El Gobierno aceptó la renuncia de Claudia Testa a la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo y designó en su lugar a Mariano Sartoris, tras anunciarse el comienzo de un proceso de reestructuración del Ministerio de Capital Humano. Los cambios quedaron asentados en el Decreto N° 1150/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

La medida rige desde el 5 de octubre para la salida de Testa, quien se desempeñaba como subsecretaria dentro de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

“Desígnase, a partir del 6 de octubre de 2026, en el cargo de subsecretario de Relaciones del Trabajo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano al abogado Mariano Mauro Sartoris”, indicaron en el documento.

Previo a la designación, el nuevo subsecretario de Trabajo se encontraba a cargo de la Subsecretaría Legal de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, también bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.

El cambio había sido definido días atrás dentro del Ministerio de Capital Humano. De acuerdo con las fuentes oficiales a las que accedió Infobae, el proceso fue enmarcado en una reorganización interna de la cartera conducida por Pettovello. “La gente en la que más confía la ministra es la que ocupa los cargos”, señalaron.

Al mismo tiempo que indicaron que la decisión no suponía un cuestionamiento a la funcionaria saliente, describieron a Sartoris como un abogado que contaba con la extrema confianza de la titular de la cartera.

De hecho, precisaron que, para desginarlo como subsecretario Legal, se consideró la “trayectoria profesional en el ámbito del Derecho” de Sartoris. También señalaron que su experiencia en los sectores público y privado le permitiría afrontar las tareas del área, que trabaja junto a otros organismos estatales y revisa la validez jurídica de las iniciativas impulsadas por el Ministerio.

Antes de incorporarse al Gobierno nacional, el nuevo subsecretario de Trabajo tuvo funciones en la administración de la Ciudad de Buenos Aires y trabajó en el ámbito de las relaciones laborales de la Cámara de Diputados.

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De esta manera, se convertirá en el sexto funcionario en asumir la titularidad del área, puesto que, antes de Testa estuvieron Martín Huidobro, quien dejó el cargo en octubre de 2024, y previamente Horacio Pitrau, Mariana Hortal Sueldo y Liliana Archimbal, los tres abogados vinculados al ex secretario de Trabajo Jorge Triaca.

Respecto a la trayectoria de Testa en la Subsecretaría de Trabajo, inició a fines de noviembre de 2024, impulsada por el secretario del área, Julio Cordero. Hasta ese momento, se había desempeñado como directora general de Relaciones Laborales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cargo al que había accedido durante la gestión del entonces secretario de Trabajo porteño Ezequiel Jarvis.

Si bien no era identificada como un cuadro técnico del PRO, su experiencia en la administración pública y sus vínculos con referentes sindicales y empresariales fueron factores considerados para su incorporación. Por este motivo, Cordero promovió su pase desde la Ciudad a la Nación luego de haber trabajado con ella junto a Jarvis.

Además, su llegada contó con la aceptación en sectores del sindicalismo dialoguista: antes de incorporarse al Gobierno porteño, Testa había integrado el equipo de abogados de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), encabezada por Gerardo Martínez.

Durante su gestión, la ex subsecretaria laboral concentró responsabilidades vinculadas con las negociaciones salariales y la actualización de convenios colectivos de trabajo. También estuvo a cargo de manera transitoria de la Dirección de Asociaciones Sindicales mientras su titular, Claudio Aquino, permaneció fuera de la gestión. Esa situación se mantuvo hasta julio, cuando fue designado Ramiro Cherñetz, un abogado procedente del sector empresarial.

Tal como lo hizo con Flávio Bolsonaro en Brasil, Javier Milei tiene decidido aprovechar su próximo paso por España para sumar fuerzas a la oposición y confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez antes de las elecciones adelantadas por el oficialismo.

En ese contexto, Milei tiene previsto alternar encuentros académicos y empresariales con actividades políticas, como reunirse con dos referentes de la oposición con los que mantiene una fuerte sintonía ideológica: la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el diputado nacional Santiago Abascal.

