POLITICA
Cobro a los extranjeros: qué piensa el Gobierno, la postura de las universidades y la puja judicial de fondo
A pesar de que la iniciativa no avanza desde que se impulsó y no hay consensos al respecto, el Gobierno insiste con la propuesta de que las universidades públicas comiencen a cobrarles una cuota a los estudiantes extranjeros, pero las instituciones se niegan a implementar la medida y dudan de su eventual efectividad.
El debate sobre si aquellos alumnos que no tienen la ciudadanía argentina deben acceder o no de manera gratuita a la educación superior se reavivó en los últimos días, a partir de un proyecto que presentó el libertario Agustín Romo en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.
Tal como detalló Infobae, esta propuesta se presentó justo cuando el tema estaba en auge debido a la polémica que se generó en el marco del Mundial, por los comentarios, principalmente en las redes sociales, de usuarios de otros países cuestionando a la Argentina y acusando a sus habitantes de racistas y xenófobos.
No obstante, de aprobarse el texto elaborado por Romo, el pago aplicaría solamente para el ámbito bonaerense y, eventualmente, también porteño, donde La Libertad Avanza daría la misma batalla.
En el plano nacional, en tanto, las autoridades nacionales insisten en que esta medida ya se puede aplicar libremente, gracias a un Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Javier Milei el año pasado.
“Tras muchas consultas, aclaramos: está vigente el DNU 366/2025 sobre la autorización a todas las universidades nacionales para cobrar a estudiantes extranjeros. Los rectores están legalmente autorizados desde el día 28/5/2025”, escribió en su cuenta de X Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias.
La defensa llegó porque a finales de junio pasado la Cámara Nacional Electoral lo anuló al considerar inconstitucional algunos de sus artículos.
Es que, además de este punto, el decreto en cuestión también había transferido a la Dirección Nacional de Migraciones la facultad de otorgar la ciudadanía argentina, una competencia que históricamente ejercieron los jueces federales.
El tribunal concluyó que esa modificación avanzó sobre una materia expresamente vedada por la Constitución para el Poder Ejecutivo que, además, no acreditó la existencia de circunstancias excepcionales que justificaran evitar el trámite legislativo ordinario para aprobar las modificaciones en el Congreso.
En el entorno de Álvarez aseguran que solamente ese punto está en conflicto, porque fue expresamente denunciado, pero que no hay ninguna queja respecto del cobro a los extranjeros.
Asimismo, remarcan que la medida “es completamente constitucional”, ya que la Carta Magna garantiza la gratuidad de la educación básica y superior solamente para los argentinos y todos aquellos que quieran “habitar” el suelo patrio.
Aquí radica el argumento central del Gobierno, que considera que aquellos que no tengan la residencia permanente no tienen derecho de acceder a ese beneficio.
Para inscribirse a una universidad pública, actualmente la persona interesada solamente debe contar con un Documento Nacional de Identidad (DNI), al cual puede acceder incluso si se encuentra en una situación migratoria precaria.
El Estado le puede dar a un extranjero un DNI local no solo cuando tiene una residencia permanente, sino también cuando posee una Temporaria, la cual es de mediano plazo y se otorga por hasta tres años, con la posibilidad de solicitar una prórroga.
Sin embargo, más allá de este debate, la decisión de si cobrar o no una cuota a los alumnos que no sean de este país recae en última instancia en cada universidad, las cuales se niegan a aplicarla.
“A mí me parece que se están aprovechando de toda esta ola contra la Argentina y de discriminación para instalar esto de nuevo, no tengo ninguna duda”, cuestionó ante este medio el rector de una importante casa de estudio, que prefirió que no se lo cite “para no seguir dándole entidad al asunto”.
El referente del sector explicó que, si bien es cierto que para acceder a la matrícula es necesario tener un DNI y muchos de los documentos son precarios, “por un acuerdo vigente del Mercosur, a los 2 años de permanencia en el territorio ya se puede conseguir automáticamente la residencia permanente“.
“No lo vamos a hacer. No le vamos a cobrar a nadie. Sí se han hecho cosas, como poner niveles de español más altos para poder ingresar. No es que cualquiera puede venir acá hablando portugués y le tenemos que dar clases en su idioma. Hay cosas que está bien plantearlas, pero esto en particular, no”, opino.
Para el rector, los ingresos que podrían tener si implementan este pago “es marginal a nivel presupuestario y terminaría perjudicando a la economía local, porque es más lo que cada alumno deja viviendo acá, que lo que se les puede pedir de cuota en última instancia”.
