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POLITICA

La CGT acusó al Gobierno de buscar “un show” en el Consejo del Salario Mínimo

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La CGT, las CTA y el Gobierno quedaron enredados en un nuevo conflicto luego de la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que define el sueldo mínimo en todo el país. Las centrales pegaron el portazo y vaciaron esa instancia, ante la negativa del Poder Ejecutivo de realizar el encuentro de forma presencial y la intención de fijar un nuevo ingreso lejos de las pretensiones del sindicalismo.

El salario mínimo está hoy en $376.600, luego de haber sido fijado por decreto en noviembre de 2025. Las tres centrales obreras habían llegado a una propuesta unificada: incrementarlo a $911.000 de manera inmediata y a $993 mil en diciembre. Sin embargo, decidieron de antemano no asistir, porque sabían cuál sería el resultado del encuentro.

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La previa ya había entrado en un terreno pantanoso, porque la CGT solicitó formalmente que el intercambio “sea de manera presencial, porque creíamos que ya no se puede sostener la virtualidad”, explicó hoy Jerónimo, al puntualizar sobre uno de los motivo de la discordia. “No hay ninguna excusa para no juntarse presencialmente y verse la cara, y construir un debate y una discusión mucho más transparente y con un grado de credibilidad que refleje lo que realmente demanda el sector del trabajo”, sostuvo el jefe gremial en declaraciones al programa Futuro Imperfecto en radio Con Vos.

Y agregó: “Porque, si no, seguimos aportando a un show que quiere construir el Gobierno, en el que realmente no se discute ni se debate nada. Solamente uno va a terminar de darle la conformación para que ellos terminen unilateralmente decidiendo cuál es el número que mejor les cierre”.

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En ese marco de negociación tripartita, encabezada por la secretaría de Trabajo, la propuesta de las cámaras empresarias planteó subas de 1,8% en septiembre y 1,7% en octubre, con continuidad de ese esquema hasta abril del año próximo.

El pedido de la CGT, la CTA de los Trabajadores (CTA-T) y la CTA Autónoma (CTA-A) apuntaba a llevar el salario mínimo de $911.202 para julio y a $993.300 para diciembre “mínimamente, para que no sigamos debajo de la indigencia”. Sin embargo, el ajuste propuesto por las empresas apenas llegaba a $468.000 en abril del año próximo. La parte sindical consideró ese ajuste como “irrisorio”.

“Y es ahí cuando nosotros planteamos que no íbamos a convalidar esto y que nos retirábamos”, reveló.

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Los representantes sindicales de las CGT y las CTA

El dirigente, que integra el triunvirato cegetista junto a Jorge Sola y Octavio Argüello, también rechazó las versiones sobre una supuesta intención oficial de llevar el salario mínimo a 1.000.000 de pesos brutos, en el marco de las negociaciones paritarias. Según planteó, esa cifra “no es la realidad de lo que ellos fueron a plantear” en el Consejo del Salario.

Según Jerónimo, esa versión se trata de una maniobra para “distorsionar la cuestión” y señaló que si el Ejecutivo busca construir un piso para las discusiones salariales, las negociaciones deberían partir de una canasta básica de $1.560.000, y no de 1.070.000 pesos.

Representantes sindicales, empresariales y del Gobierno argentino deliberan de manera virtual durante una reunión del Consejo del Salario.

La CGT evaluará el plan de acción

Tras el fracaso de la reunión del Consejo del Salario, el dirigente sindical anticipó que la semana próxima la central obrera se reunirá para definir los pasos a seguir.

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“Seguiremos con nuestro plan de acción, que viene marcando distintos puntos de agenda, como fue la movilización por los endeudados”, indicó Jerónimo.

Consultado sobre la posibilidad de convocar a un paro, respondió que esa medida “nunca se descarta”. De todos modos, insistió que una decisión de ese tipo requiere una construcción previa y un nivel alto de consenso. “Si todos los problemas que tiene la Argentina los resolviéramos con un paro, hubiésemos hecho todos los paros que fueran necesarios. Me parece que no es la salida tampoco”, remarcó.

