POLITICA
Cómo es el audaz esquema de paros “a la francesa” que analizará la CGT para profundizar su ofensiva contra Milei
La próxima medida de fuerza de la CGT todavía no está resuelta y no tiene fecha ni modalidad definidas, pero ya fue bautizada informalmente por algunos dirigentes como “semana social de protesta”. ¿A qué alude ese nombre? Misterio. Por ahora, lo único en claro es que la CGT ya decidió retomar su ofensiva contra el Gobierno.
Luego de canalizar sus denuncias en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los principales líderes cegetistas no quieren perder el tiempo pese al lógico paréntesis que impondrá el Mundial de Fútbol: el miércoles que viene, a las 11, recibirán a los líderes de las confederaciones que agrupan a sindicatos de la industria, el transporte, la alimentación y la energía para analizar cómo seguir el plan de lucha.
Ese día comenzará a debatir qué hacer para frenar a una administración libertaria que, a juicio de la central obrera, redobla sus gestos de hostilidad contra el poder sindical y los trabajadores. Así fue interpretada la reciente reglamentación de la reforma laboral, que acentúa los límites al financiamiento de los gremios a través de las cuotas solidarias, el condicionamiento de los convenios colectivos y el impulso a los sindicatos de empresa, entre otras innovaciones que jaquean al status quo gremial.
La mayoría de los dirigentes cegetistas cree que debe descongelar las medidas de fuerza, pero nadie tiene en claro cuál es la mejor forma de protestar para tratar de frustrar las políticas libertarias. De por sí, con la excepción del ala dura, no prende aún la idea de llevar adelante el quinto paro general de CGT contra Javier Milei.
Muchos dirigentes entienden que otro paro general es un riesgo porque no tienen garantías de un alto acatamiento (la última huelga general, del 19 de febrero pasado, fue floja): muchos trabajadores tienen miedo de perder el empleo o no quieren dejar de cobrar un día de trabajo o el presentismo por adherir a otra medida de fuerza. Y, además, saben que Milei no cambiará ninguna de sus políticas en curso por más que la CGT siga con su serie de protestas generales hasta el final del mandato.
El problema adicional para los líderes cegetistas es que deben conciliar esta realidad acerca de la repercusión de sus protestas con las presiones internas del ala dura, en donde están la UOM, La Fraternidad y Gastronómicos, entre otros, que pugnan por un paro de 36 horas.
Por eso avanza la idea de discutir en distintas instancias de la CGT una propuesta que ya había hecho Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), titular de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), cuando se debatió el último paro general de la CGT: organizar un plan de lucha similar al que se instrumentó en Francia para protestar contra la reforma jubilatoria impulsada por Emmanuel Macron en 2023.
¿Qué características tuvieron esas acciones de protesta? En lugar de detener todo el país durante semanas, los sindicatos coordinaban paros por sectores y en forma secuenciada. Es decir, una semana se paralizaron los trenes, el sector de energía y las refinerías, por ejemplo; la siguiente, la recolección de residuos, la educación y el transporte urbano, y así se alternaron cada 7 días otras actividades en la paralización de tareas, complementadas con movilizaciones callejeras diarias, hasta llegar a una medida nacional que abarcó a todos los gremios.
Así, el impacto real fue mucho más fuerte porque la protesta seguía a lo largo de semanas y, además, ese esquema permitía mantener el conflicto durante meses sin que cada trabajador perdiera semanas enteras de salario. Es lo que los franceses llamaron “huelga por escalada”: sus promotores aseguran que mantuvieron una presión política y económica constante, distribuyeron el esfuerzo entre varios gremios y pudieron sostener las acciones en un plazo prolongado.
Schmid y otros de sus colegas de la CATT como Juan Pablo Brey (aeronavegantes) entienden que hacer un solo paro sin continuidad pierde eficacia y por eso vienen planteando sin éxito adentro de la CGT definir un plan de lucha “a la francesa” para que cumpla su objetivo.
