POLITICA
Círculo rojo: reacciones urgentes en el Gobierno y las razones detrás del acercamiento con el PRO
Antiguos colaboradores de Mauricio Macri -algunos que siguen muy cerca del ex presidente- crearon antes de dejar el gobierno en el 2019 un grupo de WhatsApp que aún se mantiene activo y lo bautizaron “Nadie maneja nada”. Aludían, en aquel entonces y una vez consumada la derrota en manos del peronismo, a que en la Argentina los movimientos y las acciones en el sistema político tienen, en general, mucha menos sofisticación de la que parece.
El miércoles, cuando trascendió a través de este medio que Karina Milei había telefoneado 48 horas antes por media hora al jefe del PRO para proponerle un acercamiento, impensado meses atrás, en sectores del círculo rojo se instaló la idea de que el ex presidente había avalado una potencial candidatura de Hernán Lacunza para presionar y forzar un acuerdo con el Gobierno de cara al 2027, a tal punto que el pasado domingo, un día antes del llamado telefónico, el economista avisó en un reportaje en el diario La Nación que veía “a Macri y a una parte importante del PRO decididos a enfrentar a Milei en 2027″. “Si supieran cómo funcionan las cosas de verdad”, se divertía este viernes un referente macrista.
No fue la presión de Macri, tampoco el resultado de una estrategia estudiada y ejecutada por la mesa política en la que Javier Milei delegó las decisiones electorales, de la que no participa y que, tras la crisis por la permanencia y posterior salida de Manuel Adorni, no logró aún cohesionar los intereses y la atención de sus integrantes detrás del proyecto de reelección del presidente. “El Gobierno está apagado”, se sinceró el martes uno de los miembros de esa mesa tras el traspié de la semana anterior en el Senado y la pérdida de confianza de los aliados. En el seno del Ejecutivo se instaló por primera vez con fuerza, después de la durísima derrota electoral de septiembre del 2025 en territorio bonaerense y de que Milei tuviera que ser rescatado por el Tesoro norteamericano, que la reelección presidencial entró en un pantano. En palabras de Luis Caputo, “Toto”, cada vez son menos los que creen que el 2027 será “un paseo por el parque”.
Ese escenario incierto, y en particular cada vez más indicadores negativos de la actividad económica, llevaron a que la hermana del Presidente llamara por teléfono a Macri y respaldara la conformación de una mesa partidaria con el PRO, y a que el oficialismo activara de urgencia un plan de contingencia con los gobernadores para garantizarse apoyos parlamentarios. También a que el ministro Caputo anunciara la flexibilización de créditos en dólares para empresas. El viernes, en un encuentro con el establishment, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, reconoció que “la economía crece más despacio” de lo que querría. Un reciente informe de Fundar corroboró el cierre de más e 2.300 empresas en mayo -30.633 menos que en noviembre del 2023, según los últimos datos oficiales- y 15 de los 18 sectores de la economía con caídas respecto al mes anterior en todo el país.
Uno de los artífices de esa apremiante hoja de ruta es Diego Santilli, “El Colorado”, que propició el cruce telefónico del pasado lunes entre la hermanísima y el jefe del PRO y que en las últimas horas emprendió un raid por las provincias. “Nosotros nos invitamos a nosotros mismos”, bromeó uno de los enviados de Macri en relación a la afiliación partidaria del jefe de Gabinete. El martes, tras un encuentro del grupo Clarín en el MALBA, el ministro coordinador se reunió en el café de ese museo con Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; minutos después, se sentó en el medio del salón con Raúl Jalil, de Catamarca. Al día siguiente, viajó a Misiones para participar de una cumbre junto a los gobernadores del norte grande. Este viernes, voló a Catamarca para firmar un convenio con el mandatario provincial y Elías Suárez, el delfín de Gerardo Zamora en Santiago del Estero. En esa cumbre estuvo “Toto” Caputo. Toda una novedad: fuentes oficiales aseguran que el ministro parece haber notado el cambio en el humor social que muestran todas las encuestas, y el optimismo que manifestó meses atrás en la mesa política parece haber quedado ya sepultado. Santilli, en tanto, se ha erigido como un colaborador estrecho de Karina Milei, al frente incluso de cuestiones sensibles como la licitación del predio de Tecnópolis, en Villa Martelli.
