POLITICA
Chaco: el PJ bloquea la reforma constitucional pro mercado y Zdero hará un nuevo intento en agosto
Fuentes del oficialismo chaqueño adelantaron a Infobae que, cuando concluyan las vacaciones de invierno, harán un nuevo intento para que se apruebe en la Legislatura la reforma pro mercado que impulsa el gobernador Leandro Zdero.
El proyecto consiste en una enmienda al texto constitucional de 1994. La intención es incorporar protección contra incrementos impositivos, nuevos gravámenes y garantías de inversión a quienes apuesten por la economía chaqueña.
Este mecanismo de reforma de la Constitución requiere un consenso absoluto: todos los integrantes de la Legislatura unicameral deben expresarse a favor. El cuerpo está dividido en mitades entre el oficialismo (integrado por la bancada que responde a Zdero y los referentes de La Libertad Avanza) y el justicialismo. El senador nacional Jorge Capitanich es quien conduce al PJ chaqueño y adelantó que no acompañará la medida.
El mandatario provincial, que buscará su reelección en 2027, es uno de los principales aliados de la Casa Rosada en el NEA. El año pasado, Zdero y LLA fueron socios electorales en las elecciones legislativas provinciales y nacionales, que fueron desdobladas. En ambos casos obtuvieron resultados positivos, derrotando a Capitanich.
El último intento
El expediente de la reforma ingresó a la Legislatura unicameral y está reservado en Secretaría con preferencia legislativa. Esto implica que puede ser puesto a consideración del pleno en cualquier momento.
La chance que se juega el oficialismo será luego de las vacaciones de julio. El receso invernal en Chaco se extenderá desde el lunes 20 al viernes 31. Esto implica que, en la primera sesión de agosto, el expediente sería tratado.
La bancada que responde a Zdero no abriga expectativas de que el peronismo cambie de parecer en 20 días y supone que sostendrá su negativa. “Ellos no tienen ningún interés” en que la enmienda se apruebe, se quejó una de las espadas legislativas de Zdero.
Por ello esperan poder tener el margen de maniobra en el recinto para evitar que se caiga y regresarlo a comisión, sacándolo de la agenda de votación.
En el peronismo, en tanto, no están convencidos de que el oficialismo arriesgue de ese modo. Presumen que es una maniobra para “plantar agenda” en la provincia y victimizarse con la idea de que el PJ los boicotea.
¿Qué dice el proyecto?
El primer párrafo de la enmienda propuesta establece: “La Provincia del Chaco garantiza estabilidad y protección jurídica a la radicación, realización y desarrollo de inversiones productivas en su territorio, en especial aquellas comprendidas en regímenes nacionales o provinciales de promoción de inversiones”.
Asimismo, fija como mandato constitucional la promoción activa de inversiones productivas “garantizando previsibilidad normativa, seguridad jurídica, igualdad ante la ley y protección frente a medidas arbitrarias”. Este esquema se desenvolverá “en un marco de desarrollo sostenible y respeto al interés público”. La propuesta reconoce a la inversión privada como “instrumento esencial para el desarrollo económico, la generación de empleo y la innovación”.
En sintonía con estos ejes, el proyecto contempla una serie de prohibiciones. Entre ellas, “la creación de nuevos tributos provinciales o municipales”. En el mismo sentido, clausura la posibilidad de incrementar alícuotas o modificar de bases imponibles existentes. El impedimento incluye a los gravámenes que recaigan de forma directa o indirecta “sobre las inversiones alcanzadas por esta cláusula”.
Sin embargo, hay algunas excepciones. Quedan fuera de la veda “aquellos tributos cuya potestad tributaria sea delegada, transferida o restituida por la Nación a la Provincia con posterioridad a la vigencia de esta cláusula”. Pero para ello se requerirá ”que su aplicación no implique una duplicación de la carga tributaria preexistente sobre el mismo hecho imponible”.