La propuesta ya empezó a contar con más adhesiones en la central obrera y algunos ya la bautizaron como “semana social de protesta”. Por eso se empezará a analizar, junto con otras variantes más tradicionales, en la reunión que mantendrá el triunvirato de la CGT con las confederaciones sindicales que agrupan a distintos sectores. La semana siguiente, las ideas en danza serán debatidas por el Consejo Directivo cegetista.
Hay quienes proyectan que luego delibere el plenario de secretarios generales o el Comité Central Confederal, máximo órgano ejecutivo de la CGT, para oficializar el nuevo plan de lucha, pero en la cúpula cegetista apuntan primero a mejorar el sistema de toma de decisiones.
¿Qué significa? Exigir que a las reuniones del Consejo Directivo concurran los líderes de los sindicatos y no como sucede ahora, en que asisten dirigentes de segundas o terceras líneas cuya opinión no termina siendo representativa o no implica un compromiso efectivo de la organización a la que pertenecen.
“Algunos de los que nos reclaman un paro general no logran que sus afiliados acaten la medida de fuerza o ni siquiera hacen paros en sus sindicatos por reclamos sectoriales”, se quejó a Infobae un jefe de la CGT.
Por eso la CGT conducida por Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello procura iniciar consultas con la mayor cantidad de colegas posibles para que la modalidad elegida para protestar sea avalada y cumplida por todos.
Mientras, como anticipó Infobae, en la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, que encabeza Sergio Romero (UDA), hay otro ritmo: conversan con otros gremios del sector con el objetivo de realizar un paro docente luego del 19 de julio, fecha en que finalizará el Mundial de Fútbol, en reclamo de un aumento para los docentes, cuyo salario mínimo sigue en $500 mil.
Aunque se apruebe el “modelo francés” de paros, en la Argentina hay algunos impedimentos para que se concrete. Por un lado, rige la Ley de Modernización Laboral que incluye la obligación de mantener servicios mínimos del 50% o 75% en actividades consideradas esenciales, como el transporte, la salud, la recolección de residuos y la energía, entre otras (la educación quedó exceptuada luego de que el juzgado laboral N° 74 suspendió la declaración de esencialidad para el sector).
Lo más probable es que ante paros de ese tipo el Gobierno declare la conciliación obligatoria, que implica levantar las medidas y negociar durante 15 días. No acatar esa resolución oficial equivale a sanciones graves. Ya le pasó a La Fraternidad, que lidera Omar Maturano, a la que la Secretaría de Trabajo le aplicó una multa de 21 mil millones de pesos por desobedecer la conciliación obligatoria durante el último paro de la CGT.
Lo mismo podría sucederle a la Unión Tranviarios Automotor (UTA), encabezada por Roberto Fernández, porque cuando la CGT hizo su cuarta huelga general paralizó el servicio de colectivos sólo en el AMBA ya que le habían dictado la conciliación obligatoria por un conflicto salarial en el interior, donde no hizo paro.
Claro que la posible multa a la UTA, calculada sobre la base de la cantidad de trabajadores afectados al paro, es de una suma exorbitante: 70 mil millones de pesos. Aún no terminaron los relevamientos para determinar si efectivamente el gremio desoyó la conciliación obligatoria, algo curioso porque la medida de fuerza cuestionada tuvo lugar hace casi cuatro meses.
¿Se efectivizará alguna vez la sanción contra el sindicato de colectiveros o el Gobierno la dejará en suspenso como herramienta de presión para tratar de que la UTA no adhiera a otro posible paro general de la CGT? Es una duda auténticamente argentina que crece mientras los sindicalistas analizan protestas importadas de Francia.
