POLITICA
Cobro a los extranjeros: qué piensa el Gobierno, la postura de las universidades y la puja judicial de fondo

A pesar de que la iniciativa no avanza desde que se impulsó y no hay consensos al respecto, el Gobierno insiste con la propuesta de que las universidades públicas comiencen a cobrarles una cuota a los estudiantes extranjeros, pero las instituciones se niegan a implementar la medida y dudan de su eventual efectividad.
El debate sobre si aquellos alumnos que no tienen la ciudadanía argentina deben acceder o no de manera gratuita a la educación superior se reavivó en los últimos días, a partir de un proyecto que presentó el libertario Agustín Romo en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.
Tal como detalló Infobae, esta propuesta se presentó justo cuando el tema estaba en auge debido a la polémica que se generó en el marco del Mundial, por los comentarios, principalmente en las redes sociales, de usuarios de otros países cuestionando a la Argentina y acusando a sus habitantes de racistas y xenófobos.
No obstante, de aprobarse el texto elaborado por Romo, el pago aplicaría solamente para el ámbito bonaerense y, eventualmente, también porteño, donde La Libertad Avanza daría la misma batalla.

En el plano nacional, en tanto, las autoridades nacionales insisten en que esta medida ya se puede aplicar libremente, gracias a un Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Javier Milei el año pasado.
“Tras muchas consultas, aclaramos: está vigente el DNU 366/2025 sobre la autorización a todas las universidades nacionales para cobrar a estudiantes extranjeros. Los rectores están legalmente autorizados desde el día 28/5/2025”, escribió en su cuenta de X Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias.
La defensa llegó porque a finales de junio pasado la Cámara Nacional Electoral lo anuló al considerar inconstitucional algunos de sus artículos.
Es que, además de este punto, el decreto en cuestión también había transferido a la Dirección Nacional de Migraciones la facultad de otorgar la ciudadanía argentina, una competencia que históricamente ejercieron los jueces federales.
El tribunal concluyó que esa modificación avanzó sobre una materia expresamente vedada por la Constitución para el Poder Ejecutivo que, además, no acreditó la existencia de circunstancias excepcionales que justificaran evitar el trámite legislativo ordinario para aprobar las modificaciones en el Congreso.
En el entorno de Álvarez aseguran que solamente ese punto está en conflicto, porque fue expresamente denunciado, pero que no hay ninguna queja respecto del cobro a los extranjeros.
Asimismo, remarcan que la medida “es completamente constitucional”, ya que la Carta Magna garantiza la gratuidad de la educación básica y superior solamente para los argentinos y todos aquellos que quieran “habitar” el suelo patrio.

Aquí radica el argumento central del Gobierno, que considera que aquellos que no tengan la residencia permanente no tienen derecho de acceder a ese beneficio.
Para inscribirse a una universidad pública, actualmente la persona interesada solamente debe contar con un Documento Nacional de Identidad (DNI), al cual puede acceder incluso si se encuentra en una situación migratoria precaria.
El Estado le puede dar a un extranjero un DNI local no solo cuando tiene una residencia permanente, sino también cuando posee una Temporaria, la cual es de mediano plazo y se otorga por hasta tres años, con la posibilidad de solicitar una prórroga.
Sin embargo, más allá de este debate, la decisión de si cobrar o no una cuota a los alumnos que no sean de este país recae en última instancia en cada universidad, las cuales se niegan a aplicarla.
“A mí me parece que se están aprovechando de toda esta ola contra la Argentina y de discriminación para instalar esto de nuevo, no tengo ninguna duda”, cuestionó ante este medio el rector de una importante casa de estudio, que prefirió que no se lo cite “para no seguir dándole entidad al asunto”.
El referente del sector explicó que, si bien es cierto que para acceder a la matrícula es necesario tener un DNI y muchos de los documentos son precarios, “por un acuerdo vigente del Mercosur, a los 2 años de permanencia en el territorio ya se puede conseguir automáticamente la residencia permanente“.
“No lo vamos a hacer. No le vamos a cobrar a nadie. Sí se han hecho cosas, como poner niveles de español más altos para poder ingresar. No es que cualquiera puede venir acá hablando portugués y le tenemos que dar clases en su idioma. Hay cosas que está bien plantearlas, pero esto en particular, no”, opino.

