POLITICA
Cómo es el audaz esquema de paros “a la francesa” que analizará la CGT para profundizar su ofensiva contra Milei
La próxima medida de fuerza de la CGT todavía no está resuelta y no tiene fecha ni modalidad definidas, pero ya fue bautizada informalmente por algunos dirigentes como “semana social de protesta”. ¿A qué alude ese nombre? Misterio. Por ahora, lo único en claro es que la CGT ya decidió retomar su ofensiva contra el Gobierno.
Luego de canalizar sus denuncias en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los principales líderes cegetistas no quieren perder el tiempo pese al lógico paréntesis que impondrá el Mundial de Fútbol: el miércoles que viene, a las 11, recibirán a los líderes de las confederaciones que agrupan a sindicatos de la industria, el transporte, la alimentación y la energía para analizar cómo seguir el plan de lucha.
Ese día comenzará a debatir qué hacer para frenar a una administración libertaria que, a juicio de la central obrera, redobla sus gestos de hostilidad contra el poder sindical y los trabajadores. Así fue interpretada la reciente reglamentación de la reforma laboral, que acentúa los límites al financiamiento de los gremios a través de las cuotas solidarias, el condicionamiento de los convenios colectivos y el impulso a los sindicatos de empresa, entre otras innovaciones que jaquean al status quo gremial.
La mayoría de los dirigentes cegetistas cree que debe descongelar las medidas de fuerza, pero nadie tiene en claro cuál es la mejor forma de protestar para tratar de frustrar las políticas libertarias. De por sí, con la excepción del ala dura, no prende aún la idea de llevar adelante el quinto paro general de CGT contra Javier Milei.
Muchos dirigentes entienden que otro paro general es un riesgo porque no tienen garantías de un alto acatamiento (la última huelga general, del 19 de febrero pasado, fue floja): muchos trabajadores tienen miedo de perder el empleo o no quieren dejar de cobrar un día de trabajo o el presentismo por adherir a otra medida de fuerza. Y, además, saben que Milei no cambiará ninguna de sus políticas en curso por más que la CGT siga con su serie de protestas generales hasta el final del mandato.
El problema adicional para los líderes cegetistas es que deben conciliar esta realidad acerca de la repercusión de sus protestas con las presiones internas del ala dura, en donde están la UOM, La Fraternidad y Gastronómicos, entre otros, que pugnan por un paro de 36 horas.
Por eso avanza la idea de discutir en distintas instancias de la CGT una propuesta que ya había hecho Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), titular de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), cuando se debatió el último paro general de la CGT: organizar un plan de lucha similar al que se instrumentó en Francia para protestar contra la reforma jubilatoria impulsada por Emmanuel Macron en 2023.
¿Qué características tuvieron esas acciones de protesta? En lugar de detener todo el país durante semanas, los sindicatos coordinaban paros por sectores y en forma secuenciada. Es decir, una semana se paralizaron los trenes, el sector de energía y las refinerías, por ejemplo; la siguiente, la recolección de residuos, la educación y el transporte urbano, y así se alternaron cada 7 días otras actividades en la paralización de tareas, complementadas con movilizaciones callejeras diarias, hasta llegar a una medida nacional que abarcó a todos los gremios.
Así, el impacto real fue mucho más fuerte porque la protesta seguía a lo largo de semanas y, además, ese esquema permitía mantener el conflicto durante meses sin que cada trabajador perdiera semanas enteras de salario. Es lo que los franceses llamaron “huelga por escalada”: sus promotores aseguran que mantuvieron una presión política y económica constante, distribuyeron el esfuerzo entre varios gremios y pudieron sostener las acciones en un plazo prolongado.
Schmid y otros de sus colegas de la CATT como Juan Pablo Brey (aeronavegantes) entienden que hacer un solo paro sin continuidad pierde eficacia y por eso vienen planteando sin éxito adentro de la CGT definir un plan de lucha “a la francesa” para que cumpla su objetivo.