Si estos mandatos se incorporasen a la Constitución provincial, la creación de tributos que no respeten la regla será nula de pleno derecho. El nuevo artículo que se busca incorporar “obliga a la administración a la devolución inmediata de lo percibido” de forma indebida. Así, se elimina “la necesidad de largos procesos judiciales de repetición”. Y también se otorga “una herramienta de defensa sumaria al inversor”, explicó el Poder Ejecutivo en el mensaje a la Legislatura.
El último apartado del proyecto de reforma estableció que las nuevas disposiciones deberán interpretarse “de manera armónica con la Constitución Nacional, los tratados internacionales vigentes y el régimen federal de distribución de competencias”.
En la fundamentación, el Gobierno aclaró que la iniciativa “reconoce la autonomía municipal”. Sin embargo, la subordina al orden constitucional superior ”en materia de promoción de inversiones”.
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El presidente Javier Milei repitió a decenas de interlocutores una frase que se resumió así: “A mí no me van a correr como a Macri. Les voy a volver a ganar”. Con ese ímpetu, el Gobierno se lanzó con todo para allanar el camino de reelección para el Presidente. Casta no solo incluida, sino que invitada de honor. Los números internos que maneja Casa Rosada alertaron a los armadores.
Los escenarios no son buenos. La imagen negativa de Milei es más alta que la de Patricia Bullrich, senadora accionista del espacio y vista como posible rival (hace bien) por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
El ruido por la gestión y el temor a un crecimiento del peronismo -que hace lo imposible por darle una chance más al mandatario libertario- fueron unas de las tantas razones por las cuales desde el Ejecutivo salieron a dar vuelta la página de Manuel Adorni y a ordenar la política económica en paralelo al trabajo electoral. La jugada es coordinada e inteligente.
Por un lado, Karina sigue con la formación de “escuela de dirigentes”. Lo hizo en la Ciudad de Buenos Aires. El fin de semana desembarcó en Misiones. Sebastián Pareja, diputado y mano derecha en la provincia de Buenos Aires, hizo lo suyo. “Necesitamos militantes que salgan a la calle, más allá de las redes. Necesitamos fiscales para no depender de acuerdos con lo que queda del PRO. Necesitamos gente”, sintetizó un operador político que trabaja para los Milei y reclama caja electoral. Mientras “El Jefe” sale a recorrer el país, el flamante jefe de gabinete tiene una única tarea y es eliminar o suspender las PASO. El Gobierno piensa que, sacando esa herramienta, el peronismo tendrá un golpe casi de KO.
La democracia es una sola. Pero hay mil maneras de jugarla. Por eso eliminar la primaria e instalar un sistema de colectoras entró en el juego. “No son colectoras, son adhesiones”, repiten en el oficialismo. Un juego de palabras para evitar el estigma. Casi como cuando Milei explicó que Mauricio Macri defaulteó la deuda en pesos, aunque el ex presidente le puso “reperfilamiento”. Hay un detalle. Ya no hay distintas boletas para cada partido, sino que ahora se usa la Boleta Única de Papel (BUP). Por ende, todos los candidatos están en la misma papeleta.
¿De qué trata la idea? Además de buscar romper -si es que ya no se rompió- lo poco que queda del acuerdo peronista, se hace para conseguir el acuerdo con gobernadores en el Congreso para sacar la primaria del medio. Sería así: un candidato, en este caso Milei, iría arriba en la boleta. Debajo de él, la lista oficial. Armada con dirigentes puros y violetas (más los eternos conversos que buscan el refugio). Luego habría dos “adhesiones” (no pueden más porque no da el tamaño de la boleta, literal) con candidatos que pueda armar el PRO, la UCR o quien guste adherir al oficialismo.
El Gobierno cree que con esto los mandatarios provinciales pondrán sus votos para la suspensión de las PASO y tendrán lista propia sin necesidad de tener que agachar la cabeza frente a “El Jefe”, que demostró tener una cintura política interesante a la hora de los armados. Hay un premio extra y es que, a cambio del apoyo, el Gobierno aceptaría no poner candidato a gobernador en ningún terreno aliado. Lo explicó de manera concreta el mandatario catamarqueño, Raúl Jalil: “En Catamarca, el 50% quiere que acordemos con Nación, el 9% que nos distanciemos y el 30% que dialoguemos”. Jalil es peronista. Pero está más cerca de Milei que de San José 1111. Esa es la foto.
