SOCIEDAD
Causa contra Alejandro Muszak: investigan 44 casos por presunta estafa que complica al CEO de Wenance

En un nuevo avance de la investigación sobre Wenance, la Justicia federal de San Isidro citó a indagatoria a Alejandro Muszak y Paola Andrea Vallone por otras 44 presuntas estafas, en el marco de una causa que ya acumula tramos elevados a juicio por cientos de denuncias de clientes e inversores. Según la acusación, la firma ofrecía préstamos a personas en situación financiera vulnerable y luego les debitaba montos superiores a los pactados o realizaba cobros que los damnificados consideraban injustificados.
La decisión fue adoptada por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, a partir de un requerimiento presentado en abril por el fiscal federal Federico Iuspa, titular de la Fiscalía Federal N°1 de esa jurisdicción. Las indagatorias fueron fijadas para el 17 de septiembre y alcanzan al presidente y socio mayoritario de la compañía, Alejandro Muszak, de 57 años, y a la directora Paola Andrea Vallone, de 60.
De acuerdo con la acusación fiscal, ambos habrían intervenido como coautores en 44 hechos de estafa reiterada. La hipótesis es que la operatoria se basaba en préstamos otorgados bajo condiciones poco claras, débitos por montos mayores a los convenidos y respuestas evasivas ante los reclamos de los afectados.

La investigación sostiene que las víctimas eran captadas mediante publicidad en sitios web y campañas digitales que ofrecían créditos rápidos y accesibles. Entre las plataformas mencionadas en el expediente aparecen Presto Hoy, Hola Mango y otros portales asociados al grupo. Una vez que los usuarios completaban formularios con sus datos, eran contactados por agentes de alguna de las firmas vinculadas al conglomerado.
Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, el siguiente paso consistía en solicitar los datos de la cuenta bancaria para instrumentar el débito automático de las cuotas. A partir de allí, la pesquisa detectó cobros por importes superiores a los convenidos o descuentos sin causa legítima, en ocasiones bajo distintas denominaciones societarias, lo que habría dificultado el rastreo de las maniobras y los intentos de frenar los débitos.
Uno de los puntos centrales del expediente es el perfil de los denunciantes. La fiscalía señaló que, en la mayoría de los casos, se trataba de personas de bajos ingresos, con historial crediticio deteriorado o sin posibilidad de acceder a préstamos bancarios tradicionales.

El expediente remarca además que la empresa contaba con una organización de gran escala, con expansión internacional y más de 200 empleados, una estructura que, siempre según la fiscalía, habría contribuido a reforzar la confianza de clientes e inversores. También describe un uso rotativo de razones sociales y marcas comerciales para ejecutar débitos y evitar que las víctimas pudieran bloquear con eficacia los descuentos indebidos. Ese mecanismo, según la acusación, no solo complicaba los reclamos, sino que además fragmentaba la identidad del cobrador y hacía menos visible la maniobra.
Por otra parte, la fiscalía mencionó 17 casos de personas que manifestaron no haber gestionado ningún préstamo, pero detectaron débitos en sus cuentas realizados por Wenance o por otras empresas vinculadas. Las víctimas señalaron que tomaron conocimiento de esos movimientos al contactar a la firma o a sus bancos. Según el expediente, esas denuncias presentan similitudes con otras 21 investigadas en una causa de 2024 que el fiscal pidió acumular.
Muszak y Vallone ya habían sido requeridos a juicio por tres hechos de estafa en la misma causa. Además, en junio pasado, la jueza elevó a juicio otro tramo del caso en el que se investigan 524 presuntas estafas y el delito de asociación ilícita. En ese expediente también fueron acusados Pedro Luis Viggiano, pareja de Vallone, y Rodolfo Cleto García.
Según la investigación, el grupo dejó de cumplir con sus obligaciones en julio de 2023, cuando las sociedades vinculadas a Wenance habrían entrado en cesación de pagos. Ese punto es considerado clave por los investigadores, que sostienen que no se trató de un problema comercial sobreviniente, sino de una maniobra montada desde el inicio.
En la etapa ya encaminada hacia juicio oral, el perjuicio económico atribuido a la maniobra fue estimado en 1.850 millones de pesos, 7 millones de dólares y 117.000 euros. A ese expediente principal se sumaron además tres nuevos hechos de estafa que otro tribunal resolvió remitir para su unificación con el proceso que tramita en la justicia federal.
SOCIEDAD
El fletero del horror: el oscuro caso de Horacio Quiroga y el barra descuartizado en Mataderos