La propuesta ya empezó a contar con más adhesiones en la central obrera y algunos ya la bautizaron como “semana social de protesta”. Por eso se empezará a analizar, junto con otras variantes más tradicionales, en la reunión que mantendrá el triunvirato de la CGT con las confederaciones sindicales que agrupan a distintos sectores. La semana siguiente, las ideas en danza serán debatidas por el Consejo Directivo cegetista.
Hay quienes proyectan que luego delibere el plenario de secretarios generales o el Comité Central Confederal, máximo órgano ejecutivo de la CGT, para oficializar el nuevo plan de lucha, pero en la cúpula cegetista apuntan primero a mejorar el sistema de toma de decisiones.
¿Qué significa? Exigir que a las reuniones del Consejo Directivo concurran los líderes de los sindicatos y no como sucede ahora, en que asisten dirigentes de segundas o terceras líneas cuya opinión no termina siendo representativa o no implica un compromiso efectivo de la organización a la que pertenecen.
“Algunos de los que nos reclaman un paro general no logran que sus afiliados acaten la medida de fuerza o ni siquiera hacen paros en sus sindicatos por reclamos sectoriales”, se quejó a Infobae un jefe de la CGT.
Por eso la CGT conducida por Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello procura iniciar consultas con la mayor cantidad de colegas posibles para que la modalidad elegida para protestar sea avalada y cumplida por todos.
Mientras, como anticipó Infobae, en la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, que encabeza Sergio Romero (UDA), hay otro ritmo: conversan con otros gremios del sector con el objetivo de realizar un paro docente luego del 19 de julio, fecha en que finalizará el Mundial de Fútbol, en reclamo de un aumento para los docentes, cuyo salario mínimo sigue en $500 mil.
Aunque se apruebe el “modelo francés” de paros, en la Argentina hay algunos impedimentos para que se concrete. Por un lado, rige la Ley de Modernización Laboral que incluye la obligación de mantener servicios mínimos del 50% o 75% en actividades consideradas esenciales, como el transporte, la salud, la recolección de residuos y la energía, entre otras (la educación quedó exceptuada luego de que el juzgado laboral N° 74 suspendió la declaración de esencialidad para el sector).
Lo más probable es que ante paros de ese tipo el Gobierno declare la conciliación obligatoria, que implica levantar las medidas y negociar durante 15 días. No acatar esa resolución oficial equivale a sanciones graves. Ya le pasó a La Fraternidad, que lidera Omar Maturano, a la que la Secretaría de Trabajo le aplicó una multa de 21 mil millones de pesos por desobedecer la conciliación obligatoria durante el último paro de la CGT.
Lo mismo podría sucederle a la Unión Tranviarios Automotor (UTA), encabezada por Roberto Fernández, porque cuando la CGT hizo su cuarta huelga general paralizó el servicio de colectivos sólo en el AMBA ya que le habían dictado la conciliación obligatoria por un conflicto salarial en el interior, donde no hizo paro.
Claro que la posible multa a la UTA, calculada sobre la base de la cantidad de trabajadores afectados al paro, es de una suma exorbitante: 70 mil millones de pesos. Aún no terminaron los relevamientos para determinar si efectivamente el gremio desoyó la conciliación obligatoria, algo curioso porque la medida de fuerza cuestionada tuvo lugar hace casi cuatro meses.
¿Se efectivizará alguna vez la sanción contra el sindicato de colectiveros o el Gobierno la dejará en suspenso como herramienta de presión para tratar de que la UTA no adhiera a otro posible paro general de la CGT? Es una duda auténticamente argentina que crece mientras los sindicalistas analizan protestas importadas de Francia.
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Con la salida de Manuel Adorni, el Gobierno no solo perdió a un jefe de Gabinete, sino también a un dirigente de peso que se perfilaba a competir el año que viene por el control de la Ciudad de Buenos Aires, que está hace casi dos décadas en manos del PRO. Con ese objetivo, el oficialismo nacional comenzó a reordenarse, aunque por el momento sin urgencia por definir un candidato claro en el distrito.