Más allá del laberinto, hay preguntas sin respuestas. La primera es si esos gobernadores no estarían atando su suerte demasiado pronto. En Argentina, un año es una década. “Nos llevan ahora con una foto de relanzamiento y renovación. Pero anda a saber cómo estamos en marzo del año que viene”, disparó una senadora del norte que responde a otro gobernador peronista. Quienes se hacen esa pregunta entienden que los tiempos de Casa Rosada no tienen por qué ser los mismos que los de las provincias. Por otra parte, si la imagen de Milei se derrumbara, el temor a ser aliado temprano existe. La negociación en el Senado parece lenta y embarrosa. La política va a una velocidad, aunque Milei quiera ir a otra.
En el plano económico, todos los misiles apuntaron a blindar de estabilidad el 2027. Anticiparse a los ruidos financieros que pueden llevar a la derrota electoral. Esto más allá del nivel de actividad o la caída del poder adquisitivo de los salarios. El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se encargó de marcar el camino para el pago de deuda del próximo año.
Caputo habló de un “exceso” de financiamiento para cubrir vencimientos. “El programa tiene mucha opcionalidad, es muy conservador, estamos trabajando en diferentes alternativas, algunas hace más de un año, y otras, como salir a mercados internacionales, tanto este año como el que viene, podría ser una opción, no es un objetivo”, dijo. Uno de los economistas más cercanos a la gestión, Ramiro Castiñeira, lo entendió así días atrás en Infobae a las Nueve: “El miedo a que vuelva un peronismo que patea deuda o no te la paga, hace que Argentina no tenga crédito todavía. Dicen ‘yo a Milei le presto, pero quiero que la devuelva él’”.
Más allá del amor por el modelo que tenga Castiñeira, fue Máximo Kirchner quien dijo en Lezama semanas atrás que la deuda era impagable y que habría que reestructurarla. ¿Piensa lo mismo Axel Kicillof? Hace unos días, quien fuera su viceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, declaró: “Axel ajusta más que Milei”. ¿Buscaba defenderlo o hundirlo? Esa pregunta se la hicieron muchos que lo conocen. Sobre todo por su cercanía y admiración por Jorge Brito. ¿Es casualidad esa frase en momentos en los cuales el banquero repite frente a quien quiera escuchar sobre sus ganas de lanzarse por la Presidencia? Hay quienes ven similitudes con el surgimiento político que supo tener Mauricio Macri. El ex presidente llegó a Boca con 36 años. Brito a River con 42. Sus padres fueron exitosos e hicieron negocios con el Estado. Ambos cuentan con caja propia para el juego político. Ambos llegaron a un techo como empresarios desde muy jóvenes. “La diferencia es que Brito Jr. se llevaba muy bien con su viejo”, dijo entre risas alguien que supo tratar con los dos.
En el peronismo no creen que Milei esté camino a la reelección. Los números que comparten todos más allá de la pelea de poder son que el Presidente no levanta y que, al momento de revalidar o no al gobierno libertario, la opción de cambio se impondrá. Por eso, piensan, Brito se entusiasma. Él como muchos otros. Creen, además, que si el Presidente no llega del todo fortalecido, el PRO buscará arrebatar el poder en la última jugada. Por ende, ven un escenario con la derecha dividida. Por un lado, los libertarios. Algún candidato del PRO y una tercera fuerza con Victoria Villarruel. El financiamiento para esta última por parte del peronismo está garantizado. Quizás por eso se aceleraron los cruces. Que florezcan mil candidaturas.
South America / Central America
El gobierno de Mauricio Macri prevé cinco meses de alta conflictividad social. Luego de ese tiempo, pronostica que se estabilizará la economía y habrá un desahogo para sectores medios y bajos. Pero mientras tanto baraja una agenda de medidas para equilibrar el costo político de la agenda negativa de los aumentos de tarifas, del dólar y de la inflación.
