POLITICA
Cómo es el audaz esquema de paros “a la francesa” que analizará la CGT para profundizar su ofensiva contra Milei
La próxima medida de fuerza de la CGT todavía no está resuelta y no tiene fecha ni modalidad definidas, pero ya fue bautizada informalmente por algunos dirigentes como “semana social de protesta”. ¿A qué alude ese nombre? Misterio. Por ahora, lo único en claro es que la CGT ya decidió retomar su ofensiva contra el Gobierno.
Luego de canalizar sus denuncias en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los principales líderes cegetistas no quieren perder el tiempo pese al lógico paréntesis que impondrá el Mundial de Fútbol: el miércoles que viene, a las 11, recibirán a los líderes de las confederaciones que agrupan a sindicatos de la industria, el transporte, la alimentación y la energía para analizar cómo seguir el plan de lucha.
Ese día comenzará a debatir qué hacer para frenar a una administración libertaria que, a juicio de la central obrera, redobla sus gestos de hostilidad contra el poder sindical y los trabajadores. Así fue interpretada la reciente reglamentación de la reforma laboral, que acentúa los límites al financiamiento de los gremios a través de las cuotas solidarias, el condicionamiento de los convenios colectivos y el impulso a los sindicatos de empresa, entre otras innovaciones que jaquean al status quo gremial.
La mayoría de los dirigentes cegetistas cree que debe descongelar las medidas de fuerza, pero nadie tiene en claro cuál es la mejor forma de protestar para tratar de frustrar las políticas libertarias. De por sí, con la excepción del ala dura, no prende aún la idea de llevar adelante el quinto paro general de CGT contra Javier Milei.
Muchos dirigentes entienden que otro paro general es un riesgo porque no tienen garantías de un alto acatamiento (la última huelga general, del 19 de febrero pasado, fue floja): muchos trabajadores tienen miedo de perder el empleo o no quieren dejar de cobrar un día de trabajo o el presentismo por adherir a otra medida de fuerza. Y, además, saben que Milei no cambiará ninguna de sus políticas en curso por más que la CGT siga con su serie de protestas generales hasta el final del mandato.
El problema adicional para los líderes cegetistas es que deben conciliar esta realidad acerca de la repercusión de sus protestas con las presiones internas del ala dura, en donde están la UOM, La Fraternidad y Gastronómicos, entre otros, que pugnan por un paro de 36 horas.
Por eso avanza la idea de discutir en distintas instancias de la CGT una propuesta que ya había hecho Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), titular de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), cuando se debatió el último paro general de la CGT: organizar un plan de lucha similar al que se instrumentó en Francia para protestar contra la reforma jubilatoria impulsada por Emmanuel Macron en 2023.
¿Qué características tuvieron esas acciones de protesta? En lugar de detener todo el país durante semanas, los sindicatos coordinaban paros por sectores y en forma secuenciada. Es decir, una semana se paralizaron los trenes, el sector de energía y las refinerías, por ejemplo; la siguiente, la recolección de residuos, la educación y el transporte urbano, y así se alternaron cada 7 días otras actividades en la paralización de tareas, complementadas con movilizaciones callejeras diarias, hasta llegar a una medida nacional que abarcó a todos los gremios.
Así, el impacto real fue mucho más fuerte porque la protesta seguía a lo largo de semanas y, además, ese esquema permitía mantener el conflicto durante meses sin que cada trabajador perdiera semanas enteras de salario. Es lo que los franceses llamaron “huelga por escalada”: sus promotores aseguran que mantuvieron una presión política y económica constante, distribuyeron el esfuerzo entre varios gremios y pudieron sostener las acciones en un plazo prolongado.
Schmid y otros de sus colegas de la CATT como Juan Pablo Brey (aeronavegantes) entienden que hacer un solo paro sin continuidad pierde eficacia y por eso vienen planteando sin éxito adentro de la CGT definir un plan de lucha “a la francesa” para que cumpla su objetivo.