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POLITICA
Base Naval Integrada: el Gobierno asegura que la obra “pertenece 100% a la Argentina” y no incluye a otros países
USHUAIA.- La Base Naval Integrada estaría finalizada para 2029, luego de un período de 30 a 36 meses de trabajos, que se realizarán por etapas y contemplan un muelle de 585 metros. “Es la primera vez que aparece el Estado nacional con recursos concretos”, aseguran en las Fuerzas Armadas. En su visita a esta ciudad, el canciller Pablo Quirno remarcó que el proyecto “pertenece 100% a la Argentina” y descartó financiamiento de otros países u organismos multilaterales.
Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, llegaron el viernes a Tierra del Fuego y recorrieron el lugar donde se instalarán dos enormes obradores, fundamentales en el plan de construcción de la Base Naval Integrada. La visita se enmarcó en la agenda que el gobierno de Javier Milei impulsa para reforzar la infraestructura estratégica en el extremo austral y su proyección hacia el Atlántico Sur y la Antártida.
Los funcionarios estuvieron en el sector donde no se observan aún avances significativos, más allá del anuncio en 2022 del entonces ministro Jorge Taianadurante el gobierno de Alberto Fernández, cuando se colocó la “piedra fundamental”, que permaneció hasta el momento prácticamente abandonada en el lugar.
El recorrido permitió a los ministros conocer de primera mano el sector y avanzar en las gestiones relacionadas con el inicio de los trabajos.
Según se había informado, el Gobierno reasignó unos US$142 millones del presupuesto nacional para el desarrollo de la Base Naval Integrada y fuentes oficiales establecieron el costo total de la obra entre US$400 y US$500 millones. Quirno especificó que el avance será con “recursos propios del Estado nacional”. Dijo que el presidente Milei ya había instruido al ministro de Economía, Luis Caputo, para priorizar la iniciativa en el presupuesto 2027.
Consultado por acerca de la participación de otros países en el financiamiento de la obra, Quirno especificó que “es una base que está haciendo la Argentina con sus propios recursos. Se trata de un proyecto que está hace décadas y que ahora vamos a empezar a ejecutar”.
“En el gobierno nacional tratamos de usar nuestros propios recursos para generar la realización de los proyectos estratégicos, después, que se unan países que van a utilizar nuestra Base Naval Integrada en aspectos logísticos para su llegada a la Antártida es otro tema, pero está concebida como 100% argentina. Pertenece a la Armada Argentina y no está vinculada con otros países”, insistió el canciller.
“El costo estimado de entre US$400 millones y US$500 millones surge de los propios recursos del Estado. El Presidente determinó que, gracias al equilibrio fiscal, los recursos están. Se promulgó el DNU la misma noche de la cadena nacional para asignar recursos al Ministerio de Defensa para comenzar la obra y días después se instruyó al Ministerio de Economía para incluir en el presupuesto 2027 los recursos correspondientes para continuar con la obra”, detalló Quirno en la recorrida.
La obra
El proyecto está contemplado para ser realizado por fases. “Hace 40 años que todos miran para otro lado y nadie materializa la obra que haremos ahora”, dijo el ministro Presti, quien también especificó que “las obras van a salir con licitaciones públicas y se presentarán las empresas que sean adecuadas”, descartando la exclusividad de la empresa Tandanor en el avance de las próximas etapas.
“No está previsto financiamiento de organismos multilaterales. Está claro que esta obra es la convicción y el mandato del Presidente, se revalorizan recursos estratégicos de la Argentina para defender nuestros intereses en el Atlántico Sur de la mejor manera posible, algo que no se hace desde hace décadas”, explicaron los funcionarios nacionales.
Por otro lado, Quirno destacó que el proyecto incluye también las mejoras en la pista de aterrizaje de la Base Petrel, en Antártida. “Es el puente que hacemos con la Antártida, para proveer mayores posibilidades de aterrizaje de aviones, la pista ya está. Hay que hacerle mejoras y alargarla para una mejor disponibilidad”, explicó.
En el comienzo de los trabajos se contempla la construcción de dos grandes obradores, que serán el apoyo principal para la construcción del muelle, sobre todo en la temporada invernal que limita el trabajo en el exterior.
