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Tras la polémica, las idas y vueltas y el nuevo desplante de Victoria Villarruel al Gobierno, Patricia Bullrich logró este jueves bloquear el pedido de votación a distancia de la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

La legisladora opositora se encuentra en Mendoza, su provincia, imposibilitada de viajar a Buenos Aires a causa de su avanzado embarazo. En lo que se anticipaba como una elección de resultado ajustado, su voto era clave, por lo que realizó un pedido especial para poder participar de la sesión a través de la plataforma Zoom. En la misma situación se encontraba el senador radical catamarqueño Flavio Fama, quien se recupera de una intervención quirúrgica.

Tras la aprobación de los pedidos por parte de Villarruel, presidenta del cuerpo, la decisión final debía ser tomada por el resto de los legisladores en el recinto. Fue en ese contexto en que al inicio de la sesión, Bullrich pidió la palabra para desplegar su maniobra.

“Quiero mocionar que, de acuerdo al artículo 227 del Reglamento, y a partir del debate que se hizo público en torno a las licencias, el voto no presencial y los proyectos parlamentarios necesarios para habilitar este tema se discutan en la Comisión de Asuntos Institucionales”, manifestó.

La votación se realizó a mano alzada y se aprobó la moción por amplia mayoría, con votos del bloque peronista incluidos.

Luego de que el oficialismo resolviera eliminar el capítulo vinculado a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros para evitar que el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada se postergara, el Senado debate este jueves el resto de la iniciativa.

La exclusión del aspecto más controvertido de la iniciativa se precipitó después de una serie de rechazos expresados durante la tarde del martes, que excedieron el ámbito de la política e incluyó mensajes negativos de representantes de la cultura y hasta del deporte.

Mientras Bullrich ofrecía una conferencia para anunciar modificaciones en la venta de tierras a extranjeros —pasando de la liberalización total a la actualización del tope del 15% al 25%—, al menos cuatro legisladores que se presumía votarían a favor expresaron dudas y negaron a Infobae haber comprometido su apoyo. Al notar que los números no cerraban para aprobar el proyecto, el Gobierno debió dar marcha atrás con el artículo que encendió las mayores críticas.

A pesar de la modificación del proyecto, militantes de partidos políticos opositores y organizaciones sociales sostuvieron la convocatoria a manifestarse en contra de la propuesta oficialista, por lo que se respira un aire caldeado frente al Congreso.

José Mayans, presidente del bloque kirchnerista, intentó a último momento hacer caer la sesión.

El legislador formoseño realizó una moción para que el proyecto regresara a comisiones, argumentando que el dictamen final fue enviado recién este mediodía, lo que impidió un estudio y un tratamiento serio.

La propuesta fue sometida a votación y obtuvo el acompañamiento de 31 senadores, pero el rechazo de 38, por lo cual la moción fue descartada y la sesión continuó como estaba previsto.

El rechazo de gobernadores aliados a la ley enciende una alerta en la Casa Rosada

Al interior de la Casa Rosada comenzaron a hacer una lectura interna de cómo resultó la derrota legislativa de ayer, la cual implicó que el oficialismo debiera quitar de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo de venta de terrenos a extranjeros.

La oposición más intransigente al Gobierno logró ganar la disputa en la arena pública y eso forzó a que varios gobernadores que habían dado su apoyo inicial luego terminaran cediendo, dado que no querían cargar con el costo político de habilitar la media sanción de la iniciativa.

Al finalizar la reunión de Mesa Política del martes, los operadores políticos ya esgrimían en privado la dificultad con la que se encontraban para conseguir la mitad de los votos de la cámara alta. Marcaban que el panorama estaba “complicado”, pero que al igual que en otras instancias difíciles, iban a poder torcer las últimas voluntades. “La negociación se cayó como un castillo de naipes. Se salió uno y se cayeron todos”, analizó uno de los principales operadores políticos de la Casa Rosada a Infobae.

Al oficialismo le queda impresa la narrativa de la derrota porque se desprendieron de un articulado que consideraban clave, aunque fue más importante el cómo: y es que muchos de los gobernadores que optaron por el silencio en estas horas -y algunos de los que se terminaron oponiendo al capítulo de venta- estaban a favor del proyecto.

¿Esto que sucedió es presagio de lo que pueda llegar a acontecer en otras votaciones venideras? No es la lectura que hacen desde los despachos políticos del Gobierno. Afirman que se trató de un caso excepcional y que estuvo signado por diferentes errores políticos por parte de varias alas del oficialismo. Aun así, marcan: “Es cuestión de que se produzca un episodio más de este estilo para que nos empecemos a preocupar”.

