POLITICA
La causa del dólar blue investiga a más de 30 empresas con operaciones de cambio por $660 mil millones

El pasamanos del dólar blue llegó a dejar ganancias del 100% en la época de cepo. Recién en 2025, el Banco Central comenzó a cerrar sus primeros sumarios. Esas investigaciones dan cuenta de un circuito que movió al menos US$900 millones. Los financistas y las casas de cambio fueron los primeros señalados. El asunto escaló y las causas judiciales comenzaron a activarse todas juntas. El 30 de diciembre se dio un hecho inédito: tres jueces ordenaron allanamientos simultáneos. El expediente más sensible apunta a la supuesta connivencia entre funcionarios públicos y cambistas que conseguían el billete verde cuando todo era restricción y lo volcaban al mercado paralelo. Al menos cinco funcionarios y 34 empresas están en la mira del fiscal federal Franco Picardi, según documentación a la que tuvo acceso . Esa causa judicial arrastra casi dos meses en secreto de sumario y su desarrollo intriga tanto a la city como a la política.
Se trata de un expediente que funciona como una autopista de dos carriles. Ambos comparten un núcleo: investiga quiénes y cómo accedieron a cientos de miles o millones de dólares en la época de cepo. Lo que los diferencia es que uno de ellos persigue la ruta del dólar blue y el otro, tal como publicó , a los permisos de importación conocidos como SIRAs.
El 20 de marzo, cuando la causa ya estaba bajo secreto, se realizó una segunda tanda de allanamientos a cargo de la División Operaciones Federales de la Policía Federal. Las órdenes pedían secuestrar dispositivos electrónicos, dinero, y documentación vinculada a una serie de personas y un total de 34 empresas.
Entre las personas se destacan Elías Piccirillo (detenido en su casa), su ex socio Martín Migueles, Francisco Hauque, Matías Bocca, y cincos funcionarios del área de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA, encargados de controlar a las casas de cambio.
Los investigadores también tienen en la mira a Valeria Fabiana Fernández, una auditora externa del Central que habría suscripto los estados contables de varias casas de cambio clave como Mega Latina y Stema Cambios.
En el listado de empresas, hay 27 agencias de cambio, tres sociedades que, según su objeto, se dedican al comercio exterior, dos bancos, una emisora de tarjetas de crédito y otra que brindaba soluciones financieras digitales. Entre sus responsables se repiten algunos apellidos: Piccirillo, Migueles, y Ariel Vallejo (el dueño de Sur Finanzas).
En la nómina de las casas de cambio aparece “N y M Cambio SA”, adquirida en enero de 2021 por Eduardo y Mauro Piccirillo, padre y hermano del financista, y Centenera, creada por un colocador de aire acondicionado que vive en un barrio humilde de la periferia de Santa Fe y fue apodado “el changarín del rulo”. Esa agencia registró ventas de divisas por $9200 millones solo en el primer semestre de 2023, tal como reveló .
Parte de la investigación judicial sigue la ruta de los dólares para intentar identificar a los beneficiarios finales del circuito. Por otro lado, el expediente también indaga quiénes debían controlar estas operaciones desde la función pública. Hay chats, videos y documentos que dan cuenta de un trato fluído con los financistas.
El Banco Central también indagó sobre la operatoria del blue. “Se sospechó de la legalidad de estas operaciones, a raíz de múltiples y coincidentes indicios que pusieron en duda su genuinidad y alertaron sobre la implementación de un mecanismo en apariencia regular, pero que evidentemente tenía por finalidad adquirir divisas a valores oficiales para luego ser destinadas a abastecer al mercado paralelo”, señala uno de los sumarios de la entidad presidida por Santiago Bausili.
Cuanto mayor era la brecha entre el oficial y el blue, mayor iba a ser el negocio. Entonces, en ese esquema había tres elementos clave: 1) dólares físicos que salían de bancos, 2) casas o agencias de cambio para adquirir la moneda y comercializarla, y 3) compradores o personas que demandaran las divisas. La pérdida de trazabilidad, para el BCRA, es uno de los indicadores críticos del drenaje de billetes al mercado paralelo. ¿Cómo la detectan? Cuando una casa de cambio recibía transferencias en pesos de terceros, pero no registraba operaciones de venta.
Después de los primeros allanamientos ordenados en la causa judicial, una exautoridad del BCRA defendió la gestión de Miguel Angel Pesce. Dijo que había reforzado controles y revocado permisos a 40 casas y agencias de cambio, y suspendido a otras 55. Esa misma fuente, consultada en las últimas dos semanas, permaneció en silencio.
[e]MARTIN ZABALA – XinHua
Según un relevamiento de , las casas de cambio investigadas en la causa que lleva adelante el fiscal Picardi registran ventas de moneda extranjera equivalentes a $660.127 millones entre 2022 y el primer semestre de 2024, según los informes semestrales del Banco Central. El período no es arbitrario: el 91,5% de esas transacciones ocurrieron en 2023. Y la mayoría de las agencias luego se apagaron.
