El Gobierno fija un cronograma para avanzar con la reforma electoral y apunta a lograr media sanción en el Senado durante agosto. En la Casa Rosada aceleran las negociaciones con gobernadores y aliados tras la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete, pero en distintos despachos oficiales reconocen que todavía faltan cerrar adhesiones de algunos mandatarios provinciales.

La reforma electoral será uno de los temas centrales de la próxima reunión de la mesa política, que el Gobierno prepara para la semana que viene. Será el primer encuentro formal de ese esquema con Santilli como jefe de Gabinete, tras la salida de Manuel Adorni, y volverá a estar encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En Balcarce 50 aseguran que tienen “el 70%” de la reforma cerrada, aunque remarcan que la decisión política es no tratarla por partes. La Casa Rosada quiere evitar que el Congreso avance sólo con los capítulos menos conflictivos y deje para más adelante la discusión central: la eliminación o suspensión de las PASO.

“La traba está en las PASO”, insisten en Nación. El oficialismo mantiene como objetivo de máxima la eliminación definitiva de las primarias, pero admite que la suspensión por un año aparece como la variante con más margen de negociación entre gobernadores y bloques dialoguistas. En el Senado, Patricia Bullrich ya había transmitido que los números no alcanzan para una derogación total.

El Gobierno busca que la reforma electoral obtenga media sanción en agosto. Para eso, Santilli deberá acelerar conversaciones con mandatarios provinciales, senadores aliados y bloques dialoguistas. En la Casa Rosada consideran que Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro están “adentro” de la negociación, aunque en varios despachos oficiales aceptan que todavía hay gobernadores que piden cambios antes de comprometer su apoyo.

La discusión con las provincias no se limita a las PASO. También aparecen reclamos por fondos, obras, coparticipación, transporte y margen de competencia electoral en cada distrito. En Balcarce 50 entienden que la reforma electoral se cruzará inevitablemente con el armado de 2027: qué candidatos pondrá La Libertad Avanza, dónde jugará fuerte y en qué provincias buscará no romper los puentes con los mandatarios.

Una de las alternativas que evalúa el Gobierno es habilitar un sistema de listas compartidas en las elecciones generales, adaptado al esquema de Boleta Única de Papel. En Balcarce 50 lo presentan como una herramienta para ordenar a aliados sin PASO: distintas listas legislativas podrían competir bajo la candidatura presidencial de Javier Milei, de forma que diputados de La Libertad Avanza y de otros espacios aliados disputen votos dentro de una misma oferta nacional.

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En el oficialismo evitan definirlo como una colectora tradicional, pero reconocen que el mecanismo funcionaría con una lógica similar. La idea es que Milei pueda encabezar la boleta nacional y que, en determinados distritos, se habiliten nóminas legislativas complementarias de aliados, como sectores de la UCR, el PRO o partidos provinciales. La definición dependería de cada provincia, del peso territorial de cada socio y de quién tenga mejores condiciones electorales.

El objetivo político es doble: ofrecerles a los aliados un incentivo para acompañar la eliminación o suspensión de las PASO y evitar que las provincias desdoblen sus elecciones para preservar sus armados locales. En la Casa Rosada creen que un esquema de listas compartidas podría contener a sectores radicales y del PRO que hoy rechazan quedarse sin primarias como mecanismo ordenador de candidaturas.

El Gobierno está dispuesto a hacer concesiones también en el capítulo de financiamiento público de los partidos durante las campañas electorales. En el borrador original, el Ejecutivo planteaba una reducción fuerte de esos aportes. Ahora, en la Casa Rosada admiten que podrían moderar esa baja para acercar posiciones con aliados. “En vez de reducirlo fuerte, podemos bajarlo un 80%”, explican en Nación.

Ese punto forma parte de la negociación más amplia. La reforma mantiene el aporte público anual para el funcionamiento de los partidos, pero busca reordenar el régimen de financiamiento de campaña, endurecer controles sobre aportes, publicidad y rendiciones, y reducir el peso del Estado en la estructura electoral. En el oficialismo creen que ese capítulo puede ser ajustado sin afectar el corazón político del proyecto.

La reforma también incluye cambios en la vida interna de los partidos políticos. El texto eleva las exigencias de territorialidad para constituir partidos nacionales, aumenta requisitos de afiliación, incorpora herramientas digitales y mecanismos de autenticación biométrica para respaldar afiliaciones y postulaciones, y fija causales más duras de caducidad para fuerzas que no alcancen mínimos electorales.