Para el rector, los ingresos que podrían tener si implementan este pago “es marginal a nivel presupuestario y terminaría perjudicando a la economía local, porque es más lo que cada alumno deja viviendo acá, que lo que se les puede pedir de cuota en última instancia”.
“Ya hoy en día bajó mucho el fenómeno de los estudiantes extranjeros, porque dejó de ser atractivo el país. En mi provincia hace 5 o 10 años había empresas que se dedicaban al turismo académico y ahora cerraron todas. Estás quitando los incentivos para que vengan”, lamentó una persona que conduce una institución de educación superior del interior.
Por otra parte, los rectores coinciden en que “el decreto es de dudosa legitimidad, porque modifica dos leyes vigentes, la de Educación y la de Migración, que son las que garantizan que no le puedas cobrar a nadie”.
“Si se llegara a hacer, cualquiera que vaya a la Justicia para protestar te lo gana, porque un DNU no está por encima de ley. Después está la discusión más de fondo, yo soy hijo de inmigrantes, primera generación, y no sé si estoy de acuerdo con que para otros haya criterios que este país no aplicó para mi familia. Lo que quiere el Gobierno es generarles incomodidad a la universidades y sumar un elemento más para desprestigiarnos”, cerró.
En cuanto a la potestad para que Migraciones se haga cargo de los trámites para la ciudadanía también hay debate, ya que un sector del Ejecutivo considera que todo el DNU sigue rigiendo, porque no tiene sentencia definitiva de la Corte Suprema de Justicia.
“Lo único que puedo decir es que los pedidos que nos están llegando a nosotros los seguimos tomando y están teniendo su curso habitual. Por lo que hagan otros organismos no puedo responder”, remarcó una fuente de la Cámara Nacional Electoral, que es la que históricamente revisó los casos de personas a las que se les rechaza en primera instancia la ciudadanía.
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POLITICA
El Estado cambia la forma de auditarse: la SIGEN actualizó sus reglas tras casi 25 años

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) actualizó las reglas que rigen la auditoría interna en el Estado. Después de más de dos décadas de vigencia, las Normas de Auditoría Interna Gubernamental (NAIG) fueron reformuladas para incorporar los cambios producidos en la administración pública, los nuevos riesgos y los avances tecnológicos.
La decisión quedó formalizada a través de la Resolución SIGEN N° 292/2026, que deja sin efecto las normas aprobadas en 2002 y establece un nuevo marco técnico y metodológico para la actividad de auditoría interna en el Sector Público Nacional y las Universidades Nacionales.
La actualización no supone un quiebre con el modelo anterior. Parte de la experiencia acumulada durante más de veinte años y suma nuevos criterios y prácticas profesionales para fortalecer el sistema de control interno.
Uno de los principales cambios es la concepción de la auditoría como una herramienta que no solo revisa lo ocurrido, sino que también identifica riesgos, anticipa problemas y aporta información para mejorar la toma de decisiones.

Del control que revisa al control que anticipa
Las nuevas Normas de Auditoría Interna Gubernamental fortalecen la independencia y objetividad de la auditoría interna y amplían su función como instancia de aseguramiento y asesoramiento estratégico.
El nuevo enfoque pone el acento en la gobernanza, la gestión de riesgos y el control, con una mirada orientada a generar recomendaciones y oportunidades concretas de mejora.
La idea es que la auditoría pueda aportar una visión prospectiva y basada en evidencia sobre el funcionamiento de las organizaciones públicas.
Tecnología y nuevos riesgos
La transformación tecnológica ocupa un lugar central en las nuevas normas.
Las Normas de Auditoría Interna Gubernamental incorporan el uso de herramientas tecnológicas para la recopilación, análisis y evaluación de información, además de contemplar la gestión de recursos tecnológicos y los riesgos asociados a su utilización.
También se profundizan las capacidades profesionales requeridas para los equipos de auditoría, entre ellas conocimientos actualizados, análisis de riesgos, herramientas de datos y capacidad para comunicar con claridad sus conclusiones.
En otras palabras, si cambió la forma de gestionar el Estado, también tenía que cambiar la forma de controlarlo.
Un control con mirada productiva
Otro de los ejes de la actualización es la incorporación de un enfoque productivo de la acción pública.
Las nuevas normas establecen que la auditoría debe prestar especial atención a los costos y gastos innecesarios, la calidad de los bienes y servicios, el impacto económico de los controles y los indicadores de desempeño.