Uno de esos casos es el de Arg Exchange, de Elías Piccirillo. En el segundo semestre de 2023 registró ventas por $60.804 millones. Ese número cayó a cero en la primera mitad de 2024. “Hasta tanto exista información oficial sobre los expedientes, no tengo nada que aportar al respecto”, dijo Piccirillo a través de uno de sus abogados a fines de enero. Ahora todos callan hasta conocer qué hay en el expediente. “Vamos a esperar”, fue la respuesta unánime de los defensores contactados por .
Otra de las agencias mencionadas en la causa es Fenus, que en el segundo semestre de 2023 estaba bajo la órbita de la madre de Vallejo. En ese período tuvo ventas por $2.858 millones.
Uno de los casos emblemáticos es el de Mega Latina. Esa casa de cambio llegó a vender divisas por un total de $59 mil millones en el segundo semestre de 2023. Después de ese pico, prácticamente no tuvo movimiento. En uno de los sumarios del Banco Central, sus representantes sostuvieron que no cometieron ningún ilícito.
Precisamente, el sumario financiero más grande que resolvió el BCRA es sobre Gallo Cambios y la venta de US$474 millones entre mayo de 2022 y octubre de 2023. “Se observó que el 92,71% fueron entregados en billetes por Gallo Cambios a los operadores compradores, haciendo perder la trazabilidad bancaria de dicha moneda extranjera”, se lee en el documento firmado por el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet.
Los responsables de Gallo Cambios señalaron en su descargo que la normativa del BCRA es “cuna de la deficiencia” y alegaron que la imputación en su contra es ambigua. Por eso, plantearon que era nula.
Los otros operadores a los que hace referencia el sumario del Banco Central y que recibieron dólares de Gallo Cambios son casas de cambio. La documentación enumera 14, de las cuales 8 forman parte del listado que figura en la causa de Picardi. “Recibieron transferencias en pesos en sus cuentas bancarias de una multiplicidad de personas jurídicas y/o humanas sin haber registrado operaciones de cambio a su nombre”, describe el texto oficial. Entre ellas, se encuentran Fenus y Centenera.
La causa que llevan adelante Picardi y el juez Ariel Lijo arrancó con unos audios aportados por Carlos “El Lobo” Smith, un expolicía que trabajaba para Piccirillo. Las grabaciones estaban guardadas en un pen drive. Cuando declaró como arrepentido, Smith, que además de la seguridad se destacaba redactando informes y leyendo causas, reveló que ese dispositivo había quedado en la guantera de su camioneta BMW X6. El juez ordenó registrar el vehículo y encontró el famoso pen drive.
En una de las conversaciones adjudicada a Romina García, una funcionaria del Banco Central, se escucha: “Había gente de arriba entongada”. ¿Se refería a sus jefes? En otro audio, Hauque y Piccirillo hablan del exministro de Economía Sergio Massa. “Vos te pensás que Massa los va a ayudar? Se lava las manos”, asegura el primero.
Varios de los imputados ya cuestionaron la autenticidad de esas grabaciones explosivas ante la Cámara Federal. Pero la causa continuó con su avance. Además de los audios, en el pen drive había un escrito de 70 páginas plagado de nombres. Luego se sumaron los teléfonos y las pruebas de los allanamientos. La política está en vilo.
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POLITICA
El Gobierno respondió a un gremio estatal que pidió un informe psicofísico de Milei

Luego de que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentara un pedido de acceso a la información pública para conocer si Javier Milei se encuentra “apto” para ejercer su cargo, la Secretaría General de la Presidencia a cargo de Karina Milei respondió al gremio con documentación que el sindicato consideró “incompleta y evasiva”.
“Preliminarmente, cabe señalar, que el Señor Presidente de la Nación Argentina ostenta un cargo de elección popular, conforme los términos y requisitos previstos en la Constitución Nacional Argentina”, indica el documento firmado por Laura Zuvanic, directora general de Recursos Humanos de la Secretaría General.
Enseguida, el informe concluye: “Por su parte, se hace saber esta Dirección General de Recursos Humanos, es competente en relación al marco normativo aplicable en materia de Empleo Público Nacional (Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, y su Decreto Reglamentario N° 1421/2002)”.
Estas normas establecen como requisito para ingresar a la Administración Pública Nacional la acreditación de un certificado de aptitud psicofísica. Sin embargo, la ley excluye de su régimen al jefe de Gabinete, los ministros, el secretario general de la Presidencia, los secretarios y los subsecretarios, entre otros cargos. La normativa no menciona al Presidente de la Nación.