La idea que predomina entre las autoridades de La Libertad Avanza a nivel porteño es que el partido “está en constante expansión”, incluso a pesar de las denuncias contra el ahora ex funcionario.
A escala local, los referentes del espacio argumentan que ”la marca, por sí sola, mide actualmente unos 20 puntos”, por lo que consideran que ese es el piso con el que cuentan de cara a las próximas elecciones.
En este sentido, argumentan que el contexto también los favorece, ya que dentro de la agrupación no hay diputas de poder, como ocurre en la Casa Rosada o en la oposición.
En la ciudad, el liderazgo está claramente marcado en la figura de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que toma todas las decisiones importantes a través de su representante en el distrito, Pilar Ramírez.
“Lo que vemos es que en el 2027 va a estar todo muy fragmentado, porque hoy todos los demás tienen peleas internas que van a tener que resolver de alguna forma, y es como el dicho ‘a río revuelto, ganancia de pescadores’“, destacó un importante armador libertario.
Como ejemplo ponen, principalmente, al peronismo, que se debate -particularmente en CABA- entre apoyar a la ex presidenta Cristina Kirchner o buscar figuras nuevas.
Asimismo, también está el caso de Horacio Rodríguez Larreta, que se alejó hace tiempo del PRO y se encuentra construyendo una coalición de centro izquierda.
La relación con Jorge Macri, en tanto, se mantiene tensa en la Legislatura, donde el bloque encabezado por Ramírez suele ser muy crítico de la gestión local.
Los esfuerzos del actual mandatario porteño por acercarse a la Nación parecen no tener efectos concretos, más allá de los fotos de los abrazos con el presidente Javier Milei, como el que ocurrió este jueves en la previa del Tedeum por el 9 de julio.
“Fue muy triste verlo a Jorge desde temprano parado en la nave central de la iglesia (la Capilla Metropolitana), esperando el momento para poder abalanzarse hacia Javier”, cuestionaron en LLA.
De todas formas, en la cúpula libertaria reconocen que “todo es muy dinámico” y que la posibilidad de una alianza con el PRO dependerá de varios factores, entre los cuales están las negociaciones a escala nacional.
No obstante, en el espacio insisten con que el sello ya tiene peso propio, “que cada vez se haciendo más fuerte” y que “no importan tanto los nombres”.
“El candidato ya llegará, siempre hay alguien. En el 2025 también decían que no teníamos a nadie y apareció Manuel. Hay muchísimas personas con domicilio en la ciudad de Buenos Aires que podrían competir para La Libertad Avanza, no es un tema ese”, aseguran.
Luego del Tedeum, de hecho, Ramírez protagonizó un almuerzo con varios dirigentes porteños en Pertutti, el tradicional bar ubicado frente a la Plaza de Mayo.
En ese lugar estuvieron, además de los legisladores de su bloque, algunas figuras nacionales, como el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, y los diputados Andrés Leone y Patricia Holzman.
El primero de ellos viene teniendo fuerte participación en el armado partidario y algunas otras cuestiones dentro de la comuna 2, que engloba al barrio de Recoleta, de donde es oriundo.
Hace algunas semanas, el funcionario fue noticia luego de que en la Feria del Libro, ante el abucheo del público durante su discurso, ratificara el respaldo al Gobierno.
“Logramos un desarrollo que ha sido posible gracias al liderazgo del presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei”, sostuvo.
En este contexto, según pudo saber Infobae, en los próximos días la hermana del mandatario nacional recibirá en la Casa Rosada a Ramírez y los legisladores porteños del espacio, para repasar la agenda local y comenzar a planificar la estrategia futura.
Si bien el encuentro todavía no tiene fecha fija, hasta el momento se estaba analizando que fuera la semana que viene, ya que habrá poca actividad por el Mundial.
