POLITICA
Dictaron una nueva prisión preventiva para Cerimedo por presunto enriquecimiento ilícito
La Justicia de Bolivia determinó este sábado una nueva prisión preventiva para Fernando Cerimedo por presunto enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. La detención es por seis meses en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, determinaron medios locales.
La decisión se asumió durante la audiencia cautelar que se realizó de forma virtual, y donde Cerimedo habló por primera vez desde la cárcel de Parmasola, en Santa Cruz. Allí permanece recluido en prisión preventiva tras la imputación por el intento de femicidio sobre su pareja, Nadia Beller.
Con una voz quebrada, el exasesor del presidente Javier Milei habló de sus ingresos y apuntó contra el vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, quien le había pedido que deje de encubrir al mandatario boliviano Rodrigo Paz.
Lara había confirmado que Cerimedo era “asesor personal” de Rodrigo Paz, le exigió que no lo encubra y lo apuntó como “principal sospechoso” por el intento de asesinato sobre Beller. Fue la primera voz del gobierno local en hablar de su caso.
En tanto, el exasesor de Milei negó las declaraciones del funcionario. “Es otra mentira más que cometió el vicepresidente, que me extraña mucho que esté presente para amedrentar e influir sobre decisiones por una cuestión personal que tiene conmigo, porque cree que su fracaso en la gestión tiene que ver con decisiones que yo no tomé”, señaló, en un video difundido por el medio local Gigavisión.
Cerimedo negó los dichos de Lara, quien habría señalado que el asesor participó en reuniones de gabinete y dio instrucciones a ministros. “Algo que es completamente falso”, planteó. “Si él no participaba, no tuve nada que ver con eso. Eso tiene que ver con esta asociación que quieren hacer de una supuesta influencia mía en el gobierno”, sumó.
Luego, reflexionó sobre las imputaciones que pesan en su contra, sus ingresos, y habló de su inocencia con la voz quebrada. “¿Qué mensaje le estamos dando al mundo? Usted [dirigiéndose al juez], por uso y costumbre, va a decidir una prisión preventiva o domiciliaria a alguien que trajo dinero al país. Puede ser y, según lo expresó el Ministerio Público, que no eran canales correspondientes. Tal vez. Y eso tal vez aplica a una multa, que estaría dispuesto a afrontar», señaló.
Y agregó en su defensa: “Estratégicamente me convenía estar acá, porque tengo clientes en todo el mundo, pero especialmente en América Latina. Y parte del dinero que encontraron era para alquilar una oficina, comprar muebles, y por supuesto que usaba mis tarjetas de afuera para pagar porque no tengo cuenta bancaria en Bolivia. Podría tenerla, pero no lo hice porque siempre me manejé bien con las tarjetas de Estados Unidos y Argentina”.
Sostuvo que no es “atípico” hacer esos movimientos para “establecerse”. En su primera declaración formal ante los investigadores que lo indagan en Bolivia, el exasesor de Milei declaró que acumuló ingresos por US$1 millón por mes durante 2025 y 2026, y que asesora a políticos de distintos países con las empresas que montó en la Argentina y Estados Unidos. Aun así, durante la audiencia, pidió que se corrija, ya que sus ingresos serían presuntamente de “US$1 millón por año”.
“Estamos hablando de una persona que se establece legamente, que quiere invertir, y es metido preso, simplemente porque tengo un vínculo, una cercanía, con gente del Gobierno”, reclamó.
Asimismo, negó ser una persona con “gran influencia”, pero sostuvo que sí le “pidieron consejos”. “Por supuesto. Hace 15 años trabajo en esto. Trabajé en la campaña de Milei, Azzura, Paz, Bolsonaro, en muchos lugares. Pero no me va a encontrar recibiendo dinero o haciéndole un favor a alguien”, añadió. Sin embargo, aseguró que muchas personas pensaban que tenían que hablar con él para “llegar al presidente” Paz.
En un momento de mayor vulnerabilidad, Cerimedo se quebró y, entre lágrimas, pidió terminar con el proceso judicial: “Mi familia está desprotegida. No me voy a fugar, quiero terminar este proceso porque me arruinaron la vida. Reputacionalmente me arruinaron la vida. Quiero que esto se aclare”.