El Gobierno se muestra optimista tras retirar del paquete de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que modificaba la Ley de Tierras y asegura que cuenta con los votos para aprobar el resto de la iniciativa. La Libertad Avanza mantendrá la sesión prevista para este jueves a las 14 en el Senado.

La decisión fue adoptada por Patricia Bullrich luego de una reunión con representantes de la UCR, el PRO y bloques provinciales. La jefa del oficialismo aceptó excluir los artículos vinculados con la compra de tierras rurales por extranjeros para evitar que las resistencias a ese punto arrastraran a toda la reforma.

En Balcarce 50 sostienen que la eliminación del capítulo más conflictivo despejó las principales objeciones de los aliados. Las fuentes oficiales no precisaron el número final del poroteo, pero aseguran que existe una mayoría favorable para aprobar los cambios en expropiaciones, desalojos, manejo del fuego y registros inmobiliarios.

El retroceso se produjo después de que gobernadores y senadores dialoguistas rechazaran incluso la última concesión ofrecida por la Casa Rosada. El proyecto original eliminaba los límites a la titularidad extranjera y la versión posterior elevaba del 15% al 25% el máximo permitido en cada provincia.

Sin ese bloque, la propuesta conserva los principales capítulos vinculados con la protección de la propiedad. La estructura original incluía modificaciones a la Ley de Expropiaciones, al Código Procesal Civil y Comercial, al régimen de regularización dominial, a la Ley de Tierras y al Sistema Federal de Manejo del Fuego.

El capítulo de expropiaciones endurece los requisitos para que el Estado declare un bien de utilidad pública. El texto exige que la finalidad sea identificada de manera concreta y que la medida resulte idónea, necesaria y proporcional, con una interpretación restrictiva de las facultades estatales.

La iniciativa también modifica el cálculo de las indemnizaciones. La última versión negociada contempla la actualización del valor por el Índice de Precios al Consumidor, el pago de intereses y la incorporación del lucro cesante con un límite equivalente al 30% del daño emergente, salvo que el afectado pruebe un perjuicio superior.

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El segundo eje acelera los juicios de desalojo de inmuebles urbanos y rurales. Las causas pasarán a tramitarse mediante el procedimiento sumarísimo, una vía con plazos más breves que el proceso ordinario, y alcanzarán a locatarios, tenedores precarios, intrusos, usurpadores y otros ocupantes obligados a restituir la propiedad.

Para los casos de falta de pago, vencimiento contractual u ocupación sin título, la propuesta habilita mecanismos de restitución anticipada bajo control judicial. También amplía las facultades de los notificadores, incorpora domicilios electrónicos y permite utilizar la fuerza pública cuando exista una orden de lanzamiento.

En el oficialismo aclaran que la agilización no elimina la intervención judicial ni el derecho de defensa. La versión negociada distingue además los casos en los que existan personas en situación de vulnerabilidad y prevé la actuación de organismos de protección antes de ejecutar determinadas medidas.

Otro componente modifica la Ley de Manejo del Fuego. El proyecto elimina las prohibiciones incorporadas en 2020 que impiden durante períodos prolongados cambiar el uso o destino de campos y bosques implantados afectados por incendios, aunque mantiene las obligaciones ambientales de restauración y recomposición.

El texto conserva disposiciones sobre regularización dominial y modernización de los registros de la propiedad. El oficialismo ya había retirado durante el debate los artículos que eliminaban el Registro Nacional de Barrios Populares y mantiene la creación de herramientas digitales para facilitar trámites, consultas e intercambios de información entre jurisdicciones.

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La votación requerirá primero la presencia de al menos 37 senadores para sostener el quórum. Una vez abierta la sesión, el proyecto podrá aprobarse por mayoría simple de los presentes, tanto en general como durante el tratamiento de los artículos que quedaron en pie.

La decisión de Bullrich apunta a preservar la sesión después de cuatro intentos fallidos y reduce el riesgo de una derrota completa para el Ejecutivo. También posterga una discusión que generó cruces con Federico Sturzenegger y expuso diferencias entre las áreas técnicas, el bloque libertario y los gobernadores aliados.

Si el Senado aprueba el proyecto, la iniciativa será enviada a la Cámara de Diputados para completar el trámite legislativo. La Casa Rosada intentará avanzar allí con el paquete acotado mientras redefine por separado la reforma de la Ley de Tierras.

Gobierno, Tierras, propiedad privada