«La estrategia es pagar el costo, hasta junio próximo, por medidas necesarias pero impopulares por el esfuerzo de la clase media. Después se estabilizará todo y creceremos a casi 4% del PBI», dijo un ministro a .
Con esa lógica, Macri busca posicionarse para intentar su reelección en 2019. Para revertir la baja en su popularidad, que ya se siente en las encuestas, desplegará una agenda institucional, de transparencia y austeridad que continuará la reducción del 25% de funcionarios políticos, el congelamiento de sus sueldos y el cese de los familiares de ministros con cargos jerárquicos.
Apurará la reforma política, la ley de financiamiento de partidos y campañas, el cambio de sistema electoral, tipificará nuevos delitos electorales, como el clientelismo, y propondrá una nueva ley de ética pública.
El plan de Macri fue invertir el capital político de su triunfo electoral de octubre en un semestre de medidas críticas para sectores vulnerables: el pacto fiscal, las reformas previsional y laboral, los aumentos de tarifas de luz, gas, agua, transportes, prepagas, combustibles y la devaluación.
«Hay que pagar todo el costo ahora, para acomodar las variables luego de junio y hasta 2019», señaló un alto funcionario a , con miras a la reeleccion. En rigor, replicará el esquema de la primera mitad del mandato: en 2016 dieron las malas noticias; en 2017 se hizo campaña.
Macri eligió ahora dar las batallas difíciles, como la pelea por la transparencia de los sindicatos. Ello chocó con el intento de cerrar paritarias salariales en el 15% y negociar una conflictiva reforma laboral.
También activó bajas de contratos temporarios en organismos del Estado, como INTI, Fadea, Hospital Posadas, Fabricaciones Militares o Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, denunciados como despidos masivos en actos callejeros.
A esas medidas, por un error político no forzado, agregó más crispación política con el escándalo del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que designó a su empleada doméstica Sandra Heredia en la intervención en el SOMU.
En medio de ello, y de varias detenciones de sindicalistas, los organismos de control -AFIP, UIF- y la diputada Graciela Ocaña, de Cambiemos, enviaron informes a las causas de corrupción y lavado de dinero contra el jefe de Camioneros, Hugo Moyano, y contra empresas vinculadas a su familia y su gremio.
En tanto, avanzan otras investigaciones judiciales contra otros dirigentes sindicales poderosos.
Para aplacar la conflictividad social y vaciar de contenido la protesta de Moyano en la Plaza de Mayo prevista para el 22 del actual, Macri instalará la idea de que la convocatoria será solo en defensa de la impunidad del líder camionero. «No es Moyano contra Macri. Es la institucionalidad contra la delincuencia», dicen.
No se descartan, no obstante, otros gestos del Poder Ejecutivo para descomprimir la tensión con el camionero. La AFIP permitirá saldar sus deudas impositivas al correo privado OCA, vinculado a Moyano, y el Enacom prorrogó su licencia. «Lo de nuestra competencia se puede hacer, pero las causas judiciales no lo son», dicen en la Casa Rosada.
El diálogo de Triaca con Moyano está roto y en su peor momento. El ministro sospecha que el moyanismo destapó el caso de su empleada.
Para el semestre áspero, además de medidas populares, Macri apuesta a que la baja de tasas de interés del Banco Central y la suba del dólar reactiven la economía. Pero en esta tensión, no presionará por una reforma laboral urgente y las paritarias serán más flexibles que el 15%, aunque ese tope se fijará para trabajadores estatales para no disparar el déficit. «Las paritarias son libres. Los privados pueden excederse un poco, aunque sin disparar la inflación. Un poco de reactivación de consumo no está mal», dijo un funcionario.
Sobre la reforma laboral, Macri ordenó aprobar por ley los puntos aceptados por la CGT, como el blanqueo laboral, esquemas de capacitación y licencias por paternidad.
Del mismo modo, aceptará enviar por ley los aspectos más conflictivos del megadecreto de desburocratización del Estado, otro traspié político de enero, que la oposición se prepara para rechazar en el Congreso.