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En la Casa Rosada se respiró casi con tanto alivio como en el banco de suplentes de la selección argentina, tras el pitazo final del árbitro francés que marco el triunfo contra Egipto después de que el equipo hubiera caminado con un pie en la cornisa y otro en el vacío, como ya le había pasado al Gobierno. Era mucho más que el fruto de la pasión futbolera.
La victoria vino a reforzar la carga de ese tanque vital que solo se había empezado a llenar de oxigeno hace dos semanas, después de haber sido vaciado de los gases tóxicos que le insuflaba la contaminante presencia de Manuel Adorni.
El temor a que una derrota temprana en el Mundial y ante un equipo de mucha menor jerarquía alterara el clima social que con dificultad se había apaciguado se despejó como una exhalación con el cabezazo de Enzo Fernández, renovó ilusiones y consolidó el proceso de recuperación al que venían haciendo aportes cruciales Diego Santilli y Luis “Toto” Caputo.
Todo sigue siendo frágil, pero el proceso de distensión destinado a concretar la pavimentación de la reelección presidencial viene cobrando nuevo impulso, de la mano de la política y de algunos indicios económicos.
El tenor del discurso en la brevísima visita presidencial a Tucumán, en la vigilia del Día de la Independencia ante 13 gobernadores que le hicieron de escolta a Javier Milei y recibieron elogios a cambio, corroboró el nuevo ánimo y estilo imperante en la cima del gobierno.
Lo mismo ocurrió en el Tedeum porteño con el afectuoso gesto dedicado a Jorge Macri, a su esposa y su bebe, 14 meses después de haberle negado abiertamente el saludo al jefe de Gobierno porteño, en ese mismo lugar.
También se verificó al dejar pasar, otra vez, sin reaccionar pasajes de la homilía de monseñor Jorge García Cuerva que bien pudieron ser interpretados como cuestionamientos a su gestión, a hechos ocurridos durante su gobierno o a actitudes del propio Milei. Como cuando el prelado habló de la pobreza, “la crueldad hacia los más débiles”, la corrupción o “la descalificación al otro”. Lo escuchó como no tuviera motivos para sentirse aludido.
Otro fruto de los nuevos ejercicios de moderación que viene practicando el Presidente se vio en Tucumán ante un hecho que en otro momento hubiera provocado reacciones de disgusto indisimulables: la ubicación de la vicepresidenta Victoria Villarruel casi justo en línea recta a su mirada en la Casa Histórica de Tucumán. Cada vez que Milei levantaba la vista, la dueña del tapado rojo, de quien él abjura cada vez que puede, era una especia de bengala refulgiendo en la noche mileísta, imposible de no ser vista.
El lugar asignado por el personal de protocolo del gobierno de Osvaldo Jaldo dio motivo a innumerables comentarios y suspicacias de los presentes, pero no generó ni un solo gesto visible del Presidente en lo inmediato, ni trascendieron reclamos al anfitrión.
En la provincia norteña temían alguna represalia, aunque conociendo las habilidades para el regate del gobernador local se descartaba que hubiera hecho contención de daño en el breve lapso que tuvieron para hablar antes de volverse a Buenos Aires. La brevedad de la visita, que tanto el mandatario local como los otros 12 pares preveían algo más extendida, así como el rictus somnoliento con el que lo vieron bajar a Milei del avión al llegar y la falta de fotos a su arribo al aeropuerto alimentaron la incógnita y los rumores. Los más cercanos colaboradores presidenciales se dedicaron luego a desactivar presunciones y versiones.
“Estaba anunciado que la visita iba a ser tan corta como fue: foto, discurso y regreso para asistir hoy al Tedeum en la Catedral de Buenos Aires. Si los gobernadores esperaban una reunión que no fuera protocolar y tuviera alguna sustancia política se equivocaron. Hasta pudo haber salido mal si se daba ahí. Las reuniones políticas conducentes son con Karina [Milei] y con El Colo Santilli y, en todo caso, luego terminan en un encuentro ya programado con él, cuando todo está cerrado”, explicó uno de los ministros con más sensibilidad política.