De izquierda a derecha, los cotitulares de la CGT: Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo

Y concluyó: “La salida de las resoluciones de los problemas que tiene la Argentina y el mundo del trabajo termina siendo política. Nosotros tenemos un rol institucional que es representar los derechos y los intereses de los trabajadores. Seguimos apelando a la responsabilidad que tiene este Gobierno para construir un ámbito, dialogar y disentir también para resolver los problemas estructurales que tiene la Argentina”.

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Ante el abandono de la parte sindical, lo previsible es que los funcionarios libertarios vuelvan a fijar por decreto el aumento del salario mínimo.

El SMVyM en las últimas décadas fue un valor de referencia importante para la economía, pero en el último tiempo se convirtió en un valor que define apenas los montos de los programas de ayuda social que el Estado otorga a personas en situación de pobreza extrema, o por subsidio de desempleo.

Según una investigación del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el salario mínimo perdió el 40,3 % de su valor entre noviembre de 2023 y julio de 2026.

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La UBA, Santucho y un homenaje contra la democracia

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Una facultad de la UBA ha decidido desafiar las reglas de la democracia.

Con el “homenaje institucional” que anuncia Ciencias Sociales al líder guerrillero Mario Roberto Santucho no solo se incurre en la provocación: se transgreden pactos tácitos de convivencia, se hace apología de la violencia política y se transmite a la sociedad un mensaje que genera perplejidad, pero también inquietud y temor.

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Los hechos hablan por sí solos: el consejo directivo de esa facultad, presidido por la decana Ana Josefina Arias, declaró “de interés institucional” un homenaje al fundador y máximo líder del ERP. Consistirá en la inauguración de una escultura dedicada a él, que será emplazada en el patio “Indio Solari” de la propia unidad académica. Se reivindica, así, al responsable de crímenes y atentados escalofriantes que marcaron la historia argentina.

La organización liderada por Santucho ejecutó, por ejemplo, el secuestro y asesinato del directivo de Fiat Oberdan Sallustro, en 1972; el ataque a la guarnición militar de Azul, durante el último gobierno constitucional de Perón, o el asalto al batallón de Monte Chingolo, en diciembre del 75. Más de cincuenta años después, cuando la Argentina parecía haber superado aquella historia trágica, aparece una reivindicación institucional de esa maquinaria criminal nada menos que en el seno de la Universidad de Buenos Aires.

Para el homenaje se elige una fecha cargada de simbolismo: el 10 de diciembre, día de la restauración de la democracia en nuestro país. Podría parecer solo una ironía macabra, pero encierra un mensaje: hay un sector de la política que, en el día de la democracia, rinde homenaje a alguien que la despreciaba, y además la combatía. No es un sector inorgánico y marginal: maneja resortes institucionales, un presupuesto del Estado y un poder administrativo para avalar y consagrar audacias de esta naturaleza.

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El hecho plantea una prueba para la universidad en su conjunto. El rectorado de la UBA, el consejo superior, la comunidad académica en general e incluso el Consejo Interuniversitario Nacional, ¿avalarán en silencio o reivindicarán las reglas de la convivencia democrática? Tal vez sea necesario recordar lo obvio: defender la universidad pública es defender los valores del pluralismo y el Estado de derecho. ¿Se consentirá con indiferencia un acto que desafía esos principios elementales? Las primeras reacciones justifican la preocupación. Parece imponerse el mutismo, como si se esperara que el ruido se diluya en medio de una agenda pública siempre agitada y cambiante.