La primera es una de las principales referentes del Partido Popular -la derecha tradicional española- que conduce Alberto Núñez Feijóo, mientras que el segundo es el líder de Vox, que representa a un sector más radicalizado y ultraconservador.

Si bien la mayor cercanía política de Milei es con este último espacio, el Presidente tiene un buen vínculo con ambos dirigentes, a quienes busca alentar de cara a los próximos comicios en el país europeo. En el caso de Díaz Ayuso, la dirigente le otorgó una distinción en Madrid en 2024 y Milei la recibió en la Casa Rosada en enero de este año. Por su parte, Milei considera a Abascal un amigo personal y ha participado en varios de los foros encabezados por su partido, escenario que utilizó frecuentemente para polarizar con Pedro Sánchez.

Si bien en Casa Rosada aclararon a TN que el viaje a Madrid ya estaba previsto antes de que el PSOE adelantara las elecciones, un funcionario del círculo presidencial remarcó que con este contexto la gira cobrará una mayor relevancia en términos políticos.

La nueva visita –programada para el lunes 19 de octubre– fue comunicada este lunes durante una reunión de Gabinete, donde Milei y sus ministros analizaron el escenario electoral en Brasil tras el triunfo de Flávio Bolsonaro y el giro político que se había producido con la disolución de las Cortes.

Los detalles de la agenda presidencial todavía no fueron definidos. Sin embargo, en Balcarce 50 adelantaron que el mandatario tiene previsto dar una charla en el marco de una cátedra que dicta en Madrid el economista Jesús Huerta de Soto, un referente de la Escuela Austríaca muy citado y valorado por Milei, a quien incluso llegó a condecorar con la Orden de Mayo durante su visita a la Casa Rosada en abril de 2025.

Además, el mandatario tendrá una reunión con empresarios para explicar las bases de su modelo e incentivar inversiones al país -una práctica habitual en sus giras- y no se descartan otras actividades de índole política atravesadas por la coyuntura electoral local. En cambio, no están previstos encuentros oficiales con otras autoridades locales.

Con su presencia, Milei busca reforzar su figura como gran influencia a nivel global, con capacidad de incidir en los procesos electorales. “En los últimos 10 meses han habido 7 elecciones en la región (…) todos los candidatos apoyados por el Presidente Milei ganaron esas elecciones”, enfatizó el canciller Pablo Quirno este domingo tras confirmarse la ventaja para el bolsonarismo en la primera vuelta de Brasil con el 47% de los votos.

“Siempre va a haber un apoyo del Presidente hacia todos aquellos que defiendan las ideas de la libertad”, subrayó el vocero presidencial, Adrián Ravier, este martes en conferencia de prensa. Y agregó: “No serían ni Sánchez ni Lula las personas que representan esos valores en los que nosotros creemos”.

Además de la propia disputa ideológica, la relación de Milei con Sánchez -al igual que con Lula- fue tirante desde su llegada a la Presidencia, con numerosos cruces públicos que amenazaron con provocar un incidente diplomático.

Por su parte, el líder del PSOE está concentrado en consolidar la posición de su espacio ante el electorado luego de su decisión de disolver el Congreso, tras el rechazo de dos decretos impulsados por el oficialismo en materia de vivienda. Los comicios estaban previstos originalmente para 2027, pero Sánchez acusó un escenario de ingobernabilidad por la resistencia opositora en medio de un clima de movilizaciones alimentadas por el desalojo de una mujer de 87 años en Madrid.

La Cámara de Diputados retomó este martes el debate del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional con la exposición de más de una decena de especialistas y representantes de organizaciones civiles. La semana pasada, el plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores había terminado en escándalo por un enfrentamiento entre el diputado Juan Grabois y algunos legisladores libertarios.

El oficialismo apuntaba a firmar el dictamen del proyecto esta semana pero el fallo de la Corte Suprema que eliminó los límites para que extranjeros compren tierras y la convocatoria de la oposición a una sesión especial para derogar el mega DNU 70/23 demoraron sus planes.