La propuesta ya empezó a contar con más adhesiones en la central obrera y algunos ya la bautizaron como “semana social de protesta”. Por eso se empezará a analizar, junto con otras variantes más tradicionales, en la reunión que mantendrá el triunvirato de la CGT con las confederaciones sindicales que agrupan a distintos sectores. La semana siguiente, las ideas en danza serán debatidas por el Consejo Directivo cegetista.
Hay quienes proyectan que luego delibere el plenario de secretarios generales o el Comité Central Confederal, máximo órgano ejecutivo de la CGT, para oficializar el nuevo plan de lucha, pero en la cúpula cegetista apuntan primero a mejorar el sistema de toma de decisiones.
¿Qué significa? Exigir que a las reuniones del Consejo Directivo concurran los líderes de los sindicatos y no como sucede ahora, en que asisten dirigentes de segundas o terceras líneas cuya opinión no termina siendo representativa o no implica un compromiso efectivo de la organización a la que pertenecen.
“Algunos de los que nos reclaman un paro general no logran que sus afiliados acaten la medida de fuerza o ni siquiera hacen paros en sus sindicatos por reclamos sectoriales”, se quejó a Infobae un jefe de la CGT.
Por eso la CGT conducida por Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello procura iniciar consultas con la mayor cantidad de colegas posibles para que la modalidad elegida para protestar sea avalada y cumplida por todos.
Mientras, como anticipó Infobae, en la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, que encabeza Sergio Romero (UDA), hay otro ritmo: conversan con otros gremios del sector con el objetivo de realizar un paro docente luego del 19 de julio, fecha en que finalizará el Mundial de Fútbol, en reclamo de un aumento para los docentes, cuyo salario mínimo sigue en $500 mil.
Aunque se apruebe el “modelo francés” de paros, en la Argentina hay algunos impedimentos para que se concrete. Por un lado, rige la Ley de Modernización Laboral que incluye la obligación de mantener servicios mínimos del 50% o 75% en actividades consideradas esenciales, como el transporte, la salud, la recolección de residuos y la energía, entre otras (la educación quedó exceptuada luego de que el juzgado laboral N° 74 suspendió la declaración de esencialidad para el sector).
Lo más probable es que ante paros de ese tipo el Gobierno declare la conciliación obligatoria, que implica levantar las medidas y negociar durante 15 días. No acatar esa resolución oficial equivale a sanciones graves. Ya le pasó a La Fraternidad, que lidera Omar Maturano, a la que la Secretaría de Trabajo le aplicó una multa de 21 mil millones de pesos por desobedecer la conciliación obligatoria durante el último paro de la CGT.
Lo mismo podría sucederle a la Unión Tranviarios Automotor (UTA), encabezada por Roberto Fernández, porque cuando la CGT hizo su cuarta huelga general paralizó el servicio de colectivos sólo en el AMBA ya que le habían dictado la conciliación obligatoria por un conflicto salarial en el interior, donde no hizo paro.
Claro que la posible multa a la UTA, calculada sobre la base de la cantidad de trabajadores afectados al paro, es de una suma exorbitante: 70 mil millones de pesos. Aún no terminaron los relevamientos para determinar si efectivamente el gremio desoyó la conciliación obligatoria, algo curioso porque la medida de fuerza cuestionada tuvo lugar hace casi cuatro meses.
¿Se efectivizará alguna vez la sanción contra el sindicato de colectiveros o el Gobierno la dejará en suspenso como herramienta de presión para tratar de que la UTA no adhiera a otro posible paro general de la CGT? Es una duda auténticamente argentina que crece mientras los sindicalistas analizan protestas importadas de Francia.
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POLITICA
El vicepresidente de Estados Unidos visitará la Argentina en noviembre para reunirse con Milei
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, visitará la Argentina en noviembre y mantendrá una reunión con Javier Milei en la Casa Rosada, según confirmaron a TN fuentes oficiales. El viaje fue impulsado por la administración estadounidense y formará parte de una recorrida regional. “En principio van a ser entre dos y tres días de actividades”, expresan en Nación.