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Otro capítulo sensible es el de la Boleta Única de Papel. El Ejecutivo impulsa incorporar un casillero para votar lista completa con una sola marca, bajo el argumento de que la primera implementación del sistema generó confusiones entre categorías. Ese punto también podría abrir discusiones con aliados que advierten sobre el impacto práctico de modificar nuevamente las reglas electorales.

En el Gobierno insisten en que no quieren separar esos capítulos. La definición es tratar la reforma como un paquete integral, aunque eso obligue a sostener negociaciones más largas. La Casa Rosada teme que, si acepta votar por partes, el Congreso avance con los cambios de consenso y deje trabado el punto que más le interesa al oficialismo: las PASO.

La estrategia legislativa se concentrará en el Senado. En Balcarce 50 no prevén convocar a una sesión en Diputados durante julio y buscan focalizar todo en la Cámara alta, donde ya hay varios proyectos en tratamiento. Además de la reforma electoral, el oficialismo quiere mover el paquete de propiedad privada, el régimen de Zona Fría, pliegos judiciales y otras iniciativas que quedaron pendientes por la crisis política que generó el caso Adorni.

Gobierno, reforma electoral

Ramiro Anzit Guerrero, abogado argentino con trayectoria en organismos policiales internacionales, fue propuesto por Argentina como candidato a integrar la Comisión para el Control de los Archivos de INTERPOL (CCF). Su nombre figura en la lista de postulantes elegibles -es el único latinoamericano- aprobada por el Comité Ejecutivo de la organización durante su 229.ª sesión, celebrada el 24 y 25 de junio de 2026.

La elección de los siete miembros que integrarán la CCF tendrá lugar en la 94.ª sesión de la Asamblea General de INTERPOL, programada en Hong Kong, China, entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre de 2026. Los cargos quedarán formalmente vacantes el 11 de marzo de 2027, cuando expire el mandato de los miembros actuales.

Anzit Guerrero compite por uno de los puestos en la categoría. Su postulación es una de las 20 candidaturas presentadas por países miembros de la organización, provenientes de naciones como Francia, Reino Unido, India, Turquía, Ucrania, Países Bajos y Namibia, entre otros. De los 20, solo serán seleccionados siete.

El perfil académico y profesional del candidato argentino abarca múltiples jurisdicciones y disciplinas. Anzit Guerrero es doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales, y cuenta con un magíster en Estudios Estratégicos obtenido en el Instituto Universitario Naval. En la Universidad Tecnológica Nacional cursó la especialización en Seguridad Internacional y Servicios de Inteligencia, y amplió su formación en España, Estados Unidos, Taiwán e Israel.

Hasta su designación como Director Nacional de Inteligencia Criminal de Argentina —cargo al que accedió en marzo de 2025 por decisión de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich—, Anzit Guerrero se desempeñaba como oficial de Inteligencia Criminal de la Secretaría General de INTERPOL, con sede en Lyon, Francia. En ese rol, tenía a su cargo las actividades de la agencia en Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, de acuerdo con lo publicado por Infobae.

Su vinculación con redes académicas internacionales del campo criminológico complementa esa trayectoria operativa. Integra la British Society of Criminology, la Australian and New Zealand Society of Criminology, la South Asian Society of Criminology and Victimology de India, la Pakistan Society of Criminology y el Instituto de Ciências Penais de Minas Gerais, Brasil.

La CCF es el órgano independiente de INTERPOL encargado de supervisar el procesamiento de datos personales en los archivos de la organización y de garantizar que dicho tratamiento se ajuste a las normas internas. Sus miembros son elegidos por la Asamblea General y ejercen sus funciones con plena autonomía respecto de los países que los proponen.

Según las reglas electorales publicadas por INTERPOL, cada país miembro puede presentar a una misma persona para varios cargos, siempre que reúna los requisitos de cada uno. Si un candidato resulta electo para uno de los puestos, su nombre se retira automáticamente de las demás categorías en que competía. Del mismo modo, si un Estado tiene más de un candidato y uno de ellos es elegido, los restantes quedan excluidos de la contienda por los cargos vacantes.

Los miembros que accedan a la CCF por primera vez cumplirán un mandato de cinco años, mientras que quienes sean reelegidos ejercerán por tres años adicionales. Entre los 20 postulantes figuran cinco integrantes en ejercicio que buscan renovar su lugar en el organismo: Hamza Es Said, de Marruecos; Michel Forst, de Francia; Mohamed Kamara, del Líbano; Teresa McHenry, de Estados Unidos; y Mohamed Elfadhel Miled, de Túnez.