Esa agenda hiperactiva que contrasta con la pasividad de hace diez días se completó el jueves con la reunión que el ministro coordinador encabezó en su oficina junto a los Menem, Martín y Eduardo -“Lule”-, y los enviados de Macri para empezar a negociar las condiciones de un eventual acuerdo electoral en el 2027: Cristian Ritondo y Fernando de Andreis.
“Se los ve convencidos de que no les queda otra que acordar, pero no sé si están tan conscientes de lo difícil que la pueden tener para ganar la elección”, aseguró un dirigente amarillo que conoció de primera mano los pormenores de esa reunión del jueves en Casa Rosada. Es alguien que vivió, en carne propia, la crisis desatada tras la debacle en las PASO del 2019 que hirió de muerte al proyecto de Cambiemos. “La economía no va a mejorar, pero no veo un quilombo en la calle aunque sí puede ser un problema electoral. Me hace acordar a nosotros, que decíamos que ya iba a arrancar y que nadie iba a votar a Alberto Fernández como ahora nadie va a votar a Axel (Kicillof)”, insistió la fuente.
Según la última encuesta de la Universidad de San Andrés, que mide mensualmente la gestión de gobierno, el 57% de los encuestados respondió que el país empeoró en comparación al 2025, y un 44% cree que la situación estará peor dentro de un año. El mismo estudio consignó que la desaprobación de la administración de Milei se consolidó en un 61%, por encima del registro que había alcanzado Macri cuando perdió las primarias del 2019. La falta de trabajo, con un 39%, y los “bajos salarios”, en un 36%, volvieron a posicionarse como las principales preocupaciones de los argentinos. Esas variables inquietan al círculo rojo empresario, cada vez más ávido de alternativas electorales. Pero también al sindicalismo, que hasta el año pasado había mantenido una posición bastante pasiva con el gobierno, incluso durante la discusión por la reforma laboral hasta que el Ejecutivo clausuró las negociaciones y se encolumnó detrás del proyecto en el Congreso.
Uno de esos interlocutores fue Gerardo Martínez, el jefe del gremio de la construcción, uno de los sectores más castigados. En junio, según el INDEC, se registró una variación interanual del 4%, pero una caída del 4,1% respecto al mes anterior. Martínez está preocupado, y está pendiente de alguna respuesta por parte del Ejecutivo a la batería de iniciativas que le acercó a la Casa Rosada y al Palacio de Hacienda para dinamizar el sector, algunas de ellas a través de Federico Domínguez, un economista ligado a la Fundación Faro que tiene llegada privilegiada al equipo económico y al Presidente, recluido en Olivos. Entre esas propuestas se habló de la necesidad de revitalizar más de 100 proyectos del programa PROCREAR que en algunas provincias llegaron a tener avances de más del 70%. Hace algunos días, el jefe de la UOCRA participó de una reunión en la CAF junto a representantes de la capital, de Neuquén y de Santa Fe, y la Cámara de la Construcción, para conversar sobre la posibilidad de financiar con créditos de ese organismo regional esos proyectos. “Sin la voluntad del Gobierno es muy difícil”, aseguraron fuentes al tanto de esa reunión. En otro encuentro con desarrolladores inmobiliarios, un emisario libertario se refirió a la necesidad de repatriar dólares del exterior por parte de los argentinos. Uno de los presentes le respondió: “¿Por qué no empiezan ustedes, los del gobierno?“.
Casi el 80% de esos proyectos de PROCREAR están en la provincia de Buenos Aires, bajo el dominio de Kicillof. Entre los gobernadores empezaron a dialogar sobre la opción de encontrar una respuesta en los fondos del FAL, creado en la reforma laboral, o incluso en el FGS de la ANSES, cuya utilización necesita sí o sí una ley del Congreso. “Estamos trabajando en eso”, aseguraron desde una provincia. Pareciera muy improbable que el Ejecutivo acepte esa propuesta tan audaz.