Para apuntalar el optimismo, el Gobierno tiene previsto reactivar con fuerza la obra pública desde junio y mantener el ritmo hasta las elecciones de 2019. Se apostará a financiarlas con el programa de Participación Público-Privada (PPP), pero también con fondos públicos.
Para compensar la agenda negativa de los aumentos en el costo de vida, luego de anunciar el recorte de 994 cargos jerárquicos en el Estado, el congelamiento de sus sueldos y la eliminación de los familiares, Macri irá por más: promoverá la ley de financiamiento de los partidos políticos y de las campañas, con un blanqueo del origen de los fondos: se prohibirán aportes en efectivo y se obligará a bancarizarlos; se exigirán informes en tiempo real y se hará un cruce de datos entre la AFIP, la UIF, Procelac (fiscalía de lavado de dinero) y la Cámara Electoral.
Se habilitarán aportes de empresas, hasta un tope del 3% de la campaña, y se tipificarán delitos electorales como clientelismo y sanciones a funcionarios que los cometan. Impulsarán además el cambio del sistema electoral sobre el dictamen frenado en el Senado a fines de 2016.
Tal como anticipó el jueves último, se enviará un proyecto de ley de integridad (ética pública), con nuevas formas de declaraciones juradas y prevención de conflictos de interés, entre otros puntos.
Si bien no está previsto un aumento en planes sociales, el gasto social será monitoreado para evitar desbordes. El Gobierno observa índices positivos en empleo, salario real y baja de inflación. Y resolvió no atender reclamos por despidos en el Estado ni por quita de planes sociales que hayan incumplido el presentismo.
Un retiro frente al mar para revisar la gestión
Luego de las tensiones internas por los recortes de cargos, el gobierno de Mauricio Macri comenzó a organizar un retiro espiritual en Chapadmalal entre el 15 y el 17 del actual. El secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, prepara la estada en la residencia presidencial de esa ciudad balnearia.
Macri intentará cerrar heridas generadas por el ajuste administrativo y las discusiones que hubo entre los ministros y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, por la reestructuración de ministerios.
Además se debatirá sobre políticas para bajar la pobreza, activar obras públicas, mejorar los créditos e implementar tecnología en la educación. El Presidente aspira a diseñar los planes para un año que estará enteramente dedicado a la gestión y a buscar logros para la clase media, antes de la campaña para su reelección.
Mariano Obarrio,Conforme a
POLITICA
Sur Finanzas: volvió a declarar el financista ligado a la AFA y planteó que “no hay delito que perseguir”
El juzgado federal de Lomas de Zamora avanza en una nueva etapa de la causa Sur Finanzas. En los últimos días, fueron indagados los ex directivos del Club Atlético Banfield Eduardo Juan Spinosa y Federico José Spinosa, los responsables de Centro de Inversiones Concordia SRL y por parte de Sur Finanzas Group SA, declaró, por segunda vez, Maximiliano Ariel Vallejo, amigo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. El financista declaró como imputado y presentó un escrito en el que se defendió de cada una de las acusaciones.
La medida judicial se realizó en momentos en que el mandamás de la AFA encabeza la delegación Argentina en el Mundial de fútbol que se juega en Estados Unidos, México y Canadá.
El juzgado también fijó nuevas indagatorias para imputados que no se presentaron a declarar y advirtió con declararlos en rebeldía si no asisten a la citación.
La cerrada defensa de Vallejo
Ariel Vallejo enfrenta cuatro cargos en la causa que instruye el juez Luis Armella e impulsa la fiscal Cecilia Incardona: asociación ilícita, cobrar tasas usurarias, defraudación—por los contratos de mutuo celebrados con el Club Atlético Banfield— y lavado de activos, este último agravado por habitualidad y por su presunta pertenencia a una asociación formada para la comisión continuada de ese delito.
La acusación también desliza, de manera tangencial, presuntas infracciones al régimen penal cambiario e intermediación financiera no autorizada, aunque sin identificar operaciones específicas, sin precisar montos concretos por hecho y sin sentencia ni determinación administrativa firme que sustente esas calificaciones.
