períodos específicos, con el objetivo de acotar el acceso a la información estrictamente vinculada con los hechos investigados.

Ahora, la decisión sobre el alcance de esa medida quedó en suspenso. El juez deberá resolver si mantiene el requerimiento a Meta en los términos originales, lo modifica o lo deja sin efecto, en medio de una disputa que enfrenta las necesidades de la investigación con los límites que imponen las garantías constitucionales.