Incluso las recomendaciones de nuevos controles deberán contemplar la relación entre costo y beneficio, y considerar tanto los riesgos que se busca reducir como los posibles efectos sobre los procesos de gestión.
“La auditoría tiene que ser una herramienta útil para la gestión. Controlar no es poner obstáculos: es ayudar a que las cosas se hagan mejor”, señaló Alejandro Díaz, síndico general de la Nación.
Una agenda que también estuvo en el Congreso
La actualización de las Normas de Auditoría Interna Gubernamental se conoce después del 2° Congreso Internacional de Control Gubernamental, organizado por la SIGEN bajo el lema “La auditoría pública frente a los desafíos del siglo XXI”.
Durante tres jornadas, especialistas, funcionarios y referentes del control de distintos países debatieron sobre innovación, tecnología, gestión de riesgos, calidad y las transformaciones que enfrenta el Estado.
El encuentro reunió a más de 750 visitantes acreditados, 42 speakers y representantes de 11 países, y recibió más de 60 trabajos en el marco del concurso de ponencias sobre innovación y nuevos desafíos para el control gubernamental.

En ese contexto, las nuevas NAIG representan un paso concreto en una agenda que busca adaptar el control público a una gestión cada vez más compleja y tecnológica.
Cinco componentes y 13 principios
El nuevo marco organiza las normas en cinco componentes y 13 principios, que abarcan el propósito de la auditoría, las condiciones para su ejercicio, el gobierno de la función, su gestión y el desempeño de los servicios de auditoría.
El esquema incorpora, además, criterios de planificación basada en riesgos, gestión de recursos, tecnología, comunicación, calidad y mejora continua.
Las nuevas normas también contemplan requisitos mínimos para un Sistema de Gestión de la Calidad de las Unidades de Auditoría Interna.
Después de más de veinte años, la SIGEN actualiza así el marco que regula la auditoría interna gubernamental y consolida una visión del control como una herramienta para mejorar la gestión, cuidar los recursos públicos, prevenir riesgos y generar valor para el Estado.
POLITICA
La delgada línea entre el milagro y la catástrofe