El escrito fue redactado con la asistencia técnica del abogado Pablo Parera y amplía el descargo que el empresario ya había formulado en la primera presentación.
Desde el inicio de su indagatoria, Vallejo fijó su postura: “Aprovecharé esta oportunidad para brindar elementos útiles que reflejarán la actividad lícita de las firmas investigadas y desacreditar las imputaciones indeterminadas que se achacan a mi persona y el resto de los consortes”, dijo. Una frase similar figura en el escrito al que accedió de manera exclusiva Infobae.
Antes de entrar en el detalle de cada cargo que se le imputan al amigo de Tapia, el escrito construye su argumentación sobre una serie de afirmaciones que la defensa plantea como ejes de todo el descargo. Estas son las principales:
- “La mera pertenencia a una organización empresarial, con roles diferenciados, jerarquías claras y funciones específicas, no constituye ni puede constituir el sustrato fáctico de una asociación ilícita”.
- “Una asociación ilícita opera en la clandestinidad, carece de registro, no tiene empleados en relación de dependencia formal, y no rinde cuentas ante ningún organismo estatal.”
- “Sin víctima que se reconozca como tal, en un supuesto menoscabo al patrimonio, no hay delito que perseguir.”
- “La ausencia de un parámetro técnico, sólido y contextualizado deja a la acusación sin un sustento objetivo que permita sostener la tipicidad de la conducta.”
- “No puede configurarse engaño cuando la presunta víctima convalida institucionalmente la operación de que se trate.”
- “La imputación describe el mecanismo de lavado como ‘confusión sistémica de fondos ilícitos dentro de sus patrimonios lícitos’; sin embargo, la ‘confusión patrimonial’ no es ninguno de los verbos típicos enumerados en el art. 303 CP.”
- “La mera enumeración cronológica de adquisiciones de bienes a lo largo de varios años no satisface ese requisito (de habitualidad), si previamente no se explica por qué cada uno de esos actos, individualmente considerado, configura un acto autónomo de lavado”.
- “La circunstancia de que una empresa o sus responsables estén siendo investigados no autoriza a presumir la ilicitud de la totalidad de sus contratos ni que todas las contrapartes revistieron el carácter de víctimas o de cómplices; esa inferencia global sustituye la prueba concreta por la mera sospecha genérica”.
Empleados registrados, no cómplices
El primer cargo que abordó la defensa fue la de asociación ilícita (art. 210 del Código Penal). Para que ese delito exista, la ley exige un acuerdo de voluntades de tres o más personas, de carácter permanente u organizado, con el fin específico de cometer delitos de manera indeterminada. Vallejo dice que ninguno de esos requisitos se verifica.
El argumento se apoya en la documentación laboral incautada en los propios allanamientos. Cada uno de los imputados tenía un vínculo formal con las sociedades del grupo: Gerardo Salvador Carrozza, gerente general y apoderado de Sur Finanzas Group SA, Sur Finanzas PSP SA y ARS Cambios SAS; María Fernanda Sena Argis, presidenta de Sur Finanzas Group SA y responsable del área de liquidación y pagos; Bárbara Denise Sena Argis, jefa de departamento y directora suplente de Sur Finanzas PSP SA; Nahiara Gamarra, secretaria del directorio; Daniela Sánchez y Micaela Sánchez, secretaria y cajera respectivamente; Rolando Soloaga y Sergio Da Silveira, afectados al área de transporte de caudales; Susana Beatriz Hoffmann, asesora externa.
El texto hace mención a que las cuatro sociedades señaladas por la acusación —Sur Finanzas Group SA, Sur Finanzas PSP SA, Centro de Inversiones Concordia SRL y ARS Cambios SAS— son personas jurídicas inscriptas, con CUIT asignado por ARCA y nómina de empleados registrados ante los organismos de seguridad social. La defensa también cuestionó que se impute a Hoffmann y a Gamarra haber integrado la asociación ilícita con base en que la primera aparece citada de manera periférica en una conversación y la segunda figura en remitos de compra.