Ante la consulta de Infobae, fuentes del bloque LLA aseguraron que de todas maneras apunta a incluir el proyecto en el temario de la sesión que pedirán para el miércoles 21, por lo que deberán firmar el dictamen la semana que viene. Pero el debate continuará este miércoles con la participación de la Secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, en lo que se anticipa como una reunión de alto voltaje político.

Los expositores, en su mayoría convocados a instancias de la oposición, coincidieron en criticar algunos puntos centrales del proyecto, como la conformación del Consejo de Seguridad Nacional y algunas definiciones clave que, según su visión, dejan la puerta abierta para un accionar discrecional del Poder Ejecutivo.

En ese sentido, Jerónimo Guerrero Iraola, del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) planteó que el Gobierno “ya cuenta con las herramientas para frenar el saqueo de nuestros recursos en el Atlántico Sur”, solo debe aplicarlas. “El verdadero objetivo que persiguen es generar dispositivos de control social. La verdadera finalidad de este gobierno es perseguir a las disidencias y a la oposición política. Por eso pedimos que se rechace este proyecto de ley porque malversa la cuestión Malvinas”, continuó.

A su turno, la directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky, aseguró que el proyecto tiene “serios problemas de constitucionalidad” porque propone darle “un amplio poder al Ejecutivo y a las áreas de Inteligencia” sin controles institucionales.

“Pretende abandonar la definición rigurosa de qué es una amenaza. No se pueden hacer definiciones vagas o nebulosas porque deja abierta la puerta a la discrecionalidad estatal. Por ejemplo, se amplían las hipótesis de riesgo, por ejemplo, por desinformar o intervenir en los procesos decisorios de las autoridades”, argumentó.

El jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, señaló que el Título 1, que reúne los artículos del 1 al 40, podría lograr un amplio nivel de consenso. “Si ponemos allí el foco, podría haber diferencias, pero es factible llegar a un acuerdo. Le estaríamos haciendo un gran favor al reclamo de Malvinas”, explicó.

Entre otros puntos, el Título 1 propone la ampliación de las sanciones por explotación no autorizada de recursos naturales. En ese sentido, extiende el alcance de la Ley 26.659: ya no se limita a la actividad hidrocarburífera, sino que incluye toda explotación de recursos naturales, renovables o no renovables, en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, sus espacios marítimos e insulares y la Plataforma Continental Argentina, sin habilitación de una autoridad argentina.

También incluye sanciones para empresas, socios y proveedores. Prevé multas, suspensión o cancelación de habilitaciones vigentes en la Argentina e inhabilitaciones. También incorpora responsabilidad para proveedores que conozcan que asisten a actividades prohibidas y amplía las restricciones para contratar con empresas o personas inhabilitadas.

Además, mantiene la responsabilidad administrativa y penal si una empresa intenta eludirla mediante fusiones, escisiones, transferencias de activos u otras reorganizaciones que encubran la continuidad de la actividad. Además, habilita juicios en ausencia para los delitos contemplados en la iniciativa.

Entre los puntos que cuestiona la oposición se destacan la creación del Sistema y del Consejo de Seguridad Nacional. Propone un sistema permanente de coordinación estatal en materia diplomática, económica, cibernética, jurídica, de defensa e inteligencia. Su órgano rector sería el Consejo de Seguridad Nacional, integrado de forma permanente por el Presidente, el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica.

Por otro lado, crea nuevas infracciones y sanciones por amenazas a la seguridad nacional. Considera infracción, entre otras conductas, afectar la integridad territorial, interferir de forma clandestina, engañosa o coercitiva en decisiones de autoridades argentinas, atacar infraestructura crítica o financiar esas acciones. Las sanciones pueden incluir multas, revocación de permisos y contratos, pérdida de beneficios estatales e inhabilitación para operar en sectores vinculados con la seguridad nacional.