Ante la respuesta del Gobierno, ATE “insiste y exige que se den a conocer los documentos que acrediten su aptitud para el cargo”. Aunque “valora” la contestación, el gremio considera que la información proveída por la Secretaría General es “incompleta y evasiva” y que “no cumple con los requisitos legales mínimos”. El sindicato sostiene que deberían “adjuntarse estudios complementarios o certificados firmados por los profesionales intervinientes. La salud del Presidente no es un asunto privado, es un asunto de Estado”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
“Nosotros no alentamos especulaciones, pero una respuesta incompleta genera más rumores que certezas. Nuestro pedido es básico y razonable. Si la salud del Presidente está bien, que lo demuestren”, presionó el gremialista.
El sindicato también apuntó a las últimas apariciones públicas de Milei, entre las que mencionó el acto en Neuquén en el que minimizó las dificultades de los argentinos para llegar a fin de mes; el viaje a España, donde propinó insultos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y a la prensa; y el discurso en la Fundación Faro, en el que afirmó que “se tienen que quemar en la hoguera” los “hijos de puta” y, entre ellos, nombró a distintos periodistas.
“Durante las últimas horas lo hemos visto inestable y con un aspecto preocupante en más de un acto oficial como los han sido el de Neuquén o los desarrollados en Madrid”, dijo Aguiar. Y agregó: “Es preocupante la ausencia de frenos inhibitorios en sus discursos públicos. Las amenazas de quemar en la hoguera a periodistas muestra una notoria ausencia de capacidad para actuar racionalmente, requisito fundamental de quien ostenta la investidura presidencial”.
El jefe de ATE agregó que cuando los expresidentes Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Mauricio Macri “tuvieron afecciones, existieron partes médicos oficiales”. “No nos pueden responder con un papelito”, se quejó Aguiar. Y concluyó: “Si el Presidente está bien, que empiece a ir a la Casa Rosada a cumplir con su función”.
El sindicato anunció que “enviará en las próximas horas un pedido adicional para que publiquen la documentación probatoria firmada por un profesional con matrícula y título habilitante que certifique la aptitud psicofísica de Javier Milei”. Además, informó que impulsará una iniciativa para que “a partir del 2027 quienes se postulen a cargos electivos deban realizar un examen médico preocupacional y presentar un apto psicofísico para ejercer sus cargos”.
La solicitud de acceso a la información pública presentada por Aguiar en septiembre pasado la Ley 27.275 pedía conocer tres cuestiones: si existe un “examen, junta médica, certificado, protocolo o dictamen que evalúe la aptitud psicofísica y/o psíquica del Milei para el ejercicio del cargo; en caso afirmativo, se informe fecha de realización, organismo u profesional interviniente, y resultado (‘apto’/‘no apto’ o equivalente), sin requerirse el detalle clínico, diagnóstico u otros detalles de la historia; y si existe normativa, protocolo o reglamento interno, vigente o proyectado, que prevea controles periódicos de aptitud psicofísica y psíquica”.
Junto a esta presentación, Aguiar había indicado que Milei “padece algún tipo de psicosis”, situación “muy peligrosa” debido a que “encabeza la administración pública nacional”.
A su vez, el jefe de ATE había planteado que, a su entender, existe una contradicción entre las exigencias que deben cumplir los empleados públicos y aquellas previstas para quienes conducen el Estado. Indicó que los trabajadores estatales deben someterse a un examen médico preocupacional antes de ingresar a la administración pública y sostuvo que debería existir un requisito similar para quienes ocupan los máximos cargos del Poder Ejecutivo.
No es la primera vez que se pone en debate la realización de un psicotécnico a aquellos candidatos a ocupar cargos públicos o mismo los que ocupen un lugar en el Poder Ejecutivo. Distintos proyectos fueron presentados en el Congreso, pero ninguno prosperó. Para que aquellos postulantes a ocupar cargos públicos deban someterse a un psicotécnico se tiene que reformar el Código Nacional Electoral.
Además, varios miembros de la oposición al Gobierno quisieron poner en agenda el estado mental del Presidente. En 2023, en el debate presidencial, el exministro de Economía Sergio Massa pidió que Milei se haga un test psicotécnico e hizo alusión a una pasantía en el Banco Central cuando tenía 22 años.
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POLITICA
Qué se sabe del presunto vuelo de Flávio Bolsonaro desde Puerto Iguazú a EE.UU.

La investigación sobre la presunta fuga de Flávio Bolsonaro de Brasil sumó nuevos detalles sobre un avión privado que iba a salir el lunes por la noche desde Puerto Iguazú rumbo a Estados Unidos.
La aeronave había sido contratada a través de un intermediario estadounidense para trasladar a cuatro ciudadanos brasileños, entre los que supuestamente se encontraba el hijo del expresidente Jair Bolsonaro.