Acción y reacción. Cuánta de la creciente preocupación del Gabinete por la actividad económica es compartida por el Presidente es la mayor incógnita dentro del Gobierno, un enigma agigantado por la agenda oficial del mandatario, que pasa buena parte de su tiempo en Olivos. Pero sí pareciera haber entendido de la seriedad del desafío su hermana Karina, que ordenó a Santilli y a los Menem que avanzaran en una serie de acuerdos con los gobernadores y con el PRO, una decisión que, de consolidarse, destiñe la pureza violeta con la que la hermanísima se impuso internamente en el 2025 con el resultado electoral de octubre. Ese proceso, que se inició formalmente esta semana, puede tener repercusiones a mediano plazo en la capital, la casa matriz. No solo porque el PRO cumple el año próximo 20 años de permanencia, y no tiene intenciones de ceder el poder, si no por la disputa que ya es vox populi entre los primos, Mauricio y Jorge Macri. El por qué de esa interna arrastra varias versiones -algunas muy delicadas-, pero así lo explica, crudamente, un ladero del ex presidente: “Mauricio quiere algo totalmente distinto para los próximos cuatro años, y muchos de los que van a verlo a sus oficinas de Olivos también, te sorprenderías de algunos nombres…”.
El jefe de Gobierno lo sabe. Por eso se intentó primero un acercamiento a través de Daniel Angelici, “El Tano”, y otros interlocutores, pero fue infructuoso. El alcalde buscó entonces congraciarse con La Libertad Avanza, en público y en privado, para explorar un entendimiento que lo posicione en una alianza para ser reelecto. Ese movimiento enardeció al jefe del PRO, que por lo menos dejó que se instale en el círculo rojo que no estaba de acuerdo con esa jugada. La reunión del jueves en Casa Rosada no fue un buen indicio para el jefe de Gobierno: desde el entorno de Karina Milei aseguran que, de avanzar en un paquete integral, que incluya a la capital, el garante de ese acuerdo no es otro que el ex presidente. “¿Y cómo haces para bajar, en ese caso, a Jorge Macri que quiere reelegir y que es ni más ni menos que el jefe de Gobierno?“, preguntó este medio a un confidente muy cercano del jefe del PRO. ”Esa es la gran pregunta», respondió. No son pocos, de todos modos, los que pronostican que, finalmente, habrá un entendimiento entre los primos, que nunca tuvieron una relación armoniosa.
En paralelo, el Gobierno bajará en las próximas semanas a la capital con varios de sus ministros junto a la Secretaria General y su delegada, la legisladora Pilar Ramírez. Se espera por la presencia de “Toto” Caputo, Santilli y Alejandra Monteoliva. Eso significa que LLA todavía quiere esperar y jugar con su agenda propia y figuras propias antes de sentarse a negociar un hipotético acuerdo. ¿Puede ser Santilli la prenda de unidad? Hoy no pareciera. Tampoco Patricia Bullrich, rechazada por el sistema de poder de la capital en el que tienen intereses en común tanto el PRO, como el peronismo como LLA.
En la negociación con el PRO, la suspensión de las PASO es todavía una moneda en el aire: “Mauricio tiene dudas sobre qué hacer”, resaltaron en la cúpula amarilla. Meses atrás, de visita en Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro le inoculó al ex presidente la idea de sacar esa herramienta para dividir al peronismo, pero el jefe del PRO está indeciso. Es la misma razón por la que el Gobierno pretende avanzar con la eliminación de ese capítulo de la reforma electoral que pretende discutir en el Congreso próximamente. Eso y el fantasma de Cambiemos, cuyo programa económico voló por los aires tras la derrota del 2019. Más aún cuando el martes pasado, en un hotel de Retiro, en la capital, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Axel Kicillof, un grupo de gobernadores y los jefes de los bloques del peronismo en ambas cámaras del Parlamento volvieron a reunirse en un mismo salón durante horas. No pasaba hacía tiempo. Ni la Iglesia lo había podido lograr. Lo hicieron con la excusa de aunar una posición común en torno al sostenimiento de las primarias, pero el trasfondo es otro: el peronismo, todavía atravesado por severas desconfianzas, ve una ventana de luz para disputarle el año próximo a Milei la Presidencia.
Por eso aumenta el nivel de zozobra en el Gobierno, e impacta de manera directa en el círculo rojo local e internacional. Semanas atrás, cuando el gobernador Ricardo Quintela anunció que expropiarían lo que tengan que expropiar si vuelven al gobierno, la sede central de una empresa con inversiones en energía en el país envió un reporte interno para conocer más de esas declaraciones. Eso explica, además, los dichos de esta semana del ministro de Economía, que subrayó, en tono jocoso, que “nadie” en el peronismo quería juntarse con Kicillof: mientras lo resaltaba, empezaba a trascender el encuentro en el hotel Emperador.