Por supuesto que una universidad es un mosaico de contrastes, y es muy sano que albergue ideas y posiciones antagónicas. La libertad de cátedra es un pilar fundamental, y habilita el debate y el estudio de las figuras y los movimientos históricos controvertidos, incluso los más tenebrosos, hasta desde posiciones que puedan ser condescendientes o expresar simpatías discutibles. Pero hay un límite ético y jurídico que no se puede transgredir: el de la apología y la reivindicación de la violencia. Un líder guerrillero puede ser objeto de estudio y de debate, pero no de homenaje ni de “canonización” institucional. El terrorismo de Estado -que tiene siempre una implicancia más peligrosa- no habilita, en ningún caso, a convertir en “héroes” a los partícipes de organizaciones guerrilleras, como estableció, en su momento, el consenso democrático de Alfonsín.

En un momento de efervescencia y debate sobre el sistema universitario, la decisión del consejo directivo de Ciencias Sociales plantea una oportunidad y una prueba. ¿Se defenderán los principios de una universidad plural y democrática o se avalará una concepción sectaria e ideologizada que concibe a las instituciones académicas como vehículos de militancia facciosa?

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El episodio conecta con otros interrogantes: ¿Qué propone la universidad a la sociedad? ¿debates estimulantes e ideas innovadoras o visiones anacrónicas, en blanco y negro, con reivindicaciones dogmáticas de ideologías perimidas? ¿propicia el estudio crítico de nuestra propia historia o una exaltación panfletaria de ciertas corrientes ideológicas? ¿Todas sus cátedras son espacios de amplitud y diversidad o algunas se han convertido en trincheras de activismo y propaganda política?

Puede decirse, con razón, que Ciencias Sociales no representa al conjunto de la UBA, donde también germinan otras ideas y visiones. Pero ahí está “el test del silencio”. Se verá cuánto rechazo o cuánta aceptación tácita genera este “monumento a la violencia política”.

El hecho tal vez deba ser encuadrado en un contexto más amplio. Se enmarca en una Argentina donde los extremos se reivindican y se celebran a sí mismos. Se exaltan las posiciones radicalizadas, se desprecia el valor de la moderación, se estigmatiza “la tibieza” como una especie de debilidad moral. Es una atmósfera en la que las posiciones ultra, de izquierda o de derecha, se sienten habilitadas y hasta pierden los frenos inhibitorios.

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El kirchnerismo inauguró, en sus años de apogeo, la romantización del setentismo. Estableció un lenguaje reivindicativo de “la juventud maravillosa” y propició una manipulación histórica que reabrió heridas y alentó los revanchismos. Eso no se disipó en el aire: se enquistó en estamentos institucionales y cooptó muchos espacios universitarios, convertidos en resortes de activismo militante, no ya de un partido sino de una facción. Aquel proceso político está en la base del homenaje a Santucho, pero quizá también incida la polarización de estos días, donde los fanatismos, la violencia verbal y la radicalización están “en temporada alta”.

Hay un amplio sector de la sociedad que mira con una mezcla de inquietud y estupor. Ve la violencia verbal, la polarización extrema, el resurgimiento de viejos antagonismos y, ahora, la agitación de un fantasma que representa la guerrilla armada. ¿Son solo fuegos de artificio o representan un peligro de retroceso democrático? La respuesta dependerá de cómo reaccionen las instituciones.



Luciano Román,LA NACION,Política

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Hernán Lacunza: “El Gobierno cambia el sistema electoral porque la paciencia social no le va a alcanzar”

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El exministro de Hacienda Hernán Lacunza, precandidato presidencial por el PRO, sostuvo que el Gobierno busca modificar las reglas electorales, con la eventual eliminación de las PASO, debido al deterioro de su respaldo social y cuestionó el rumbo económico de la administración de Javier Milei y la estrategia de su partido de querer formar una alianza con el oficialismo.

“Creo que cambian el sistema electoral porque se dan cuenta de que la paciencia, la tolerancia social asociada a este pronóstico económico no les va a alcanzar”, afirmó durante una entrevista con la periodista Romina Manguel en Radio Splendid.

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Lacunza describió un escenario de estancamiento, con dificultades para el consumo y un nivel de endeudamiento que, según advirtió, afecta a millones de familias. También descartó un desenlace similar al de 2001, aunque anticipó que no habrá una mejora relevante de los salarios, el empleo, la inversión ni la actividad económica si se mantiene la orientación actual.