Usura sin víctima
En segundo lugar la defensa de Vallejo atacó el cargo por tasas usurarias (art. 175 bis del Código Penal) con una pregunta que la defensa considera sin respuesta en el expediente: ¿quién es la víctima?. Los contratos de préstamo cuestionados fueron celebrados con clubes de fútbol —personas jurídicas con asesoramiento contable— que nunca impugnaron los contratos, nunca reclamaron la restitución de intereses y nunca formularon denuncia alguna, según señaló Vallejo.
La defensa también sostuvo que la Fiscalía no explicó en qué parámetro técnico se basó para calificar las tasas como usurarias. El argumento de fondo fue que, en un contexto de alta inflación como el que atravesó la Argentina en los períodos investigados, una tasa nominalmente elevada puede ser razonable en términos reales. La norma, agrega Vallejo, no reprime cualquier tasa alta; reprime el aprovechamiento de la necesidad, la ligereza o la inexperiencia del deudor. Y los clubes de fútbol, con sus comisiones directivas y sus asesores contables, no encajan en ese perfil, sostuvo la defensa del financista que llegó a ser prestamistas y sponsor de los clubes de la AFA por intermedio de Tapia.
Banfield y los millones de dólares
El tercer cargo —defraudación en perjuicio del Club Atlético Banfield— fue refutada apoyada en contratos fechados, transferencias bancarias y decisiones institucionales del propio club.
La Fiscalía sostiene en su acusación que los contratos de mutuo entre Sur Finanzas Group SA y Banfield integraron una maniobra fraudulenta. La defensa presentó la secuencia de hechos tal como consta en el expediente:
- El 17 de julio de 2023, Sur Finanzas y el club suscribieron un primer mutuo por USD 500.000 para cubrir necesidades de liquidez.
- El 9 de octubre de ese mismo año, firmaron un segundo contrato por igual suma para atender requerimientos de caja. Ambos contratos, dice Vallejo, contaron con aprobación previa de la Comisión Directiva del Club. Los fondos se transfirieron, el club los recibió y los aplicó a sus necesidades. Luego, las propias autoridades renegociaron la deuda. Y la nueva conducción, tras el cambio de dirigencia, ratificó y continuó el vínculo comercial con Sur Finanzas.
Sobre el sponsoreo —que la acusación fiscal califica de ficticio—, la defensa presentó una propuesta formal de patrocinio emitida el 12 de diciembre de 2022 y señaló que la marca Sur Finanzas estuvo visible en la indumentaria del club y en partidos televisados, incluyendo los de la “Copa Sur Finanzas”. La nueva conducción del club ratificó el vínculo, dato que la defensa presentó como prueba de que el contrato tuvo valor económico real.
Los números del lavado
El cargo de lavado de activos (art. 303 del Código Penal) fue cuestionado por la defensa desde cinco ángulos.
El primero es conceptual: la evasión tributaria no puede ser “hecho precedente” del lavado. Vallejo citó al jurista F. J. Córdoba para sostener ese punto: “Lo característico del delito de evasión es que el autor se ahorra gastos que debería realizar para cancelar una deuda con el Fisco; por lo tanto un gasto ‘ahorrado’ es un gasto que no se hizo, es decir, una ‘nada’ que no puede, por consiguiente, ser objeto idóneo de un delito de lavado”.
El segundo es aritmético. Para la defensa de Vallejo «los montos no cierran». La retención de aportes imputada totaliza aproximadamente $46.000.000. Las adquisiciones de vehículos señaladas como maniobra de lavado suman $338.659.900 —casi ocho veces más—. Vallejo sostiene que esa cifra se condice con su patrimonio declarado al 1° de diciembre de 2025: $1.800 millones, compatibles con un salario de $70.000.000 mensuales durante más de tres años como CEO del grupo, más dividendos societarios, financiamiento bancario y reinversión empresarial.
El tercero apunta a la vaguedad de la imputación fiscal: la fórmula de la acusación se repite de manera idéntica para todos y cada uno de los actos enumerados —compra de vehículos, administración de una caja de ahorro, transferencias a RDA, aportes de capital— sin ninguna referencia a hechos concretos que permitan inferir dolo o conocimiento por parte de Vallejo.