La explicación viene a ser una confirmación de que los humores presidenciales siguen siendo volátiles, aún cuando el clima está apacible. También, que la política es para él un asunto que no desprecia, pero que es de segundo nivel en su organización mental, después de la economía. Mucho más si está ante una instancia que lo expone el riesgo de que los políticos le hagan pedidos de índole financiero y peor si es en forma colectiva. Nunca le gustaron los soviets.
Los colaboradores presidenciales, empezando por su hermana Karina y Santilli, fueron los más entusiastas con el viaje relámpago, no solo porque ellos concentran la relación con los gobernadores, quieren seguir concentrándola y prefieren las negociaciones de a uno. También, porque quieren evitar cualquier desliz capaz de complicarles la estrategia que les viene funcionado, pero cuya solidez está en construcción. La probabilidad de que ocurra con Milei parece seguir siendo demasiado elevada.
Esa fragilidad está dada, por un lado, por la escasa paciencia presidencial para la construcción política y para enfrascarse en minucias de ese armado. Por otro lado, los gobernadores, como la mayoría de la dirigencia política no mileísta, tienen demasiados motivos para la desconfianza por la suma de promesas incumplidas, tanto políticas como económicas. Lo dicen los mandatarios provinciales y lo admiten varios funcionarios de primera línea del Gobierno.
Reforma para septiembre
La construcción electoral para 2027, que empieza con la empantanada reforma política-electoral, obliga a evitar complicaciones y autolesiones. El proyecto de reforma, limitado casi exclusivamente hoy a eliminar las primarias obligatorias, abiertas y simultáneas (PASO) y, a cambio, la aprobación de listas colectoras de distintos partidos o espacios que tributen a un mismo candidato a Presidente u otros cargos ejecutivos todavía no tiene lo votos necesarios para ser aprobado. Es más, aún no cuenta siquiera con un preacuerdo para avanzar. Hasta los aliados tienen razones para demorar un apoyo a ese proyecto, que mayoritariamente es visto como un retroceso para la participación electoral y la calidad institucional.
“No va a salir este mes, pero confiamos en que vamos a tener la aprobación en agosto y que va a ser sancionada en septiembre”, confían en la jefatura de Gabinete que conduce Santilli.
De todas maneras, ahí admiten algunas dificultades, sobre todo de índole temporal. “Los radicales y algunos gobernadores de Pro que están dispuestos a aportar los votos para que la reforma se apruebe quieren demorarla y que salga más adelante, para evitar demasiada discusión en sus propios espacios, donde las colectoras son resistidas, ya que van en contra de lo que siempre han propuesto. Pero eso nos complicaría mucho todo el armado y, encima, sería otra reforma dentro del año electoral, lo cual la desacreditaría más, porque confirmaría que buscamos cambiar las reglas en medio del partido para beneficiarnos”, admite un estrecho colaborador de Santilli.
Esa reforma depende de otra promesa que exige también un voto de confianza de los gobernadores y consiste en no armarle listas provinciales en condiciones de disputarle el poder local y permitirles a ellos armar listas nacionales que puedan ser colectoras de la candidatura presidencial de Milei. La historia reciente no ayuda. En 2025 el operativo pureza violeta les produjo a varios mandatarios algunos episodios de gastritis.
Por eso, quieren pruebas de compromiso más concretas y con cierta urgencia. Esto también está en manos de la secretaria general de la Presidencia y del nuevo jefe de Gabinete, aunque dependen en buena medida de Luis Caputo.
El ministro de Economía parece estar dispuesto a dar muestras de pragmatismo, al tiempo que adopta medidas para ofrecer garantías a los mercados de que el proceso electoral no afectará ninguno de los pilares del ordenamiento económico.