Con el avance del proyecto se realizará un edificio de servicios marítimos, que dará suministros para la operatividad del muelle, y la urbanización del predio, que prevé llevar todos los servicios (agua, luz, gas, conectividad) hacia una zona que hoy no los tiene.
Los plazos
La primera etapa comenzará a principios de 2027 y, según definieron fuentes oficiales, “en 18 meses esté construido el 40% del muelle, con servicios como para estar, en una primera etapa, en capacidad de recibir en los primeros 240 metros de muelle las lanchas de la División de Patrullado Austral que son orgánicas del Área Naval Austral y que hoy amarran en el muelle auxiliar, frente a la Base Naval en el centro de la ciudad”.
El muelle final contaría con 585 metros, y el objetivo es que esta obra finalice en un plazo de 30 a 36 meses.
Simultáneamente, a mediados de 2027 se avanzará con el inicio de las obras requeridas para la logística antártica, con lo cual las tareas serán paralelas y la idea es que tanto el muelle como la logística antártica estén finalizando a mediados de 2029, “a más tardar a fines de ese año”. Concretado ese objetivo, se estará en capacidad de recibir al rompehielos Irizar, que hoy atraca en el muelle comercial de Ushuaia, al Transporte Polar y a cualquier unidad de la Armada que necesite operar en la zona.
Para 2028 se planea avanzar en la relocalización de la Base Naval Austral, hoy localizada en el centro de Ushuaia, tanto el edificio como un muelle que fue planificado como provisorio y que lleva 30 años funcionando en esa condición.
En la última etapa se harán viviendas para el personal, lo que se planifica para 2029.
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POLITICA
Reforma política: el oficialismo incorpora Ficha Limpia y PASO optativas al debate en el Senado
El oficialismo en el Senado les hace un guiño a los aliados. Tal como se había comprometido la senadora Patricia Bullrich en la última sesión de la Cámara alta, el pasado 27 de agosto, incorporó para su tratamiento los proyectos de Ficha Limpia impulsados por los senadores Martín Goerling Lara y Andrea Cristina, del PRO, y de primarias optativas, presentado por Edith Terenzi, de Despierta Chubut, espacio que responde al gobernador Ignacio Torres.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el libertario Agustín Coto, convocó a ese cuerpo para reanudar el cuarto intermedio del tratamiento del proyecto de Reforma Política que impulsa el Gobierno nacional. Este viernes, al cierre de la semana, amplió el temario e incorporó las iniciativas de Martín Goerling Lara y Edith Terenzi.
Ambos legisladores dejan en claro la necesidad de mantener las elecciones primarias en el calendario electoral, un punto que la Casa Rosada busca eliminar en su propuesta de Reforma Política. “Frente a esa postura, reafirmamos la vigencia y necesidad de las primarias como una garantía de efectiva democracia dentro de la vida de los partidos políticos. Las PASO fueron concebidas para que la selección de candidatos no dependa exclusivamente de acuerdos cupulares o de la capacidad movilizadora de aparatos partidarios, sino de la voluntad soberana de la ciudadanía”, fundamentó en su proyecto la senadora Terenzi.
La senadora propone modificaciones al régimen de elecciones PASO, establecido en la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral.
Terenzi plantea que es imperativo introducir correcciones que rescaten su sentido original, garanticen el equilibrio entre las fuerzas políticas y aseguren que los recursos públicos sean utilizados con una racionalidad que los transforme en una inversión para el fortalecimiento institucional y no en un dispendio administrativo injustificado.
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La senadora por Chubut también, al igual que la propuesta del senador Eduardo Vischi, de la UCR, plantea que las PASO sean optativas. “Al eliminar la obligatoriedad, se reduce el hastío social ante el calendario electoral y se garantiza que quienes concurran a las urnas lo hagan por un compromiso cívico real con el proceso de selección de candidatos”.