Hay quien diría que este país se escribe sólo al leer esta historia: un hombre llamado Horacio Quiroga -como el célebre escritor de cuentos de terror, autor de cuentos como La gallina degollada– buscado por un descuartizamiento. Es así. No hay un gramo de ficción en esta línea.
El jueves 10 de septiembre, la División Homicidios de la Policía Federal arrestó a Mariano Horacio Quiroga al salir de un parador para personas en situación de calle de la zona de Constitución. El Tribunal Oral N°29 lo buscaba para llevarlo a juicio por el brutal crimen de Sebastián Balbuena González, alias “El Uruguayo”, barra de un club del Ascenso, baleado, castrado, y mutilado el 19 de abril de 2025 en un aguantadero de la calle Guaminí.
Sus restos, ya putrefactos, terminaron descartados tres días después en un tacho azul, de los que se usan para cargar productos químicos, a la vera de un paso a nivel en La Tablada, jurisdicción de La Matanza. Otros seis sospechosos habían sido acusados y detenidos el año anterior. Horacio Quiroga era el último en caer.
Hablar del “indigente descuartizador” parece una tentación editorial. Lo cierto es que, según la acusación en su contra, en un expediente minuciosamente investigado por el fiscal Diego Rulli de la UFI de Homicidios de La Matanza, Horacio Quiroga participó del crimen, pero no del corte, no de la mutilación. El cadáver fue llevado al paso a nivel de La Tablada en una camioneta Ford Transit vinculada una empresa de transportes.
Quiroga, de acuerdo a la imputación, trabajaba para esa empresa: habría sido el fletero al volante.
Para entender la dimensión del crimen de “El Uruguayo”, una trama sumida en la droga y el lumpenaje, primero hay que entender a sus jugadores, y el daño que sufrió el cadáver. Cristian Javier Fernández, alias “Pucho de Liniers”, Kevin Nahuel Andrada, sobrino de “Pucho”, Rodrigo Nicolas Hildt, Micaela Cuellas alias “La Pochi” y Gonzalo Sanchez Dimarco, alias “El Mexicano”, son los imputados detenidos hasta ahora, para los que la UFI de Homicidios matancera pidió la prisión preventiva y la incompetencia para que la Justicia porteña -ya que el crimen ocurrió en CABA- tome el caso.
Para el fiscal Rulli, fue una carnicería insensata. Los asesinos aumentar “en forma deliberada y cruel” el sufrimiento del “Uruguayo”, matándolo de manera perversa e innecesaria». Lo atacaron dormido, luego de que “La Pochi” lo acusara de abusar sexualmente de ella.

La carnicería de Mataderos
La autopsia indicó que, al “Uruguayo”, primero, todavía con vida, le amputaron dos dedos de la mano derecha. Más tarde, le dieron un tiro en la cabeza con una pistola calibre .22.
No contentos con balearlo en el cráneo y rebanarle los dedos, sus asesinos le dieron una paliza: con un palo, o un caño, “le propinaron múltiples golpes provocándole fractura nasal y del maxilar inferior, y fractura con hundimiento de cráneo frontoparietal izquierda, provocando así un daño neurológico severo”, afirma un reporte del caso. Ese daño, finalmente, le causó la muerte. Ya muerto, le cortaron el pene y la mano izquierda.
Días después, la banda movió el cadáver. “Pucho”, su sobrino y “El Mexicano” Dimarco se habrían encargado de semejante faena. Lo envolvieron en bolsas de corralón, cubriendo su cabeza con un trapo. La camioneta Transit, parte de una empresa, fue simple de ubicar: el nombre de la empresa, radicada en Ciudadela, estaba impreso en la carrocería. Era, básicamente, un chivo andante. Los transportistas del cadáver del barrabrava pedían a gritos que los encuentren.

Dos personajes declararon en el caso. Una fue “El Mexicano” Dimarco, que reconoció el hecho. El segundo fue el jefe de Quiroga en la fletera, que afirmó que le encomendó el viaje al detenido en Constitución.
Quiroga mismo también declaró al comienzo de la causa, sin ser detenido. Afirmó que cuatro hombres cargaron el tacho azul en la calle Guaminí, para descartarlo en La Tablada y luego regresar a Mataderos. La empresa de rastreo satelital que protegía a su camioneta confirmó el recorrido.
Su pedido de captura llegaría poco después. La imputación en su contra es la de encubrimiento agravado por ser el hecho precedente un delito especialmente grave, tal como definió el fiscal Rulli.
SOCIEDAD
Begoña Pérez, experta en limpieza: “Para limpiar el microondas, poné un recipiente con agua, 2 rodajas de limón y dejalo durante 3 minutos”

El microondas suele acumular restos de comida, grasa y suciedad en sus paredes. Si bien dejarlo limpio puede parecer complicado, la experta en limpieza Begoña Pérez reveló un truco sencillo para dejarlo como nuevo.
Explicó que lo único que se necesita es un recipiente con agua, dos rodajas de limón y un trapo. Al generar vapor dentro del electrodoméstico, la suciedad se ablanda y es mucho más fácil retirarla.
“Ponemos un recipiente con agua y un par de rodajas de limón. Lo ponemos tres minutos y se genera un vapor”, explicó Pérez en una entrevista con el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3.
Cómo limpiar el microondas con agua y 2 rodajas de limón
Para realizar este método, el paso a paso es muy sencillo: se comienza colocando agua en un recipiente apto para el microondas y se suman dos rodajas de limón. Una vez realizada la mezcla, se mete el recipiente en el aparato y se programa durante 3 minutos.
En ese tiempo, el agua se calienta y genera vapor, que se distribuye por las paredes del microondas. De acuerdo con la especialista, cuando finalizan los tres minutos es posible aprovechar la humedad para retirar la suciedad con facilidad.
TNS
SOCIEDAD
El gobierno porteño y el colectivo LGBTIQ+ llegaron a un acuerdo y confirmaron la fecha de la Marcha del Orgullo