Pero Milei va por más. Quiere blindar el orden fiscal y la emisión no solo durante su Gobierno sino que pretende dificultar cualquier alteración de esos principios a futuro, cuando él ya no esté en la presidencia. Aunque en la Argentina nada es para siempre y una ley puede ser reformada por otra ley.
En esa línea está el proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central, que hoy es uno de sus fetiches y fue el tema excluyente de la reunión de Gabinete post Tedeum, a la que convocó Milei a pesar del feriado y las ganas de irse a otras actividades más gratificantes o divertidas que tenían algunos de los participantes por obligación. Esos son los temas que lo atrapan.
“Así como Toto salió a anunciar que tenía los dólares para hacer frente a los vencimientos hasta 2027 con el objetivo de evitar la volatilidad del año electoral y darle confianza a los inversores, Milei impulsa lo del Banco Central con el mismo propósito y no solo por dogmatismo”, explicó uno de los asistentes a otra clase de finanzas y teoría monetaria mileísta, cuyos detalles se les escaparon a la comprensión de varios presentes.
Así como Santiilli es el CEO de la Compañía de pavimentación de la reelección mileísta, de la que Karina Milei es la presidenta, Toto Caputo oficia de CFO o director financiero. De la gestión de cobros se ocupan, además de la hermanísima presidencial, también otros Caputo. La disputa interna encuentra puntos de encuentro, aunque en el camino sobren los choques y otras amenazas.
Mientras tanto, Milei disfruta del tanque de oxígeno que consiguió rellenar en los últimos días.
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POLITICA
El Gobierno avanza con un paquete de reformas sobre Seguridad, Inteligencia y Defensa para enviar al Congreso
El Gobierno avanza con una reforma de seguridad y planea enviarla al Congreso durante este segundo semestre. Se trata de un paquete de leyes en el que los equipos técnicos del Ejecutivo trabajan basados en el marco legal de Estados Unidos y que buscará ordenar cambios sobre Seguridad, Defensa y la Secretaría de Inteligencia del Estado.
En la Casa Rosada explican que la iniciativa todavía no está terminada, pero la ubican dentro de los proyectos que Javier Milei quiere impulsar en los próximos meses. “No está listo todavía. Una vez que se termine, entrará en la hoja de ruta legislativa”, expresan en Nación.
El paquete se apoya en modelos como la Ley de Seguridad Nacional estadounidense, que creó en 1947 el Consejo de Seguridad Nacional y la CIA. En Balcarce 50 sostienen que el objetivo es avanzar hacia un esquema más integrado de coordinación frente a amenazas como narcotráfico, terrorismo, crimen organizado, ciberataques, operaciones extranjeras y delitos transnacionales.
Uno de los puntos centrales que analiza el Ejecutivo es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, inspirado en el esquema estadounidense. La idea es conformar un órgano de coordinación estratégica que reúna al Presidente, Seguridad, Defensa, Cancillería, la SIDE y el Estado Mayor Conjunto, entre otras áreas, para ordenar decisiones sobre amenazas externas, crimen organizado, terrorismo, inteligencia y cooperación internacional.
El Gobierno ya sancionó la Ley Antimafia, impulsó cambios sobre reincidencia y reiterancia, modificó por decreto los estatutos y funciones de las fuerzas federales, creó herramientas de ciberseguridad y actualizó el marco de Defensa. El nuevo paquete buscará ampliar esa agenda bajo una lógica más amplia de seguridad nacional.
En el Ejecutivo lo presentan como una segunda etapa. La primera incluyó medidas penales, administrativas y operativas; la nueva apunta a darle mayor coherencia institucional al vínculo entre fuerzas federales, Fuerzas Armadas e Inteligencia. En Nación sostienen que el objetivo es evitar superposiciones, ampliar capacidades y establecer reglas más claras para escenarios de mayor complejidad.