Lista de 20 candidatos:

Sr. Ramiro ANZIT GUERRERO (Argentina)• Abogado con reconocida experiencia internacional en asuntos policiales, en particular cooperación policial internacional• Abogado con experiencia en derecho penal internacional

Sr. Givi BAGDAVADZE (Georgia)• Abogado que ocupa o ha ocupado un cargo judicial o fiscal de alto nivel, preferiblemente con experiencia en cooperación judicial internacional.

Sr. Dominique BAYA (Camerún)• Abogado con reconocida experiencia internacional en asuntos policiales, en particular en cooperación policial internacional.

Sr. Stefano BETTI (Italia)• Abogado con experiencia en derecho penal internacional

Sra. Maria-Elena Piera Enrica CICCOLINI (Italia)• Miembro con experiencia en protección de datos

Sr. Hamza ES SAID – miembro actual (Marruecos)• Abogado que ocupe o haya ocupado un cargo judicial o fiscal de alto nivel, preferiblemente con experiencia en cooperación judicial internacional.

Sr. Michel FORST – miembro actual (Francia)• Abogado con experiencia en derechos humanos

Sr. Ben HAYES (Reino Unido)• Miembro experto en protección de datos• Miembro experto en procesamiento electrónico de datos• Abogado experto en protección de datos

Sr. Mohamed KAMARA – miembro actual (Líbano)• Abogado con experiencia en protección de datos • Abogado con reconocida experiencia internacional en asuntos policiales, en particular en cooperación policial internacional • Abogado con experiencia en derecho penal internacional

Sr. Vitalii KASAP (Ucrania)• Miembro con experiencia en procesamiento electrónico de datos• Abogado con experiencia en protección de datos• Abogado con reconocida experiencia internacional en asuntos policiales, en particular en cooperación policial internacional

Sr. Lilungwe Theophilus MAYUMBELO (Namibia)• Abogado con reconocida experiencia internacional en asuntos policiales, en particular en cooperación policial internacional.

Sra. Teresa McHENRY – miembro actual (Estados Unidos)• Abogada con experiencia en derecho penal internacional • Abogada con experiencia en derechos humanos• Abogada que ocupa o ha ocupado un cargo judicial o fiscal de alto nivel, preferiblemente con experiencia en cooperación judicial internacional

Sr. Mohamed Elfadhel MILED – miembro actual (Túnez)• Miembro con experiencia en procesamiento electrónico de datos

Sra. Alejandra NEGRETE MORAYTA (México)• Abogada con experiencia en derechos humanos

Sra. Tania NEIRA (Finlandia)• Abogada con reconocida experiencia internacional en asuntos policiales, en particular en cooperación policial internacional• Abogada con experiencia en derecho penal internacional

Sra. Padmini SINGH (India)• Abogada que ocupa o ha ocupado un cargo judicial o fiscal de alto nivel, preferiblemente con experiencia en cooperación judicial internacional.

Sr. Murat ŞEN (Turquía)• Abogado que ocupa o ha ocupado un cargo judicial o fiscal de alto nivel, preferiblemente con experiencia en cooperación judicial internacional.

Sra. Tetiana USTYMENKO (Ucrania)• Abogada con experiencia en derechos humanos

Sra. Elisabeth VOS (Países Bajos)• Abogada con reconocida experiencia internacional en asuntos policiales, en particular en cooperación policial internacional• Abogada con experiencia en derecho penal internacional• Abogada que ocupa o ha ocupado un cargo judicial o fiscal de alto nivel, preferiblemente con experiencia en cooperación judicial internacional

Sra. Amanda WESTON (Reino Unido)• Abogada con experiencia en derechos humanos

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El Gobierno argentino abrió un concurso nacional e internacional para seleccionar uno o más socios estratégicos privados que trabajen junto a Fabricaciones Militares. El anuncio, publicado en el Boletín Oficial, establece que el Estado no venderá activos ni realizará privatización accionaria.

Fabricaciones Militares aportará sus plantas y capacidades, mientras que el socio privado deberá invertir, gestionar y aportar mercados. La participación privada no podrá ser menor al 51%, mientras que el Estado retendrá el 49%. El nuevo modelo busca incrementar la productividad y responder a la demanda local e internacional de insumos estratégicos.

La iniciativa tiene como objetivo reactivar la industria de defensa en Argentina y atraer inversiones por cifras millonarias. La convocatoria establece la división del negocio en cuatro áreas: químicos, explosivos, defensa y metalmecánica. Las inversiones mínimas requeridas varían según el rubro y la planta involucrada. El Estado cobra un canon anual y define condiciones estrictas para los oferentes, quienes deben acreditar experiencia en el sector y solvencia económica.