Al Gobierno le preocupa, como abundó Bausili, la lentitud en el “derrame” en la economía. Ese proceso, que aún no es virtuoso, alarma también a los gobernadores que tienen recursos naturales y están muy entusiasmados por el boom del petróleo, la energía y la minería, pero siguen con atención el desarrollo de los “nuevos conurbanos”, un fenómeno inquietante. En San Juan, por ejemplo, que acaba de firmar un acuerdo con Vicuña para recibir USD 250 millones para obras iniciales en lo que será el mayor proyecto minero de la Argentina, las autoridades están preocupadas porque no haya “derrame” para todos.
Pero más allá de las luces rojas en el tablero de la economía, Milei no le escapa a un fenómeno global que propició un viraje en la región, en países como Chile o Colombia, por mencionar solo algunos: la insatisfacción creciente de las sociedades. Lo que Jaime Durán Barba, que está a punto de publicar “¿Qué diablos nos pasó?“, llama ”la mente licuada» y la “cabeza scrolleada” de la gente. “Lo único que está de moda es el cambio”, asegura el consultor ecuatoriano que está en conversaciones en el país con el empresario Jorge Brito. Ese fenómeno social que muestran las encuestas, una crisis de representación que aplica a todos los ámbitos, desde los políticos hasta los clubes de fútbol, es el que inspira a una serie de dirigentes y empresarios a pensar en la posibilidad de postularse el próximo año: “¿Por qué no?“.
Los estudios focales exhiben ese malestar que se traduce en desazón, frustración o bronca. Aparece, en ese sentido, otro nuevo fenómeno: el sujeto social con pluriempleo que, aún así, no llega a fin de mes. A eso se suma el récord en la morosidad de las familias. Una nueva versión de los “asalariados pobres” que marcaba en su momento Cristina Kirchner durante el gobierno del Frente de Todos.
Sobre esa realidad el Gobierno intenta reaccionar en medio de una notoria desconexión interna. Las Fuerzas del Cielo, por caso, desenchufaron la propaladora digital que caracterizó a esa agrupación en los primeros años del mandato de Milei, que hace rato empezó a perder en el terreno de las redes sociales. Santiago Caputo cuida sus intereses, en medio de pases de factura internos. Algunos de ellos, feroces. Hay quienes empezaron a llamar a antiguos colaboradores y socios “los desleales”.
POLITICA
El Gobierno quiere destrabar el Súper RIGI en el Senado y le hizo una contrapropuesta a los aliados
A menos de un mes y medio para que finalicen las sesiones ordinarias, el Gobierno hará un último intento para destrabar el Súper RIGI en el Senado -inversiones por más de USD 1.000 millones para industrias “del futuro”-, con un Ministerio de Economía -comanda Luis Caputo– que tiene la definición del tema en sus manos. Esto ocurre tras el pedido de tres senadores para modificar el articulado que paralizó la discusión, a comienzos del mes pasado: según corroboró Infobae, apareció una nueva propuesta ya en análisis y se espera una decisión en los próximos días.
En concreto, el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires), el peronista no K Carlos Espínola (Corrientes) y el jefe del PRO, Martín Goerling (Misiones), exigieron ampliar el término “precio/calidad” para no favorecer importaciones que hoy se expanden en el vigente RIGI, algo que preocupa en un puñado de provincias. Además, solicitan que el valor de los potenciales insumos en cuestión “no supere en más de un 15% el precio comparable de la oferta de origen extranjero” en igualdad de condiciones.
Semanas atrás, la líder libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, validó otros cambios anticipados relacionados con el 20% a favor de bienes locales, y que las inversiones reaseguren la “capacidad de conexión al sistema eléctrico” y un esquema de abastecimiento para cubrir la demanda máxima, sin afectar la seguridad del mismo.