La propuesta del PRO
El proyecto de Ficha Limpia de Martín Goerling Lara, presidente del bloque del PRO, firmado junto a la senadora Andrea Cristina, establece un régimen de inhabilitación para personas con condenas confirmadas por delitos dolosos vinculados con la administración pública. La iniciativa también cuenta con el acompañamiento de la UCR e implica cambios en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos.
Según explicó el legislador, el objetivo es “garantizar la probidad en la función pública y resguardar la integridad del sistema democrático”.
La propuesta alcanza delitos como fraude contra la administración pública, cohecho, malversación de fondos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, enriquecimiento ilícito y encubrimiento, entre otros.
La Reforma Política
La iniciativa que impulsa La Libertad Avanza y que fue enviada por el Poder Ejecutivo propone, entre otros puntos, eliminar las PASO, modificar el sistema de financiamiento de los partidos políticos, introducir cambios en la Boleta Única de Papel (BUP) e implementar Ficha Limpia, incorporada al texto del proyecto gubernamental.
El proyecto también eleva el piso de votos exigido y aumenta la cantidad de distritos o afiliados necesarios para mantener el reconocimiento como partido nacional o distrital. Las fuerzas que no alcancen esos requisitos podrían perder su personería jurídica, una modificación que podría afectar incluso a espacios aliados del Gobierno.
Dentro de La Libertad Avanza, sin embargo, podrían aceptar como alternativa una suspensión de las primarias para el calendario electoral de 2027, aunque rechazan que el mecanismo continúe de manera optativa.
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El argumento público del oficialismo para avanzar con la eliminación de las PASO se centra en el costo económico que implica organizar una elección primaria. Sin embargo, en el Gobierno también admiten una razón política: consideran que ese mecanismo puede servir para ordenar y fortalecer a los frentes opositores después de una interna, tanto si las primarias son obligatorias como si fueran optativas.
La propuesta, que consta de 79 artículos, también plantea eliminar la elección directa de los representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur. En su lugar, serían designados de manera indirecta por el Congreso, de acuerdo con la representación proporcional de cada fuerza política.
Mayorías requeridas
La Constitución Nacional establece en su artículo 77 que las modificaciones al régimen electoral y de partidos políticos deben ser aprobadas por la mayoría absoluta del total de los miembros de cada Cámara. Esto implica reunir al menos 129 votos en la Cámara de Diputados y 37 en el Senado.
La necesidad de alcanzar esas mayorías explica por qué la mesa política de la Casa Rosada analiza semanalmente las posibilidades de llegar a acuerdos con las fuerzas provinciales. En paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene reuniones con gobernadores para negociar distintos puntos de la agenda legislativa.
Acordada de la Cámara Electoral
El pasado martes, la Cámara Nacional Electoral le advirtió al Congreso de la Nación sobre la necesidad de definir con tiempo el eventual tratamiento y sanción de los proyectos de reforma electoral, de partidos políticos o de financiamiento de campañas, ante la cercanía de las elecciones de 2027.
La Acordada Extraordinaria 155 fue firmada por los jueces Alberto Dalla Via, Santiago Hernán Corcuera y Daniel Bejas.
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POLITICA
La trama detrás de la decisión de Javier Milei de no viajar a Londres en plena tensión por las Islas Malvinas
Cuando el presidente Javier Milei barajó meses atrás la posibilidad de viajar a Londres para participar de un evento empresarial en busca de inversiones, la relación entre la Argentina e Inglaterra estaba en un buen momento, sin mayores tensiones más allá de las que históricamente hubo entre ambas naciones por las Islas Malvinas que, en ese entonces, no estaba en la agenda prioritaria de la Casa Rosada.
Fue en julio pasado que trascendió esa noticia y las versiones hablaban desde un posible encuentro con Nigel Farage, líder de la derecha en ese país, hasta un saludo con Mick Jagger, a quien el mandatario idolatra desde que era niño.