“Complicada”, definió Lacunza a la situación económica. El exfuncionario relató que observa en los supermercados que los consumidores se sorprenden menos ante las subas de precios, aunque remarcó que la previsibilidad no implica estabilidad.

“Cuando llegan a la caja se ve a la gente sacando cosas del changuito porque no le alcanza ni el efectivo, ni lo que tiene en la tarjeta, que la tiene endeudada, ni la billetera virtual”, señaló.

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Para el dirigente del PRO, el estancamiento quedó reflejado en la actividad cotidiana. “La pizzería de la esquina va a vender la misma cantidad de pizzas que en diciembre del año pasado”, dijo, al estimar que la economía crecerá entre cero y uno por ciento este año. “La economía cayó el primer año de este Gobierno, rebotó en 2025 y se planchó en 2026. Este año crece cero”, afirmó.

El exministro de Economía cuestionó a la actual gestión

Lacunza cuestionó las proyecciones oficiales de crecimiento y sostuvo que la actividad ya atraviesa una recesión. “La economía está en recesión, ya hace dos trimestres que cae, así que no sé cómo vamos a pasar de recesión al cinco por ciento automáticamente”, planteó.

El exministro afirmó que la inversión acumula cinco trimestres de caída y rechazó que los factores externos expliquen el escenario local. “No es por el clima electoral, ni por la guerra, ni por el petróleo”, expresó.

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En ese sentido, consideró que el contexto internacional resultó favorable para la Argentina por la evolución de los precios de exportación e importación.

“Tenemos los mejores términos de intercambio de nuestra historia desde 1810. Tenemos el mayor viento a favor en términos de precios de lo que producimos y de lo que compramos”, afirmó. A su juicio, la guerra elevó el valor del petróleo y no constituyó un shock negativo para un país exportador neto de energía.

Lacunza señaló que el programa económico debería estar preparado para absorber las variaciones del contexto global. “La tasa internacional a veces está baja y a veces sube, Brasil a veces baja y a veces sube y la soja a veces baja y a veces sube. El programa económico tiene que ser robusto a eso”, expresó.

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También cuestionó la estrategia financiera del Ejecutivo. “El riesgo país estaba en 400 y se canchereó: ‘Va a bajar más’. Bueno, cerró en el diagnóstico. Ahora va a 850”, dijo. Y agregó: “Hubo un mal diagnóstico, un error decisorio”.

Críticas al “dogmatismo económico” y al rol del Estado

El candidato del PRO respaldó el equilibrio fiscal, aunque cuestionó lo que definió como una mirada inflexible de la política económica. “No hay que sacrificar el déficit cero. Eso sería un atajo inconducente”, aclaró. Sin embargo, advirtió: “Un dogmatismo económico y un fanatismo político terminan mal. Lo vimos cuarenta veces”.

Lacunza sostuvo que un programa de desarrollo no puede depender de la reelección de un gobierno. “No puede ser que funcione nada más si me eligen a mí. En una democracia, un programa económico tiene que contemplar la posibilidad de que gane otro. Si no, los que están detrás del programa son los ciudadanos”, afirmó.

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Según su análisis, la estabilidad de un plan requiere resultados en tres dimensiones: inflación, ingresos y respaldo político. “Góndola, caja, votos”, resumió. “Cuando esos dos primeros vértices están alineados, el tercero acompaña. Si abandonás el empleo o el salario porque todo queda subordinado a la estabilidad, vas a perder la elección”, dijo.

El exministro rechazó la idea de que el Estado deba mantenerse al margen de los problemas de endeudamiento y de las actividades financieras informales. “Tenemos seis millones de familias que no pueden pagar sus créditos. Decir que es un problema entre privados es como salir a la esquina y ver seis millones de autos chocados al mismo tiempo. Un choque es un problema entre privados, pero si hay seis millones de autos chocados, debe haber fallado el semáforo”, sostuvo.