La Marcha del Orgullo finalmente se realizará el 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, tal como estaba previsto, luego de que la Comisión Organizadora y el Gobierno porteño llegaran a un acuerdo que permite compatibilizar la movilización con el operativo montado para recibir al papa León XIV, cuya llegada al país está pautada para el día siguiente.
El desenlace llegó tras días de tensión pública entre ambas partes. La administración porteña había solicitado la reprogramación del evento argumentando que necesitaba disponer de la totalidad de sus fuerzas y servicios para el recibimiento de la comitiva vaticana (del 8 al 11 de noviembre), y había propuesto mover la marcha al 21 de noviembre con el compromiso de aportar la logística necesaria. Sin embargo, la Comisión Organizadora rechazó esa alternativa y la refutó en una carta dirigida al jefe de Gobierno, Jorge Macri.
“Junto al Gobierno de la Ciudad llevamos adelante un trabajo conjunto en el que ambas partes intercambiamos propuestas y alternativas. Gracias a esa capacidad de diálogo y acuerdo, encontramos una solución que permite compatibilizar la Marcha con el operativo previsto por la visita del Papa y garantizar las condiciones necesarias para su realización”, expresó la organización en su comunicado oficial.

Agregaron: “El diálogo, la organización y una voluntad política compartida demostraron que, trabajando juntos, era posible garantizar ambos acontecimientos sin resignar derechos”.
Minutos más tarde, el gobierno de la Ciudad expresó a través de un comunicado: “Desde el Gobierno de la Ciudad trabajamos junto a las organizaciones que integran la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo para encontrar una solución que permita realizarla y, al mismo tiempo, llevar adelante el operativo previsto por la visita del Papa. El diálogo, la coordinación y la buena voluntad de todos hicieron posible este acuerdo. Vamos a trabajar para que ambos acontecimientos se desarrollen en las condiciones necesarias”.

La movilización recorrerá, como es habitual, el centro porteño, con lugares como el Obelisco, el Congreso y la Avenida de Mayo como parte del trayecto previsto, y se espera una convocatoria de la misma escala que en ediciones anteriores.
Días atrás, la situación parecía encaminarse en otro sentido. Macri había confirmado un acuerdo para posponer la fecha. “El año pasado ellos mismos la pospusieron también, con lo cual no es una fecha que está escrita en piedra”, planteó. El mandatario recordó que la convocatoria había sido reprogramada en 2025 por la realización de otro evento. Finalmente, la solución fue mantener la fecha del 7 de noviembre.

El argumento central que los organizadores habían esgrimido contra la reprogramación era la escala federal del evento. La marcha convoca alrededor de dos millones de personas en sus ediciones recientes, muchas de ellas provenientes de distintas provincias y del exterior, con pasajes comprados, alojamientos reservados y logística coordinada con meses de anticipación. “Cambiar su fecha no significa mover una actividad en una agenda: significa alterar una organización federal ya desplegada, compromisos asumidos desde hace meses y decisiones concretas tomadas por miles de personas para poder participar”, sostenía el documento enviado a Macri.
A eso se sumaba un efecto en cadena que la Comisión Organizadora también puso sobre la mesa: las decenas de marchas del orgullo que se realizan en el interior del país definen su cronograma a partir de la fecha de la marcha nacional, de modo que cualquier modificación hubiera impactado en toda esa red de movilizaciones locales. Artistas, sindicatos, organizaciones sociales y delegaciones de todo el país también habían planificado su participación durante meses, lo que volvía inviable cualquier cambio de último momento.
Otro punto que los organizadores habían dejado en claro era que el pedido de suspensión no provenía ni del Gobierno Nacional ni del Vaticano. Según afirmaban, distintas fuentes vinculadas a la Santa Sede habían confirmado que no existía ningún requerimiento en ese sentido desde Roma, y que la solicitud era de origen exclusivamente porteño.
En la misma carta, la organización también cuestionó la advertencia que había recibido: que si la marcha se mantenía en la fecha original, la ciudad “no podrá acompañar” su realización. Ese acompañamiento, aclaraban, incluye escenario, baños, ambulancias y dispositivos logísticos sin los cuales un evento de esa magnitud no puede funcionar. Condicionar esos recursos a un cambio de fecha resultaba, a su juicio, contradictorio con el propio argumento de la seguridad que esgrimía la administración.
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