El cuarto cuestiona la lista de vehículos. La acusación los enumera de forma acumulativa, generando una imagen de acumulación patrimonial que no se corresponde con la realidad: la mayoría estaban registrados a nombre de las empresas del grupo, no a nombre personal de Vallejo. “En forma simultánea nunca tuvo más de cuatro rodados propios”, sostiene el escrito. La compra de un camión Mercedes Benz, agrega la defensa, respondió a las necesidades operativas del área de transporte de caudales de Sur Finanzas Group.
El quinto rechaza el agravante de habitualidad: la mera enumeración cronológica de adquisiciones a lo largo de varios años no alcanza para configurarlo si no se explica por qué cada acto, individualmente considerado, constituye un acto autónomo de lavado.
Los clubes de fútbol como testigos
El descargo también revela la magnitud de la red de contratos deportivos que Sur Finanzas tejió con el fútbol argentino. La defensa pidió la citación de representantes de Asociación Atlética Argentinos Juniors —que recibió $600.000.000 destinados al pago de salarios y obras en la tribuna de su estadio—, Club Atlético Temperley, Club Atlético Acassuso, Defensores de Glew, Dock Sud, Estrella, Club Atlético Excursionistas y Racing Club, todos para testificar sobre la naturaleza comercial real de sus contratos con el grupo.
Respecto de Club Atlético San Lorenzo de Almagro, el escrito revela que la deuda de ese club —de $420.000.000— obligó a Sur Finanzas a refinanciar pasivos y resignar locales alquilados. La Liga Profesional de Fútbol Argentino abonó a Sur Finanzas PSP S.A. el 15 de julio de 2025 en cumplimiento de una cesión de derechos televisivos de San Lorenzo, dato que la defensa presentó como prueba de que ese mecanismo de financiamiento es una práctica legal y habitual en el fútbol argentino.
Clubes de fútbol como testigos
Para respaldar su posición, el defensor Parera, que integra el estudio jurídico de Mauricio D’Alessandro, le solicitó al juez Armella una pericia contable integral sobre sociedades del grupo —entre ellas Sur Finanzas Group SA, Sur Finanzas PSP SA (ex Neblockchain), Roma Inversiones SA, Sur Crypto SA y Cluster Palace Beach SA—, una auditoría forense independiente sobre el origen de los fondos catalogados como espurios, y oficios al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para verificar si existieron sanciones firmes contra las sociedades del grupo y si Sur Finanzas PSP SA estaban registrada como Proveedor de Servicios de Pago (PSP).
También pidió que declaren como testigos:
- La Asociación Atlética Argentinos Juniors para acreditar que los fondos recibidos ($600.000.000 totales) fueron destinados al pago de salarios y a obras en la tribuna del estadio, y que el descuento de cheques propios es una práctica legítima de financiamiento adoptada libremente por la entidad.
- Club Atlético Temperley para acreditar las condiciones reales del contrato y ausencia de coacción.
- Club Atlético Acassuso, Defensores de Glew, Dock Sud, Estrella, Club Atlético Excursionistas, Racing Club para “testimoniar sobre la naturaleza comercial real de los contratos y que los fondos fueron recibidos conforme a lo pactado”.
- Liga Profesional de Fútbol Argentino / Superliga para “informar que la cesión de derechos televisivos futuros como mecanismo de financiamiento es una práctica habitual y legal en el fútbol argentino”, y “ratificar el pago efectuado a Sur Finanzas PSP S.A. el 15/7/2025 en cumplimiento de la cesión del Club Atlético San Lorenzo de Almagro”.
- También pidió oficios a cinco bancos —Banco Hipotecario, Banco Macro, Banco Industrial, Banco COINAG y Banco BBVA Argentina— para determinar si se emitieron Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF). La declaración testimonial del contador interno del grupo, Gustavo López, está en la lista. Y también la designación de un perito experto en derecho corporativo y compliance que explique al tribunal, con criterios técnicos, cuándo un entramado societario configura lavado de activos y cuándo responde a prácticas habituales en grupos empresarios del sector financiero argentino.
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