También señaló que pidió no recibir visitas. “No quiero estar en contacto con nadie. No puedo hablar ni siquiera con mis hijos. No quiero obstaculizar nada”, detalló.
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POLITICA
El Gobierno convocará a una mega sesión en Diputados para frenar la avanzada opositora por el DNU 70
El Gobierno completará el giro que insinuó días atrás respecto a la Ley de Tierras y el DNU 70. Según confirmaron a Infobae desde La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, el oficialismo convocará a una mega sesión para el 21 de octubre que incluirá, entre otros temas, la derogación del artículo 152 que permitía la venta sin límites de tierra argentina a extranjeros para dejar vigente el tope del 15% que dispuso la norma del kirchnerismo. Así, la Casa Rosada cede ante un tema sensible, pero también desactiva la sesión que la oposición tenía planeada para el 15 de octubre, que podía resultar incómoda.
Los otros temas que incluirá en la sesión serán un nuevo proyecto sobre discapacidad, uno de morosidad -incluirá educación financiera- y quieren que se debata también la cuestión Malvinas. “La sesión más larga de la historia. 22 horas mínimo”, dijo, exultante, un alto miembro libertario.
El oficialismo convocó para el miércoles 14, un día antes de la sesión opositora, a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para comenzar con el tratamiento de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado. Allí los libertarios prevén sumar un capítulo sobre extranjerización de la tierra.
La estrategia apunta a ofrecer una alternativa a los diputados del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y los partidos provinciales, que cuestionan la eliminación de los límites para la adquisición de campos por parte de capitales extranjeros, aunque rechazan una derogación completa del mega DNU 70/23.
El mega decreto eliminó una amplia gama de regulaciones sobre el comercio, el transporte, el mercado laboral, el sector de salud y el sector inmobiliario, entre otros. Por ejemplo, derogó las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberó las tasas bancarias y las cuotas de las prepagas; y desreguló el mercado aéreo y la venta de tierras. Justamente por la cantidad de sectores afectados, desde el oficialismo advirtieron que la derogación total del DNU 70 generará un caos administrativo y procesal.
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POLITICA
El Gobierno celebró el fallo de la Corte porque considera que debilita el avance opositor en el Congreso
Voceros del Gobierno nacional admitieron sentir “alivio” por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dictó este viernes una medida cautelar interina que pone nuevamente en vigencia las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros previstas en la ley de tierras. Lo hizo de urgencia, con dos conjueces y con un fallo dividido, que incluyó una dura disidencia de Carlos Rosenkrantz.
En Balcarce 50 aseguraron que el fallo “descomprime” la amenaza de la oposición de avanzar el jueves próximo con una sesión en la Cámara de Diputados para voltear el DNU 70/23 (no solo el artículo 154). Esta iniciativa legislativa, orquestada por el PJ, la izquierda y un puñado de aliados del oficialismo, nació como reacción a la sentencia anterior del tribunal.
“Nos descomprime y quita foco y presión sobre el intento de sesión la semana que viene”, admitieron hoy fuentes de la Casa Rosada.
En la práctica, la Corte revirtió así los efectos que tuvo su propio fallo del martes de la semana pasada, cuando, invocando un motivo procesal, revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que en 2024 había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto 70/2023, de Javier Milei, que deroga entera la ley de tierras.
Ese fallo de la Corte, sorpresivo, en una causa que tenía para resolver desde hacía más de dos años, motivó muchas críticas, una inusual aclaración pública del tribunal. Con este nuevo fallo, la Corte ayudó al Gobierno a desactivar el desafío opositor.
Además de ese punto, en el Gobierno consideraron que la decisión de la Corte “deja totalmente zanjado un tema que ya estaba zanjado” en relación a la discusión que el Gobierno dio y perdió en el Congreso alrededor de la ley de tierras, en el que terminó quedando afuera de la discusión el capítulo que tenía que ver con la venta de tierras a extranjeros.