“Está confirmada la visita. Fue por pedido de ellos. Es una visita regional. Va a haber encuentro con Milei en la Casa Rosada”, aseguran. Por el momento, no está definida públicamente la fecha exacta de llegada ni el resto de las actividades que realizará Vance durante su estadía.
La visita será uno de los contactos de mayor nivel entre ambas administraciones dentro de la Argentina. La última vez que un vicepresidente estadounidense estuvo en el país fue en 2017, cuando Mike Pence realizó una gira por América Latina y se reunió con Mauricio Macri durante el primer mandato de Donald Trump.
Vance ya tuvo contactos personales con Milei en Estados Unidos. En octubre de 2025, el Presidente argentino viajó a Washington para una visita oficial a la Casa Blanca y mantuvo allí un encuentro con Trump, durante el cual también saludó al vicepresidente.
La llegada prevista para noviembre se produce en un momento de intensa agenda bilateral. El Gobierno argentino profundizó durante los últimos meses los contactos con Washington en áreas comerciales, financieras, energéticas y de seguridad, mientras mantiene abiertas distintas negociaciones con la administración Trump.
Uno de esos capítulos es el acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos, cuya implementación todavía tiene componentes pendientes. La Casa Rosada viene trabajando para avanzar por vías administrativas en aquellos puntos que no requieren aprobación legislativa y, en paralelo, mantiene conversaciones sobre los aspectos que necesitan decisiones del Congreso estadounidense.
También existe una agenda vinculada con inversiones e infraestructura. Funcionarios de ambos países vienen manteniendo contactos por proyectos de transporte, energía, minerales críticos y tecnología, en los que Washington analiza herramientas de financiamiento y participación de empresas estadounidenses.
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su preocupación ante la nueva ola de insultos y descalificaciones vertidas por el presidente Javier Milei contra periodistas y medios de comunicación.
En un comunicado publicado este viernes, la entidad que nuclea a más de 100.000 matriculados señaló que “la libertad de expresión no es un privilegio de los periodistas, sino una garantía de todos los ciudadanos, que sin información libre y plural no pueden formarse un juicio propio ni controlar a quienes los gobiernan”. Defendió el rol de la prensa y destacó que la profesión “cumple una función insustituible en la vida republicana, especialmente cuando incomoda”.
El texto alude a “la reiteración de expresiones agraviantes” por parte de Milei en redes sociales. Esta semana, el Presidente dedicó insultos y descalificaciones a las periodistas Maru Duffard y Jesica Bossi. En las últimas horas calificó a Fernán Saguier, director de , como el “jefe de la banda de los sicarios de la pluma”, en respuesta a un editorial sobre las jubilaciones de privilegio.
“Una democracia plena necesita un debate público robusto, vigoroso, incluso áspero, pero el uso indiscriminado de insultos y agravios no solo no enriquece el debate sino que lo empobrece, lo debilita y finalmente, lo anula”, añade el comunicado del Colegio, que preside la doctora Alejandra García.
Al cerrar su mensaje, la entidad expresó su solidaridad con los agraviados y manifestó el apoyo a la libertad de expresión “como herramienta esencial de una sociedad democrática”.
El ataque a
Milei estuvo particularmente activo en sus descalificaciones al periodismo durante esta semana. El jueves por la noche un mensaje en su cuenta oficial de X criticó un editorial publicado por e insultó a sus autoridades y periodistas.
La agresión estuvo dirigida contra el director de , Fernán Saguier, a raíz del editorial publicado el 28 de septiembre y titulado “Privilegios que la República no necesita”.
El editorial reflexiona acerca de las llamadas “jubilaciones de privilegio” que reciben los presidentes argentinos tras su paso por la Casa Rosada como titulares del Poder Ejecutivo. Allí se pone en tela de juicio la legitimidad republicana de acceder a este beneficio, que implica un gasto millonario mensual para las arcas del Estado por haber ejercido la Presidencia de la Nación. En la ley 24.018, estas prestaciones son denominadas “asignaciones mensuales vitalicias”.