Para Lacunza, el Estado debe intervenir con regulación, supervisión e información. “¿Quién pone el semáforo? El Estado”, afirmó. “Eso es anarcocapitalismo: no supervisemos nada, que cada uno tome el crédito que quiera”.

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Lacunza planteó su visión de la actualidad

Lacunza también se refirió a los créditos informales vinculados al juego online entre adolescentes. Dijo que visitó Isla Maciel para conocer esa problemática y aseguró que cerca de 900 mil menores de entre 13 y 18 años jugaron alguna vez en plataformas virtuales.

“Cien mil se endeudaron. Hay chicos que piden 100 mil pesos y el mes siguiente tienen que devolver 200 mil, porque la tasa es del 100% mensual”, afirmó. Luego describió el efecto acumulativo de ese interés: “Al mes siguiente son 400 mil, después 800 mil. Al año, por 100 mil pesos, tendrían que devolver 400 millones”.

El exministro remarcó que esos mecanismos se expanden mediante intermediarios a los que denominó “cajeritos”, adultos que operan en nombre de menores impedidos de apostar en sitios formales. “No llegás a devolver esa cifra. Entonces, ¿qué hace el Estado? No puede decir que es un problema entre privados”, sostuvo.

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Sobre la discusión acerca de la educación financiera, Lacunza consideró que el problema excede la información disponible para los consumidores. “Si una persona se endeuda porque tiene que comprar comida o medicamentos, la urgencia existe”, dijo.

No obstante, señaló que la información sobre tasas y condiciones debe ser clara, en especial ante contratos complejos y dificultades de comprensión lectora.

“No llegar a fin de mes es endeudarse, sacar cosas del changuito, bajar la calidad de la prepaga, cambiar de colegio o dejar actividades. Para los sectores más vulnerables, es comer salteado, dejar de comprar carne o saltear remedios”, enumeró.

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Pese a sus cuestionamientos, Lacunza descartó un escenario de crisis extrema durante el próximo año. “No va a haber un colapso del tipo hiperinflación, megadevaluación, corralito o default. No van a suceder”, afirmó.

Explicó que no observa los desequilibrios fiscales y monetarios de otras crisis. “No le estamos dando a la maquinita sin asco como le daba el gobierno pasado”, señaló. Estimó que la inflación anual se ubicará en torno al 30%, con un rango posible de entre 25% y 40%, según la evolución de la economía.

Pero advirtió que la ausencia de un colapso no implica una mejora de las condiciones de vida. “No va a haber mejora del empleo, del salario real, del consumo ni de la inversión. ¿Por qué cambiarían las cosas si vamos a seguir haciendo más de lo mismo?”, planteó.

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Lacunza afirmó que la sociedad puede tolerar durante un tiempo una situación de deterioro, aunque vinculó esa dinámica con el resultado electoral. “La paciencia social puede ser elástica. Pero la imagen positiva del Gobierno, que era de 50% después de la elección de medio término, ahora está en treinta y algo. Se puede seguir deteriorando”, sostuvo.

En ese marco, cuestionó las reformas electorales que impulsa el oficialismo. “Las instituciones importan para el desarrollo. El sistema electoral es una institución, con primarias, balotaje y mecanismos de representación. Si lo manoseamos porque no conviene, entonces tiramos la teoría a los chanchos”, expresó.

“Si el PRO se une a Milei, desaparece”

Lacunza también habló del rol de su partido y de las negociaciones con La Libertad Avanza (PRO)

Lacunza confirmó que buscará competir por la Presidencia dentro del PRO y planteó una alternativa diferenciada de La Libertad Avanza. “Me postulo para representar una opción opuesta al Gobierno, no con el Gobierno, porque tengo miedo de que esta propuesta termine mal en términos económicos y políticos”, afirmó.