La iniciativa se inscribe además en el alineamiento de seguridad que Milei profundizó con Washington. En marzo, el Presidente adhirió al Escudo de las Américas, una coalición regional impulsada por Donald Trump para coordinar acciones contra el crimen organizado, el narcoterrorismo y la influencia de China en la región.
En Seguridad, uno de los ejes será consolidar las nuevas atribuciones de las fuerzas federales. En los últimos meses, el Ejecutivo actualizó por decreto el régimen de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. Esos cambios tocaron estructura, carrera, régimen disciplinario, control interno, modernización tecnológica y funciones operativas.
Leé también: El Gobierno posterga el envío del acuerdo con EE.UU. al Congreso y reordena su agenda legislativa
En el caso de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, por ejemplo, el Gobierno incorporó nuevas misiones vinculadas a seguridad del Estado, seguridad aeroportuaria compleja e investigación de delitos relacionados con narcotráfico, terrorismo, contrabando y organizaciones criminales. También habilitó que, a requerimiento del Poder Ejecutivo, pueda prestar otros servicios de seguridad interior y asumir responsabilidad primaria en seguridad del transporte.
En Gendarmería, el Ejecutivo avanzó con un nuevo estatuto para actualizar una normativa que consideraba desfasada frente al crimen organizado transnacional, el terrorismo, el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de personas, armas y recursos naturales. En el Gobierno sostienen que esa reforma buscó fortalecer capacidades institucionales para enfrentar amenazas complejas.
En Prefectura, la modificación apuntó a actualizar su rol como fuerza de seguridad federal, reforzar la prevención frente al crimen marítimo, el narcotráfico, el contrabando, el lavado de dinero, la trata y el tráfico ilícito de personas. También le dio mayor jerarquía normativa al Sistema Guardacostas, usado para vigilancia, control, monitoreo e inteligencia criminal en espacios marítimos, fluviales y lacustres.
El Servicio Penitenciario Federal también quedó dentro de esa primera etapa. La reforma lo consolidó como fuerza de seguridad federal bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, con foco en el control de bandas criminales dentro de las cárceles, modernización tecnológica, formación, carrera administrativa, seguridad penitenciaria y mecanismos de integridad.
En paralelo, el Gobierno ya avanzó con herramientas vinculadas a ciberdelito y ciberseguridad. En Balcarce 50 entienden que ese capítulo deberá integrarse al nuevo paquete, en especial por el crecimiento de delitos digitales, amenazas sobre infraestructura crítica, operaciones de desinformación y uso de plataformas tecnológicas por parte del crimen organizado.
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En Defensa, una de las propuestas que vuelve a estar sobre la mesa es reforzar el marco legal para la protección del espacio aéreo. La Argentina ya cuenta con reglas que autorizan, de forma excepcional, el derribo o destrucción de vectores declarados hostiles, pero el Gobierno busca darle mayor respaldo normativo y operativo a ese esquema frente a vuelos irregulares, narcotráfico y amenazas transnacionales.
El capítulo de Inteligencia será otro de los ejes. El Gobierno quiere reformar el estatuto del espía, la escuela de inteligencia y ampliar el margen de acción de los agentes dentro y fuera del país. En Balcarce 50, sostienen que la Argentina necesita un régimen más profesionalizado, con plan de carrera, jerarquías claras, formación permanente y reglas operativas más precisas.
También se analiza revisar la estructura de coordinación entre la SIDE, la inteligencia criminal y la inteligencia militar. En el Ejecutivo vienen estudiando modelos de integración más vertical, con una conducción centralizada que evite superposición de áreas, mandos dispersos y circuitos paralelos de información.
La intención política es usar esta agenda también en campaña. En el oficialismo creen que la seguridad puede funcionar como uno de los ejes de contraste con la oposición, junto con la baja de la inflación, el equilibrio fiscal y la reforma del Código Penal, que el Ejecutivo planea enviar al Congreso en las próximas semanas.
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