La decisión representa un cambio respecto a la idea de privatización total que se discutió en el pasado. El Gobierno modifica así su enfoque hacia Fabricaciones Militares, orientándose a buscar alianzas internacionales y fortalecer la producción nacional con participación privada relevante.

Nuevo esquema de asociación público-privada y áreas estratégicas

Andrei Serbin Pont, analista especializado en temas de defensa, explicó en Infobae en Vivo que la propuesta se diferencia de una privatización, ya que la empresa estatal mantiene el control del 49% y los activos. El privado aporta la inversión, la gestión y los canales comerciales. Fabricaciones Militares, bajo este esquema, se orienta a recuperar la capacidad productiva que perdió en las últimas décadas.

El modelo define cuatro áreas de negocio principales. El primer rubro incluye químicos básicos, como ácido sulfúrico, ácido nítrico y nitrato de amonio en solución. El objetivo es reducir la dependencia de fertilizantes importados, un problema que se agravó tras la guerra en Ucrania y que llevó a otros países de la región, como Brasil, a buscar soluciones similares.

La segunda área corresponde a explosivos y energéticos, que abarca pólvoras, explosivos industriales y TNT. Estos productos resultan claves para el sector minero y de defensa. El plan prevé una inversión mínima de 70 millones de dólares en las plantas de Villa María, en Córdoba, y Azul, en Buenos Aires, buscando ampliar la producción y abastecer tanto la demanda interna como la de potenciales mercados externos.

Defensa, metalmecánica y requisitos para participar

El área de defensa contempla la producción de municiones de bajo y alto calibre, armamento y chalecos balísticos. La planta de Fray Luis Beltrán, en Santa Fe, recibirá una inversión mínima de 40 millones de dólares para reactivar su capacidad. Las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y las policías provinciales constituyen los principales clientes de esta línea de productos. Según Andrei Serbin Pont, la demanda local supera la capacidad actual, por lo que Argentina importa municiones para cubrir el déficit.

El cuarto eje abarca la metalmecánica, incluyendo material rodante, cañones, envueltas y vainas. La planta de Río Tercero, en Córdoba, es la elegida para esta inversión. Serbin Pont destacó la mención específica de cañones como un diferencial, dado que la capacidad para fabricarlos escasea a nivel global.

Los interesados en participar del concurso deben acreditar al menos quince años de experiencia en operaciones similares y cumplir con requisitos estrictos de solvencia. Solo para acceder a la documentación técnica se exige un pago de treinta mil dólares, mientras que la garantía para competir asciende a dos millones de dólares. Estos filtros buscan evitar propuestas especulativas y asegurar la idoneidad de los futuros socios.

Interés internacional y contexto geopolítico

En los últimos años, surgieron rumores sobre empresas extranjeras interesadas en asociarse con Fabricaciones Militares. Según Serbin Pont, dos compañías, una de la República Checa y otra de Alemania, manifestaron su intención de invertir y ampliar la capacidad productiva en el ámbito militar. Ambos países buscan expandir su industria de defensa y ven en Argentina una oportunidad estratégica.

El contexto internacional, marcado por la guerra en Ucrania y la escasez de insumos militares, generó una demanda creciente y un alza de precios. Esta situación motivó al Gobierno argentino a buscar socios que aporten tecnología, inversiones y acceso a mercados globales. El nuevo esquema apunta a satisfacer la demanda interna y, eventualmente, a exportar productos con valor agregado.

Además, la presencia de un socio internacional permitiría reducir los costos de adquisición de insumos para el Estado argentino, que enfrenta precios elevados en el mercado global. La participación de empresas con experiencia y capacidad comprobada refuerza el objetivo de transformar a Fabricaciones Militares en una compañía competitiva, capaz de generar réditos económicos y asegurar el abastecimiento estratégico.

Antecedentes, desafíos y expectativas futuras

Fabricaciones Militares atravesó años de desorden y falta de inversión. Según testimonios recogidos por Serbin Pont, la empresa llegó a acumular depósitos con armas sin ensamblar y sufrió un deterioro en su capacidad de gestión. En su historia, la compañía logró producir bienes que no existían en el resto de la región, pero la falta de modernización tecnológica y recursos frenó su desarrollo.

La decisión de abrir el capital a socios privados marca un primer paso hacia la recuperación de esa capacidad industrial. El proceso se encuentra en una etapa inicial y resta definir qué empresas avanzarán en las negociaciones. El Gobierno apuesta a reactivar la producción, captar inversiones y fortalecer el rol estratégico de Fabricaciones Militares, en línea con las necesidades del país y las tendencias del mercado global.

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