Lo que sí queda claro es que el texto, de llegar al recinto, volvería en segunda revisión a Diputados. Mientras tanto, en la Casa Rosada insisten, ya en el terreno de la fantasía, en consumar toda la agenda pendiente en 45 días. Por eso es que, de continuarse con los debates de varios articulados en carpeta -un par, de peso-, en el Congreso ya todos huelen perfume a extraordinarias, salvo que no lo desee el Ejecutivo, a quien le corresponde la potestad de convocar. No ocurre lo mismo en el universo de Balcarce 50, que tendría que aspirar a la magia para realizar su cometido, aunque insiste con fervor y otras delicias.
¿Qué plantean los legisladores?
Para verificar la oferta, los aliados sugieren que la eventual autoridad de aplicación establezca “un mecanismo de consulta con entidades empresarias representativas de los sectores productivos involucrados, a fin de verificar la existencia de proveedores locales con capacidad efectiva para atender los requerimientos del proyecto en condiciones competitivas de precio, calidad, cantidad, especificaciones técnicas y plazos de entrega, con carácter previo a determinar la inexistencia o insuficiencia de oferta nacional”.
En tanto, la propuesta impone: “A los efectos del cumplimiento de las obligaciones de adquisición local previstas en el presente Régimen, se considerará competitiva la oferta de un proveedor local cuando, cumpliendo condiciones equivalentes de calidad, especificaciones técnicas, cantidad y plazos de entrega, su precio no supere en más de un quince por ciento (15%) el precio comparable de la oferta de origen extranjero”.
Además, la comparación deberá “efectuarse sobre precios equivalentes puestos en destino, considerando todos los costos asociados a la importación y provisión del bien o servicio, conforme establezca la reglamentación”. Los senadores en cuestión, que levantaron el perfil, estudian el nuevo borrador. El mismo no abarcaría la demanda aliada en su totalidad, aunque busca amortiguar la queja.
Por otra parte, un guiño en este tema encadenaría otra respuesta similar a la expectativa del jefe de la UCR en la Cámara alta, Eduardo Vischi (Corrientes), que aguarda un aval al Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR). Los planes allí partirían desde los USD 12 millones para grandes empresas. Su colega Abad, el macrista Goerling Lara y el peronista Espínola sugirieron un mismo artículo para incorporar a dicho texto. También se trabó.
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POLITICA
Contraofensiva empresarial: impulsan la destitución del juez que absolvió al dirigente de Camioneros por el bloqueo contra una pyme
Los empresarios reaccionaron y activaron una contraofensiva por el polémico fallo de Alejandro López, el juez de San Nicolás que absolvió al líder del Sindicato de Camioneros de esa ciudad, Maximiliano Cabaleyro, y a otros seis imputados por el bloqueo de la pyme Rey Distribución, de San Pedro, en febrero de 2021.
La sentencia eximió de culpa a los responsables de esa protesta extorsiva, que se extendió durante cinco días e incluyó amenazas y hostigamiento, con fundamentos cargados de controversia: el juez dio por probado que existió un bloqueo que impidió el acceso a la empresa y que le ocasionó pérdidas millonarias, pero lo consideró como el “legítimo ejercicio de un derecho”.
“Lo que le está diciendo este juez a la sociedad es que no importa que cometas delito, siempre que haya una huelga existe una justificación”, afirmó Ariel Rey, uno de los dueños de la pyme Rey Distribución, en diálogo con Infobae. “Si yo quiero abrir mi negocio, sacar el camión para salir a repartir y un grupo de personas hace un cordón humano y te dicen: “No avanzás”, ¿eso no es un delito? ¿Qué tiene que ver eso con el derecho de huelga?“, se preguntó el empresario.
Hace 48 horas, hubo fuertes pronunciamientos de rechazo a la sentencia de López por parte de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), a la que calificaron de “preocupante retroceso”, pero el mundo empresarial activó, además, una estrategia contra el magistrado que, en la práctica, justificó que se violen los derechos de propiedad, a la circulación y a trabajar, amparados por la Constitución Nacional, como el derecho de huelga, si se producen en el marco de un conflicto laboral.
Por eso desde el empresariado se impulsan dos denuncias distintas contra el juez de San Nicolás ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, en las que cuestionan el fallo absolutorio de Cabaleyro y los otros 6 imputados y piden determinar si existe responsabilidad que pueda justificar el enjuiciamiento y la remoción del magistrado.