“Ya hoy en día bajó mucho el fenómeno de los estudiantes extranjeros, porque dejó de ser atractivo el país. En mi provincia hace 5 o 10 años había empresas que se dedicaban al turismo académico y ahora cerraron todas. Estás quitando los incentivos para que vengan”, lamentó una persona que conduce una institución de educación superior del interior.
Por otra parte, los rectores coinciden en que “el decreto es de dudosa legitimidad, porque modifica dos leyes vigentes, la de Educación y la de Migración, que son las que garantizan que no le puedas cobrar a nadie”.
“Si se llegara a hacer, cualquiera que vaya a la Justicia para protestar te lo gana, porque un DNU no está por encima de ley. Después está la discusión más de fondo, yo soy hijo de inmigrantes, primera generación, y no sé si estoy de acuerdo con que para otros haya criterios que este país no aplicó para mi familia. Lo que quiere el Gobierno es generarles incomodidad a la universidades y sumar un elemento más para desprestigiarnos”, cerró.
En cuanto a la potestad para que Migraciones se haga cargo de los trámites para la ciudadanía también hay debate, ya que un sector del Ejecutivo considera que todo el DNU sigue rigiendo, porque no tiene sentencia definitiva de la Corte Suprema de Justicia.
“Lo único que puedo decir es que los pedidos que nos están llegando a nosotros los seguimos tomando y están teniendo su curso habitual. Por lo que hagan otros organismos no puedo responder”, remarcó una fuente de la Cámara Nacional Electoral, que es la que históricamente revisó los casos de personas a las que se les rechaza en primera instancia la ciudadanía.
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POLITICA
Estados Unidos envía a sus dos principales funcionarios para la región a la Argentina para impulsar el Corredor Andes-Atlántico
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció hoy que el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, viajarán la semana próxima a la Argentina para impulsar el Corredor Andes-Atlántico, la iniciativa conjunta de infraestructura e inversiones firmada entre ambos países el mes pasado. La gira se extenderá entre el 19 y el 26 de octubre con escalas en Asunción (Paraguay) y Buenos Aires.
Aunque no se precisó la fecha exacta de arribo a la capital argentina, la visita representa el desembarco diplomático de más alto nivel desde que Donald Trump regresó a la presidencia y se produce después de que Javier Milei viajara a Washington esta semana.
“Estamos trabajando para ampliar el comercio de Estados Unidos, profundizar la cooperación en materia de seguridad regional y fortalecer las asociaciones en todo el Hemisferio Occidental”, señaló Segura en su cuenta de X al confirmar el viaje.
En tanto, el Departamento de Estado, el organismo que lidera el secretario Marco Rubio, difundió un comunicado donde se informa que “en Buenos Aires, Landau se reunirá con altos funcionarios del gobierno argentino y líderes del sector privado para aprovechar el impulso generado por el lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico”.
“Discutirán vías para fomentar el crecimiento económico, aumentar la inversión estadounidense y fortalecer la cooperación en seguridad”, se añadió en el texto, donde se calificó la gira como un reflejo del “compromiso de la administración Trump con un hemisferio occidental seguro y próspero”.
Para Washington, el Corredor Andes-Atlántico “profundiza la integración económica entre Estados Unidos y la Argentina” y conecta a los inversores con oportunidades en los sectores energético, minero, de infraestructura y tecnológico. El gobierno norteamericano la presentó como la primera asociación para un corredor global de infraestructura e inversión en el Hemisferio Occidental, con el objetivo de ampliar las oportunidades para sus empresas y fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos y energía, entre ellos el litio, el cobre, el petróleo y el gas.
En tanto, y según el comunicado oficial, Landau encabezará en Paraguay una delegación comercial de empresas estadounidenses para explorar oportunidades de inversión. También se reunirá con altos funcionarios del gobierno paraguayo para reafirmar lo que el Departamento de Estado describió como la “histórica asociación estratégica” entre ambas naciones. La agenda en Asunción incluirá la ampliación del comercio bilateral, la profundización de la cooperación en seguridad regional y el combate al crimen transnacional.
Según fuentes oficiales, la agenda de Landau en Buenos Aires contempla reuniones con el presidente Javier Milei, con Pablo Quirno y con autoridades parlamentarias. El miércoles pasado, el canciller argentino se reunió con Segura en Washington, donde repasaron la agenda bilateral en distintos ejes, incluido el acuerdo de financiamiento para inversiones en infraestructura.