El vuelo estaba a cargo de la empresa argentina Baires Fly, que recibió el pedido de un broker norteamericano con el que la firma mantiene contacto habitual. El intermediario solicitó una aeronave para realizar el trayecto desde la ciudad misionera hacia Estados Unidos con cuatro pasajeros de nacionalidad brasileña.
De acuerdo con la información a la que accedió TN, durante las conversaciones previas a la contratación surgió una pregunta sobre la posibilidad de trasladar a Bolsonaro. Desde la compañía respondieron que no habría inconvenientes, siempre que el pasajero cumpliera con los controles correspondientes de Migraciones.
Sin embargo, el viaje nunca llegó a concretarse. La aeronave se trasladó desde Buenos Aires hasta Puerto Iguazú para recoger a los pasajeros, pero posteriormente se informó que las cuatro personas previstas no abordarían el vuelo.
La tripulación recibió la comunicación sobre la cancelación y los pilotos se dirigieron a un hotel para pasar la noche, sin realizar el traslado hacia Estados Unidos.
Hasta el momento, no está confirmado que Flávio Bolsonaro haya sido efectivamente uno de los cuatro pasajeros ni que haya ingresado a territorio argentino.
La aeronave involucrada es un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a Baires Fly, una empresa argentina dedicada a la aviación privada.
Flavio Bolsonaro, Brasil, avion, Puerto Iguazú
POLITICA
El vocero presidencial afirmó que los dichos de Milei sobre mandar periodistas a la hoguera fueron “una metáfora”

El vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó que los dichos del primer mandatario Javier Milei sobre mandar a “la hoguera” a los periodistas que investigaron su participación en el caso $LIBRA fueron “una metáfora”.
“El día que me presenté en esta sala señalé la diferencia que hay entre el periodismo y el pseudoperiodismo. Javier Milei y este gobierno respetan la libertad de expresión, respetan al periodismo de verdad, que trabaja con transparencia, con respeto hacia lo que comunica, con respeto a la búsqueda de la verdad. Distinguimos a esos periodistas de los que operan, de los que mienten y de los que han usado la causa $LIBRA para perjudicar la reputación y la imagen de nuestro presidente”, señaló Ravier en su habitual conferencia de prensa de los martes en Casa Rosada.
“El Presidente, cuando se expresó, lo hizo con enojo, un enojo justificado después de más de un año de todo tipo de operaciones donde se mintió sistemáticamente con el objetivo de perjudicar su imagen. No creo que esas palabras que dijo se puedan tomar literales, es una metáfora. Claramente, nunca este presidente ni este gobierno han tomado ningún tipo de acción contra el que piensa diferente. Respetamos la libertad de expresión, lo pueden ver en los medios, en la radio, en la televisión, en las redes sociales, la cantidad de críticas que recibe el Presidente. Nunca este gobierno tomó ninguna acción”, afirmó el vocero presidencial ante la consulta del periodista acreditado en Casa Rosada de .
“Recordemos que en otro tiempo (en referencia a los gobiernos kirchneristas) sí hubo todo tipo de sanciones, envíos de AFIP para generar auditorías a empresas, a personas, a analistas. Este gobierno nunca tomó ninguna represalia contra ningún periodista. En todo caso, se expresó con el enojo que le genera una situación en la cual durante más de un año sistemáticamente se mintió, se operó, en algunos casos de manera personal, en otros desde un medio de comunicación para perjudicar su imagen. Creo que no es correcto lo que hicieron algunos medios de tomar sus palabras en forma literal”, dijo Ravier.
El discurso del Presidente
La noche del viernes, durante su discurso en la Fundación Faro, Milei dijo que la investigación por el caso $LIBRA, la criptomoneda que promocionó y provocó pérdidas millonarias a sus inversores, fue una “operación política y mediática” con “fines golpistas”. El Presidente reaccionó al fallo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que sobreseyó tanto a él como a su hermana y a todos los involucrados en ese expediente abierto a principios de 2025.
Esa sentencia dio cuenta de las pruebas reunidas en la causa, sobre las que informó el periodismo, pero consideró que ningún elemento acredita por sí mismo los delitos investigados y, en lugar de disponer que se profundice la pesquisa, coincidió con el fiscal Taiano en que correspondía disponer el cierre final del caso.
Durante su discurso del viernes, el Presidente señaló por sus nombres a Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio, a quienes descalificó tildándolos de ‘ensobrados, corruptos, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones’.
Y afirmó: “¡Vamos a sacar a la Argentina de este pozo y esto implica ir contra todo el statu quo y lo voy a hacer! Pero que sepan muy bien que los hijos de puta en la Argentina no van a tener piedad. Porque, como decía Adam Smith, tener piedad con los hijos de puta es ser injusto con los buenos; y acá a los buenos les tiene que ir bien; los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”.
su participación en el caso $LIBRA,fallo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi,Conforme a
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