Ambas presentaciones son similares a la presentada el jueves pasado por el diputado bonaerense Manuel Passaglia, del partido Hechos, quien fue intendente nicoleño cuando, en abril de 2022, el Sindicato de Camioneros bloqueó la ciudad durante 48 horas en rechazo de las detenciones de Cabaleyro y Fernando Espíndola por la protesta contra Rey Distribución.
Una de las denuncias ya se oficializó este viernes y está promovida por el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), con el aval de su presidente, Juan Méndez. La otra se formalizará esta semana ante el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia porque todavía están juntando firmas y se estima que habrá unas 50 empresas que apoyarán la presentación.
En las dos se pone en la mira el fallo absolutorio y se pide que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense analice si la actuación del juez podría encuadrar en causales de mal desempeño.
Las presentaciones sostienen que el juez dictó la absolución de los imputados por el bloqueo pese a haber tenido por acreditados los episodios de obstrucción del ingreso y egreso de vehículos en la pyme. De acuerdo con la presentación, López consideró que las conductas estaban justificadas por el “ejercicio de un derecho”, en referencia al artículo 34, inciso 4.º, del Código Penal.
En el escrito, el MEAB remarca que su cuestionamiento “no se dirige contra el reconocimiento constitucional del derecho de huelga ni pretende desconocer la legitimidad de los reclamos sindicales”, pero, de todas formas, afirma que debe determinarse si López “delimitó adecuadamente el alcance de ese derecho y examinó de manera suficiente la posible afectación de derechos de terceros”.
“La tutela constitucional de la huelga debe armonizarse con los restantes derechos y garantías reconocidos por el ordenamiento jurídico, entre ellos el derecho de propiedad, el ejercicio de actividades económicas lícitas y la protección de la posesión frente a actos de turbación”, expresa la entidad que dirige Méndez.
Los empresarios del MEAB diferencian entre la legitimidad de un reclamo laboral y la legalidad de las modalidades utilizadas para ejercer presión durante un conflicto. En esa línea, plantea que “el reconocimiento (del derecho de huelga) no implica que toda conducta desplegada durante un conflicto laboral quede automáticamente justificada por la sola existencia de un reclamo sindical”.
El núcleo de la denuncia se concentra en el razonamiento aplicado para absolver a los acusados. El MEAB sostiene su presentación que, aunque el fallo reconoció la existencia de obstrucciones al paso de los vehículos, el juez concluyó que los hechos eran atípicos por encontrarse amparados por el ejercicio de un derecho.
“No basta con identificar la existencia de un derecho en abstracto: es necesario establecer si el comportamiento concreto constituye un ejercicio legítimo de aquel”, señala el escrito presentado al referirse a la aplicación del artículo 34, inciso 4.º, del Código Penal.
Las empresas denunciantes, en ese sentido, solicitan que se examine si el magistrado realizó una ponderación específica de “los medios empleados, sus efectos y los derechos eventualmente afectados”, o si el contexto sindical fue considerado como una justificación general para las conductas investigadas.
De todos modos, aclaran que “no se sostiene que la absolución sea por sí misma demostrativa de mal desempeño”. En cambio, plantea que debe analizarse si la fundamentación utilizada revela una deficiencia funcional con la gravedad requerida por la ley.
En el escrito, el MEAB pide que se investigue una eventual configuración de tres causales previstas en el artículo 21 de la Ley 13.661: incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de las funciones, incumplimiento de los deberes inherentes al cargo y comisión de graves irregularidades en procedimientos a cargo del magistrado o en los que hubiera intervenido.
Respecto de esta última figura, la entidad aclara que se formula “de manera subsidiaria” y que no se basa exclusivamente en el dictado de un fallo absolutorio.
“El eventual encuadre de cualquiera de estas causales deberá establecerse a partir del examen integral de la sentencia y de las actuaciones pertinentes, sin presumir responsabilidad por el solo contenido de una decisión jurisdiccional”, indica la denuncia.
La presentación del MEAB también menciona la Ley 27.802 de Modernización Laboral, a la que atribuye modificaciones vinculadas con la libertad de trabajo y la penalización en casos de obstrucción del ingreso o egreso de personas y bienes de establecimientos.