Lo cierto es que la administración libertaria estaba planeando la visita que hubiera tenido un fuerte impacto simbólico por el antecedente de la guerra en el Atlántico Sur y que solamente tiene como antecedente la de Carlos Menem en 1998.
Hasta ese entonces, las autoridades argentinas sostenían una estrategia de continuar reclamando por la soberanía de las Malvinas ante la ONU y manteniendo un diálogo abierto con el Reino Unido.
Por ese motivo, desde julio la Cámara de Comercio Argentino Británica (BritCham) comenzó a trabajar en la organización de un evento lo suficientemente importante como para que ameritaba la presencia del jefe de Estado.
La fecha tentativa para el viaje era en octubre, cuando se realizará un encuentro minero que se lleva adelante todos los años en Londres y reúne a funcionarios e importantes referentes del sector empresarial.
Sin confirmación por parte de la Casa Rosada, la BritCharm decidió armar para esta ocasión una suerte de “Argentina Week”, como a la que Milei fue en Nueva York y a la que asistirá en París, con la idea de que finalmente estuviera también allí.
Sin embargo, todo cambió repentinamente cuando el Gobierno, aprovechando también las declaraciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, decidió cambiar su postura respecto del reclamo por Malvinas.
El Presidente realizó una cadena nacional que generó mucha expectativa en la previa y en la que anunció un paquete de medidas para aumentar el presupuesto en defensa y endurecer las sanciones contra las empresas que explotan recursos naturales en el archipiélago.
Desde entonces, casi todas las comunicaciones oficiales estuvieron vinculadas a las denuncias que el Estado argentino presentó contra esas compañías, así como también contra sus ejecutivos y directivos.
Esto motivó la reacción del Reino Unido y principalmente de su primer ministro, Andy Burnham, quien advirtió en la Cámara de los Comunes que será “implacable” en la defensa del supuesto derecho de los isleños a ser británicos.
En este escenario tan complejo, Milei volvió a analizar con su círculo íntimo el viaje a Londres que tenía previsto para tan solo dentro de unas semanas: “Acordamos que era mejor suspenderlo”, explicó a Infobae una fuente del Gabinete.
Por su parte, la BritCham ya tiene casi definido que la Argentina Week no se haga y que el formato vuelva a ser el de la London Metal Exchange (LME), con invitados puramente vinculados al mundo de la minería.
Según pudo saber este medio, entre los confirmados están los gobernadores de Jujuy, Carlos Sadir, y de Catamarca, Raúl Jalil, quienes hasta el viernes sí mantenían este evento en sus respectivas agendas.
Por el lado de la Casa Rosada, el único que ya había aceptado la invitación, y al menos por el momento no se bajó, es el secretario de Minería, Luis Lucero. “No creo que vaya a venir nadie más”, reconocían desde la organización.
Mientras tanto, en Buenos Aires, este lunes el Presidente enviará al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, a partir del cual se agravarán las penas contra las compañías que están desarrollando actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina, incluido el territorio de Malvinas.
Asimismo, la Oficina del Presidente comunicó que se creará el Sistema de Articulación de la Política Exterior, con el objetivo de implementar mecanismos de información, coordinación y asesoramiento para actividades estatales que puedan afectar los intereses del país.
“Asimismo, permitirá a la Cancillería asegurar que toda actividad vinculada a las relaciones exteriores de la República Argentina sea coherente, compatible y uniforme con los lineamientos generales de la política exterior, en lo relativo a los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes”, se informó.
El lunes, antes de enviar el proyecto de ley, Milei recibirá en la Casa Rosada a los legisladores de La Libertad Avanza para hablar de esa iniciativa y del Presupuesto 2027, que también está vinculado, ya que establece aumentos en las partidas para defensa.
Al terminar, la secretaria general, Karina Milei, en su rol de titular del partido, cenará con todos los diputados y senadores en el nuevo local que el espacio tiene en el barrio porteño de San Telmo, el cual se inauguró hace algunas semanas.
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