“Habíamos perdido esa batalla y quisimos dar vuelta de página. Esto va en ese sentido”, completaron en reserva las fuentes oficiales.
La discusión por la ley de tierras fue una de las que ameritó una suerte de autocrítica en la mesa política, que se reúne todos los martes en Casa Rosada.
En el Gobierno interpretaron que el fallo de la Corte podría complicar al peronismo en su intento de unificarse ante el año electoral. “Ellos [por el PJ] estaban jugando para voltear el decreto 70/23”, dijeron los voceros oficiales.
En la Casa Rosada descartaron “taxativamente” que hayan existido contactos con los jueces de la Corte por parte del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
En la Corte hablaron de un “buen diálogo institucional con el Gobierno”, pero tampoco admitieron eventuales diálogos previos. “Venimos de un pedido de juicio político y ataque sistemático del exministro Martín Soria y del expresidente Alberto Fernández”, marcaron diferencias un vocero del máximo tribunal.
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POLITICA
El fallo de la Corte sobre la Ley de Tierras descomprimió las tensiones entre el Gobierno y sus aliados y podría cambiar la agenda legislativa
La Corte Suprema le dio un salvavidas político al Gobierno al restablecer, de manera provisoria, las restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros. La decisión llegó cuando el oficialismo enfrentaba la posibilidad de que sus aliados habituales acompañaran a la oposición en el Congreso para recuperar esos límites.
El problema para la Casa Rosada estaba en el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras. Con esa disposición, quedaron eliminadas las restricciones específicas que la norma establecía para la adquisición de campos por parte de extranjeros.
Ese aspecto de la política libertaria no convencía al PRO, a la Unión Cívica Radical y a otros sectores que suelen votar con el Gobierno. Los aliados estaban dispuestos a dar quórum en la sesión convocada por la oposición para la semana próxima, con el objetivo de avanzar contra la derogación y restablecer límites a esas operaciones.
La amenaza había obligado al oficialismo a preparar una respuesta. La estrategia consistía en avanzar con una norma que recuperara ciertas restricciones y permitiera acercar posiciones con los bloques dialoguistas. Martín Menem, el presidente de la Cámara Baja, estaba dispuesto a ceder para evitar que esa diferencia terminara en una nueva derrota parlamentaria.
Ahora, la Corte le simplificó el trabajo. Con una medida cautelar interina, suspendió los efectos del artículo que derogaba la ley y repuso sus restricciones. La resolución tiene carácter provisional: no constituye una definición de fondo sobre la constitucionalidad de la derogación.
Sin embargo, su efecto político es inmediato. El Gobierno encuentra una salida para una discusión que amenazaba con dividirlo de sus aliados y facilitarle a la oposición los votos necesarios para avanzar en el recinto.
Una salida para concentrarse en la eliminación de las PASO
La prioridad de la Casa Rosada es evitar quedar trabada en este tipo de controversias. La compra de tierras por extranjeros era uno de esos frentes; la discapacidad es otro asunto en el que el oficialismo también está dispuesto a hacer concesiones.
El objetivo central del Gobierno es avanzar con la derogación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Para eso, necesita ordenar su relación con los aliados y reducir las discusiones que consumen su margen de negociación parlamentaria.
En ese escenario, el fallo descomprime el conflicto por las tierras. La restitución provisoria de las restricciones atiende el punto que preocupaba a los dialoguistas y reduce la presión sobre el oficialismo para ofrecer una solución legislativa inmediata.
Los votos de la Corte y la lectura política sobre Mahiques
La decisión se tomó por cuatro votos contra uno. La mayoría estuvo integrada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia. El expediente fue enviado al juzgado federal de Bariloche para que continúe su trámite.
Según pudo saber TN, Rosenkrantz diferenció la situación de la asociación ambiental demandante de la del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM), pero consideró que la Corte no estaba habilitada para disponer una cautelar, aunque fuera transitoria. Su posición era remitir la causa a Bariloche sin establecer una protección mientras se tramitaba el reclamo. En la práctica, esa alternativa habría mantenido operativa la derogación de la Ley de Tierras.
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