La llegada de los dos funcionarios, se prevé, también servirá para ultimar los preparativos de la visita del vicepresidente JD Vance a Buenos Aires, prevista para la tercera semana de noviembre. Aún restan conocer la fecha exacta de su arribo y la agenda en el país del número dos de la Casa Blanca.
El Corredor Andes-Atlántico
El acuerdo fue lanzado el 23 de septiembre en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU, por Landau y Quirno. Contempla herramientas de financiamiento estadounidense por hasta 7.000 millones de dólares hacia 2027 para modernizar ferrocarriles, oleoductos, gasoductos, puertos, redes eléctricas e infraestructura digital que unen el noroeste argentino y la cuenca energética de Vaca Muerta con los puertos atlánticos.
El componente más avanzado es Argentina LNG, el proyecto de exportación de gas que lidera YPF junto con la italiana Eni y XRG, de Emiratos Árabes Unidos. El Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (Exim Bank) presentó una propuesta indicativa de financiamiento de largo plazo por hasta 6.000 millones de dólares destinada a la compra de bienes y servicios estadounidenses.
El crédito todavía no está aprobado y requiere el aval del directorio del banco. La primera fase del proyecto prevé dos unidades flotantes de licuefacción frente a la costa de Río Negro, con capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado y el inicio de operaciones proyectado para 2031. Argentina LNG involucra una inversión total estimada de 51.000 millones de dólares durante toda su vida útil, la mayor anunciada en la historia del país.
Además del corredor, la visita de Landau y Segura abordará otros ejes de la relación bilateral. Ambos gobiernos profundizaron en las últimas semanas el intercambio de información y la asistencia técnica. A comienzos de octubre, Estados Unidos formalizó la creación de una unidad regional contra el narcotráfico con sede en la Argentina y aprobó 13,35 millones de dólares para cooperación contra el crimen organizado, de los cuales 7,5 millones estarán destinados a proyectos locales.
Segura tiene 38 años, nació en Alexandria, Virginia, y es hijo de inmigrantes argentinos. Su padre, Enrique Segura, es un economista con paso por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. Militante republicano, Segura fundó en 2014 Babyscripts, una empresa de tecnología de salud orientada al monitoreo prenatal, y ocupó el cargo de secretario de Comercio de Virginia bajo el gobernador Glenn Youngkin antes de ser nominado por Trump y confirmado por el Senado en agosto.
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POLITICA
Piden el juicio político para el juez que absolvió a los sindicalistas que bloquearon San Nicolás
El juez Alejandro Gabriel López, quien quedó en medio de la polémica por un fallo que absolvió a los jefes sindicales que bloquearon una empresa y sitiaron la ciudad de San Nicolás, enfrenta el primer pedido de juicio político.
El exintendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, formalizó la denuncia ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires.
El juez López integra el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 del Departamento Judicial San Nicolás.
La presentación busca que se investigue la actuación del magistrado por posible mal desempeño e incumplimiento grave de los deberes de su cargo al dictar el veredicto absolutorio del pasado 14 de octubre de 2026.
El expediente juzgó los episodios ocurridos a principios de 2021 en la planta de la firma Rey Distribución S.R.L. En dicha causa, Maximiliano Cabaleyro y otros dirigentes enfrentaban cargos por turbación de la posesión, coacción en grado de tentativa y extorsión tras una serie de medidas de fuerza que impidieron el funcionamiento y la salida de vehículos de la distribuidora.
Con el patrocinio letrado del abogado Ignacio Mateucci, la presentación argumenta que el juez incurrió en deficiencias graves al momento de justificar el derecho de huelga.
Entre los puntos centrales de la denuncia se destacan:
“Judicializar la huelga fue un despropósito”, escribió el juez López al absolver a los sindicalistas de Camioneros que bloquearon los accesos a San Nicolás, a pesar de que la fiscalía había pedido 10 años de prisión por los delitos de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas.
López llegó al Tribunal Oral N° 2 de San Nicolás en 2019, durante la gestión de María Eugenia Vidal. El Senado bonaerense lo aprobó por unanimidad, a través de un acuerdo entre el peronismo y Juntos por el Cambio.
En un veredicto de 120 páginas, López sostuvo que los bloqueos a la distribuidora Rey fueron ejercicio del derecho de huelga y que contra Maximiliano Cabaleyro no hubo “un solo testigo” que lo viera recibir o exigir dinero.
En el sorpresivo giro contra el pedido de prisión, López firmó un veredicto que cuestionó con dureza a la fiscalía y a la querella.