En su posteo, Milei puso el foco en su decisión de haber renunciado a su jubilación de privilegio y escribió: “Fernán Saguier, jefe de la banda de los sicarios de la pluma, omite que en mi caso he renunciado a la jubilación de privilegio. Al mismo tiempo, no se toma el trabajo de cuestionar a algunas de sus amistades a los cuales les asigna plumas divulgadoras de sus mentiras”.
No obstante, el editorial publicado por este medio no se refiere al caso de ningún presidente en específico. En cambio, se pregunta: “¿Qué justificación conserva hoy que el Estado garantice de por vida una renta extraordinaria a una persona por el solo hecho de haber ocupado durante algunos años su más alta magistratura?“.
Con la intención de responder a esta pregunta, reflexiona: “Puede comprenderse que una comunidad quiera honrar a quienes han prestado servicios eminentes. Pero el reconocimiento público no exige necesariamente crear una renta vitalicia, móvil y desvinculada de los aportes efectuados al sistema previsional. Mucho menos parece razonable que ese beneficio pueda proyectarse, bajo ciertas condiciones, sobre los derechohabientes del funcionario fallecido”.
Si bien se destaca que “el ejercicio de la Presidencia constituye el más alto honor que puede conferir la ciudadanía”, también se señala que existe, en la jubilación de privilegio, “una reminiscencia difícil de conciliar con la idea republicana de igualdad ante la ley”. Aun más, cuando se lo compara con los “millones de jubilados cuyos haberes dependen de décadas de aportes y que conocen demasiado bien las dificultades financieras del sistema previsional”.
En los días previos, tomó como blanco a la periodista María Eugenia Duffard, conductora de Infobae TV, por una entrevista que le hizo a Máximo Kirchner. La llamó “basura”, “corrupta”, “zurda inmunda” y “chorra”. Siguió día tras día reproduciendo mensajes contra ella. También atacó a Jesica Bossi por comentarios que hizo para TN en su cobertura del Coloquio de IDEA. La trató de “tremenda ignorante” y la calificó de “zaffaronista defensora de chorros y asesinos”.
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POLITICA
El presidente de la Corte bonaerense cerró la Convención de Lenguaje Claro: “Comprender es un derecho”
La III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible concluyó este viernes en La Plata con la firma de la Declaración de La Plata, un acuerdo que creó la Red Iberoamericana de Lenguaje Claro y Accesible. La iniciativa reunió a instituciones de habla española y portuguesa que buscan impulsar una comunicación pública comprensible y garantizar el derecho de la ciudadanía a comprender la información que recibe de organismos estatales y privados.
El cierre fue encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA), Sergio Torres; el vicepresidente del tribunal, Daniel Soria; y el director de la Real Academia Española (RAE) y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Santiago Muñoz Machado.
La convención fue organizada por la SCBA y la RAE. Participaron más de 1.200 asistentes y se registraron 275 disertaciones. Durante su discurso de clausura, Torres precisó que las actividades incluyeron 45 mesas de exposición, distribuidas en seis sesiones simultáneas, con más de 260 ponentes y 1.500 participantes en modalidades presencial y virtual.
El encuentro reunió a integrantes de poderes judiciales, administraciones públicas, organismos legislativos, universidades, academias de la lengua, colegios profesionales, bibliotecas públicas y organizaciones no gubernamentales. Hubo representantes de Argentina, España, México, Cuba, Puerto Rico, Guatemala, El Salvador, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil.
La Declaración de La Plata otorga una dimensión iberoamericana al trabajo que hasta ahora articulaba la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible. El documento fue firmado por la Suprema Corte bonaerense, como presidenta del Consejo Asesor de la red y anfitriona de la convención; la Secretaría General Iberoamericana; la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura; la RAE; la Asociación de Academias de la Lengua Española; la Academia Argentina de Letras; la Academia de las Ciencias de Lisboa y la Academia Brasilera de Letras.