Javier Milei y Axel Kicillof convivieron dos días bajo el cielo de Nueva York sin verse, pero como si se persiguieran con las palabras. Desplegaron un duelo de desmesuras ante inversores y políticos. Donde el presidente libertario ve un boom de crecimiento y consumo, una Argentina a la que “los dólares le salen por las orejas”, el gobernador peronista distingue “una catástrofe”, un desierto de empresas quebradas y desempleo masivo. Lo que dejaron fue una estela de desconfianza, acompañada por una suba del riesgo país hasta el nivel más alto desde abril.
La doble visita resultó una puesta en escena del carácter provisorio de la transformación que experimenta la Argentina. Milei ha optado por aferrarse a la polarización con el kirchnerismo, o sus herederos, y esa decisión lo expone delante de los actores económicos a los que seduce para que se lancen a invertir.
Su lógica de empujar reformas del 50%, sin buscar mínimos puntos de consenso con una oposición a la que baña de insultos a diario, cubre su programa de un manto de incertidumbre. Lejos de ser una brújula fiable, el famoso “rumbo” queda sometido a un examen permanente de opinión pública. Preso de los resultados de corto plazo. El apego al equilibrio fiscal, la nueva legislación laboral, la apertura comercial, el incentivo a las grandes inversiones del RIGI y el alineamiento geopolítico con Estados Unidos se asumen como decisiones personales de Milei.
“Si aparecen pelotudos hablando por Nueva York, (el riesgo país) sube, obvio”, dijo Milei el miércoles, cuando la tasa ya superaba los 550 puntos. Aludía a Kicillof, por ahora el dirigente que lo sigue más de cerca en las encuestas de intención de voto presidencial, aunque todavía le quede un pedregoso camino para afianzarse como el candidato del peronismo. Lo llamó “enano soviético” y otras lindezas por el estilo ante auditorios que tienen un temor innato a los políticos de inclinación intervencionista.
Agitar el “riesgo kuka” es un cuchillo de dos filos. Agrupa a un sector del electorado al que le causa escalofríos el recuerdo de los gobiernos kirchneristas, pero vuelve conservadores a los que mueven el dinero. Lo sabe el ministro Luis Caputo, que por eso hace tiempo decidió declarar que, a su juicio, es imposible que en 2027 el peronismo vuelva a gobernar el país.
Pero la tentación de culpar al enemigo es más fuerte cuando la economía no llega al lugar que el Gobierno espera. A estas alturas del año, Milei y Caputo proyectaban que la inflación habría caído por debajo del 1 por ciento mensual y que el crecimiento sería perceptible para la mayoría de la población. Tienen, en cambio, la actividad en retroceso, el empleo planchado, niveles de mora crediticia récord y movimientos de precios que aún impiden un despegue de los salarios.
Como consecuencia de este presente de estabilidad escuálida, el liderazgo de Milei en la carrera presidencial se ha vuelto difuso.
El ministro de Economía, que llegó a imaginar las elecciones del año que viene como “un paseo por el parque” para los libertarios, se desvive por garantizar un blindaje de reservas que le permita pulsear con el mercado en la temporada de votación. El objetivo número 1 de su gestión es evitar una corrida cambiaria ante el miedo a un vuelco radical en las reglas de la economía. La estabilidad se mantiene como el mayor tesoro a cuidar. La tasa de inflación de agosto, de 1,7% y la más baja en 14 meses, lo invita a perseverar en esa dirección.
Milei ajusta las promesas al andar. Los “mejores 18 meses” de la historia que según Caputo iban a empezar en abril se mudaron a un futuro hipotético. “Si somos reelectos, el 2028 va a ser el mejor año de la Argentina”, pontificó el Presidente el jueves. Un arquero que no para de correr el arco. Fue otra invitación a que los grandes jugadores del mercado profundicen su inclinación al “esperar y ver”.
El dilema peronista
Kicillof buscó aguarle la fiesta. En sus charlas con financistas y políticos refutó la orientación liberal y desreguladora de Milei. Se presentó como defensor de un rol fuerte del Estado en la economía, habló de una “tragedia educativa” y descalificó la doctrina trumpista de intervención en la región. A su propuesta le falta aún una definición nítida sobre cuál es la receta que lleva al crecimiento. En las últimas semanas mencionó al pasar la necesidad de “orden económico”, sin que surja aún de esas palabras un mensaje explícito contra el prejuicio muy extendido de que un triunfo del peronismo implicaría el regreso de la inflación desbocada.
Ni él ni ninguno de los integrantes del disuelto Frente de Todos ha ofrecido una explicación concreta sobre por qué fracasó el gobierno de Alberto Fernández y qué se hizo mal para que al entregar el mando la inflación interanual fuera del 211%. Sergio Massa, el ministro de Economía que perdió contra Milei, no volvió a hablar en público sobre su gestión. Cristina Kirchner mantiene la centralidad a pesar de estar en prisión domiciliaria y se limita a recordar que ella señaló en su momento las disidencias con Fernández. Una verdad a medias, porque nunca abandonó en aquellos años la jefatura del oficialismo y el poder sobre áreas centrales de la administración.
La carencia de una autopsia del último gobierno peronista opera como un freno de mano en la renovación opositora. Contrasta con lo que hizo Mauricio Macri después de su derrota en 2019. Él se tomó un tiempo para explicar por qué no había logrado sus objetivos económicos y concluyó que, si tuviera la posibilidad, “haría lo mismo, pero más rápido”. Esa autocrítica desdibujó a Juntos por el Cambio y anticipó a Milei.
Un peronismo sin el vigor de otras épocas, desprovisto de un liderazgo claro y sometido a batallas internas destructivas, le da a Milei oxígeno para pensar cómo salir del laberinto del estancamiento económico. La imagen positiva que perdió el Presidente no engorda a sus rivales. Pero el descontento social y las expectativas menos optimistas respecto del futuro producen efectos inmediatos en el plano político.