La entonces gobernadora María Eugenia Vidal designó a López por el decreto 1178/19, tras la aprobación del pliego.
El tribunal era nuevo, creado por la ley 14.612, y la Suprema Corte bonaerense fijó su inicio de actividades para el 11 de noviembre de 2019.
El fallo fue descalificado por el diputado bonaerense Manuel Pasaglia, intendente de San Nicolás al momento de la agresión, quien calificó a López de “garantista”.
“Una muestra más de un juez garantista; bloquearon una empresa, bloquearon una ciudad; y no pasa nada”, tuiteó Passaglia en X.
“Todos los vecinos de San Nicolás recordamos cuando estos mafiosos de la mano de los Moyano quisieron hacer colapsar nuestra ciudad: bloquearon los accesos e impidieron la entrega de comida y la recolección de basura”, agregó en su mensaje. Y completó: “Fueron los nicoleños los que aguantaron y resistieron. Y al final les torcimos el brazo. Por eso, decisiones como la de este juez son un retroceso. Porque vuelven a darle poder a los que bloquean, aprietan y extorsionan, y perjudican a los que trabajan, producen y cumplen la ley”.
El juez dio por probados los dos bloqueos a la empresa de transporte Rey Distribución, en San Pedro: el del 15 de enero de 2021 y el del 22 al 25 de febrero de ese año.
Pero dijo que no constituyen un delito penal, sino parte del ejercicio del derecho de huelga. Dijo que el Código Penal “excluye la responsabilidad de quien obra ‘en el legítimo ejercicio de un derecho’”.
Con ese argumento absolvió a Cabaleyro y a otros seis acusados: Maximiliano Pérez, Carlos y Enzo Ojeda, Matías y Lucas Torrez y Edgardo Di Mayo.
López rechazó que el derecho de propiedad y el de huelga deban ponderarse como equivalentes. “Esta línea de argumentación sólo permitiría llegar a la conclusión de que ninguna huelga es legítima. No hay modo en que el derecho de huelga se ejerza sin afectar otros derechos”, escribió.
El bloqueo de la planta provocó el aislamiento temporal de la ciudad y generó gran indignación entre los vecinos.
El veredicto también cuestionó el uso de escuchas telefónicas, que según el juez fue “desproporcionado” para un “magro resultado”.
La fiscalía, a cargo de María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, había pedido diez años de prisión. La querella de la familia Rey, patrocinada por la senadora Florencia Arietto (LLA), reclamaba 15. Las fiscales anticiparon que apelarán.
López había sido protagonista de otro fallo polémico cuando dispuso que el abusador Pablo Javier Gordillo cumpliera cinco años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Gordillo había sido encontrado culpable por un jurado popular del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado.
absolvió a los jefes sindicales que bloquearon una empresa,pic.twitter.com/8G5qLllN9w,October 14, 2026,Conforme a
POLITICA
La Justicia ordenó investigar transferencias de la FIFA y Camioneros a Chiqui Tapia y levantó el secreto bancario de su exesposa
El juez federal Ariel Lijo ordenó nuevas medidas para reconstruir el patrimonio de Claudio “Chiqui” Tapia en la causa por presunto enriquecimiento ilícito vinculada con su paso por la CEAMSE. La resolución, firmada este viernes, incluye pedidos de información sobre sus declaraciones juradas, cuentas comitentes, vehículos y pagos de la AFA, la FIFA y el Sindicato de Choferes de Camiones.
Además, el magistrado dispuso levantar los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero de Paola Moyano, exesposa del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y ordenó requerir información para reconstruir su situación patrimonial y económica.
Entre las medidas dirigidas a Tapia, Lijo pidió a la Ciudad de Buenos Aires que informe cómo acceder a las declaraciones juradas que presentó entre 2016 y 2022, incluidos sus anexos reservados. También solicitó al CEAMSE que precise si se encontraron los registros laborales correspondientes a marzo y diciembre de 2006.
La resolución requiere, además, que el Registro de la Propiedad Automotor informe en qué vehículos Tapia estuvo autorizado a operar desde 2016 y remita los legajos de cuatro rodados, entre ellos un BMW X4 adquirido en junio de 2020. El juez también pidió informes sobre causas judiciales anteriores que puedan aportar datos sobre bienes, sociedades, deudas, activos financieros y productos bancarios del dirigente.
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Democrats call for gun control after Oregon school shooter reportedly uses shotgun purchased by his mother
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