El nuevo espacio procurará establecer mecanismos estables de cooperación e intercambio de experiencias entre instituciones de habla española y portuguesa. La propuesta apunta a impulsar estrategias, procedimientos y herramientas lingüísticas y tecnológicas que permitan comunicaciones más accesibles en ámbitos públicos, judiciales, legislativos, administrativos y privados.
Muñoz Machado definió la red como un ámbito de trabajo entre entidades que asumen el lenguaje claro y accesible como una herramienta al servicio de los derechos de la ciudadanía. El propósito es facilitar vínculos más transparentes, inclusivos y eficaces entre las organizaciones y la sociedad.
Torres sostuvo que la diversidad jurídica, social y cultural de Iberoamérica exige construir formas de comunicación que contemplen las realidades locales y las distintas condiciones de vulnerabilidad. Destacó los consensos obtenidos durante las jornadas para promover criterios comunes que permitan que los mensajes sean entendidos por quienes deben utilizarlos.
En su discurso, el presidente de la SCBA planteó que uno de los principales resultados de la convención consiste en consolidar la idea de que “comprender es un derecho fundamental, y hablar claro es nuestra obligación para garantizar ese derecho”.
La definición vinculó el lenguaje claro con la capacidad de las personas para tomar decisiones libres e informadas. Para Torres, una comunicación eficaz debe colocar a la persona destinataria en el centro, atender a su contexto y contemplar las dificultades que pueden afectar la comprensión de una norma, una sentencia, un trámite administrativo o una información institucional.
“¿Para qué? Para algo tan preciado como poder decidir libremente”, afirmó el magistrado al repasar las discusiones que atravesaron las seis áreas temáticas del encuentro. También señaló que el debate no debe limitarse al lenguaje jurídico o estatal, ya que la necesidad de claridad alcanza a toda comunicación que pueda incidir en el ejercicio de derechos.
En declaraciones a Infobae durante la apertura de la convención, Torres había explicado que las leyes, resoluciones y sentencias deben informar con precisión qué se decidió, por qué se adoptó esa medida, qué debe hacer la persona involucrada y qué recursos tiene a disposición. El magistrado advirtió que la publicación formal de una norma no garantiza que resulte accesible para quienes necesitan conocerla o aplicarla.
“La persona tiene el derecho, y nosotros como sistema judicial la obligación, de que esa sentencia sea comprendida sin intermediarios y que la persona sepa exactamente lo que está resolviendo y por qué lo está resolviendo”, había señalado Torres a este medio. El titular de la Corte bonaerense planteó que el Estado debe expresarse de forma sencilla para garantizar derechos.
La clausura también dejó como resultado la incorporación de más de 60 organismos e instituciones nacionales a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible. La SCBA forma parte de esa red desde 2022.
Torres recordó que el Poder Judicial bonaerense adoptó el lenguaje claro y accesible como una política institucional. Señaló que en 2011, cuando era juez federal, publicó un artículo titulado “Hacia un lenguaje democrático”, motivado por los problemas de comunicación que observaba en el ejercicio cotidiano de la función pública.
“Todos los aquí presentes estamos convencidos de que ya no es posible expresarse, sea en el ámbito público o privado, de una manera que no resulte comprensible para nuestros interlocutores”, expresó.
El presidente de la Corte agradeció la participación de las instituciones organizadoras, entre ellas la Procuración General bonaerense, la Municipalidad de La Plata, los ministerios provinciales de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad, la Universidad Nacional de La Plata y la Academia Argentina de Letras. También reconoció el trabajo del personal judicial que intervino en la preparación de las acreditaciones, la recepción de ponencias, la difusión, el ceremonial, la seguridad y la coordinación de las seis sedes.
Las versiones finales de los trabajos presentados integrarán un libro digital de la convención, cuya publicación está prevista antes de fin de año. Del acto de cierre participaron las demás autoridades, como el Procurador de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, y el Asesor General de Gobierno bonaerense, Santiago Pérez Teruel, entre otros.
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