En el escrito se precisa que la referencia a esa normativa se realiza como parte del contexto vigente al momento de formular el planteo y no como argumento para una aplicación retroactiva. “Aun prescindiendo de toda aplicación retroactiva de la reforma, la existencia de un conflicto laboral no dispensaba de examinar los límites jurídicos del derecho invocado”, sostiene.
Para los denunciantes, la discusión excede el caso puntual debido a su potencial impacto sobre empresas, trabajadores, proveedores y circuitos de distribución. “Las medidas de acción sindical pueden constituir instrumentos legítimos de reivindicación. Pero cuando sus modalidades concretas involucran la obstrucción de accesos, la limitación de la circulación o la afectación del funcionamiento de establecimientos se impone un análisis jurídico”, argumentan.
“La cuestión adquiere relevancia porque la interpretación de los límites del derecho de huelga no involucra únicamente los intereses de quienes intervienen directamente en un conflicto laboral -señala el MEAB-. También puede comprometer derechos de terceros y la previsibilidad con la que deben desenvolverse las actividades empresariales”.
Como prueba, la organización ofrece la copia íntegra del veredicto cuestionado y solicita, de considerarlo pertinente, que se requieran las actuaciones judiciales necesarias para evaluar el debate, la prueba producida, los alegatos y los fundamentos de la sentencia.
En su presentación, el MEAB solicita que se tenga por formulada la denuncia contra López, que se incorpore la documentación ofrecida y que se ordenen las medidas necesarias para determinar si corresponde avanzar con el enjuiciamiento al juez previsto en la Ley 13.661.
El texto finaliza con una aclaración sobre su alcance: “La formulación de la denuncia no implica afirmar de antemano la responsabilidad del magistrado ni desconocer las garantías que protegen la independencia judicial”.
El Jurado de Enjuiciamiento deberá resolver, en primer término, la admisibilidad y pertinencia de los hechos expuestos antes de avanzar, eventualmente, con las medidas de comprobación correspondientes.
POLITICA
Piden un jury de enjuiciamiento contra el juez que absolvió al dirigente de Camioneros que bloqueó una pyme
El diputado bonaerense Manuel Passaglia presentó una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires para que se investigue si hubo mal desempeño del juez Alejandro López, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de San Nicolás, a raíz del polémico fallo que absolvió al líder local de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y otros 6 imputados en el bloqueo a la pyme Rey Distribución.
Passaglia, legislador provincial por el partido Hechos y ex intendente de San Nicolás, no pide revocar el fallo de López sino investigar si la fundamentación jurídica de esas absoluciones tuvo “fallas graves”.
Se trata de la primera presentación efectuada contra el magistrado a 24 horas de la sentencia que eximió de culpa a los responsables de esa protesta extorsiva, que se extendió durante 5 días e incluyó amenazas y hostigamiento, con argumentos controvertidos: López admitió que existió un bloqueo que impidió el acceso a la empresa y que le ocasionó pérdidas millonarias, pero lo consideró como “legítimo ejercicio de un derecho”.
El juez López dictó el veredicto absolutorio este miércoles en una causa caratulada como turbación de la posesión, coacción, extorsión y tentativa de extorsión, iniciada luego del bloqueo sindical en la empresa Rey Distribución, ubicada en San Pedro, donde los imputados principales eran Maximiliano Cabaleyro, titular del Sindicato de Camioneros de San Nicolás, y 6 empleados de la pyme que participaron de la protesta.
El propio fallo tuvo por acreditado que hubo una obstrucción en las puertas del establecimiento que impidió la salida de vehículos. Sin embargo, López concluyó que esa conducta era atípica —es decir, que no constituía delito— porque los acusados ejercían un derecho reconocido por la ley: el derecho de huelga, amparado en el artículo 34, inciso 4, del Código Penal. El magistrado también señaló que no hubo violencia, daños ni amenazas identificadas durante la medida.
La denuncia promovida por Passaglia contra López no objeta esa conclusión final en sí misma, sino que cuestiona el camino argumental que llevó hasta ella.
Passaglia sostiene que el fallo explicó con detalle las razones que motivaron el conflicto laboral —diferencias salariales, deficiencias de seguridad e higiene, la situación de un delegado gremial— pero no analizó con la misma profundidad si la modalidad concreta de la protesta, su duración y su alcance, estaban comprendidos dentro de los límites del derecho invocado.