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El dirigente sostuvo que la experiencia de Milei enseñó que las nuevas candidaturas pueden disputar poder aun frente a estructuras consolidadas. “Hace cuatro años era panelista de televisión. Si hubiera pensado que no podía dividir el voto, seguiría siendo panelista”, dijo.

Al ser consultado sobre una eventual alianza entre esta fuerza y el oficialismo, fue terminante: “No creo que sea favorable ni para nosotros, que es secundario, ni para el país. Si el PRO se une a Milei, desaparece”.

Lacunza propuso conservar algunos de los cambios impulsados por la actual gestión, pero con una presencia estatal orientada a garantizar servicios y controles. “Una cosa es hacer el pozo y pasar la motosierra porque te dejaron un Estado en ruinas. Otra es construir el edificio. Para eso hacen falta equipos, instrumentos, educación, salud, infraestructura y obra pública”, sostuvo.

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“El Estado tiene que proveer bienes públicos eficientes en justicia, seguridad, educación, salud e infraestructura”, afirmó. Como ejemplo, mencionó el deterioro de las rutas: “Un transportista de Bariloche me dijo que para recorrer 1.400 kilómetros hasta Mendoza antes tardaba 14 horas y ahora tarda 22. Tiene que cambiar tres neumáticos por viaje”.

Al final de la entrevista, Lacunza recordó su paso por el Ministerio de Hacienda tras las elecciones primarias de agosto de 2019. “Yo fui el emergentólogo. Asumí el 20 de agosto, con el paciente en terapia intensiva. La prioridad era evitar una hiperinflación, una hiperdevaluación, un corralito y una entrega anticipada del poder”, aseguró.

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Quirno le respondió a Villarruel, la acusó de desinformar y negó gastos excesivos en Cancillería

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El ministro de Relaciones Exteriores Pablo Quirno salió al cruce de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que lo había acusado de gastar dinero en exceso por el catering de la Cancillería y de defender “lo indefendible”, tras mostrar un fragmento de La Noche de Mirtha, en la que Quirno se refería al cierre de empresas pymes.

Villarruel había seleccionado el momento en que el ministro de Milei relativiza la cifra de cierre de las empresas en el país con la siguiente explicación: “Cuando uno ve el detalle de las 32.000 empresas cerradas, muchas son unipersonales, de gente que pasó a ser autónoma y entonces ahí tenés un aumento del empleo y de los salarios reales no formales”.

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“El Sr. Quirno justificando lo indefendible. Me gustaría que hubiera hablado del catering pantagruélico que se paga para la Cancillería. Fuimos votados para ser austeros”, le contestó Villarruel en X.

Esta tarde, Quirno reaccionó en la misma red social. “Si Villarruel no se informara por fuentes tendenciosas, o le preguntara a gente con conocimiento, se ahorraría acusaciones públicas y de desinformar. Aunque me parece que esto último no es de su interés”, manifestó.

El posteo de Villarruel contra QuirnoX

Con el término “catering pantagruélico”, la vicepresidenta hizo alusión a una licitación de febrero de este año, correspondiente a una contratación para el suministro de comidas y bebidas destinadas a actos y eventos protocolares. El concurso marcó un techo estimado de hasta $135 millones y adjudicaciones en torno a los $80 millones.

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La respuesta de QuirnoCaptura

Quirno admitió que Cancillería realizó una licitación para el servicio de recepción a delegaciones extranjeras que, según su consideración, “resultó ser muy competitivo”.

“Esa licitación no produce gasto alguno a la Cancillería toda vez que solamente establece el costo a pagar en caso que se solicite el servicio”, indicó.

Pablo Quirno y Victoria Villarruel

Además, señaló que desde que asumió como canciller, y en contexto de “austeridad que caracteriza al gobierno de Javier Milei”, el servicio se utilizó como máximo cinco veces en un año.

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“De más está decir, dado que he leído cierta confusión al respecto, que los funcionarios de Cancillería pagan de su bolsillo sus propios almuerzos. En mi caso, como lo pueden atestiguar en mi oficina, traigo mis almuerzos de mi casa”, agregó.



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