Sin esas condiciones, sería impensable el libertarianismo crítico que ensaya Patricia Bullrich o la candidatura en gestación del economista Hernán Lacunza desde el Pro, a pesar de que, en paralelo, Macri y la hermana del Presidente abrieron la negociación de una alianza de alcance nacional. “Tengo mucha confianza en que los argentinos van a quedarse con la versión del cambio de primera mano, no con la segunda marca o la tercera”, dijo Milei el jueves, en lo que pareció un mensaje a quienes lo desafían desde su andarivel ideológico.
Los retrocesos de Milei
Esa rigidez narrativa contrasta a menudo con la dinámica real de su gobierno. Milei no pacta de antemano, pero suele retroceder después. Empuja reformas sin acuerdos previos y frena cuando la realidad le pone un límite. Solo lo disimula con una pose dogmática y palabras incendiarias.
Se volvió el primer malvinero después de la oalista que se impuso a raíz del partido del Mundial entre Argentina e Inglaterra. Tardó en entenderlo y lo asumió cuando debió resignar las modificaciones a la ley de tierras que impulsaba como parte esencial de su revolución. Esta semana, ante la Asamblea General de la ONU, se presentó como el único presidente argentino dispuesto a pasar a la acción para recuperar la soberanía, pese a que su mayor gesto hasta ahora ha sido proponer una versión más dura de una ley vigente desde 2011 para sancionar a las empresas que extraen recursos en las islas y el mar circundante.
Otro giro sin sutilezas se dio en la discusión por el financiamiento para el área de discapacidad, al renunciar a los recortes que había impulsado la semana pasada en el texto del presupuesto 2027. La reacción política y social desató un clamor de los propios. El clima ya no está para presumir de crueldad con los más débiles, como solían hacer algunos de los libertarios más conspicuos. Aquellos que desafiaban en redes sociales a un chico autista o usaban como insulto el término “mogólico”.
Los aliados parlamentarios están menos propensos a convalidar nuevos ajustes impopulares. “Hay campo fértil para que nos toreen con leyes que amenazan el superávit fiscal. Ya pasó el año pasado antes de las legislativas”, dice uno de los integrantes de la conducción legislativa de La Libertad Avanza. Milei llama a no ceder, salvo en los casos que lo expongan a una crisis.
El termómetro del humor social aconsejó también pasar a pérdida a Manuel Adorni, que el lunes explicó ante los tribunales que había hecho su patrimonio gracias a ganancias extraordinarias con criptomonedas que ocultó al fisco durante años. Contó que guardó en su casa casi 600.000 dólares en 2017 y vivió con disimulo, austeramente, hasta que fue designado en el Gobierno, a finales de 2023. Milei no volvió a clamar la inocencia de su amigo. En las redes sociales no hubo ni un “fuerza, Manu”. El vocero Adrián Ravier se limitó a decir que será la Justicia la encargada de determinar si la explicación del exjefe de Gabinete es cierta o no. El último hilo de cortesía con Adorni consiste en mantenerle la custodia y el auto oficial.
La nueva tierra prometida
El foco del Presidente estaba puesto en la visita a Manhattan. En desplegar otra vez su oferta de una nación abierta a la inversión, destinada a convertirse en un proveedor privilegiado de minerales críticos, energía y espacio físico para el desarrollo de la Inteligencia Artificial. “Argentina es la nueva tierra prometida”, anunció en Nueva York. Explicó que su problema hoy consiste en que no se aprecie más el peso ante el auge de las exportaciones. Ahí encajó su metáfora de los dólares que nos salen por las orejas. Incluso se permitió fantasear con pasiones personales, como cuando dijo que soñaba con tener un Tesla Cybertruck negro con un león dorado para pasearse por Buenos Aires.
Pudo celebrar un acuerdo con Estados Unidos sobre proyectos de infraestructura estratégica por 7000 millones de dólares. Es otro triunfo en espera, sujeto a que el péndulo argentino no se active otra vez.
Antes de volverse, Milei describió los éxitos de lo que llama “el milagro libertario”. Refutó a los que, en línea con Kicillof, denuncian una crisis de ingresos. Dijo: “Con la baja de la inflación les devolvimos a los argentinos 100.000 millones de dólares; una inyección de dinero que se siente en el bolsillo”. Las últimas estadísticas oficiales del Indec hablan de caídas del consumo, la inversión y el empleo, y un repunte de la pobreza. Será que prendió el ejemplo de Adorni y todos decidieron guardar el dinero y vivir deliberadamente como si no lo tuvieran.
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POLITICA
Video: el baile de Mauricio Macri en el acto del PRO en Jujuy donde alternó apoyos y críticas al Gobierno de Milei

En su viaje a Jujuy, el expresidente Mauricio Macri dejó algo más que definiciones políticas del PRO y alguna crítica leve al gobierno de Javier Milei. Segundos antes de iniciar su discurso, ensayó unos pasos de baile con un colaborador.
No es la primera vez que lo hace, de hecho fue una suerte de marca registrada durante su gobierno, y en campaña. Ahora, desde hace unos meses volvió a reeditar los bailes, en una maniobra para mostrarse cercano a la gente.
Macri también aumentó su exposición pública, con entrevistas en redes sociales y canales de streaming; en este nuevo rol como presidente del PRO se lo ve más activo en el mundo virtual.
El exjefe de Estado volvió este viernes al centro de la escena política con una postal que el PRO construye desde hace meses: un acto propio, rodeado de dirigentes propios y en un marco federal, con el foco puesto en el armado rumbo a las elecciones del año que viene. La reaparición llega después de una semana en la que el partido fundado por el expresidente volvió a diferenciarse del Gobierno por el Presupuesto 2027 y el capítulo vinculado a discapacidad.
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