El señalamiento apunta específicamente a un pasaje de la página 103 del veredicto —de 110 páginas en total—, donde el magistrado respondió al planteo de las acusaciones sobre la tensión entre el derecho de huelga y los derechos de propiedad. Según la denuncia, López consideró innecesaria la ponderación en los términos planteados y dijo que, en determinadas circunstancias, la huelga se impone sobre otros derechos. Para Passaglia, esa formulación no resuelve el análisis concreto de los límites del bloqueo que el propio juez tuvo por acreditado.
La hipótesis no es que todo perjuicio empresarial derivado de una huelga constituya un delito. Tampoco que la obstrucción física sea suficiente por sí sola para condenar. La pregunta que plantea la denuncia promovida por el diputado de Hechos es más limitada: si la motivación efectivamente plasmada en el fallo satisface el deber legal de explicar por qué ese bloqueo concreto quedaba dentro de los márgenes del Derecho.
El segundo cargo de la denuncia apunta al modo en que el magistrado utilizó un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 1958: el caso Kot, Fallos 241:291, dictado el 5 de septiembre de 1958.
Según la presentación, López invocó ese precedente —que en su momento ordenó la restitución de una fábrica ocupada a través de la vía del amparo— y extrajo de él una conclusión sobre la improcedencia de la intervención penal en conflictos colectivos laborales.
El argumento del magistrado habría sido que ese fallo no hizo referencias a delitos ni a tipos penales, lo que reforzaría la idea de que el derecho penal no era el camino adecuado para resolver el caso.
Passaglia cuestiona esa inferencia. En la denuncia sostiene que “una respuesta de restitución urgente no puede convertirse, sin demostrar el nexo correspondiente, en una regla general de exclusión penal de los conflictos colectivos”. Dicho de otro modo: que un tribunal haya optado por la vía del amparo en 1958 no demuestra automáticamente que las conductas analizadas en otro proceso, décadas después, sean penalmente atípicas o estén justificadas.
La denuncia aclara que no atribuye al juez una falsificación deliberada del precedente, ni sostiene que Kot obligue a condenar a los absueltos. Lo que solicita es que el Jurado contraste el texto íntegro del fallo de 1958, sus antecedentes y su objeto procesal con la caracterización que efectuó López para determinar si hubo una utilización objetivamente descontextualizada y si ese defecto tuvo gravedad funcional.
Qué puede y qué no puede hacer el Jurado
La presentación subraya con énfasis un límite que la propia legislación establece. El Jurado de Enjuiciamiento no es una tercera instancia judicial: no puede revocar el veredicto absolutorio ni ordenar la condena de Cabaleyro. Su función es exclusivamente disciplinaria: evaluar si el juez incurrió en una falta grave en el ejercicio de su cargo.
Los artículos invocados como encuadre provisional son los incisos d y e del artículo 21 de la Ley 13.661, que regulan las faltas de los magistrados bonaerenses. La denuncia también reconoce expresamente que el magistrado apoyó parte de su decisión en un precedente del Tribunal de Casación Penal de la provincia —el caso Ruiz, Carlos Amador, Sala I, sentencia del 13 de marzo de 2013— que respaldaba la atipicidad de la obstaculización de accesos durante conflictos laborales. Ese apoyo jurisprudencial, según afirma Passaglia, debe ser contemplado en el análisis.
La presentación es explícita al reconocer sus propios límites: “La existencia de un criterio discutible no basta para la remoción”. Si la investigación solicitada concluye que solamente hay una discrepancia interpretativa entre el juez y el denunciante, no quedará demostrada ninguna falta funcional.
Passaglia fue intendente de San Nicolás cuando Cabaleyro y Fernando Espíndola, otro dirigente de Camioneros, fueron arrestados en abril de 2022 como responsables de los bloqueos a Rey Distribución para que sus 35 empleados pasaran a estar encuadrados en sus filas y dejaran de estar afiliados en Comercio.
En ese momento, el Sindicato de Camioneros protestó contra las detenciones bloqueando los accesos a San Nicolás, medida que impidió la entrega de alimentos y la recolección de residuos, pero la tuvo que levantar a las 48 horas ante la firme posición de Passaglia.
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